A desterrar la indolencia

Por Juan Pablo Albán Alencastro

La dolorosa tragedia que sobrecoge al Ecuador en estos días ha desnudado las cualidades más nobles de nuestra sociedad, pero también, y, sobre todo, las más ruines: La solidaridad demostrada por muchos quiteños en la Plaza Grande y la dignidad con que los comunicadores ecuatorianos sacaron fuerzas de su propia tristeza para seguir cumpliendo su imprescindible labor aunque sea con ese insoportable nudo en la garganta, contrastaron con la inoperancia supina de ciertos funcionarios públicos, la indiferencia demostrada por muchos compatriotas, la burla descarada de unos cuantos ciudadanos, el odio virulento de otros tantos y la ambición electorera de un puñado de “estadistas”, todo lo cual puede resumirse en una sola palabra: Indolencia.

La injusta muerte de siete compatriotas en dos acciones perpetradas en las últimas semanas por la misma banda de delincuentes en la Provincia de Esmeraldas, una de las más pobres y olvidadas de la patria; y las absurdas reacciones de diversos sectores y actores frente a estos sucesos, deben obligarnos a reflexionar ¿Qué clase de sociedad somos y cuál queremos ser?; ¿Qué papel desempeñamos en la comunidad internacional y cuál queremos desempeñar?; y ¿Qué son para nosotros los derechos humanos y qué aspiramos que sean?.

El tratamiento de la crisis por parte de unos indolentes ministros de Estado responsables de la seguridad ciudadana, las relaciones internacionales y la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial no sólo ha sido desafortunado sino simple y llanamente inepto.  Lo mismo puede decirse del desempeño de unos indolentes mandos de nuestra Fuerza Pública y Fuerzas Armadas que seguro vendrán a justificarse diciendo que ellos son obedientes y no deliberantes de los criterios de las autoridades civiles, lo cual está bien, pero también es cierto que ellos tienen un entrenamiento y conocimiento que razonablemente les permite prever este tipo de amenazas y recomendar a las autoridades civiles las vías de actuación apropiadas, lo que al menos en apariencia, no hicieron.

Es inaceptable que un Ministro de Estado cuya misión es velar por la seguridad ciudadana insinúe a la sociedad ecuatoriana y en particular a las familias de un equipo periodístico secuestrado, que las víctimas se buscaron su suerte.  Se tenía noticia más que suficiente sobre la actuación continuada, brutal y violenta de bandas delincuenciales colombianas en nuestra zona de frontera, y en consecuencia, el Estado y sus agentes tenían la obligación de garantizar la seguridad de la población presente en la zona –incluidos los trabajadores de medios de comunicación– y el acceso de la ciudadanía a información sobre un asunto muy serio de interés público –para lo cual era indispensable facilitar y acompañar la labor de los trabajadores de los medios de comunicación–.  “Les advertimos de todos los riesgos” no es una respuesta.  Culpar de su destino a víctimas que no pueden defenderse por estar secuestradas es un acto despreciable, una cobardía.

Es inaceptable que se haya mentido al país entablando una comunicación con los secuestradores y al tiempo negando públicamente que se negociaría con ellos.  Ese doble discurso evidentemente colocaba en una situación de mayor riesgo al equipo periodístico pues el mensaje que recibían sus secuestradores era ambiguo, negociamos y no negociamos, escuchamos sus pedidos, pero se los vamos a negar, estamos dialogando, pero solo para comprar tiempo y atacarlos.  Cualquiera con un poquito de sentido común sabe que esa estrategia de negociación frente a un grupo de avezados delincuentes está predestinada a fracasar.

Es inaceptable que autoridades con rango de ministros convoquen a ruedas de prensa para no informar nada y encima se retiren “bravitos” cuando la prensa con justa razón como canal de comunicación para la ciudadanía, y en este caso también como víctima, les formule preguntas.

Es inaceptable que las estrategias y acciones emprendidas para encarar el problema no hayan sido consultadas o por lo menos comunicadas a las familias de las personas directamente afectadas por estos hechos.  Esa visión del Estado paternalista no cabe cuando la integridad y la vida de personas se encuentran en juego.  Ninguna decisión política que pueda comprometer los derechos humanos puede tomarse de manera unilateral por el Gobierno sin saber que piensan y necesitan los presuntos beneficiarios y muy probables afectados por la medida.

Es inaceptable que la responsable del manejo de nuestras relaciones internacionales no haya adoptado una posición firme frente al Gobierno del Estado en cuyo territorio se originó la amenaza, y exigido una respuesta inmediata y contundente al problema.  Hoy se cuestiona que Colombia haya mirado hacia otro lado mientras en el Ecuador estallaban bombas en instalaciones de la Fuerza Pública, patrullas de nuestras Fuerzas Armadas eran atacadas y comunicadores ecuatorianos eran secuestrados por criminales comunes operando desde el vecino país del norte, pero más allá de la responsabilidad política e internacional que sin duda les cabe a varias altas autoridades colombianas, el mal manejo de esta crisis por parte de nuestra Cancillería, la falta de presión a la comunidad internacional para construir consensos y respaldos, y obtener pronunciamientos colectivos frente a la situación ecuatoriana antes que tuviéramos que lamentar la muerte de nuestros compatriotas, cuando aún era posible tratar de salvarlos, desdice mucho de alguien que se siente tan capaz en el ejercicio diplomático que pretende sentarse en diciembre próximo al frente de 193 Estados del mundo para presidir el máximo órgano deliberante del planeta, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

Es no sólo inaceptable sino lamentable que el Ecuador luego de históricamente haber sido un protagonista en el plano diplomático –basta leer por ejemplo las brillantes intervenciones del Dr. Juan Isaac Lovato en los trabajos preparatorios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969; o las contribuciones a la doctrina internacionalista del Dr. Carlos Tobar, Canciller del Ecuador en los albores del siglo XX– hoy sea, en lenguaje cinematográfico, un pobre y triste extra en la Comunidad Internacional, cuyos problemas por serios que sean no llaman la atención, y cuya voz de protesta o pasa desapercibida o peor aún, es inaudible.

De la actuación del Ministro de Defensa que se puede decir…  Nada, porque no hizo nada aparte de unas timoratas declaraciones a los medios de comunicación tras los incidentes previos en San Lorenzo y Mataje.  En lo personal estoy convencido de las ventajas que representa en términos democráticos la designación de un civil como Secretario de Defensa en los Estados modernos, pero creo que una trayectoria previa en la AGD, Andinatel y entidades de comunicación extranjeras, no acreditan conocimiento ni experiencia apropiados y suficientes en seguridad multidimensional como para asumir la delicada tarea de manejar la protección de la soberanía e integridad territorial de un país.  Es inaceptable que, en la designación de los ministros responsables de ámbitos tan sensibles de la administración pública, tengan cabida las cuotas políticas.

Ese menosprecio por la integridad, la vida y el sufrimiento de los demás demuestra que estas personas no deben ocupar cargos públicos, pues en la raíz misma de la función pública se encuentran la empatía y la vocación de servicio a los ciudadanos, no el figureteo, el provecho personal, la indecisión y la timidez.  La impresión que nos dejan es de una intolerable incompetencia e insensibilidad que exigen por lo menos un reconocimiento público de sus responsabilidades y la remoción inmediata de sus cargos, sin perjuicio de la aplicación de sanciones administrativas y penales por su desidia que contribuyó a la pérdida de valiosas vidas ecuatorianas.

Es deleznable la falta de solidaridad de muchos ciudadanos, que en lugar de expresar preocupación frente a estos hechos o simplemente llamarse a silencio si no tenían nada bueno que decir, vertieron en las redes sociales –el principal espacio de comunicación e intercambio de ideas de nuestro tiempo– escepticismo sobre la veracidad de los atentados en San Lorenzo y Mataje o sobre el secuestro del equipo periodístico.  Otros se dedicaron a culpar a la “prensa corrupta” por enviar a sus trabajadores, dizque a sabiendas de lo que les ocurriría,  a una misión peligrosa; como si los compatriotas secuestrados fueran unos simples peones sin criterio; como si los medios de comunicación fueran el oráculo de Delfos o debieran abstenerse de informar sobre cuestiones de interés público como los riesgos para la seguridad nacional; como si la propia ciudadanía no se hubiera quejado de la falta de información en situaciones críticas y de emergencia por las que atravesó nuestro país en el pasado.

Varios a su vez minimizaron el secuestro y luego la muerte del equipo periodístico, expresando su resentimiento porque “nadie” dijo nada cuando los ataques afectaron a personal militar, como si tal despropósito tuviera algún atisbo de verdad y como si las responsabilidades y riesgos inherentes a la profesión periodística y militar fueran equivalentes.

Y no faltaron los desubicados que divulgaron las fotografías de los cadáveres, sin confirmación sobre lo que había ocurrido, o que se convirtieron en caja de resonancia de “noticias” a todas luces falsas que sólo caldeaban el ambiente y aumentaban las incertidumbres y resentimientos, como la supuesta información de inteligencia obtenida por fuerzas estadounidenses a la una de la mañana del 12 de abril.

En mi opinión, estos ciudadanos actuaron en forma indolente, carecieron de la imaginación suficiente para ponerse en los zapatos de las víctimas, sus allegados y colegas, y comprender la angustia y sufrimiento que experimentaban en esos momentos, incrementados precisamente por la indiferencia o la descalificación de otros miembros de su misma sociedad.

Estas personas no estuvieron solas en la desafortunada tarea de volver más amarga la realidad.  Los indolentes mercenarios digitales del tirano que nos oprimió durante una década enseguida se activaron y escupieron lo único que les resta: Odio, descalificaciones a las víctimas y lastimeras burlas de las que ya empiezan a retractarse pero que jamás olvidaremos.  Estoy seguro de que la sorna del #ANosotrosNosFalta1 la van a lamentar para siempre.

Es increíble la actitud del propio tirano, cuyo veneno hoy seguimos forzados a consumir y que –entre otras cosas– nos legó la inseguridad que hoy vivimos por dilapidar recursos estatales previstos para protegernos a todos mientras él se envanecía y perseguía a quienes no compartimos sus posiciones, basta recordar los fiascos de los helicópteros Dhruv y los radares chinos. Tras denostar toda una década a los trabajadores de la comunicación, de repente se volvió empático con ellos.  ¿Quién le cree? Sólo los individuos mencionados en el párrafo precedente.  Ni el mismo se traga esa hipócrita solidaridad que ahora afrentosamente exhibe porque sabe que está acabado, que su tiempo ya pasó y que, aunque somos una sociedad desmemoriada, sus tropelías son tantas y tan graves que mientras viva habrá alguien para recordárselas al resto de ciudadanos.  Hacerse el buenito no le queda, siempre fue y será un indolente, igual que el círculo que lo rodea.

Los seguidores del tirano quisieron explotar la desgracia a su favor, desfigurando o negando los hechos, pero sólo consiguieron sembrar más odio en otros indolentes, tan cegados por su mezquina visión del problema y del país que enseguida instaron al Gobierno a hacer correr la sangre –de culpables o inocentes, da igual–, para evitar que nos lleve en peso el terrorismo de las FARC amigas del tirano, sin detenerse a pensar en las terribles consecuencias que la implementación a tontas y a locas de una estrategia militar que no respete los más elementales principios de humanidad, puede tener para miles de compatriotas que viven en la zona fronteriza con Colombia.  Como ellos están twitteando o facebookeando desde sus casitas en las grandes ciudades del país, con todos los servicios y comodidades, sin una guerra a punto de librarse en su jardín trasero, les tiene sin cuidado el sufrimiento de los ciudadanos anónimos de la ruralidad ecuatoriana y de los soldados y policías que tendrán que darles la cara a esas despiadadas bandas criminales que ya nos arrancaron siete.

No faltaron los que anhelan el retorno de los ochenta y quieren resucitar a otro caudillo de triste recordación, en cuyo gobierno la racionalidad y humanidad se perdieron y el Estado de Derecho vivió uno de sus peores momentos, sólo comparable con la década robada.  Esos buenos ciudadanos que evocan la tortura, la desaparición y la ejecución de personas como herramientas idóneas en la lucha contra la delincuencia son en mi opinión los más indolentes. Olvidan que en la “salvación de la patria” se perdieron vidas inocentes y se atentó contra la dignidad de centenares de ciudadanos que nada tenían que ver con el remedo de insurgencia que nos afectaba.  Se les olvida también –o simplemente no habían nacido en ese tiempo y no saben– que la coima, el tráfico de influencias y el atropello de las autoridades a los ciudadanos ya eran la regla y no la excepción; que los comisarios firmaban boletas de captura en blanco; que escuadrones policiales se llevaban a empellones a cualquiera, a vista y paciencia de ciudadanos asustados e impotentes frente al abuso de poder; que hasta adolescentes, que obviamente no eran subversivos, estaban desapareciendo; que vivir de rodillas aterrado por lo que podrían hacernos los funcionarios llamados a protegernos no es precisamente vivir libre y en paz.

Es particularmente preocupante que muchos de estos compatriotas se autodenominen en sus perfiles de redes sociales “defensores de libertades” y otros hasta desempeñen funciones en organizaciones de la sociedad civil que entre sus fines declarados tienen la defensa de la libertad y los derechos de las personas.  Es claro que no entienden en que consisten los derechos humanos y su carácter universal: Esos derechos los tienes simplemente porque eres persona, caigas bien o mal al resto.

A esos ecuatorianos lamento comunicarles que no se trata de que el gobernante de turno tenga bien o mal amarrados los pantalones.  En un Estado democrático no hay forma de cumplir su sueño de que la Policía Nacional vaya por la calle levantando a cualquiera que resulte sospechoso del delito de portación de rostro o de que el Ejército Nacional bombardee a la población de las provincias fronterizas por si acaso se les ocurra colaborar con la delincuencia.  Si queremos ser una democracia debemos reconocer que los límites del ejercicio de las potestades públicas están fijados por los derechos inalienables de todos quienes integramos el colectivo social, los “de bien” y los de “no tan bien”.

A los delincuentes por supuesto hay que aplicarles toda la severidad y el peso de la ley, investigándolos, juzgándolos y sancionándolos con estricta observancia del debido proceso.  Para someterlos, detenerlos e interrogarlos también hay ciertas pautas mínimas de humanidad que observar, esas mismas que se observa cuando las señoras “de bien” le caen a golpes a un Agente Metropolitano de Tránsito en la calle.  Si las cosas se salieran de control y efectivamente se tuviera que dar una respuesta militar, esta debe someterse estrictamente a las normas del Derecho Internacional Humanitario, disminuyendo al máximo el sufrimiento de la población civil y tomando las precauciones necesarias para que se utilice solo la fuerza necesaria y proporcional a la empleada por el contrario, y únicamente contra quienes representan una amenaza por participar activamente en las hostilidades, no contra cualquiera que a nosotros desde Samborondón o Cumbayá nos parezca terrorista.  Todo esto no es un invento de los “progres”, es la normal consecuencia de la existencia de un orden jurídico doméstico e internacional al que están sometidos nuestro Estado y sus pares, desde hace muchas décadas.

La cereza en el pastel de la indolencia la pusieron los políticos que recién aparecieron cuando se confirmó la infausta noticia del asesinato del equipo periodístico de El Comercio.  Salieron a pescar réditos electorales publicando pésames de dientes para afuera; menospreciando la recompensa ofrecida a cambio de datos que ayuden para la captura de alias “Guacho”, por diminuta –eso sí, de su bolsillo no han de poner lo que falta–; convocando a la unidad mientras siembran división; y desde luego cuestionando al Gobierno –que sin duda se merece durísimos cuestionamientos en este tema y muchos más– pero sin haber contribuido al menos una idea para atender la crisis.

Adueñarse del sufrimiento ajeno para promover causas propias me parece repugnante.  Azuzar al conjunto de la sociedad para que ataque al actual ocupante del puesto a ver si ellos logran sentarse en el mismo puesto la próxima vez, me parece incongruente con la defensa de los intereses ciudadanos.  Si a la crítica situación de seguridad que debemos enfrentar –al parecer solos por la indolencia de Colombia–, le sumamos un cuadro de inestabilidad política y democrática, es improbable que evitemos más pérdidas inútiles de vidas ecuatorianas a manos de la lacra criminal que nos agobia y no va a dudar en atacarnos de nuevo.

Hay que preguntar, además, frente a esta situación crítica de seguridad en que la vida de nuestros compatriotas militares y comunicadores se perdió ¿Qué hizo la Asamblea Nacional?, ¿Qué hizo la Fiscalía?, ¿Qué hizo la Defensoría del Pueblo? Su inacción es otro símbolo de indolencia.

Con mucha tristeza debo mencionar también la extemporánea intervención del organismo principal de la OEA con competencias en la promoción y protección de los derechos humanos de los habitantes de nuestra región, la CIDH.  Recién una semana después del secuestro del equipo de El Comercio hubo un pronunciamiento formal sobre el problema a través de un tibio comunicado de prensa de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión; recién 17 días después del secuestro el pleno de la Comisión adoptó una resolución –cuyo contenido y alcance son desconocidos pues no se ha publicado nada oficial al respecto– requiriendo, según se dijo en Twitter, a Ecuador y Colombia que adopten medidas cautelares para proteger a nuestros compatriotas, quienes de acuerdo con la información existente sobre el tema, a esa altura ya habían sido asesinados.  Frente a los atentados anteriores en que hubo víctimas militares la Comisión aún no dice nada.

Serví por nueve años a la CIDH, me siento muy orgulloso del trabajo que históricamente hizo y continúa haciendo el organismo, y no pretendo ser ingrato con el crecimiento profesional, pero sobre todo humano que obtuve en esa institución; sin embargo debo expresar lo que siento pues hay actitudes que resultan más indignantes cuando se conoce a la bestia desde las entrañas, cuando se sabe de lo que es capaz la CIDH y el impacto positivo que sus intervenciones oportunas y ponderadas pueden tener.  En esta ocasión la CIDH llegó tarde y mal, quiero suponer que no porque el Ecuador es un simple actor secundario en la Comunidad Interamericana e Internacional, sino por esa perniciosa maraña burocrática que termina relegando lo importante para preservar las apariencias.

En este panorama sombrío, desalentador quizá, en que parece haber ganado la indolencia, es indispensable ensayar una respuesta a las preguntas que propuse al inicio:

¿Qué clase de sociedad somos y cuál queremos ser? Somos una sociedad indolente, pero con todas las condiciones y el potencial para ser una sociedad empática, solidaria, compasiva, valiente.  Es esa es la sociedad que, sin duda, todos queremos ser –también la mayoría de los que en esta y otras ocasiones demostraron indolencia–.  El sentimiento que nos hace salir las lágrimas cuando vemos ondear la tricolor o escuchamos el himno nacional y que nos lleva a cerrar filas detrás de objetivos comunes, con un profundo amor a la patria, no debe aparecer sólo cuando hay eventos deportivos o cuando se produce una catástrofe natural, sino quedarse en forma permanente y relucir especialmente cuando la paz, la seguridad y los derechos propios y ajenos están en riesgo.

¿Qué papel desempeñamos en la Comunidad Internacional y cuál queremos tener? Hasta ahora uno muy pobre, pero aún podemos volver a ser protagonistas; abanderarnos de las causas justas en lugar de alabar regímenes criminales como el de Venezuela; levantar nuestra voz de protesta hasta ser escuchados; reclamar la responsabilidad que les cabe a otros y no aceptar la indiferencia,  peor de nuestros vecinos, como respuesta; poner de lado las vanidades personales y buscar visibilidad pero liderando, no figureteando; ser respetuosos de los compromisos que adquirimos frente a los demás miembros de la comunidad internacional; respetar la institucionalidad internacional y sus decisiones, para luego tener la autoridad moral de cuestionar sus errores.

¿Qué son los derechos humanos para los ecuatorianos y qué aspiramos que sean? Hoy por hoy, los derechos humanos son los que tiene cada uno y su grupito de amigos; los demás ciudadanos no importan, no tienen derechos porque “no son iguales a mí”, son menos o simplemente no son personas.  A lo que debemos aspirar como sociedad es que los derechos humanos sean un ideal compartido en cuya defensa nos comprometamos e invirtamos todos sin importar quién es la víctima de ocasión; recordando que la mejor forma de demostrarle a quien considero mi enemigo que soy mejor que él, es justamente reconociendo las mínimas prorrogativas inherentes a su condición de persona que él no ha sido capaz de reconocerme a mí.

Cuando la batalla entre “progres” y “regres” se termine –y créanme, eventualmente ocurrirá–, deberíamos quedarnos con una sociedad menos prejuiciada, de personas que se reconocen como iguales a pesar de sus diferencias, con sus virtudes y defectos, con sus problemas y alegrías, una sociedad de ecuatorianos unidos para desterrar la indolencia.  Es lo mínimo que le debemos a esos siete hermanos que hoy nos faltan y a todos quienes antes sacrificaron sus vidas para que seamos libres y estemos informados.

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Sindéresis

Por Juan Pablo Albán Alencastro

En tan solo 40 horas, entre las 20H00 del martes 6 de febrero de 2018 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su decisión de remitir un pedido de medidas provisionales a favor de tres integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y las 12H00 del jueves 8 de febrero de 2018 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su resolución negando el pedido de la CIDH por improcedente, la sociedad ecuatoriana y su clase política -de todos los colores, olores y sabores- vivieron un arcoíris de emociones.

Insultos y loas iban y venían de todas partes para denostar a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la supuesta vulneración de la soberanía nacional o para alabar la dizque desinteresada y recta decisión del otrora “[…] grupo de burócratas sin atribución […] Es inaudito” (palabras del Sr. Rafael Correa, no mías).

Pero la verdad, ni lo uno ni lo otro.

Como comentaba hace unos años en otra entrada de este mismo blog, cuando el mundo parecía funcionar al revés y los hoy fans de las medidas de protección del Sistema Interamericano eran enemigos de acatarlas,

[…] el otorgamiento de un decreto interino de protección es un ejercicio legítimo y reglado, cuyo racional en materia de derechos humanos es impedir que aquellos sean violados, [por lo que] resulta un poco “irracional” que el argumento para incumplir tal decreto sea la descalificación del mismo por “arbitrario”, y la anteposición de los intereses –no son derechos– del Estado o las invocaciones a la condición de soberano, que radica precisamente en los titulares de los derechos humanos, el pueblo de un Estado, no en su Gobierno.

Por ende, las invocaciones a la soberanía no funcionan como pretexto para relativizar las obligaciones internacionales de un Estado ni para eludir su cumplimiento.  La CIDH tal vez cometió un desliz por contaminación política pero no violó la soberanía ecuatoriana al solicitar medidas provisionales a la Corte Interamericana, ni esta última hubiera violado la soberanía ecuatoriana de acceder a dictarlas.

Pero al tiempo, la decisión de la CIDH en este asunto no es digna de alabanza sino causa de una profunda preocupación sobre los efectos que las campañas emprendidas desde 2007 por varios países -entre ellos Ecuador- con el ánimo de debilitar al sistema, han tenido en la institucionalidad interamericana.

La coyuntura es propicia para explicar brevemente lo que es una medida provisional, plantear unas reflexiones sobre quien es el vencedor de este proceso internacional, y ensayar una respuesta a la “gran” incógnita de por qué varios defensores de derechos humanos ofrecimos nuestro apoyo al Estado, que ordinariamente es nuestro contendor, en el afán de preservar la institucionalidad del Sistema Interamericano y los derechos políticos de los ciudadanos que se pronunciaron en las urnas el pasado 4 de febrero de 2018.

¿Qué es una medida provisional?

Una medida provisional es una orden de la Corte Interamericana dirigida a algún Estado sometido a su competencia con dos finalidades específicas, alternativas o acumulativas: a) Preservar la materia de un eventual litigio por presuntas violaciones a los derechos humanos; y b) Prevenir que tales derechos sean efectivamente violados o que los efectos de dichas violaciones se prolonguen en el tiempo.

Los organismos internacionales de supervisión consideran la invocación de este tipo de medida una parte esencial del ejercicio de su jurisdicción y una herramienta para asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados.

El dictado de la medida provisional puede ser solicitado por la Comisión Interamericana en su calidad de garante del interés general en el sistema, o, si ya existiera un caso en trámite ante la Corte Interamericana, por la representación de las presuntas víctimas.

El proceso para el dictado de medidas provisionales es de carácter judicial sometido al principio de contradictorio, no es un proceso político ni diplomático, por ende, la defensa de las partes que son el solicitante -CIDH o representación de las presuntas víctimas- y el Estado, debe ser jurídica y sujetarse al procedimiento descrito en el Reglamento de la Corte.

La procedencia de la solicitud de protección está condicionada al cumplimiento estricto de tres requisitos determinados en el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

  • Extrema gravedad. La amenaza al derecho debe ser de tal entidad que resulte imprescindible la intervención del organismo internacional, el cual sólo actuará frente a la inactividad del Estado en la protección del derecho en riesgo o la inefectividad de los mecanismos existentes en el plano interno;
  • Extrema urgencia. El riesgo de vulneración del derecho debe ser actual y el daño inminente; e
  • Irreparabilidad. Si el organismo internacional no interviene para proteger el derecho, este no podrá ser restituido a su titular, sino en todo caso, su violación compensada económicamente, lo que desde luego no es lo deseable.

Los fundamentos fácticos del pedido de protección deben ser verosímiles.  Tómese en cuenta que el proceso se desarrolla ante un órgano judicial con un estándar probatorio medianamente riguroso, por eso quien solicita una medida provisional debe acreditar sus dichos y los hechos que dan lugar a la misma.

Si la Corte no se siente persuadida por el pedido tiene la potestad de negar la medida provisional como ocurrió esta vez; o si tuviera dudas sobre la existencia de un colorable claim puede requerir información adicional al solicitante, lo que evidencia que la actuación del organismo en esta materia es cautelosa, no precipitada.

La medida provisional por su propia naturaleza tiene un carácter temporal, por eso la denominación genérica de este tipo de decreto como medidas interinas.  Cuando la Corte dispone la adopción de medidas provisionales, realiza un seguimiento detallado de su implementación a partir de información suministrada periódicamente por las propias partes; evalúa a intervalos la permanencia de los criterios de extrema gravedad, extrema urgencia e irreparabilidad que justificarían el mantenimiento de la vigencia del decreto de protección; y cuando determina que las medidas ya no son necesarias, las levanta.

¿Quién ganó en la Corte Interamericana?

A mi parecer con la Resolución que adoptó la Corte hay dos grandes vencedores, y no son ni el Gobierno de Lenín Moreno, ni el berrinche de Rafael Correa.

Pese a las declaraciones públicas del Presidente resaltando la “buena gestión” de su Cancillería, Procuraduría y otros entes estatales, que en su opinión motivó el rechazo del pedido de medidas provisionales, lo cierto es que para el momento que la delegación ecuatoriana llegó a Costa Rica (contra la recomendación de los integrantes de la “Liga de la (In)Justicia”, ver infra) la decisión no sólo ya estaba tomada, sino que ya se había reducido a escrito, firmado y se estaba cargando a la página de internet del Tribunal.  En suma, el Gobierno no gano pues no tuvo ocasión de decirle nada a la Corte, lo que, en las circunstancias de este asunto, pienso yo, fue mejor.

Y, pese a las sumas, restas, raíces cuadradas y algoritmos que conducen al Ec. Correa y sus seguidores a decir que clarito está que ellos ganaron porque la votación de la Corte Interamericana fue dividida 4 a 2 y porque el texto obviamente les da la razón dejando abierto el camino para la discusión de fondo. El pronunciamiento del Tribunal es muy claro al señalar

la Corte no está llamada a pronunciarse sobre los derechos presuntamente vulnerados en perjuicio de los propuestos beneficiarios de las medidas provisionales en el marco del procedimiento de referéndum que tuvo lugar el pasado 4 de febrero. Tampoco corresponde a este Tribunal efectuar un análisis de convencionalidad sobre las actuaciones de las autoridades internas que culminaron con la organización de esos comicios. Estos aspectos podrían, eventualmente, ser debatidos por los peticionarios y el Estado ante la Comisión Interamericana, conforme a las reglas establecidas en la Convención y en el Reglamento del señalado órgano del sistema interamericano, en caso de que la petición inicial sea declarada admisible (párr. 23 de la Resolución, énfasis añadido).

Es decir, el berrinche de Rafael Correa no ganó, pues para que eventualmente le llegue su día en Corte, tendrán que cumplirse varios pasos previos y condiciones que al menos por ahora no se han verificado.  Tengo mucha curiosidad de saber si la CIDH lidiará con una eventual petición en este asunto siguiendo sus tiempos regulares que hoy oscilan entre siete y diez años de trámite, y respetando el orden cronológico de entrada como hace con todos los demás asuntos que le llegan.

Los grandes vencedores con esta Resolución son en primer lugar los electores ecuatorianos, cuyos derechos han sido garantizados a partir de una evaluación jurídica objetiva del Tribunal sobre el incumplimiento de requisitos y la falta de mérito del pedido de medidas provisionales remitido de forma meteórica por la CIDH a la Corte; y en segundo lugar la institucionalidad del Sistema Interamericano, pues pese a lo amargo que es -yo también lo viví más de una vez siendo funcionario de la Secretaría Ejecutiva- que la Corte le haga un jalón de orejas público a la CIDH, no tengo duda que este revés llevará a la Comisión a reflexionar, a medir un poco más las consecuencias de sus decisiones con un sesgo político y el manejo de sus tiempos procesales, y a escuchar el sabio consejo técnico de su Secretaría Ejecutiva, ojo, no digo de su Secretario Ejecutivo.

La “Liga de la (In)justicia”

En medio del arcoíris de emociones al que me referí al inicio, un académico ecuatoriano residente en Bélgica, con desdén nos ha puesto el mote de “Liga de la (In)justicia” a los “defensores de derechos humanos” -así, entre comillas- y académicos burgueses -según él dice- que ofrecimos nuestro modesto conocimiento y experiencia para apoyar la defensa del Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana.

El investigador de la Universidad de Ghent, prolífico autor de unos papers que solo lee el mismo y sus amigos del Club del Elogio Mutuo, se ha convertido en monje purificador y ahora nos va a decir quiénes son defensores de derechos humanos y quienes no, es más, nos va a decir que causas son justas y cuáles no, a la guisa del sorting hat del universo de Harry Potter.

Ahora que la CIDH de repente es buenísima, parece que al académico ya se le olvidó que entre los escritos que presume aparecen estas apologías de la política de desmantelamiento del Sistema Interamericano emprendida por Ecuador bajo el gobierno anterior, y duros cuestionamientos al dictado de medidas interinas de protección por parte de la Comisión que en ese tiempo era un órgano de segunda, por no decir tercera.  ¡Pero la “Liga de la (In)justicia” somos otros! ¡Horror!

La mayoría de los ciudadanos no necesitó explicación para comprender -y hasta algunos agradecer- qué un grupo de abogados hayamos tomado la decisión de ayudar, pero para los que han estado ocupados escribiendo papers y se perdieron detalles importantes, planteo unas reflexiones:

  1. Desde hace varios años la defensa técnica del Estado ecuatoriano ante los organismos internacionales de derechos humanos ha sido pobre. Esto tiene que ver con una serie de factores que no se limitan a la falta de conocimiento de los funcionarios de la Procuraduría y Cancillería responsables de tal defensa (de hecho conozco a muchos que desde adentro tratan de ser la voz de la razón y otros que se fueron de esas instituciones porque no se les permitía hacer su trabajo adecuadamente y ahora son exitosos funcionarios en otras instituciones del Estado, académicos -burgueses supongo- o miembros de organizaciones de la sociedad civil), sino que también incluyen la esporádica asignación de puestos de decisión a personas con escasa formación y experiencia en el tema; la falta de colaboración de otros estamentos estatales responsables de proveer información o ejecutar tareas tendientes a una buena defensa; y los vaivenes políticos que nos llevaron de ser el suscriptor No. 1 de acuerdos de solución amistosa ante el Sistema Interamericano a ser el enemigo No. 1 del Sistema Interamericano lo que se materializa en el tradicional viserazo, “responde así porque digo yo”, que termina opacando o excluyendo los argumentos jurídicos y razonables.  Por supuesto, también ha habido varias ocasiones en qué el Estado no ha sabido que argumentar para defenderse o no ha tenido argumentos para hacerlo frente a la gravedad de las violaciones cometidas.
  2. Desde hace una década la tónica de las relaciones de varios Estados de la región con los organismos de derechos humanos y particularmente con la CIDH ha sido la confrontación vehemente, desinformada y altanera. Esa retórica autoritaria del Estado que pretende manipular el Sistema Interamericano a su antojo y se emperra cuando no lo logra, terminó ocasionando mucho daño y en mi humilde opinión -burguesa supongo- empujando a la CIDH a un rincón, asustada de caerle mal a los Estados, de que le retiren los fondos, le reduzcan las funciones, le cambien la sede, no le cumplan sus decisiones.  Por eso mismo, las últimas composiciones de la CIDH -con muy honrosas excepciones- han sido bastante tímidas, muy burocráticas y no muy pro-víctima.  Al tiempo, las carantoñas estatales a la Corte Interamericana, merecidas o no, han provocado que el tribunal se sienta autorizado/obligado a comportarse como un actor político cuya independencia e imparcialidad se diluyen, por ejemplo, al reunirse con autoridades públicas para elogiarlas, realizar “visitas in loco” que no son parte de sus atribuciones convencionales o estatutarias, o adoptar resoluciones controversiales en beneficio de ciertos países -no lo digo yo, lo dice un ex Juez de la propia Corte-.
  3. Quienes estamos preocupados por la preservación de la institucionalidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde antes del 6 de febrero de 2018, observamos con gran tristeza la creciente lentitud y burocratización de los procedimientos de la CIDH; los continuos experimentos administrativos internos que se anuncian como medidas para aumentar la eficiencia pero terminan siendo precisamente lo opuesto y de paso minando el entusiasmo y resistencia del estoico personal de la Secretaría Ejecutiva que es la verdadera alma del organismo; la notable insensibilidad de los Comisionados frente a situaciones críticas que requieren su atención urgente y que son constantemente postergadas; la falta de transparencia en la toma de ciertas decisiones y en la determinación de prioridades; el claro sesgo de algunos de sus pronunciamientos; etc. Y también observamos con sorpresa y, por que no, desconfianza, que la Corte Interamericana cada vez se parezca menos a un órgano judicial y se parezca más a la descripción de funciones de la CIDH que constan en el artículo 41 de la Convención Americana.
  4. Los pronunciamientos públicos y acciones desarrolladas por altas autoridades del Estado ecuatoriano entre el 6 y 8 de febrero de 2018, evidencian el poco tino con que se quiso manejar una cuestión de gran sofisticación técnico jurídica, con el consecuente riesgo de que el Tribunal Interamericano no tuviera suficientes elementos para examinar lo único realmente relevante frente a la solicitud de medidas provisionales planteada por la CIDH en el Asunto Jarrín y otros: a) Si estaban reunidos los requisitos de extrema gravedad, extrema urgencia e irreparabilidad de los eventuales daños, que determina el artículo 63.2 de la Convención para que proceda el dictado de medidas provisionales; b) Si los hechos planteados por los propuestos beneficiarios a la CIDH y a su vez, por ésta a la Corte, eran verosímiles; y c) La oportunidad del planteamiento, a fin de descartar que la cuestión sea mas bien materia de una posible petición individual si las presuntas violaciones ya se hubieran concretado.
  5. Aunque les resulte doloroso e inconveniente a quienes se sienten hostilizados porque el Ejecutivo buscó el pronunciamiento del pueblo en las urnas sobre la continuidad o no del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su diseño y composición anterior al 4 de febrero de 2018, deben recordar que el ordenamiento jurídico ecuatoriano (ese ordenamiento que ellos mismos ayudaron a construir desde el 2008 hacia acá, con una Constitución redactada para exaltar al ego de un solo individuo y una legislación inferior pensada en perpetuar a ese individuo en todos los espacios de poder, por siempre y para siempre), contempla un plazo específico para que la Corte Constitucional (con los Jueces que ellos mismos nombraron), se pronuncie sobre la constitucionalidad de las preguntas de un posible referéndum. Ese ordenamiento jurídico hecho por ellos y sus amigos, que antes si valía y ahora “ya no”, también determina que, si a la Corte Constitucional se le vence el plazo para dictaminar, se debe entender que se ha pronunciado tácitamente en favor de la constitucionalidad del posible referéndum (inciso final del artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional).  Esto se le quiso ocultar a los órganos del Sistema Interamericano.
  6. La discusión sustantiva se refiere a los derechos de los electores ecuatorianos y lo que nos proponíamos defender con la “Liga de la (In)Justicia” más allá de diferencias ideológicas con el actual Gobierno y con el anterior, eran precisamente esos derechos, ampliamente garantizados y reivindicados por el derecho interamericano.

La Carta de la Organización de los Estados Americanos en su artículo 3.d de manera clara establece que la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa, es decir, no basada en un modelo en el que todos los espacios de poder sean cooptados por una sola organización erigida alrededor de una sola persona, como lamentablemente ocurrió en nuestro país durante el régimen anterior.

La Asamblea General de la OEA se ha referido en numerosas oportunidades a la relación entre democracia y derechos humanos, enfatizando la necesidad del ejercicio de los derechos políticos y en especial el de elegir.  Por ejemplo, en la Resolución 837 (XVI-0/86), adoptada por la Asamblea General, se reafirmó,

[e]l derecho inalienable de todos los pueblos americanos a elegir libremente un sistema político, económico y social sin injerencias externas, por medio de un auténtico proceso democrático, en un régimen de justicia social, en el que todos los sectores de la ciudadanía gocen de las garantías necesarias para participar libre y efectivamente.

Al adoptar la Carta Democrática Interamericana en septiembre de 2001, los Estados de la región establecieron en sus artículos 1 y 6 que,

[l]os pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

[l]a participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

Por su parte, la Corte Interamericana ha declarado que,

[l]a democracia […] es un “principio” reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano. El régimen mismo de la Convención reconoce expresamente los derechos políticos (art. 23), que son de aquellos que, en los términos del artículo 27, no se pueden suspender, lo que es indicativo de la fuerza que ellos tienen en dicho sistema (La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 34)

En el mismo sentido, dicho Tribunal señaló que los derechos políticos protegidos en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales, propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político (Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 192).

De su parte la CIDH ha afirmado que las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos que garantizan los derechos políticos, incluido el artículo 23 de la Convención Americana, deben ser interpretadas y aplicadas de manera de dar efecto significativo al ejercicio de la democracia representativa en este hemisferio (Informe 98/03, Caso No. 11.204, Statehood Solidarity Committee, Estados Unidos, 29 de diciembre de 2003, párr. 95).

El mismo organismo ha señalado además que no es extraño que la elaboración jurídica hemisférica haya insistido en la existencia de una relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos así definidos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado, lo cual a su vez supone la vigencia de otros derechos humanos fundamentales. En efecto, como ha dicho la Comisión, el concepto de democracia se asienta sobre el principio de que el pueblo es el titular de la soberanía política y por ende puede elegir como son conducidos sus destinos y por quien (Informe 137/99, Caso No. 11.683, Andrés Aylwin Azócar y Otros, Chile, 27 de diciembre de 1999, párr. 35).

La misma Comisión Interamericana ha sostenido que el derecho a elegir en elecciones abiertas, realizadas por sufragio universal e igual, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores (artículo 23.1.b de la Convención Americana), cumple en la democracia representativa una función legitimadora esencial de la autoridad política (mismo informe, párr. 95).

La intención de permanecer contra la voluntad expresada por el pueblo en las urnas, en el ejercicio de un cargo público que no era de elección popular sino de designación, es contrario a los principios de la democracia, y subestima al pueblo ecuatoriano al pretender decirle qué es lo que le conviene, en lugar de permitirle elegir, aún a riesgo de que se equivoque.

  1. Lamentablemente para los consejeros ya removidos de sus funciones por voluntad del Pueblo, no hay un derecho político a “conservar el puesto”. Y afortunadamente para ellos la decisión popular no les impide de modo alguno en el futuro tratar de participar en la conducción de los asuntos públicos, sea candidateándose a un cargo de elección popular, expresando su propia voluntad en las urnas o aceptando una designación para una función en el Estado.
  2. El dictado de una medida provisional en un asunto de esta naturaleza, sin cumplir los requisitos convencionales, con base en hechos inverosímiles, violando los derechos políticos de millones de personas al interferir injustamente en un proceso electoral, hubiera sido un precedente nefasto, como bien lo entendió la Corte Interamericana no sólo en esta ocasión sino desde la desatinada decisión de la CIDH de enviar un pedido de medidas provisionales en el Caso Castañeda Gutman v. México años atrás, contra la expresa recomendación técnica de la Secretaría Ejecutiva.
  3. Un debate jurídico -y esto debe saberlo muy bien alguien con un diploma en argumentación- es un ejercicio dialéctico en que los interlocutores plantean fundadamente sus posturas. En tal debate jurídico no cabe ni la visita sorpresa a un tribunal internacional para hablarle al oído, ni el exabrupto “soberano” desafiante de la autoridad judicial, ni la descalificación personal a los abogados de la otra parte por “burgueses”, ni el aspaviento de me quieren robar el puesto.  El tenor de las declaraciones de los altos funcionarios ecuatorianos y de los que extrañan desesperadamente ese poder que ya no ostentan, auguraba una discusión inútil que probablemente terminaría por confundir a la Corte -de hecho, yo creo que la Comisión obró en parte confundida y en parte mal influenciada-.

Por todo esto, anticipando el papelón que podríamos pasar en un asunto por demás delicado en que se encontraban en juego los derechos políticos de la población que ya se pronunció en las urnas y la estabilidad democrática en una sociedad altamente polarizada gracias a diez años de etiquetarnos entre “burgueses” y “proletarios” cuando lo que somos todos es seres humanos, me animé de comedido a apuntalar una defensa que a todas luces hacía agua como un barco que se hunde.  Sospecho que mis colegas que también se ofrecieron para esa tarea, tuvieron razones similares.  Ese esfuerzo de juzgar rectamente y colocarse siempre del lado de los derechos humanos más allá de convicciones ideológicas es lo que se denomina sindéresis.

Pero claro, toda buena acción tiene su castigo, en este caso supongo que consiste en integrar la “Liga de la (In)Justicia” denunciada desde Bélgica y ser vilipendiado en redes por un grupo de patanes cuyo amor ciego por el anterior régimen les obliga a insultar (argumentos no tienen).  Para que ya no sufran les aclaro, no me han ofrecido un cargo y no quiero ninguno, tampoco me ofrecieron honorarios ni yo los regularía porque la dignidad de los electores ecuatorianos no tiene un precio.

El derecho a tener derechos

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Por estos días las redes sociales están inundadas de mensajes convocando a una movilización este sábado 14 de octubre de 2017 en distintas ciudades del país, para defender “valores tradicionales” que estarían bajo grave amenaza.  Hasta ahí todo bien, la Constitución ecuatoriana garantiza a todas las personas “[e]l derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria” y estemos o no de acuerdo con la visión de los organizadores y asistentes a estas marchas, hay que defender hasta las últimas consecuencias su derecho a expresarse libremente.  Lo problemático es la estrategia de difusión/captación que los convocantes de tales movilizaciones han adoptado, pues el límite más obvio al ejercicio de los derechos propios son los derechos ajenos, y si para reclamar respeto a los derechos propios mentimos, estigmatizamos y negamos los derechos de otros, es porque o bien no nos asiste la razón en lo que reclamamos o porque nos resistimos a aceptar que el otro tenga derechos, negamos que sea nuestro igual y su pertenencia a la familia humana, es decir, lo discriminamos.

Lo que afirmo en el párrafo anterior a algunos les parecerá exagerado, infundado y hasta ofensivo, tomando en cuenta que los principales promotores de las marchas de este sábado son organizaciones y personas vinculadas a la iglesia católica, la de mayor influencia en nuestro país como en casi toda la región, cuyos objetivos abarcan, se supone, la promoción del amor al prójimo, la tolerancia, la compasión y la igualdad.  Sin embargo, objetivamente hablando, los “curas y monjas de todos” vienen comportándose desde hace varios días como fundamentalistas -esos que según define la Real Academia de la Lengua exigen de manera intransigente el sometimiento a una doctrina o práctica establecida- y han convertido en blanco de un discurso estigmatizante y muy poco cristiano a quienes tienen una identidad de género y/o una orientación sexual diversa.  Sus planteamientos no están llenos de fervor religioso y valores, están llenos de odio y miedo a quienes consideran diferentes o más bien inferiores.  Basta ver las publicaciones del sacerdote César Piechestein en Twitter haciendo burla de una persona disfrazada, o los de sus seguidores instándonos a quienes hemos cuestionado estas actitudes a “meter[nos] un tren bala japonés donde no [nos] dé el sol”.

¿Por qué tanto apasionamiento?, porque la Presidencia remitió el 24 de agosto de 2017 al Legislativo un proyecto de ley que busca erradicar la violencia de género contra las mujeres -ya era hora-.  Para cumplir tal cometido el proyecto plantea la necesidad, como mecanismo de prevención de la violencia basada en el género, de incorporar el enfoque de género en los procesos educativos.  Esto ha sido mal entendido por muchas personas como la relajación moral absoluta y la promoción del libertinaje sexual desde las más tiernas edades, para que nuestra sociedad se convierta en una suerte de versión contemporánea de la Roma de Calígula.

A estas erradas apreciaciones, los preocupados ciudadanos que marcharán el sábado no llegaron solos, de hecho, la casi totalidad de los hoy indignados no conoce el proyecto, su naturaleza, contenido y alcance. Han confiado en lo expresado por un Frente Nacional para la Defensa de la Familia cuyas figuras más notables son líderes de opinión del ámbito religioso, que sin informarse de manera suficiente han concluido que el fin último del proyecto de ley es implantar en el Ecuador la “ideología de género”, que según afirman, es una aberrante doctrina impulsada por las “feminazis” y los “maricas” para conseguir la implantación de una filosofía hedonista.

Lo cierto es que en todo el articulado del proyecto de ley no aparece ni una sola vez la expresión “ideología de género”, si aparecen en cambio las expresiones “perspectiva de género” (artículo 7 numeral 13) y “enfoque de género” (artículo 19 numeral 2), que son términos de contenido técnico jurídico que se refieren a

[…] una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros (Conclusiones Acordadas del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas 1997/2, documento A/52/3/Rev.1, página 24).

La entidad de las Naciones Unidas encargada de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, ONUMUJERES, señala que “[…] la igualdad de género es el objetivo de desarrollo general y a largo plazo, mientras que la incorporación de una perspectiva de género es un conjunto de enfoques específicos y estratégicos así como procesos técnicos e institucionales que se adoptan para alcanzar este objetivo” (http://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-system-coordination/gender-mainstreaming).

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo al referirse a la cuestión ha expresado que “La transversalización del enfoque de género no consiste en simplemente añadir un ‘componente femenino’ ni un ‘componente de igualdad entre los géneros’ a una actividad existente. Es asimismo algo más que aumentar la participación de las mujeres. Significa incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y de los hombres para sacar adelante el programa de desarrollo” (http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm).

Y UNICEF, nada más y nada menos que la agencia de las Naciones Unidas encargada de promover el bienestar y los derechos de la infancia en el mundo, tiene en ejecución un Plan de Acción para la Igualdad de los Géneros, que entre otras cosas, insta a los Estados a “[p]romover servicios de salud adolescente que tengan en cuenta la perspectiva de género” (página 9) y hace hincapié en la importancia de la “[…] la perspectiva de género en los programas de estudios y la pedagogía, y la creación de entornos de aprendizaje seguros y protectores” (página 12).

Satanizar la inclusión del enfoque o perspectiva de género en la malla curricular de los programas de educación formal e informal como medida de prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es PERVERSO.  Mentir a la ciudadanía sobre la existencia de supuestos propósitos ocultos en la prevención de la violencia de género a partir de la inclusión del enfoque o perspectiva de género en los procesos educativos es AUN MÁS PERVERSO.  Y aprovechar la ocasión para hacer escarnio público de la comunidad LGTBIQ acusándoles de algo que en nada les atañe es simplemente ATROZ.

Con mucho respeto a los curas, monjas, rabinos, imanes, bonzos, etc. “de todos”, el problema de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país es acuciante y debe ser abordado, entre otras medidas, a partir de la educación -desde la más temprana edad- sobre la igualdad de hombres y mujeres y sobre la no imposición de roles sociales empezando por los colores que identifican a cada sexo. Esa educación debe tener en cuenta la perspectiva de las mujeres sobre sus problemas y reflejar sus aspiraciones (el enfoque o perspectiva de género). Sólo en la primera mitad del 2017, según organizaciones muy serias y reconocidas de la sociedad civil, en Ecuador se perpetraron 80 femicidios. Es más según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el Ecuador 6,06 de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia basada en el género, y eso sin incluir a las mujeres menores de 15 años.  No podemos relativizar esta cuestión, no podemos cerrarnos a la erradicación de este problema con fundamento en posturas que ya no son religiosas sino sectarias.  No es justo, no es humano.  Nos guste o no, Ecuador en efecto se ha convertido en “el país de la violencia sin límites” (para las mujeres), como reza el titular de un artículo publicado por la Revista Plan V en enero de este año.

La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes tiene su raíz en la discriminación basada en el género, en las normas sociales y los estereotipos de género que son vistos como normales y en consecuencia la perpetúan.  Precisamente por eso, la prevención de esa violencia debe comenzar en las primeras etapas de la vida, a través de una educación de niños y niñas que promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, la no sumisión.  Se trata de un momento crucial de la vida de las personas en que los valores de los futuros ciudadanos se están formando.  ¿Quién en su sano juicio puede oponerse a que las mujeres no estén subordinadas a los hombres?

En este sentido UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha resaltado que “mediante la Declaración de Incheon, los Estados Miembros y toda la comunidad educativa, se comprometieron ‘a apoyar políticas, planes y contextos de aprendizaje en que se tengan en cuenta las cuestiones de género, así como a incorporar estas cuestiones en la formación de docentes, los planes y programas de estudios, y a eliminar la discriminación y la violencia por motivos de género en las escuelas’” (http://es.unesco.org/news/eliminar-violencia-genero-que-funcion-desempena-educacion), y ha recomendado “[…] que los sistemas educativos actúen de manera explícita con miras a erradicar los prejuicios de género y la discriminación” (énfasis añadido).

Por su parte, ONUMUJERES en conjunto con la Asociación Mundial de las Guías Scouts ha desarrollado el programa “Voces contra la violencia”, “[…] un programa mixto diseñado para distintos grupos de edad que abarcan desde los 5 hasta los 25 años de edad. Brinda a las personas jóvenes herramientas y experiencia para entender las causas profundas de la violencia en sus comunidades, educar e implicar a sus iguales y a las comunidades para prevenir esta clase de violencia, y saber adónde acudir en busca de ayuda en caso de sufrir violencia” (énfasis añadido).

Ahora bien, lo que al parecer subyace a estas reivindicaciones de los marchantes del 14 de octubre y su forma de plantearlas es bastante más complejo y profundamente contradictorio.  El propio Sacerdote Piechestein ha sido muy explícito en afirmar que no está en contra de la igualdad de hombres y mujeres ni del proyecto de ley, sino de algunos de sus artículos.  También ha sido muy verbal en señalar que el derecho que se encontraría en riesgo, de aprobarse el proyecto, sería no uno de los niños sino el de los padres para elegir el tipo de educación que sus hijos deben recibir, lo que sin duda puede ser discutido.  Pero al tiempo, ni él ni sus seguidores han tenido reparos en descalificar y ridiculizar la identidad y orientación sexual diversa, de hecho, fue el Frente que el representa el que introdujo el tema de la identidad sexo-genérica en un contexto que nada, absolutamente nada tiene que ver con esto, la erradicación de la violencia contra las mujeres.  Los mensajes han usado como palanca las supuestas consecuencias negativas de la despenalización del microtráfico de estupefacientes (que luego fue objeto de una contra reforma legislativa al más puro estilo Correa -gritos y ordenes mediante-) para afirmar que una vez más avanzamos hacia el caos moral.  Yo me pregunto, antes de escribir ese tipo de mensaje, ¿se habrá reflexionado sobre las consecuencias nefastas que la contra reforma tuvo en cuanto a la criminalización de la pobreza y el encarcelamiento de personas, padres y madres, que precisamente por su situación de precariedad se vieron obligados a micro traficar mientras la sociedad (iglesia incluida) los miraba con desdén?, supongo que no.

La Filósofa alemana Hannah Arendt varias veces propuso la idea de un derecho a tener derechos.  Esta teoría está notablemente desarrollada en su obra “Los orígenes del totalitarismo”, pero ya en un ensayo de 1949, desde el título –Es gibt ein einziges Menschenrecht (Sólo hay un derecho humano)- Arendt proponía que mientras los derechos humanos en general cambian en función de las circunstancias históricas y de otra naturaleza, el presupuesto indispensable y necesario para que podamos disfrutar y ejercer tales derechos es también un derecho en sí mismo, el de ser reconocido como miembro de la comunidad (llámese sociedad, nación o como sea), pues sólo dentro de los confines de la comunidad es donde la vida, la integridad, la libertad, la IGUALDAD, etc., pueden realizarse.  El imperativo moral bajo el planteamiento de Arendt sería entonces tratar a todas las personas, con independencia de sus condiciones personales (identidad y orientación sexuales inclusive) como miembros de la familia humana, reconocernos en ellos, aceptar que son humanos como nosotros, no discriminarles ni suponerles inferiores.  No obstante, con asombro vemos como la solidaridad, la generosidad y la compasión van cediendo terreno a la indolencia.  Es como si la sociedad ecuatoriana -y mundial- considerara que hay personas “más humanas” que otras.  Esas, las otras, los parias, los desechables, aparentemente no han alcanzado el más elemental de los derechos, tener derechos.  El tono y la actitud de los convocantes a la marcha de este sábado es sólo una entre muchas demostraciones de lo que acabo de afirmar.

La marcha, que reitero, compartamos o no las visiones de sus participantes, puede y debe realizarse porque vivimos en democracia, también tiene que llevarnos a reflexionar sobre lo más básico, la noción de sujeto de derechos, el reconocimiento de la condición de persona y por ende titular de tales derechos, lo que en efecto es un derecho en sí (véase por ejemplo los artículos 1 y 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Por lo demás, observo con mucha preocupación que en nuestro país hay una serie de problemas muy graves que afectan de manera notable a los niños, niñas y adolescentes, frente a los cuales no he sabido ni de marchas organizadas por la iglesia católica, ni de lobby político de la misma iglesia para influir positivamente en el diseño de legislación o en la adopción de políticas públicas a fin de superarlos.  Sólo por mencionar algunos:

En estas condiciones, una marcha contra el “lobby gay” parece por lo menos un despropósito, habiendo tantas cosas importantes por las cuales reclamar y en las que apoyar.

Tras estas reflexiones yo pregunto, ¿quién determina lo que es moral y lo que no?, no estoy muy seguro de que deba ser la iglesia católica, sobre todo si aún tiene trapos sucios que lavar en casa en lo que a derechos de los niños, niñas y adolescentes se refiere.  En este sentido son ilustrativas las observaciones del Comité de Derechos del Niño y del Comité contra la Tortura, ambos de Naciones Unidas, realizadas a la Santa Sede.

Tampoco creo que se trata de lo que piense la mayoría, como me han señalado con gran “dulzura” varios tuiteros y tuiteras de bien.  Es muy claro que democracia no significa la opresión de unos pocos por los que hacen más bulto, sino la toma en consideración de los problemas y propuestas de soluciones de todos los que integran la sociedad, minorías, especialmente minorías, incluidas, es decir, la democracia debe ser inclusiva, no excluyente.  El argumento de “mayoría gana e impone” que tanto escuchamos y desgastó un obscuro personaje los pasados 10 años, para problemas como la desigualdad estructural y la discriminación que aún imperan en el Ecuador, simplemente no funciona.

Más importante todavía, ¿será que un ministro de culto, de la religión que fuere, puede determinar quién tiene o no tiene dignidad?, por ende, ¿quién pertenece a la comunidad que llamamos sociedad ecuatoriana y tiene derecho a tener derechos?, yo pienso que la respuesta única, obvia y natural es un radical no.

Mi hija, de 10 años, al escuchar en la mesa familiar sobre las posturas intransigentes y sectarias de los que promueven la marcha del sábado, quedó asombrada, pero sobre todo indignada cuando su madre y yo le explicamos que la protesta es por la inclusión de la perspectiva de género en una ley para erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país, una medida cuyo propósito es protegerla a ella y a las mujeres de su generación y de las venideras, de un fenómeno detestable y tan naturalizado en nuestra sociedad machista: La consideración de la mujer como ciudadana de segunda, como objeto no sujeto, sin derecho a tener derechos.

He tenido la fortuna de integrar los equipos de defensa de familias valientes, golpeadas brutalmente por la violencia machista, la de la joven Vanessa Landínez, la de la niña Valentina Cosíos, y otras.  También tuve el privilegio de litigar en nombre de la CIDH casos ante la Corte Interamericana por violación de los derechos de las mujeres.  Soy hijo, esposo, hermano, padre, amigo, maestro de maravillosas mujeres. Por eso tengo claro sin ser “el abogado de todos” que no hay justificación que valga para oponerse a la erradicación de la violencia contra ellas y en consecuencia a la inclusión del enfoque/perspectiva de género en los procesos educativos.

Claro que quiero que mi hija sea educada con valores: la tolerancia a los demás, aunque sean diferentes; la empatía con todos comparta o no sus visiones; la solidaridad con los más necesitados no sólo en lo material sino en lo afectivo; la compasión por los oprimidos; la frontalidad en la defensa de sus derechos. Quiero que mi hija no sea insultada o golpeada por su enamorado/a, esposo/a; que no sea violada o asesinada por un sujeto que nunca aprendió en la escuela a no discriminar; que no sea subyugada a cumplir solo el rol de madre y cocinera en casa a menos que ella lo quiera y decida; que no tenga reparos en plantarle la cara a cualquiera que ose decirle que no tiene derecho a una vida libre de violencia por el simple hecho de ser mujer o lesbiana o lo que quiera ser, consciente que su identidad y orientación sexual resulta intrascendente pues ya es un ser excepcional, es un ser humano.

No pretendo que nadie comparta mi punto de vista sobre este tema, pero me encantaría que seamos un poco más consecuentes y practiquemos en nuestra vida los valores que pregonamos, empezando por el amor al prójimo, pues caso contrario la igualdad de derechos y la no discriminación se vuelven como el reino de los cielos, sabemos que llegarán, pero no sabemos cuándo.

Por todo esto, tengo que decirle al Sacerdote Piechestein y sus discípulos, ¡Con mi hija no te metas!

Los actos unilaterales del Estado como fuente de derechos y obligaciones bajo el Derecho Internacional

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Tradicionalmente se ha utilizado como criterio rector al identificar las fuentes del derecho internacional, la enumeración prevista en el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que incluye las normas convencionales, consuetudinarias, los principios generales del derecho interno comunes a las diversas tradiciones jurídicas del mundo, y solo de manera auxiliar la jurisprudencia y la doctrina.  No obstante, a la fecha ya no existe mucha discusión sobre la naturaleza de fuente de derecho internacional que tienen los actos jurídicos individuales de un Estado.

Para que un acto unilateral de Estado constituya fuente de derecho internacional debe reunir ciertos requisitos, a saber:

  • Que sea la manifestación de voluntad de un solo estado.
  • Que su validez sea independiente de otros actos jurídicos, es decir que se trate de actos autónomos.
  • Que tenga una significación de carácter internacional.

Los actos unilaterales han sido objeto de examen por la doctrina internacional desde hace varias décadas; uno de los primeros trabajos sobre el tema fue elaborado por Anzilotti en 1929[1]; desde entonces, los estudios de autores de renombre como Pfluger, Venturini, Biscottini, Degan, Suy, Guggenheim, Cahier, y de hispanoamericanos como Barberis, Villagrán Krammer y Miaja de la Muela evidencian la importancia y atención que se ha prestado al tema desde el ámbito académico[2].

Por otra parte, los tribunales internacionales han también considerado algunos de esos actos y comportamientos unilaterales del Estado como fuente de derecho internacional.  Inicialmente en la decisión del caso relativo a Groenlandia Oriental, dictada por la Corte Permanente de Justicia Internacional en 1933[3]. En tal ocasión, la corte concluyó que Noruega no podía, sobre la base de la declaración formulada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Ihlen, obstaculizar el ejercicio de la soberanía de Dinamarca sobre el territorio de Groenlandia Oriental. La corte estimó que la declaración Ihlen era jurídicamente vinculante; que constituía una promesa, quizás un reconocimiento, y en cualquier caso era una declaración unilateral, un acto de naturaleza jurídica que traía como consecuencia el establecimiento de derechos y correlativas obligaciones.

En sentido similar, la naturaleza y alcance de los actos unilaterales como fuente de derecho internacional, fueron discutidos en las decisiones emitidas por la Corte Internacional de Justicia en 1974 en relación con los ensayos nucleares, cuando Nueva Zelanda y Australia solicitaron a la corte que declarara que los ensayos nucleares que realizaba Francia en el Pacífico eran contrarios al derecho internacional y por ende debían cesar. La corte concluyó entonces que las declaraciones de las autoridades francesas, concretamente del Presidente y del Canciller, anunciando que a futuro se suspendería de manera definitiva la realización de tales ensayos, eran vinculantes jurídicamente y que no había dudas en cuanto a la capacidad de estas personalidades para obligar o comprometer al Estado en sus relaciones internacionales[4], tomando en consideración que se trata de funcionarios investidos de la capacidad de ejercer la diplomacia directa.

La decisión recién mencionada, que se refiere a uno de los actos unilaterales materiales, la promesa, ha facilitado el estudio del tema, pues la corte reconoció que las declaraciones unilaterales pueden comprometer jurídicamente al Estado, que pueden ser oponibles al Estado autor, y además que su forma (escrita o verbal) no es determinante para su validez, pues son manifestaciones de voluntad que surten efectos jurídicos en la medida que sean claras, tengan un objeto preciso y se realicen de manera pública, otorgándoles notoriedad.

Otra decisión significativa que examina la condición de fuente de derecho internacional que ostentan los actos unilaterales de Estado es la sentencia en el caso de las actividades militares y paramilitares en Nicaragua, en el que la Corte Internacional de Justicia reconoció que los Estados son libres de contraer obligaciones unilaterales sin condiciones ni límites de duración, o alternativamente con condiciones y reservas, pero formuladas desde el inicio. El Tribunal concluyó en este caso que el carácter unilateral del acto no autoriza al Estado a modificar sus efectos unilateralmente con posterioridad a su emisión[5].

También resulta relevante en este sentido, la decisión de la Corte Internacional de Justicia sobre la controversia territorial entre Burkina Faso y Mali, en que se analiza el elemento de intención para determinar el carácter jurídico del acto o de la declaración del representante del Estado al emitirlo[6].

Por su parte la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas, en el marco de su labor de codificación y de desarrollo progresivo del derecho internacional, ha intentado elaborar una definición y desarrollar las reglas aplicables a las distintas categorías de actos unilaterales. A comienzos de la década de los setenta, la Comisión consideró que el tema era susceptible de ser estudiado, al tiempo que reconocía la dificultad de la empresa. En ese entonces, la Comisión señaló que un análisis podría “proporcionar cierto esclarecimiento autorizado”. Sin embargo, no fue sino hasta 1997 que se consideró a los actos unilaterales como uno de los temas del derecho internacional “idóneos para su codificación y desarrollo progresivo”. La comisión expresó que el objetivo del examen sería “tratar de precisar el funcionamiento de esta clase de actos y cuáles son sus consecuencias jurídicas, presentando una exposición del derecho aplicable”.  Este esfuerzo se completó luego de 9 años, en agosto de 2006, cuando fueron adoptados los Principios Rectores Aplicables a las Declaraciones Unilaterales de los Estados Capaces de crear Obligaciones Jurídicas[7].

La conclusión a la que llegó la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas es que la naturaleza del acto y la fundamentación de su obligatoriedad se basan en la intención del Estado; intención que puede ser expresa, pero también puede ser inferida, como previamente determinó la Corte Internacional en los casos de los Ensayos Nucleares llevados a cabo por Francia, en cuanto a las declaraciones formuladas por autoridades francesas, como las del Presidente de la República y el Ministro de Relaciones Exteriores.

El acto unilateral de Estado como fuente de derecho se encuentra íntimamente relacionado con la regla de estoppel y con la formación de las normas de costumbre internacional.  Además, por la naturaleza y efectos jurídicos del acto unilateral, es claro que su incumplimiento puede generar responsabilidad internacional al Estado que lo emitió.

El Estado puede reafirmar derechos o preservarlos mediante un acto unilateral, mientras no imponga obligaciones ni adquiera nuevos derechos por uno de esos actos frente a un tercer Estado, sin su consentimiento.

El acto unilateral, por su propia naturaleza, debe ser interpretado en forma diferente al acto convencional. Por una parte, porque la seguridad jurídica exige retener a título principal la voluntad declarada por el texto y además ellos deben interpretarse en forma restrictiva.  El objetivo de la interpretación es determinar la intención del Estado; intención que puede deducirse de la declaración formulada y de otros elementos, como los trabajos preparatorios y las circunstancias imperantes en el momento de la emisión del acto. Para ello, el término intención es fundamental; la manifestación de voluntad es la expresión necesaria para la formación del acto, mientras que la intención es el sentido que el autor entiende dar al acto. La intención, sin embargo, no sería suficiente en la determinación del acto, porque ella debe ser de conocimiento del o los destinatarios del acto o, por lo menos, ellos deben haber tenido la oportunidad de conocer tal intención.

Finalmente es importante destacar que, conforme al principio 10 de los Principios Rectores, “Una declaración unilateral que ha creado obligaciones jurídicas para el Estado que hace la declaración no puede ser revocada arbitrariamente”.

En cuanto a los tipos de acto unilateral de Estado que pudieran constituir fuente de derechos y obligaciones en el plano internacional, sin pretender una enumeración exhaustiva, podemos distinguir los siguientes, que se realizan con una mayor frecuencia en el plano internacional:

  • Notificación: Acto por el cual un Estado comunica oficialmente a otro u otros sujetos de derecho internacional un hecho, una situación, una acción o un documento, que produce efectos jurídicos y que será en consecuencia desde ese momento legalmente conocido por el destinatario (por ejemplo, la notificación de rompimiento de relaciones diplomáticas).
  • Promesa: Acto a través del cual un Estado se compromete frente a otro u otros sujetos de derecho internacional a adoptar un determinado comportamiento en el futuro (por ejemplo, el anuncio francés de que no se realizarán nuevos ensayos nucleares en el Pacífico).
  • Reconocimiento: Acto mediante el cual un Estado admite frente a otro u otros sujetos de derecho internacional la legitimidad de un determinado estado de cosas o una determinada pretensión (por ejemplo, el reconocimiento de la condición de beligerancia de un grupo alzado en armas).
  • Protesta: Acto mediante el que un Estado procura impedir que se forme o consolide una norma de costumbre o un estado de cosas que le resulta perjudicial, sea con referencia a una situación determinada o a una pretensión de un tercer Estado (por ejemplo, el rechazo a la doctrina de las 200 millas de mar territorial).
  • Renuncia: Acto en virtud del cual un Estado abandona un derecho, una facultad, una pretensión u otra reclamación que ostenta frente a otro u otros sujetos de derecho internacional (por ejemplo, la renuncia a las reparaciones derivadas de un hecho internacionalmente ilícito).

[1] Anzilotti, Cours de droit international, París, Sirey, 1929.

[2] Pfluger, F., Die einseitigen Rechtsgeschäfte im Völkerrecht; 1936; Venturini, “La portée et les effets juridiques des attitudes et des actes unilatéraux en droit international public”, RCADI, vol. 112, 1964-II, pp. 363-467; Biscottini, G.,Contributo alla Teoria degli Atti Unilaterali nel Diritto Internazionale, 1951; Degan, “Acte et norme en droit international public”, RCADI, vol. 227, 1991-II, pp. 357-418; Degan, “Unilateral Acts as Source of Particular International Law”,FYIL, vol. 5, 1994, pp. 149-266; Suy, E., Les Actes juridiques unilatéraux en droit international public, París, LGDJ, 1962, 290 pp.; Guggenheim, “La validité et la nullité des actes juridiques internationaux”, RCADI, vol. 74, 1949-1, pp. 191-268; Cahier, “Le comportement des États comme source de droits et d’obligations”, Recueil d’études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Genève, IUHEI, 1968, pp. 237-265; Barberis, “Los actos jurídicos unilaterales como fuente de derecho internacional público”, Hacia un nuevo orden internacional y europeo: Estudios en homenaje al profesor don Manuel Diez de Velasco, Madrid, Tecnos, 1963, pp. 101-116; Villagran Kramer, “Les Actes unilatéraux dans le cadre de la jurisprudence internationale”, Le Droit International à l’aube du XIXe siècle: Réflexions de codificateurs, Nueva York, UN, 1997, pp. 137-161; Miaja de la Muela, “Los actos unilaterales en las relaciones internacionales”, REDI, vol. 19, 1967, pp. 429-464.

[3] PCIJ. Legal Status of Eastern Greenland (Denmark v. Norway), Reports PCIJ 1933, series A/B, núm. 53.

[4] Caso relativo a los ensayos nucleares (Australia v. Francia; Nueva Zelandia v. Francia), CIJ Reports 1974, pp. 253-457.

[5] Caso relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Nicaragua v. Estados Unidos de América), CIJ Reportes 1986, p. 14.

[6] Caso relativo a la controversia fronteriza (Burkina Faso v. Mali), CIJ Reportes 1986, p. 554.

[7] (A/ CN.4/569 y Add.1).

¿Esto es justicia?

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Pocas semanas atrás asumí la defensa del Dr. Carlos Julio López Ayala, un reconocido cirujano quiteño, certificado desde hace años como instructor del Programa Avanzado de Apoyo Vital en Trauma para Médicos (ATLS por sus siglas en inglés) del Colegio Americano de Cirujanos, uno de los estándares más elevados de atención de emergencia en el mundo según ha reconocido la propia Organización Mundial de la Salud en su informe denominado Guidelines for essential trauma care.  Carlos está condenado y espera estoicamente que el atropello judicial en su contra se materialice con el injusto encarcelamiento tras un juicio penal que fue todo, menos un debido proceso.

La odisea de Carlos empezó a las 20H41 del 12 de septiembre de 2009, cuando recibió en su teléfono celular una llamada de la central telefónica del Hospital de Clínicas Pichincha, de cuyo cuadro de llamada –listado de médicos a disposición para atender situaciones que requieren especialistas– formaba parte, solicitando su presencia como cirujano para atender a una paciente que había ingresado por sala de emergencias con una herida de proyectil de arma de fuego.  Carlos no era el primer cirujano de la lista, era el tercero, los dos primeros no respondieron al llamado el uno por estar fuera de la ciudad, el otro por tener apagado su celular.  Él, fiel a su juramento hipocrático acudió a toda prisa a la casa de salud llegando tan solo cinco minutos después de recibir la llamada.  A las 20H50 ya se encontraba en la sala de emergencias junto a la víctima, una joven vulcanóloga francesa, asaltada al salir de su casa en el sector de Guapulo, trasladada inicialmente por paramédicos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito a otros centros de salud públicos y privados que se rehusaron a recibirla, e ingresada a las 20H09 a la Clínica Pichincha.

Diligente y meticuloso como es, tan pronto llegó al centro de salud Carlos empezó a revisar los exámenes practicados hasta ese momento a la joven percatándose inmediatamente que uno de los pulmones estaba colapsado por hemorragia, hecho que no había sido detectado por los médicos de la sala de emergencias.  A partir de ese momento y en forma ininterrumpida, Carlos atendió a la paciente hasta su fallecimiento al día siguiente como consecuencia de las graves lesiones que afectaron a varios órganos ocasionadas por el proyectil cuyo impacto recibió, principalmente una grave lesión hepática.

Carlos, como hubiera hecho cualquier otro médico en su situación, sin elementos de juicio suficientes para conocer la posible trayectoria interna de la bala y por ende los órganos vitales comprometidos, realizó diversas acciones (colocación de tubos torácicos para permitir una respiración adecuada de la paciente y colocación de una vía de alto flujo en la vena subclavia para permitir una reposición de líquidos, entre otras) tendientes a estabilizar a la paciente –algo indispensable para poder someterla a una cirugía– y dispuso diversos exámenes para establecer un diagnóstico de las lesiones e identificar los posibles daños ocasionados por el proyectil (radiografía de tórax, Eco FAST, y Tomografía Axial Computarizada) que uno a uno fueron descartando una lesión cardíaca y confirmando la lesión hepática que a la postre causó la muerte.

Con la paciente ya estable, unos 40 minutos después de haber empezado a atenderla, aproximadamente a las 21H30 dispuso que sea trasladada a cirugía para tratar la lesión hepática y evitar que se desangre.  Tras la preparación de la paciente y del quirófano, la cirugía empezó a las 22H00, en el curso de la misma la paciente sufrió un paro cardiaco, lo que motivó que Carlos tomara la decisión de abrir la cavidad torácica para dar un masaje directamente en el corazón, recuperando exitosamente el latido.  Recién en ese momento, pues los resultados de los exámenes practicados a la joven no reflejaban tal situación, Carlos descubrió que la bala también había lastimado la aurícula y ventrículo derechos.  De inmediato solicitó que se insista en la presencia del segundo médico del cuadro de llamadas, un cirujano cardiotorácico cuyo buzón de voz había sido la única respuesta recibida por la central telefónica cuando la paciente acababa de ingresar a emergencia.  Esta vez contestó, llegó recién a las 23H05, cuando Carlos ya estaba terminando de suturar la aurícula derecha.  Carlos se dedicó a completar la cirugía abdominal para controlar la lesión del hígado y el otro cirujano a suturar el ventrículo derecho y verificar que no existieran otras lesiones en el área pericárdica.  Lamentablemente y pese a los esfuerzos de Carlos y del resto del equipo médico, la lesión hepática no pudo ser controlada y Charlotte Mazoyer falleció a la 01H15 del 13 de septiembre de 2009.

La noticia se viralizó, no la de la atención dispensada por Carlos y sus esfuerzos por salvar la vida de la víctima en un escenario totalmente adverso en que el índice de supervivencia es ínfimo, sino la de la muerte de la joven por falta de atención médica motivada por no haber presentado una garantía de pago a la clínica, o al menos así es como se le contó a la sociedad ecuatoriana la historia.

Carlos, un cirujano de dilatada trayectoria, respetado, admirado, y claro también envidiado, de repente se encontró en el ojo del huracán.  En un tortuoso proceso en que la fiscalía primero desestimó la denuncia del padre de la paciente, para luego por presiones de autoridades públicas y de funcionarios de la Embajada francesa acusar a Carlos y a otra persona por negativa de atención, finalmente hemos llegado a ese momento en que la injusticia se sacramenta y un inocente termina tras las rejas por haber hecho precisamente lo contrario de aquello por lo que se le acusa.

La norma bajo la cual se condenó a Carlos, el artículo 13 de la Ley de Derechos y Amparo del paciente establece que:

Los responsables de un centro de salud que se negaren a prestar atención a pacientes en estado de emergencia, serán sancionados con prisión de 12 a 18 meses y, en caso de fallecimiento del paciente desatendido [sic], con prisión de 4 a 6 años.

Este tipo penal –la descripción de la conducta prohibida penalmente– incluye dos aspectos notables:  En primer lugar, el autor del delito debe reunir una condición específica, ser el responsable de un centro de salud, cosa que Carlos no era, ni en lo médico ni en lo administrativo.  En segundo lugar, la conducta prohibida por la ley consiste en negar atención, ese es su núcleo, su “verbo rector” como dicen los penalistas.  En ninguna parte del artículo transcrito se puede leer que la conducta castigada consista en prestar atención médica que no satisfaga los gustos del paciente o en este caso de sus abogados.

Se trata entonces de uno de esos delitos que la doctrina llama de omisión propia, es decir en los que un individuo calificado que ostenta una condición o cargo particular –para lo que nos interesa quien tiene a su cargo la dirección o vigilancia de un centro de salud–, omite cumplir una obligación impuesta por la ley –para lo que nos interesa prestar atención a un paciente en situación de emergencia–.

La justicia ecuatoriana en todos sus niveles ha condenado a Carlos Julio López Ayala, quien prestó atención en forma ininterrumpida a Charlotte Mazoyer desde las 20H50 del 12 de septiembre de 2009 hasta las 01H15 del 13 de septiembre de 2009 según está documentado no sólo en la historia clínica sino también en grabaciones de video del circuito cerrado de televisión de la Clínica Pichincha, por el delito de negativa de atención a un paciente en situación de emergencia. Si, leyó bien, lo condenan por negarse a atender tras haber atendido a la víctima cerca de cuatro horas y media, cumpliendo con rigurosidad los parámetros científicos indicados por la lex artis en este tipo de situaciones.

Las acusaciones tanto pública como particular se ocuparon de sembrar en el imaginario colectivo la idea de que Carlos era responsable del centro de salud como líder del equipo médico que atendió a la paciente, pero dado que la propia Ley de Derechos y Amparo del Paciente define en su artículo 1 centro de salud como “una entidad del sistema de servicios de salud pública o privada, establecida conforme a la Ley para prestar a las personas atención de salud integral de tipo ambulatorio y de internamiento […] además, un centro de formación de personal de salud y de investigación científica” y el diccionario de la Real Academia de la Lengua define responsable como “persona que tiene a su cargo la dirección o vigilancia”, queda completamente descartado que el tercer médico cirujano del cuadro de llamadas de una clínica sea ese sujeto calificado, responsable del centro de salud, que exige la ley como autor del delito.  También se ocuparon de desfigurar el tipo penal para empujar a los jueces a concluir que una atención de “mala calidad” es negar atención.  Para este segundo propósito se valieron de informes maliciosos con una carga emotiva inadecuada en un escenario que no debería estar contaminado por subjetividades, un proceso penal.

Los argumentos de acusación incluyeron ridiculizaciones sobre la actuación de Carlos del talante de “se creyó Superman”; falsos señalamientos, como que supuestamente exigió para empezar a actuar que se realice un pago mientras disimulaba su mal proceder colocando “agüitas” a la paciente; y los dichos de un testigo estrella, un cirujano cardiotorácico que con toda la información ex post a su disposición afirmó categóricamente que tan pronto la víctima cruzo la puerta de la clínica debió ser operada del corazón, sin siquiera mencionar la lesión que ocasionó la muerte, la del hígado.  Este testigo estrella era nada más y nada menos que el galeno del teléfono apagado, el que recién asomó a las 23H05.

Cuando ya se cuenta con toda la información es muy fácil para los médicos y sobre todo para los abogados especular sobre el tratamiento más indicado en una determinada situación, distinto es tener que realizar el ejercicio de abducción y descarte de un posible diagnóstico y tomar decisiones sobre la marcha cuando sólo se cuenta con información fragmentada, no conclusiva, como le correspondió a Carlos mientras tenía en frente a Charlotte Mazoyer debatiéndose entre la vida y la muerte.

Más allá de lo anterior, la condena de Carlos Julio López Ayala pone en evidencia varios graves problemas por los que atraviesa nuestro sistema de justicia, entre otros:

  • El poco o nulo rigor de la actuación de fiscalía en casos delicados que se resuelven en las redes sociales antes del juicio o mediante declaraciones de alguna autoridad pública o de agentes diplomáticos de una nación extranjera, como ocurrió en esta ocasión –lo que por cierto implica una violación del derecho a la presunción de inocencia–. Esto a pesar que la fiscalía está obligada constitucional y legalmente a investigar el delito con objetividad, buscando al tiempo pruebas de cargo y de descargo, porque el interés de la sociedad que representa no es llenar las cárceles de gente inocente sino hacer justicia;
  • El menosprecio de los jueces ecuatorianos por el principio de legalidad que determina que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté previsto en la ley como delito, en este caso, brindar atención que no sea del gusto de los abogados del paciente. Al punto de inventar nuevas formas de “negativa” de atención no previstas por el legislador, con tal de producir una condena.  Con este mismo “criterio” jurídico es que reunirse a doblar trípticos en una casa puede constituir tentativa de terrorismo –como en el caso de los 10 de Luluncoto–.  Refiriéndose a este tipo de situaciones, la Corte Interamericana ha señalado en casos como García Asto y Ramírez Rojas v. Perú que: “corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico”;
  • La inobservancia del principio de congruencia, es decir la necesaria coherencia que debe existir entre la pretensión –pedido– del que acusa, la defensa esgrimida por el acusado, la prueba presentada y la decisión de la justicia. Como ha reconocido la propia Corte Nacional de Justicia, el principio de congruencia “establece en efecto que las personas deben defenderse por los cargos que se les formula, y que la sentencia debe versar conforme el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal, sobre esos cargos”.  En el caso de Carlos López, se le acusó de negativa de atención, se defendió de tal acusación, se demostró que si atendió a la paciente y con cuanto esmero lo hizo, y finalmente se lo condenó por una supuesta atención deficiente –mala praxis–;
  • El irrespeto al derecho de defensa, excluyéndose los pedidos de prueba formulados por el acusado sin explicación alguna e impidiendo que los defensores de los acusados desarrollen sus alegatos –mandándolos callar o tratándolos como a niños que se portaron mal– para luego afirmar en las sentencias que no se justificó tal o cual planteamiento;
  • El incumplimiento de la obligación constitucional de motivar toda decisión que provenga del poder público. La jurisprudencia constitucional ecuatoriana ha establecido tres requisitos cuyo verificación permite determinar si una decisión emitida por autoridad pública ha sido motivada o no: razonabilidad, lógica y comprensibilidad. La razonabilidad de una decisión se expresa en la fundamentación sustentada en los principios constitucionales, jurisprudenciales y legales, esto es, en las fuentes que el derecho ofrece para resolver la controversia –lo que no ocurrió en este caso pues justamente la decisión contraviene entre muchas otras normas y principios los artículos 75, 76 numerales 1, 2, 3, 5 y 7 literales a, c, h y l, y 82 de la Constitución de la República, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos–; la lógica hace referencia a la existencia de la debida coherencia entre las premisas y la conclusión y entre esta y la decisión –lo que tampoco ocurrió en este caso pues la premisa planteada por la acusación es que hubo negativa de atención y la conclusión de los jueces es que se atendió “mal”–; en tanto que la comprensibilidad involucra la claridad en el lenguaje utilizado en la redacción de la decisión, con la finalidad de que pueda ser entendida por cualquier ciudadano –la verdad sea dicha, el galimatías jurídico denominado “sentencia” en este caso, no lo entienden ni los jueces que lo escribieron–;
  • La falta de seguridad jurídica en nuestro sistema, pese a que la Constitución la reconoce como un derecho. La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático como se supone que pretende ser el Ecuador requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes se antepongan a la voluntad de las autoridades públicas y en el que exista un control de unas instituciones por otras, es decir, en que exista un Estado de derecho.  En tal sentido, como ha dicho la Corte Constitucional del Ecuador, la seguridad jurídica “[…] proscribe la arbitrariedad […] como mecanismo de defensa que asegura un trato igual de todos los ciudadanos […] frente a los posibles abusos de los órganos del Estado”.  No obstante, las demostraciones del no sometimiento de quienes ejercen potestades de poder público son ya demasiadas y por ende la confianza de los ciudadanos en las actuaciones de los funcionarios públicos va en constante declive.  El proceso penal y la sentencia condenatoria contra Carlos López no son la excepción a esta desafortunada regla, al contrario son la clara demostración de cómo las autoridades judiciales ecuatorianas se desentienden de la ley a placer; y por último lo que tal vez es más grave
  • La ligereza con que nuestras autoridades llamadas a hacer justicia pueden criminalizar actos legítimos como la atención médica de emergencia, ajustados a los estándares científicos de la materia para procurar la recuperación del paciente. Cuando jueces que no estuvieron presentes durante la atención, se dejan impresionar de las especulaciones desarticuladas de fiscales y abogados que creyéndose Superman presumen ser doctos en todos los ámbitos del saber humano incluido el médico y califican la calidad de una atención de emergencia con “solvencia” digna de un premio Nobel de medicina, se arriesgan a equivocarse y cometer una injusticia. En tal sentido, como ha expresado la Corte Constitucional colombiana “[…] la necesidad y urgencia son asuntos primordialmente técnicos que suponen conocimientos científicos, por lo cual el criterio imperante será el del médico tratante, por cuanto se trata de una persona calificada profesionalmente (conocimiento científico-médico), que atiende directamente al paciente (conocimiento específico del caso), en nombre de la entidad que le presta el servicio (competencia para actuar y comprometerla)”. Por lo tanto, el mismo Tribunal señala que los jueces deberán acudir a la opinión del médico tratante como la principal fuente de carácter técnico en un caso concreto, no a la opinión de los abogados del paciente o la de un médico que llegó más de dos horas después de que empezó la atención.  Sobre esta cuestión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso De la Cruz Flores v. Perú determinó que el acto médico –una obligación de medio no de resultado, que no se incumple por el simple hecho de que el paciente no mejore– es un acto esencialmente lícito, cuya prestación es una obligación del médico y, además, la criminalización del mismo implica vulneraciones a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.

Dicho todo esto, me pregunto y pregunto a quienes estén leyendo esta reflexión, ¿esto es Justicia?; ¿el país “ya cambio” y es mejor porque hemos condenado a un médico a la cárcel por atender a una paciente gravemente herida de bala y no lograr salvarle la vida?; ¿las expectativas de la sociedad ecuatoriana están satisfechas a través de las decisiones de una administración de justicia que irrespeta y viola el propio orden jurídico llamada a aplicar?; ¿mientras los responsables de actos tan deleznables como la desaparición de personas permanecen en impunidad con el guiño cómplice de cortes que no quieren instalar sus audiencias de juicio, los médicos ecuatorianos deben ir a prisión porque a alguien no le gustó como lo atendieron?

¿Nos cruzamos de brazos y aceptamos que la (in)justicia ya es una práctica diaria?, No.  Damos batalla y no nos rendimos hasta que alguna autoridad en este mismo paisito descubra lo equivocado de la decisión y la revierta, o hasta que algún organismo internacional vuelva a jalarle las orejas al Ecuador por condenar inocentes y no garantizar debido proceso.  Carlos no se ha rendido, yo tampoco pienso hacerlo, y abrigo la esperanza de que hay muchos más igual de “necios” que nosotros.

El precio de ser consecuente

La siguiente es una versión editada de la entrada originalmente publicada el 30 de diciembre de 2015.

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Última entrada al blog en este 2015 que fenece y creo que lo más justo es dedicarla a las vivencias familiares de los dos últimos meses.

Desde el 9 de noviembre de este año la vida en casa ha sido una espiral de emociones fuertes.  Las razones en realidad son muy simples: Siempre he estado dispuesto a hacer bien mi trabajo, a no reparar en las críticas malintencionadas a mis actividades, y a aceptar las consecuencias de las decisiones que tomo en el ejercicio de mi profesión, por dolorosas que resulten.

Que no se malentienda, no tengo vocación de mártir, aunque es muy obvio que tras la muerte de mi hijo Emilio miro la vida de una forma distinta. Al comprender la fragilidad de la condición humana creo haberme vuelto más compasivo con los demás, he aprendido a ponerme en el lugar del otro para entender su sufrimiento, sin mezquindad, con un cariño sincero que me lleva a exponer el prestigio profesional, la integridad personal, y más recientemente la vida, por defender las causas que considero justas.

El oficio que elegí, del cual por cierto me siento muy orgulloso, ordinariamente da para la polémica.  Representar a víctimas de la ignominia estatal implica cuestionar no sólo al poder de turno sino también a los represores del pasado y eso incomoda, incomoda a mucha gente con posiciones e ideas muy diversas.

En la historia ecuatoriana los primeros esfuerzos por convertir en sinónimos “defensor de derechos humanos” y “defensor de criminales” se dieron durante ese periodo fantástico –quimérico– de “reconstrucción nacional” encabezado por un señor que para demostrar su condición democrática asistía armado a la sala de sesiones del Congreso, como si fuera a la guerra.  Aquello ya nos dice mucho de la nula vocación de justicia y compasión por los demás que imperaba en ese momento de nuestra historia, de lo cual hoy ciertos jóvenes se sienten herederos sólo por lo que escucharon durante un café familiar –pues para esas fechas ni habían nacido– o por lo que medio leyeron en alguna loa al tirano de antaño escrita por quienes sacaron provecho de su gobierno.

Esos esfuerzos por descalificar el trabajo de los defensores se han prolongado a través del tiempo, y se han sofisticado.  Hoy “defensor de derechos humanos” ya no es sólo sinónimo de “defensor de criminales” sino también sinónimo de “agente imperialista” o “político de oposición”, con esa visión reduccionista revolucionaria que convierte a todo el que piensa libremente y no se resigna ante la injusticia en “opositor”.  Lo importante en todo caso es que los defensores de derechos humanos carecemos de virtudes, a menos claro está, que defendamos una postura que a los ojos del interlocutor de turno “SI” sea justa.

Con esa cortedad, con esa mezquindad, con esa indolencia es como el ciudadano común y corriente ve los derechos humanos, llegando al extremo de desconocer la condición de seres humanos que tienen los demás cuando “no son sus iguales”.

Yo lamento mucho, pero realmente no entiendo como los que promueven por ejemplo la igualdad de derechos para las personas LGTBI, al tiempo sean capaces de justificar que a alguien le hayan arrancado las uñas, dado corriente en los genitales o violado en grupo por su pertenencia a una minoría disidente, un grupo subversivo.

Tampoco puedo entender a esos funcionarios públicos llamados por la Constitución y las leyes de la República a ser garantes de los derechos de las personas, capaces de justificar los más terribles atropellos o desconocer a través de discursos vehementes y resoluciones arbitrarias que los ciudadanos que no estamos en la función pública tengamos algún tipo de derecho, o al menos una expectativa de no ser avasallados.

De manera recurrente los “buenos ciudadanos” nos convocan a quienes “estamos equivocados” por asumir la defensa de víctimas del abuso del poder, a ponernos en el lugar de quien padeció un secuestro, un robo, un asesinato –cometido en su imaginación por nuestro defendido de ocasión–, pero ellos mismos carecen de eso que Héctor Abad Faciolince llama imaginación literaria en su obra “El olvido que seremos”, esa que permite a las personas ponerse en el lugar del protagonista de un relato y compartir con él sus emociones, como el miedo que siente, por ejemplo, una persona encerrada desnuda en una diminuta celda sin iluminación luego de una sesión de tres horas de tortura, ante la advertencia de “ya regresamos”.

Cuando replicamos a estas “personas de bien” que ya nos hemos puesto en el lugar de una víctima, la de detención ilegal, tortura, desaparición o algo mucho peor, y que precisamente por eso es que decidimos ayudarle a reclamar sus derechos, puestos en evidencia de su falta de argumentos reaccionan insultando o peor aún, amenazando.

Desde el 9 de noviembre en que se suspendió la audiencia de juicio por delitos de lesa humanidad en el caso Vaca, Cajas y Jarrín he recibido agresiones verbales y escritas de lo más florido por haber aceptado ocuparme del patrocinio judicial de un ex cadete de la ESMIL hostigado psicológica y físicamente por ser afro ecuatoriano; de cinco jóvenes cuyos proyectos de vida fueron truncados hace 17 años cuando agentes de la Policía Nacional decidieron convertirlos en chivo expiatorio de un asesinato que no cometieron “extrayéndoles” confesiones bajo brutal tortura; y de tres ex militantes de Alfaro Vive Carajo detenidos ilegalmente por las Fuerzas Armadas del Ecuador, incomunicados, torturados, una de ellos violada y otro desaparecido, todo en nombre de “la reconstrucción nacional”.

Quienes en este país aspiran a que la impunidad sea la regla están furiosos.  A sus ojos la justicia no debe servir para tutelar los derechos del más débil sino para encubrir al mejor uniformado.  Han acudido a diversos foros para descalificarme a mí y a mis defendidos, tildar de ataques contra el “honor institucional” los esfuerzos por esclarecer esa verdad escurridiza desde hace décadas, y utilizar recursos del propio Estado para amedrentar a unos operadores de justicia cuya imparcialidad e independencia son virtualmente nulas.

Las expresiones de repudio a mi actividad han ido del tono neutral: “¿Que el abogado de Manuela Picq defiende a quién?, habrase visto”, “se me cayó al piso la figura de Juan Pablo Albán, no entiendo como un defensor de los derechos humanos puede patrocinar a terroristas”, “haciendo política con este caso igual que otros tantos que veo se han subido en la camioneta para tratar de meter la si saña [sic]”, “señor Albán cuando no existen valores, como en su caso, priman los intereses”; al lenguaje agresivo: “miserable tirapiedras representante de la partidocracia”, “este abogado es un pseudo analista de la gallada de la CIDH”, “perro de Correa, maldito terrorista”; hasta llegar a la amenaza: “hijo de puta ya vas a ver”, “ISIS está necesitando defensores por qué no te largas para allá”, “ser abogado de AVC es como ser abogado de narco, prepárate…”, “acá no se borra nada, maldito terrorista”, “qué bueno que le tenga miedo a los uniformes, no se va a salir tan fácil”.

Todos se sienten autorizados a cuestionar lo que hacemos los defensores porque equivocadamente piensan que los derechos humanos son patrimonio exclusivo de algún color, ideología o costado político.  De ahí que las expresiones de descrédito hayan sido proferidas por los más diversos ciudadanos: Parientes, ex compañeros de la escuela y del colegio, ex compañeros de la universidad, colegas abogados, colegas profesores, oficiales militares y policiales en servicio activo y sobre todo en servicio pasivo –que han aprovechado para hacer campaña para el 2017–, “líderes” políticos de diversas tendencias, el Presidente, Ministros de Estado, miembros del Consejo de Participación Ciudadana, etc. etc. etc.

Quisiera poder afirmar que luego de tantos años en esta actividad ya he formado un callo y lo que piensen o digan los demás me resbala, pero no es así, el impacto anímico de estas ofensas gratuitas ha sido fortísimo, el impacto profesional y social también.  Pero el más duro ha sido el impacto familiar: Tener que explicarle a mi hija de ocho años por qué la gente se expresa de manera despectiva de su papá ha sido muy difícil; tener que pedirle a mi esposa que modifique su rutina o le dé explicaciones sobre nuestra vida a personal del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía ha sido incómodo por decir lo menos; y tener que escucharla preguntar en un almuerzo familiar con gran candidez, sin atisbo de reclamo, “bueno, y cuando finalmente a ti te pase algo ¿A quién tengo que buscar? ¿Qué es lo que tengo que denunciar?” fue uno de los momentos más amargos de mi vida.

El ambiente en casa ha sido entonces muy complejo.  La solidaridad que siempre hemos tenido unos con otros está intacta, pero los ánimos están decaídos.  Mi hija ha sido la espectadora silenciosa de la rabia y tristeza de sus padres, pero su silencio no me engaña, empiezo a percibir en ella ese mismo espíritu rebelde e inconforme que nos ha llevado a su madre y a mí a ser quienes hoy somos.  En lo personal he decidido continuar en mi trinchera peleando por los derechos de los demás, a sabiendas que en este país y en este momento es muy costoso ser consecuente con las propias convicciones y principios, pero muy seguro de que transito por el derrotero correcto, así que estoy dispuesto a pagar el precio de ser consecuente.

El odio, la envidia, la amenaza no me va a amilanar, no le debo nada a nadie pero siento la obligación moral con cada persona a quien tuve y tendré el privilegio de servir desde mi profesión, y sobre todo con mi hija –promesa de mejores días–, de no darme por vencidos.  Por eso mejor escribir mi frustración hoy, antes que se acabe el año, y al tiempo reconocer la fortaleza de mi familia ante la adversidad, reflejo de nuestra condición rebelde.  La frustración la pienso quemar con el año viejo.  La fortaleza –es decir la rebeldía– se queda conmigo para siempre, para justificarlo me robo esta frase del Dr. Héctor Abad Gómez, padre del escritor Héctor Abad Faciolince a quien cité párrafos atrás, y uno de los cinco Presidentes asesinados del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, determinado hasta el final a no guardar silencio ante la injusticia: “La rebeldía yo no la quiero perder, nunca he sido un arrodillado, no me he arrodillado sino ante mis rosas y no me he ensuciado las manos sino con la tierra de mi jardín”.

¿Qué es un delito de lesa humanidad?

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Decidí esperar un tiempo antes de ponerme a escribir estas líneas por dos razones: Para apaciguar mi propia mente y no caer en la tentación de responder a quienes con tanta “dulzura” me han denostado, hostigado y amenazado por representar en juicio a Susana Cajas, Francisco Jarrín y Luis Vaca; y para no contribuir más confusión a ese sancocho cocinado por brillantes opinólogos inspirados en la inconmensurable sabiduría de Wikipedia sobre lo que son los crímenes de lesa humanidad o iluminados por las conclusiones de un congreso de la Federación Interamericana de Abogados sobre un ámbito del saber jurídico que es totalmente ajeno a dicho foro profesional.

Estimo sin embargo que es mi deber, como Abogado que interviene en la causa, como Profesor de la cátedra de Derecho Penal Internacional en la USFQ y sobre todo como Defensor de Derechos Humanos, plantear algunas ideas sobre lo que en realidad son los delitos de lesa humanidad para tratar de frenar las especulaciones y particularmente las descalificaciones al ejercicio que se pretendía hacer hace un par de semanas en nuestro país.

Digo se pretendía porque nuestro gobernante ya comunicó al pueblo ecuatoriano y en especial a las Fuerzas Armadas, con todo cariño claro, que los asesores jurídicos de la Presidencia estiman que la acción penal por los hechos del caso Vaca, Cajas y Jarrín estaría prescrita, guiño al poder judicial para que eche al trasto de basura no la investigación de la fiscalía, o el esfuerzo técnico de la acusación particular y la defensa de los procesados a lo largo de más de dos años, sino el sufrimiento experimentado por 30 años, y contando, por quienes en forma meteórica, siguiendo esa lógica de realismo mágico tan enraizada en nuestra sociedad, pasaron de víctimas a parias –acompañados por supuesto de su Abogado defensor–.

En forma preliminar debo señalar que los crímenes de lesa humanidad son perpetrados por individuos pero siguiendo políticas en que el Estado tiene un involucramiento directo o indirecto –por su inactividad o por su actividad deficiente–, con la aquiescencia, la tolerancia, la connivencia, o la indiferencia del cuerpo social que nada hace para impedirlos, unas veces porque no puede, otras veces porque no quiere.  Explícita o implícita, esa política de Estado está presente en los crímenes contra la humanidad, inclusive contando con el uso de instituciones, personal y recursos del Estado. No se limitan a una simple acción aislada de individuos alienados. Son actos calculados, planificados y ejecutados con gran frialdad.

La tipificación de los crímenes contra la humanidad es por ende una gran conquista jurídica, que refleja el rechazo universal a las violaciones graves y sistemáticas de derechos fundamentales e inderogables, o sea, a la violación de normas que en el derecho internacional han alcanzado el estatus de ius cogens.

Estos delitos y sus consecuencias no dejan de existir simplemente porque ciertos sectores sociales afirmen que no pueden existir. Los ecuatorianos no podemos seguir indiferentes al sufrimiento humano, que se desprende de hechos históricamente comprobados, que algunos de los propios acusados en el Caso Vaca, Cajas y Jarrín reconocen, limitándose a afirmar su inocencia en los mismos.  Justificar violaciones de la entidad de las que se discute en este caso en la pertenencia a un grupo subversivo o directamente terrorista niega nuestra propia condición.  Nadie merece ser torturado, violentado sexualmente, desaparecido, es verdad que los individuos en sociedad debemos ser derechos pero por sobre todas las cosas somos humanos. No se combate el terror con el terror, sino dentro del Derecho.

El concepto de delitos o crímenes de lesa humanidad –proveniente del derecho internacional, no del derecho penal– no ha surgido de manera espontánea.  El primer juicio por lo que hoy denominaríamos un crimen internacional y pudiéramos calificar de delito contra la humanidad se llevó a cabo en 1474 cuando Peter von Hagenbach, comandante de la IX Compañía del Ejército del Duque de Borgoña y responsable de las atrocidades cometidas durante la ocupación de la ciudad de Breisach en el Alto Rhin, fue acusado ante un tribunal internacional ad hoc integrado por 28 jueces de los Estados Aliados en el Sacro Imperio Romano Germánico y condenado a muerte por “pisotear las leyes de Dios y de los hombres” a través de actos como tormentos –torturas– y violación (véase al respecto BASSIOUNI Cherif, El Derecho Penal Internacional: Historia, Objeto y Contenido).

Desde entonces, los esfuerzos de la comunidad internacional y los consecuentes desarrollos jurídicos tendientes a declarar la responsabilidad internacional individual por ciertas conductas que atentan contra la cualidad misma de ser humano y que por ende ofenden a toda la sociedad humana, han sido notables, entre ellos se puede destacar los siguientes:

  • El 29 de julio de 1899, al adoptarse la Convención de La Haya sobre Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, se incluyó a pedido del delegado Ruso, Fyodor Martens la siguiente disposición: “las Altas Partes Contratantes juzgan oportuno declarar que, en los casos no incluidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes quedan bajo la protección y el imperio de los principios del derecho internacional, tal como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y las exigencias de la conciencia pública”, hoy conocida simplemente como cláusula Martens.
  • El 28 de mayo de 1915 los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en una declaración conjunta denunciaron ante la comunidad internacional que las acciones perpetradas por el Imperio Otomano contra la población armenia constituían crímenes contra la civilización y la humanidad, y anunciaron su intención de someter a los responsables a juzgamiento, no obstante, Estados Unidos objetó la posibilidad de tal juzgamiento por considerar que el concepto “leyes de la humanidad” no tenía un contenido específico y de ese modo la propuesta se diluyó (véase al respecto, AMBOS Kai, Crímenes de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional).
  • En su Informe presentado en marzo de 1919 a la Conferencia Preliminar de la Paz celebrada en París, la Comisión Encargada del Estudio de la Responsabilidad de los Autores de la Guerra e Imposición de Penas se refirió a la responsabilidad penal individual por “violaciones a las leyes de humanidad” y recomendó el establecimiento de un alto Tribunal que atribuya tal responsabilidad, considerando que la falta de castigo de este tipo de conductas “estremecería la conciencia de la humanidad civilizada”.
  • El 8 de agosto de 1945, al adoptarse el Estatuto de Londres que constituyó el Tribunal Militar Internacional de Núremberg, se incluyó en el artículo 6, entre los delitos respecto de los cuales dicho organismo ejercería competencia, los crímenes contra la humanidad “[a] saber, el asesinato, la exterminación, esclavización, deportación y otros actos inhumanos cometidos contra población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos […], constituyan o no una vulneración de la legislación interna de país donde se perpetraron”, enfatizando el carácter internacional de tales infracciones.
  • El 20 de diciembre de 1945 el Consejo de Control Aliado de Alemania promulgó en Berlín la Ley N° 10, sobre castigo de los culpables de crímenes de guerra, crímenes contra la paz y contra la humanidad, estableciendo que estos últimos comprendían “atrocidades y delitos como el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violación u otros actos inhumanos cometidos en contra cualquier población civil o persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos, sea en violación o no de las leyes internas del país donde hubieran sido perpetrados” y con independencia de la comisión o no de crímenes de guerra o crímenes contra la paz.
  • A partir de la experiencia acumulada y la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Militar Internacional de Núremberg, el 11 de diciembre de 1946 mediante resolución 95(I) la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con el voto unánime de sus 55 miembros –entre ellos el Ecuador–, instruyó al Comité de Codificación del Derecho Internacional creado en la misma fecha, “que trate como un asunto de importancia primordial, los planes para la formulación, en una codificación general de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, o de un Código Criminal Internacional, conteniendo los principios reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Núremberg y en las sentencias de dicho Tribunal”.
  • El 12 de diciembre de 1950 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó mediante resolución 488(V) los “Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Núremberg” codificados por la Comisión de Derecho Internacional en cumplimiento del mandato del 11 de diciembre de 1946, y dispuso que se remitieran a la atención de los Estados miembros. El Principio VI literal de la mencionada codificación que serán punibles como delitos de derecho internacional, entre otros, los delitos contra la humanidad, es decir, “[e]l asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil, o las persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos”.
  • El 26 de noviembre de 1968 en el seno de las Naciones Unidas fue adoptada la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, que establece que la pretensión punitiva del Estado por tales infracciones del derecho internacional no se extingue por el transcurso del tiempo, he ahí la respuesta a los asesores jurídicos de la Presidencia sobre por qué no está prescrita la acción por los hechos del caso Cajas, Vaca y Jarrín. El artículo I del tratado en cuestión, del cual el Ecuador es signatario, establece que “[l]os crímenes siguientes son imprescriptibles, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido: b) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz”.
  • El 3 de diciembre de 1973 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 3074 (XXVIII) que consagra los “Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra, o de crímenes de lesa humanidad”. La resolución en cuestión en lo pertinente al tema que nos ocupa dispone: “1. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación, y las personas contra las que existen pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas. […] 8. Los Estados no adoptarán disposiciones legislativas ni tomarán medidas de otra índole que puedan menoscabar las obligaciones internacionales que hayan contraído con respecto a la identificación, la detención, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad”.
  • El Tribunal Penal Internacional Ad Hoc para la ex Yugoslavia (TPIY) y el Tribunal Penal Internacional Ad Hoc para Ruanda (TPIR) fueron establecidos el 11 de febrero de 1993 y el 8 de noviembre de 1994, respectivamente, por decisiones del Consejo de Seguridad contenidas en resoluciones N° 827 y 955 adoptadas en aplicación del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. Los Estatutos de ambos tribunales les otorgan competencia, entre otros delitos, para enjuiciar a los responsables de la comisión de crímenes de lesa humanidad.
  • La Conferencia de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas para el Establecimiento de una Corte Penal Internacional se celebró en la ciudad de Roma, Italia, del 15 al 17 de 1998 con la participación de 160 Estados –entre ellos el Ecuador– y de una coalición de más de 200 organizaciones de la sociedad civil, y adoptó el Estatuto de la Corte Penal Internacional cuyo artículo 7 dispone: “A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque […]” y a continuación enumera una serie de actos en que podría concretarse el ataque: Asesinato, encarcelamiento en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violencia sexual, desaparición, etc.

Los crímenes de lesa humanidad no son entonces, una invención antojadiza de Abogados que quieren tener su cuarto de hora de fama como algún general –o más bien político– ha expresado a los medios de comunicación ecuatorianos en estos días. Se trata en realidad de una institución jurídica bastante compleja con un objetivo y unos elementos claramente definidos.

El objetivo es preservar un bien jurídico de interés de la comunidad internacional en su conjunto, la cualidad misma de ser humano, quienes cometen las acciones que merecen la calificación jurídica de crímenes de lesa humanidad están negando la condición de ser humano de la víctima, como dijo François de Menthon –el fiscal francés durante los juicios de Núremberg– se trata de “un ataque contra aquello que nos hace humanos”.

Los elementos son:

  • Un ataque sistemático o generalizado;
  • Dicho ataque debe dirigirse contra la población civil;
  • El ataque debe concretarse en actos inhumanos como asesinato, encarcelamiento en violación de normas fundamentales del derecho internacional, tortura, violencia sexual, deportación forzosa, desaparición, etc.; y
  • Quien ejecuta los actos debe tener conocimiento de que los mismos forman parte del ataque sistemático o generalizado contra la población civil.

Adicionalmente es necesario aclarar que el contexto dentro del cual puede ocurrir un delito de lesa humanidad puede ser en tiempo de paz o en tiempo de guerra internacional o de conflicto armado interno. Estos delitos no necesariamente se cometen en conexión con otro crimen internacional –genocidio, agresión o crímenes de guerra–, pueden ser y de hecho en la mayoría de las ocasiones son autónomos.

Únicamente respecto del delito de lesa humanidad de persecución, se exige un elemento adicional: Una motivación de carácter político, racial, nacional, étnico, cultural, religioso o de género.

La jurisprudencia internacional y la comparada, desarrollada en procesos nacionales para el juzgamiento de este tipo de conducta en Israel, Francia, Argentina, Chile, Perú, Etiopía, entre otros países, ha definido claramente el alcance y contenido de cada uno de los cuatro elementos de los delitos de lesa humanidad:

  • El término ataque, según la jurisprudencia del Tribunal Ad Hoc para Yugoslavia “no se limita al uso de la fuerza armada; comprende todo maltrato de la población civil” “[p]uede comprender también situaciones de maltrato a personas que no forman parte activa en las hostilidades, tales como las personas detenidas” (véase en este sentido las sentencias dictadas en los casos IT-96-23 e IT-96-23/1-A, Sala de Apelaciones, asunto “Fiscalía vs. Kunarac y otros”, del 2 de junio de 2002; y IT-98-29, asunto “Fiscalía vs. Stanislav Galić”, del 5 de diciembre de 2003). El tribunal en cuestión fue más allá y determinó que “al probar si hubo un ataque contra una población civil en particular, no es relevante que la contraparte también haya cometido atrocidades contra la población civil de su oponente. La existencia de un ataque de una de las partes contra la población civil de la otra, no justificaría el ataque de la contraparte” véase en este sentido la sentencia en los casos IT-96-23 e IT-96-23/1-A, Sala de Apelaciones, asunto “Fiscalía vs. Kunarac y otros”).  De su parte la Corte Penal Internacional estableció que “El ‘ataque’ mismo se encuentra constituido por los actos mencionados en el artículo 7.1 del estatuto, sin que se requiera ningún otro elemento para probarlo o establecer su existencia” (ICC-01/05-01/08, Sala de Cuestiones Preliminares II, asunto “Fiscal vs. Bemba Gombo”, providencia de confirmación de cargos del 15 de junio de 2009).
  • El ataque ha de ser sistemático o generalizado, no se exige ambas cualidades en forma simultánea como en días pasados afirmó el Dr. Enrique Echeverría –sin un duda un reconocido jurista– en un editorial publicado en el diario El Comercio y como varios oficiales en servicio pasivo, muy doctos en doctrina militar y estrategias de guerra, han pretendido sostener, sin elementos técnicos en diversas entrevistas a medios de comunicación nacionales. El Tribunal Ad Hoc para Ruanda al respecto señaló que “el ataque debe cumplir una de las condiciones alternativas de ser sistemático o generalizado, no ambas” (véase al respecto la sentencia en el caso TPIR-96-4-T. Asunto “Fiscal vs. Jean Paul Akayesu”, dictada el 2 de septiembre de 1998).  En igual sentido, el Tribunal Ad Hoc para Yugoslavia estableció que “el ataque debe ser ‘generalizado’ o ‘sistemático’, es decir, que el requisito es disyuntivo más que acumulativo” (véase en tal sentido IT-96-23 e IT-96-23/1-A, Sala de Apelaciones, asunto “Fiscalía vs. Kunarac y otros”, sentencia del 2 de junio de 2002).
  • La sistematicidad del ataque implica el carácter organizado de los actos de violencia y la improbabilidad de su ocurrencia aleatoria. Se trata entonces de un ataque planificado u organizado en forma anticipada, que implica la ejecución de una política concertada puesta en obra por medios públicos o privados considerables. No se exige de manera alguna que esa política sea oficialmente adoptada como política de Estado. Debe, sin embargo, existir una especie de plan o de política preconcebidos (véase al respecto la sentencia en el caso TPIR-96-4-T. Asunto “Fiscal vs. Jean Paul Akayesu”, dictada el 2 de septiembre de 1998 y la sentencia de apelación en el caso TPIR-99-52-T. Asunto “Fiscal vs. Ferdinand Nahimana”, dictada el 28 de noviembre de 2007.  Véase también “Fiscal vs. Kordic y Cerkez” IT-95-14/2, sentencia del 17 de diciembre de 2004).
  • La generalidad del ataque en cambio implica un carácter masivo capaz de ocasionar un universo significativo de víctimas a través de pocas acciones. En palabras del Tribunal Ad Hoc para Yugoslavia “[u]n crimen puede ser generalizado por el ‘efecto acumulativo de la serie de actos inhumanos o por el efecto singular de un acto inhumano de extraordinaria magnitud” (IT-02-60-T. Asunto “Fiscal vs. Vidoje Blagojevic y Dragan Jokic”. Sentencia proferida el 17 de enero de 2005 por la Sala de Primera Instancia). El carácter generalizado, según la jurisprudencia del Tribunal Ad Hoc para Ruanda consiste en que el acto debe ser: 1) frecuente; 2) llevado a cabo colectivamente; 3) que revista una gravedad considerable; y 4) ser dirigido contra una multiplicidad de víctimas (véase al respecto la sentencia en el caso TPIR-96-4-T. Asunto “Fiscal vs. Jean Paul Akayesu”, dictada el 2 de septiembre de 1998).
  • El elemento sin duda más polémico del tipo penal de lesa humanidad es el sujeto pasivo, la población civil. El concepto “población civil” proviene del derecho internacional humanitario es decir del conjunto de normas del derecho internacional que aplican en el contexto de conflictos armados sean éstos internacionales o internos. El conflicto armado interno, que es lo que por estos días algunos sostienen que existió en el Ecuador en los años 80, tiene ciertos requerimientos jurídicos para ser calificado como tal en el derecho internacional, a saber, a) grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte del territorio del Estado afectado un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas (Protocolo II a los Convenios de Ginebra de 1949) y b) el reconocimiento de la existencia del conflicto por parte del Estado afectado, sea explícito o implícito (véase al respecto Commentary to the Fourth Geneva Convention, artículo 3, Jean Pictet ed., CICR, 1956). En el caso ecuatoriano ninguno de los dos requisitos se cumple por lo que pudiera únicamente considerarse que existía una situación de tensión interna no constitutiva de conflicto armado, en cuyo contexto no eran aplicables los estándares del derecho internacional humanitario incluida la definición restringida de población civil. Es más, el Protocolo II expresamente señala que “no se aplicará a las situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia y otros actos análogos, que no son conflictos armados”.

Cuando no hay conflicto armado, se considera población civil a toda persona que no forme parte de las fuerzas regulares de un Estado encargadas de mantener el orden público (ver por ejemplo la sentencia del caso TPIR-95-1-T, asunto “Fiscal vs. Kayishema y Ruzindana”, sentencia proferida el 21 de mayo de 1999 del Tribunal Ad Hoc para Ruanda).

Si en gracia de discusión dijéramos que en Ecuador había conflicto armado y que por ende los miembros de los grupos insurgentes (jamás reconocidos como tales por el Gobierno de la época) no eran población civil, sino combatientes, también el derecho internacional ha establecido que “los miembros de la población civil son gente que no toma parte activa en las hostilidades, incluyendo a miembros de las fuerzas armadas que depusieron las armas y a aquellas personas colocadas hors de combat [fuera de combate] a causa de enfermedad, heridas, detención o cualquier otra causa” (véase en este sentido la sentencia del Tribunal Ad Hoc para Yugoslavia en el caso IT-01-42 Asunto “Fiscal vs. Pavle Strugar et al.”, de 17 de julio de 2008).  Al respecto, el Tribunal Ad Hoc para Yugoslavia fue muy explícito al señalar que “[e]l crimen contra la humanidad no abarca únicamente los actos cometidos contra civiles en el sentido estricto del término, sino que comprende igualmente atropellos perpetrados contra dos categorías de personas: las que pertenecen a un movimiento de resistencia, y aquellas que han sido combatientes, uniformadas o no, pero que no participan más en las hostilidades al momento de la comisión de los crímenes, bien sea que han dejado las armas, sea que no las portan más, o han sido puestas fuera de combate, especialmente, por heridas o detención. De allí que la situación concreta de la víctima al momento en que los crímenes han sido cometidos, antes que su estatus, deben ser tenidos en cuenta para determinar su calidad de civil” (IT-95-14. Asunto “Fiscal vs. Tihomir Blaskic”. Sentencia del 3 de marzo de 2000).

Por ende cualquier subversivo una vez detenido por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano, aún si era –equivocadamente– considerado combatiente, fue convertido por el hecho mismo de la detención en población civil y en potencial sujeto pasivo de un delito de lesa humanidad.

  • El ataque contra la población civil debe concretarse a decir del Tribunal Ad Hoc para Yugoslavia en “actos muy graves de violencia que lesionan al ser humano en lo que es más esencial: su vida, su libertad, su integridad física, su salud, su dignidad. Se trata de actos inhumanos que por su amplitud o gravedad sobrepasan los límites tolerables por la comunidad internacional, que debe reclamar su sanción” (IT-96-22. Asunto “Fiscalía vs. Drazen Erdemovic”, Sentencia del 29 de noviembre de 1996). Dicho tribunal añadió que “[l]o que transforma el acto de un individuo en crimen contra la humanidad es especialmente el hecho de que ese acto sea clasificado dentro de una de las categorías que presentan un nivel de gravedad agudo” (IT-95-14-T. Asunto “Fiscal vs. Tihomir Blaskic”. Sentencia del 3 de marzo de 2000).  De su parte, el Tribunal Ad Hoc para Ruanda estableció que “[e]l acto inhumano por definición y por su naturaleza debe infligir sufrimientos graves o atentar gravemente contra la integridad física o la salud mental o física” (TPIR-96-4-T. Asunto “Fiscal vs. Jean Paul Akayesu”. Sentencia del 2 de septiembre de 1998).  Los actos inhumanos constitutivos de crímenes de lesa humanidad incluyen pero no se agotan en: asesinatos, detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, violencia sexual en distintas manifestaciones, desplazamientos forzados, etc. (véase al respecto la enumeración ejemplificativa en el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y el Principio 6 literal c) de los Principios de Núremberg).
  • Por último hay un elemento subjetivo en los delitos de lesa humanidad, el conocimiento del ataque, quien debe tenerlo es el que perpetra el crimen, no la población civil atacada como días atrás afirmó en radio un ex Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La exigencia del conocimiento del contexto general de los crímenes consiste en que el autor del crimen debe tener consciencia de que sus actos se inscriben en un estado de cosas más general o extendido, consistente en un ataque masivo o sistemático contra la población civil. Se debe tratar, según la jurisprudencia penal internacional, de un conocimiento objetivo o razonable, es decir, debe saber que sus actos fueron ejecutados como parte de un ataque masivo o sistemático contra la población civil y que fue ejecutado a efectos de materializar una política o plan determinados.  No hace falta que el acusado haya participado en varios o todos los actos que integran el ataque, según ha dicho la Fiscalía del Tribunal Ad Hoc para Yugoslavia, “un individuo que cometa un crimen contra una sola víctima o un número limitado de ellas, puede ser considerado responsable de un crimen contra la humanidad si esos actos hacen parte de un contexto específico de un ataque contra la población civil” (IT-95-13a, Fiscalía del TPIY, acta de acusación del 3 de abril de 1996, asunto “Fiscalía vs. Mrksic y otros”).  El tribunal por su parte afirmó al respecto “Basta con demostrar que el acto criminal haya sido cometido mientras se multiplicaban los actos de violencia que, tomados individualmente, podían ser de naturaleza y gravedad variables” (IT-96-23-T e IT-96-23/1-T, asunto “Fiscalia vs. Kunarac y otros”, sentencia del 22 de febrero de 2001).  Anteriormente el mismo Tribunal había dicho que “[s]e entiende que tiene ‘conocimiento’ del plan, de la política o de la organización en la cual se inscriben los crímenes, no solamente quien adhiere plenamente a aquél, sino también quien, por las funciones políticas o militares que voluntariamente ha ejercido y que lo llevan a colaborar periódicamente con los autores de ese plan, política u organización, y participa en su realización, implícitamente ha aceptado el contexto dentro del cual sus funciones, su colaboración y su participación debían muy probablemente inscribirse […] De allí que el elemento subjetivo propio del crimen contra la humanidad no exige del acusado que se identifique con la ideología, la política o el plan en nombre del cual unos crímenes en masa han sido perpetrados; ni siquiera que adhiera a aquéllos. Basta con que, conscientemente, haya tomado el riesgo de participar en la puesta en marcha de tal ideología, esa política o plan, lo cual significa, concretamente, que se encuentre demostrado que: El acusado aceptó voluntariamente ejercer las funciones que ocupa; que esas funciones lo conducen a colaborar con las autoridades políticas, militares o civiles que definen la ideología, la política o el plan que se encuentra en la base de esos crímenes; que recibió de las autoridades órdenes vinculadas con esa ideología, política o plan; y por último, que haya contribuido en la realización mediante actos deliberados o por el simple hecho de rehusarse voluntariamente a adoptar medidas que se imponían para evitar su perpetración” (IT-95-14. Asunto “Fiscal vs. Tihomir Blaskic”. Sentencia del 3 de marzo de 2000).

No voy a analizar en estas reflexiones como cada uno de los elementos explicados se verifica en el caso Vaca, Cajas y Jarrín, eso lo haré en la audiencia de juicio, si aquella algún día se instala, yo lo dudo mucho, es evidente que como sociedad no estamos listos, lo desconocido nos asusta, preferimos mantenernos ciegos.

Hubiera sido muy fácil para la acusación particular utilizar otra calificación jurídica para acusar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra Susana Cajas, Luis Vaca y Francisco Jarrín, la de graves violaciones a los derechos humanos por ejemplo, las que en el plano internacional también están sujetas a un criterio de imprescriptibilidad desde la década de los 60 –hay una serie de suspicacias alrededor de un supuesto mal uso de la figura de los delitos de lesa humanidad sólo para asegurar que no se declare prescrita la acción–, pero en lo personal creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre, no con eufemismos, por ejemplo la tortura es tortura, no “estrategias de combate a la subversión”, y un delito de lesa humanidad es eso, no un evento fortuito, resultado del exceso de algún elemento irresponsable de las fuerzas de seguridad del Estado en el marco del salvataje de la patria, sino un esfuerzo orquestado para atacar a seres humanos.  El nombre jurídico de lo ocurrido puede parecer escandaloso, desproporcionado, exagerado, pero al menos desde mi perspectiva y la de mis representados es el que describe lo que realmente ocurrió.  Serán las autoridades de justicia quienes con responsabilidad, imparcialidad, independencia –ojalá–, deberán analizar si la acusación por tales delitos es fundada o no.  De no serlo deben ratificar la inocencia de los acusados.

En lo personal no quiero hogueras ni mártires, quiero justicia, pero esa no la administran los oficiales en servicio pasivo en sus escritos y alocuciones descalificantes, ni los oficiales en servicio activo desplegando sus medallas en una corte civil, ni el Presidente enviando mensajes codificados desde la sabatina.  Tampoco la administra la sociedad resentida políticamente, incapaz de ponerse en la piel del otro por un minuto y de comprender el sufrimiento ajeno, con esa muletilla de “quien decapitó a José Antonio Briz” –no fueron mis tres defendidos quienes perpetraron tan execrable crimen, eso sí lo aclaro–.  Espero que algún día estemos listos como sociedad para entender que para voltear la página primero hay que haberla leído, por ahora me limito a contarles todo lo que siempre quisieron saber sobre el delito de lesa humanidad pero no se atrevían a preguntar.