48 horas… (o sobre la responsabilidad del Estado respecto de la integridad de los detenidos)

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Es por lo menos curioso que alguien que antes se presentaba como defensor de derechos humanos ahora ande fijando plazos para que los Abogados de personas privadas de la libertad con ocasión de las protestas ocurridas a partir del 17 de septiembre, “exhiban” pruebas de que la Policía Nacional –impoluta, siempre dulce y delicada– maltrató a los detenidos.

Al más puro estilo revolucionario, el “plazo” fijado por este EX-defensor es una especie de desafío a duelo, amenazas mediante de juicios penales, quejas al Ministerio de la Judicatura –perdón, quise decir Consejo–, y las descalificaciones habituales al “contrario” –es decir el que contradice la historia oficial de que entre 2600 policías reprimiendo las protestas sólo a dos se les fue un poquito la mano, lo que contrasta seriamente con los centenares de videos y fotografías tomados en la ocasión por los propios manifestantes–.

La razón por la que me parece curioso este nuevo exabrupto es que tanto bajo nuestra Constitución como bajo estándares internacionales, cuando una persona es aprehendida por agentes estatales, el Estado se coloca en una especial posición de garante respecto de ella. La obligación que dimana de esta posición implica que la maquinaria estatal y sus agentes deben abstenerse de realizar actos que puedan violentar los derechos fundamentales de los detenidos y deben procurar, por todos los medios a su alcance, mantener a la persona detenida en el goce de sus derechos y, en especial, del derecho a la vida y la integridad personal (véase en este sentido por ejemplo, CIDH, Informe N° 41/99, Caso 11.491, Menores Detenidos, Honduras, 10 de marzo de 1999).  Eso cualquier defensor de derechos humanos lo sabe y también debería saberlo cualquier Ministro del Interior.

El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su numeral 2 establece, que “[t]oda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano“.  Desarrollando esta norma convencional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que una persona detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren sus derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad (véase al respecto, Corte IDH, Caso Villagrán Morales y otros (“Niños de la Calle”). Sentencia del 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63).

De su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que:

[e]l Estado debe asegurar que una persona esté detenida en condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, que la manera y el método de ejercer la medida no le someta a angustia o dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén asegurados adecuadamente (ECHR, Case of Mcglinchey And Others v. The United Kingdom, Judgment of 29 April 2004, N° 50390/99, Reports of Judgments and Decisions 2003-V).

Pero además, existe una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado.  Esta relación se caracteriza por la particular intensidad con que el Estado puede regular los derechos y obligaciones del detenido y por las circunstancias propias del encierro, que impide a éste satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades esenciales para el desarrollo de una vida digna –o hacerse de la prueba sobre los maltratos que recibe–.  Por ende, el Estado tiene particular responsabilidad de garantizar a los detenidos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse –particularmente su integridad– o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible.  De no ser así, la privación de libertad despojaría a la persona de titularidad respecto de todos sus derechos humanos, lo cual es inaceptable (véase en tal sentido, Corte IDH, Caso Instituto de Reeducación del Menor. Sentencia del 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112).

Ahora bien, el planteamiento del funcionario que fija el plazo de 48 horas es que los manifestantes detenidos a través de sus Abogados tienen que demostrar que fueron víctimas de maltrato, sin embargo, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho con insistencia,

[…] a la luz de la obligación general de los Estados Partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana. Esta actuación está normada, además, de manera específica en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura que obligan a los Estados Partes a adoptar todas las medidas efectivas para prevenir y sancionar todos los actos de tortura dentro del ámbito de su jurisdicción, así como a garantizar que los casos de tortura sean examinados imparcialmente (Corte IDH, Caso Gutiérrez Soler. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132).

Es decir que cuando se formulan alegaciones de tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes, presuntamente ocurridos durante el tiempo en que la persona se encontraba bajo la custodia del Estado, corresponde a éste iniciar una investigación seria exhaustiva e imparcial, no a los Abogados del detenido acreditar que el abuso efectivamente ocurrió, tomando en cuenta que como ha expresado la Corte Interamericana “el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia” (Corte IDH, Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147 y; Corte IDH, Caso López Álvarez. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141).

En igual sentido, la Corte Europea ha establecido que cuando un individuo presenta una queja razonable (“arguable claim”) sobre maltratos a manos de agentes del Estado, la obligación del Estado de no torturar y de respetar y asegurar los derechos de quienes están sujetos a su jurisdicción requiere una investigación capaz de llevar a la identificación y sanción de aquellos responsables  (ECHR, Case of Assenov et al. v. Bulgaria, Judgment of 28 October 1998 (90/1997/874/1086)).

Asimismo, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha establecido que ante alegaciones de tortura o maltratos es necesario que se realice en todos los casos un examen por un médico independiente (véase entre otros, CAT. Examen de Informes Presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 19 de la Convención.  CAT/C/MEX/CO/4. 6 de febrero de 2007. Párr. 16(a). En igual sentido véase CAT. Informe sobre México preparado por el Comité, en el marco del artículo 20 de la convención, y respuesta del gobierno de México. CAT/C/75 25 de mayo de 2003. párr.220 (k)), de conformidad con el Protocolo de Estambul.

Los Principios Relativos a la Investigación de la Tortura y otros maltratos determinan en su artículo 1.4 que “los investigadores [deberán] ser independientes de los presuntos autores y del organismo al que éstos pertenezcan, serán competentes e imparciales” (Asamblea General de Naciones Unidas. Resolución 59/89).

En lo personal no he escuchado que el funcionario “fijaplazos” haya anunciado alguna investigación respecto de lo sustancial, que es si los detenidos fueron maltratados o no, directamente ha decidido que no lo fueron y a amenazado con irse contra cualquiera que afirme que si lo fueron.

A medida que transcurren las horas y los días se volverá más complicado establecer quién miente, pues,

[…] en los casos en los que existen alegatos de supuestas torturas o malos tratos, el tiempo transcurrido para la realización de las correspondientes pericias médicas es esencial para determinar fehacientemente la existencia del daño, sobre todo cuando no se cuenta con testigos más allá de los perpetradores y las propias víctimas, y en consecuencia los elementos de evidencia pueden ser escasos. De ello se desprende que para que una investigación sobre hechos de tortura sea efectiva, la misma deberá ser efectuada con prontitud (Corte IDH, Caso Bueno Alves.  Sentencia de 11 de mayo de 2007.  Serie C. No. 164).

En todo caso, respecto a la “prueba” en este tipo de situaciones, la Corte Interamericana ha establecido que sin necesidad de afectaciones directas de la integridad personal “las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada ‘tortura psicológica’” (Corte IDH, Caso Maritza Urrutia.  Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103); y que “es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a agresiones y vejámenes [como los que implican una súbita aprehensión por la fuerza pública], […] experimenta dolores corporales y un profundo sufrimiento y angustia moral, por lo que este daño no requiere pruebas” (Corte IDH, Caso “19 Comerciantes”.  Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109).

Quiero albergar la ilusión que los jueces que conocerán el hábeas corpus planteado por los Abogados para los que “el tiempo está corriendo” –según palabras del propio Ministro–, cumplirán con su deber y atendiendo al principio de la debida diligencia garantizarán los derechos de las personas bajo custodia estatal y exigirán a las entidades correspondientes proveer la información y las pruebas relacionadas con lo sucedido a los detenidos, en vez de invertir la carga de la prueba y exigir que estos acrediten quien les maltrató.  Finalmente esa instrucción ya se la giró hace tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país, no una sino dos veces: Corte IDH, Caso Acosta Calderón. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129. Párr. 91 y; Corte IDH, Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114. Párr. 98.

Por otra parte creo que sería importante que antes de fijar plazos para el inicio de procesos penales contra quienes informan a la opinión pública sobre posibles casos de maltratos a detenidos, los funcionarios respiren profundamente y lean el artículo 182 del COIP pues el tipo penal de calumnia, aunque lo estiremos, no da para castigar señalamientos públicos contra la conducta de la Policía Nacional.  Aunque desde luego queda el recurso de señalar a los Abogados de terroristas, saboteadores o “resistentes” a la autoridad, tipos penales que como la experiencia demuestra si dan para todo.

En el ínterin, mientras se sustancia el hábeas corpus y el tiempo sigue su inexorable marcha, cabe preguntarse: ¿Por qué cerrarse y ponerse a la defensiva en lugar de emprender una investigación sobre el posible uso de violencia contra los detenidos?, ¿Por qué minimizar un problema muy serio que evoca otras épocas históricas en que la fuerza pública tenía patente de corso para violentar los derechos de los ciudadanos?, ¿Por qué no asumir que el Estado es responsable por la integridad y la vida de cualquier persona a la que prive de libertad?, ¿No será la ciudadanía la que debe fijarle un plazo al Estado para que investigue estas alegaciones de maltrato?, ¿Será que alguien quiere ver de rodillas a los Abogados de estos jóvenes como ya vimos a sus padres hace pocos días?, ¿Democracia?….

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Ad hominem

Por Juan Pablo Albán Alencastro

El filósofo australiano Charles Hamblin en su libro Fallacies publicado en 1970 definió las falacias como “argumentos que son inválidos pero que parecen ser válidos”.  En la obra en cuestión Hamblin incluye en un catálogo de falacias al argumento ad hominem que “se comete cuando se argumenta a favor de un caso no basándose en sus méritos, sino analizando (usualmente de manera desfavorable) los motivos o el historial de sus defensores u oponentes”. O en palabras más sencillas, para quien recurre a una falacia argumental ad hominem, la veracidad o falsedad de un determinado planteamiento depende de quién provenga, no de su contenido.

En el Ecuador el escarnio, la descalificación y la estigmatización de todo aquel que ose criticar la conducción de los asuntos públicos ha sido una constante, en especial desde el inicio del actual régimen.  Gracias a nuestros gobernantes, esa pésima costumbre de tachar al interlocutor por ser quien es –o quien suponemos que es– sin reparar en el contenido o la contundencia de sus argumentos, está profundamente arraigada en la idiosincrasia ecuatoriana, al punto que ya no sólo nos parece normal sino indispensable.

A diario podemos ver, escuchar y leer en medios financiados con nuestros tributos, y a través de innumerables por no decir insoportables cadenas impuestas a los medios de comunicación privados, diatribas contra ciudadanos e instituciones que tuvieron la valentía de pensar por sí mismos, indagar y opinar.  Tales descalificaciones se sustentan en teorías conspirativas o presunciones de odio y mala fe, que en el imaginario ecuatoriano supuestamente exoneran a los funcionarios públicos de rendir cuentas sobre sus acciones y simultáneamente les obligan a desollar –en sentido figurativo– al que se atrevió a cuestionar las sabias e infalibles actuaciones y/o decisiones del Estado.

Mientras más alta la jerarquía del funcionario que se ocupe de “responder” a la crítica, más encarnizado el ataque contra el metiche, imperialista, gordita horrorosa, cara de estreñido, enano, ignorante, limitadito, paniaguado de Chevron, etc., etc., etc., que le canto la plena al poder.

Rara vez –por no decir nunca– una respuesta ponderada basada en consideraciones técnicas que evidencien la imprecisión o falsedad del argumento ajeno, o una invitación al diálogo constructivo, y menos todavía un gesto de agradecimiento al que a través de su crítica alerta sobre un potencial problema o su posible solución.  Todo lo tomamos personal, nada lo asumimos como parte del ejercicio democrático de opinar y disentir para construir una sociedad mejor.  La filosofía imperante es la de “nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito”.

Y es que claro, nuestro modelo exitoso –más bien milagroso– en opinión de las autoridades ha motivado la envidia de regímenes neoliberales caducos, la frustración de monopolios empresariales transnacionales que no pueden seguirnos explotando, y la furia del imperio que ve perjudicadas sus expectativas de mantenernos en situación de neocolonialismo, todo ello azuzado por la partidocracia tradicional incapaz de ganar en las urnas.  La estrategia de quienes “nos odian” es entonces atacar esta revolución imparable, inventarle supuestos defectos, ocultar sus logros, etc.

Yo me pregunto si en realidad el mundo está tan pendiente de nosotros, tengo la seria sospecha que no; que en el mapa geopolítico seguimos siendo actor de reparto, no protagonista; y que la postura paranoica, berrinchuda y sin argumentos sustantivos empieza a convertirnos en un paria de la sociedad internacional globalizada, como evidencia la pérdida de respaldos en proyectos delicados como el pretendido “fortalecimiento” –léase desmantelamiento– del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Sin embargo la pérdida de nuestra credibilidad en el plano diplomático no es la consecuencia más grave de esta tara cultural elevada a la categoría de política de Estado: El discurso ad hominem. La consecuencia más grave es la polarización social que promueve a nivel interno; el odio acérrimo sembrado entre grupos de la población; la desconfianza y el temor que las preferencias u opiniones personales de ciertos ciudadanos inspiran en quienes no las comparten; y con ellos la ignorancia y el miedo a lo diferente o disidente en que se pretende sumir a nuestra sociedad para impedir que tome el control de las instituciones democráticas y fiscalice la actuación de los funcionarios.

Esa línea discursiva ad hominem desde las más altas esferas del poder público ha coadyuvado a crear un ambiente de intolerancia en la sociedad ecuatoriana que se proyecta también a ámbitos no políticos, hace unos días por ejemplo escuchaba una entrevista que radio Sonorama realizó a una abogada opuesta de manera radical a la posibilidad del matrimonio igualitario –por considerarlo aberrante y contrario a la voluntad divina–.  La periodista preguntó a la entrevistada si conocía los avances normativos que sobre la cuestión se produjeron en años recientes en Uruguay, aparentemente con la intención de motivar un análisis de la jurista desde el punto de vista técnico sobre la posibilidad de adoptar tal enfoque de derecho comparado en nuestro país; lamentablemente, la respuesta de la entrevistada no fue tal sino que se dirigió a descalificar al conjunto de la sociedad uruguaya diciendo “es que los uruguayos aceptan cualquier cosa por eso hasta han legalizado las drogas”.

Y así sucesivamente los trabajadores descalifican las ideas y argumentos de los empleadores por ser tales y viceversa; los ambientalistas descalifican las ideas y argumentos de los desarrollistas por ser tales y viceversa; los conservadores descalifican las ideas y argumentos de las personas con orientación sexual diversa por ser tales y viceversa; los que piensan que  los derechos humanos son puro sentimentalismo descalifican las ideas y argumentos de sus defensores por ser tales y viceversa; etc.  No evaluamos el fondo del argumento contrario, no investigamos las razones objetivas del mismo, tachamos, porque el otro nos cae mal y si nos cae mal debe estar equivocado o mintiendo.

El propio oficialismo se ha visto perjudicado con este modelo discursivo ad hominem, sus detractores tampoco son capaces de examinar objetivamente los aspectos positivos de la gestión gubernamental –que los hay–, todo lo que provenga del “correismo” está mal, aún si de algún modo nos beneficia.

En resumen, el debate democrático ha sido reemplazado  por un diálogo de sordos, y aprovechando el mismo el sacrosanto aparato estatal se siente legitimado para nunca dar cuentas de su actuar, basta afirmar que aquel que se las pide es un _________ (llene el espacio en blanco con el improperio de su predilección).

Uno de los episodios más recientes que confirma lo expuesto en esta nota y el uso compulsivo del argumento ad hominem, es la reacción estatal a la presentación del informe sobre la falta independencia de la administración de justicia en el Ecuador elaborado por Luis Pásara, un académico peruano, otrora sujeto de elogios y admiración por los propios funcionarios que ahora se indignan y rasgan las vestiduras frente a la pública exposición de evidencia del condicionamiento de la actuación de nuestros operadores de justicia en casos en que el régimen ha tenido un interés institucional o algún poderoso ha tenido un interés personal en inclinar tramposamente la balanza.

Ya en las horas posteriores a la divulgación del informe, Pasará dejó de ser un brillante académico comprometido con el desarrollo de estándares para una mejor administración de justicia en la región, traído por el Ministerio del ramo encabezado por el hoy Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura para enseñarnos a los primitivos juristas ecuatorianos como debe funcionar la justicia, y se convirtió en un agente imperialista, mentiroso, sesgado, impreciso, tergiversador o por lo menos mal informado por la restauración conservadora y sus pinches oenegeros sobre las bondades de la metida de manos en la justicia.

Pásara y las organizaciones de la sociedad civil internacional que divulgaron su informe y valientemente desnudaron las miserias de nuestro poder judicial respecto de ciertos casos –cuya trayectoria y compromiso con la defensa de los derechos humanos son públicos y notorios–, no cayeron en la tentación de contestar en el mismo tono, lo que en mi opinión está bien, porque aquellos que rebaten las contundentes conclusiones del informe en cuestión con falacias ad hominem pierden piso al no conseguir distraer la atención del problema de fondo con un show como el de “Laura de América” y la sociedad se mantiene expectante de algún argumento o respuesta técnica y fundada sobre por qué el crítico está equivocado, hasta hoy no hemos escuchado ninguna.

Dado el estrepitoso fracaso de los argumentos ad hominem contra el informe Pásara, y las exigencias sin respuesta de muchos ciudadanos para que se aclare el tema, esta semana surgió una nueva estrategia, repetir y ampliar los argumentos ad hominem  contra Pásara y su informe pero en tonalidad académica, terminando de cumplir lo que propone Hamblin sobre las falacias: “argumentos que son inválidos pero que parecen ser válidos”.  La apariencia de validez de la nueva oleada de descalificaciones, reproducida hasta el cansancio por Andes, El Telégrafo, Radio Pública, y otros medios bajo administración estatal, supuestamente se funda en que un caballero colombiano de nombre Ricardo Restrepo, “voz calificada” por ser docente del IAEN, luego de una exhaustiva investigación “descubrió” que Pásara es un paniaguado del Centro Wilson y que dicho centro a su vez es paniaguado de Chevron, y no sólo eso, sino que el Centro Wilson hasta ha sido vecino de edificio de USAID, nada más y nada menos que a cuatro cuadras de la Casa Blanca!!!!! Horror, todo es mentira, la justicia ecuatoriana nunca fue tan independiente como ahora, a Pásara le pagó Chevron para que mienta, ¿Y a las víctimas cuyos casos son reseñados en el informe Pásara, personas de carne y hueso que vivieron en forma directa la persecución judicial del Estado a algunas de las cuales yo mismo defendí o defiendo, también les habrá pagado Chevron para que ejerzan su legítimo derecho de protestar o para que denuncien la corrupción en las altas esferas del gobierno y con ocasión de ello sean judicializados?, valdría preguntar si no tenían una mediagüita que colinde con vecinos inapropiados y de algún modo vinculados a alguna petrolera, tal vez el Dr. Restrepo pueda echarnos una mano ahora que ya está empapado del rol de pagos de Chevron.

Nada ha dicho Restrepo sobre lo sustancial que plantea Pásara: la constatación a partir de casos concretos de la existencia de una línea de acción del poder ejecutivo dirigida a interferir en las decisiones de los jueces en asuntos de relevancia política o de interés personal de los poderosos, que mina la independencia y la imparcialidad de las autoridades de la justicia. Nada ha dicho sobre la constatación a partir de casos concretos de la implantación en el Ecuador de un modelo de derecho penal del enemigo y de la criminalización de la protesta social. Nada ha dicho sobre la evidencia objetiva de sanciones impuestas a jueces cuyas decisiones no se adecuan a la posición del poder ejecutivo. Nada ha dicho sobre el informe entregado a fines del año 2012 por la Veeduría Internacional sobre la administración de justicia en el Ecuador, contratada por el propio Consejo Nacional de la Judicatura y presidida por Baltasar Garzón, que concluyó que debe garantizarse el respeto y la no injerencia de otros poderes del Estado en la Función Judicial, coincidiendo con el análisis de Pásara.  En fin, nada ha dicho sobre lo de fondo, lo suyo es pura argumentación ad hominem.  Ojalá que luego, cuando deje de resultarle instrumental al Gobierno, en el evento no consentido que alguna de sus investigaciones académicas cuente a la sociedad una verdad inconveniente, el Dr. Restrepo no sufra en carne propia el escarnio y la descalificación ad hominem, como le ocurrió al propio Luis Pásara.

Yo, en función de esa la línea argumental de “quien no está con Chevron está en lo correcto”, con la autoridad moral que aparentemente me otorga haber sido perito de parte contra Chevron en el proceso que dicha empresa instauró en Nueva York contra varios ecuatorianos, me atrevo a afirmar que Pásara no se equivoca cuando describe a partir de casos concretos la actuación condicionada de la justicia ecuatoriana en varios procesos, lo que desde luego no puede predicarse de todos los procesos, pero en realidad no debería ocurrir en ninguno.

Ante la lamentable e incontestable realidad de la pobre o nula argumentación de nuestras autoridades, aparte de las falacias ad hominem, las grandes preguntas son ¿hasta cuándo el aparato estatal va a eludir el debate sobre asuntos de interés público distrayendo la atención con los “defectos”, aunque sea un lunar, del que trata de promover dicho debate?; y ¿hasta cuando la sociedad ecuatoriana se va a conformar con escuchar diatribas contra el crítico de ocasión en lugar de explicaciones sobre las actuaciones sospechosas o directamente irregulares del poder?

Dudo que la fascinación que el proyecto revolucionario ha provocado en ciertos sectores de nuestra sociedad sea suficiente para mantenernos en la apatía, eventualmente, como la historia ecuatoriana demuestra, reaccionaremos.  Pero mientras despertamos del “milagroso” sueño, todos, los de a pie y los de arriba deberíamos calmarnos y antes de descalificar al interlocutor por ser quien es –o quien suponemos que es– recordar las palabras del poeta Machado:

En una república […] democrática […] conviene otorgar al Demonio carta de naturaleza y de ciudadanía, prescribirle deberes a cambio de concederle sus derechos, sobre todo el específicamente demoníaco: el derecho a la emisión del pensamiento. Que como tal Demonio nos hable, que ponga cátedra, señores. No os asustéis. El Demonio, a última hora, no tiene razón; pero tiene razones. Hay que escucharlas todas.