El derecho a tener derechos

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Por estos días las redes sociales están inundadas de mensajes convocando a una movilización este sábado 14 de octubre de 2017 en distintas ciudades del país, para defender “valores tradicionales” que estarían bajo grave amenaza.  Hasta ahí todo bien, la Constitución ecuatoriana garantiza a todas las personas “[e]l derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria” y estemos o no de acuerdo con la visión de los organizadores y asistentes a estas marchas, hay que defender hasta las últimas consecuencias su derecho a expresarse libremente.  Lo problemático es la estrategia de difusión/captación que los convocantes de tales movilizaciones han adoptado, pues el límite más obvio al ejercicio de los derechos propios son los derechos ajenos, y si para reclamar respeto a los derechos propios mentimos, estigmatizamos y negamos los derechos de otros, es porque o bien no nos asiste la razón en lo que reclamamos o porque nos resistimos a aceptar que el otro tenga derechos, negamos que sea nuestro igual y su pertenencia a la familia humana, es decir, lo discriminamos.

Lo que afirmo en el párrafo anterior a algunos les parecerá exagerado, infundado y hasta ofensivo, tomando en cuenta que los principales promotores de las marchas de este sábado son organizaciones y personas vinculadas a la iglesia católica, la de mayor influencia en nuestro país como en casi toda la región, cuyos objetivos abarcan, se supone, la promoción del amor al prójimo, la tolerancia, la compasión y la igualdad.  Sin embargo, objetivamente hablando, los “curas y monjas de todos” vienen comportándose desde hace varios días como fundamentalistas -esos que según define la Real Academia de la Lengua exigen de manera intransigente el sometimiento a una doctrina o práctica establecida- y han convertido en blanco de un discurso estigmatizante y muy poco cristiano a quienes tienen una identidad de género y/o una orientación sexual diversa.  Sus planteamientos no están llenos de fervor religioso y valores, están llenos de odio y miedo a quienes consideran diferentes o más bien inferiores.  Basta ver las publicaciones del sacerdote César Piechestein en Twitter haciendo burla de una persona disfrazada, o los de sus seguidores instándonos a quienes hemos cuestionado estas actitudes a “meter[nos] un tren bala japonés donde no [nos] dé el sol”.

¿Por qué tanto apasionamiento?, porque la Presidencia remitió el 24 de agosto de 2017 al Legislativo un proyecto de ley que busca erradicar la violencia de género contra las mujeres -ya era hora-.  Para cumplir tal cometido el proyecto plantea la necesidad, como mecanismo de prevención de la violencia basada en el género, de incorporar el enfoque de género en los procesos educativos.  Esto ha sido mal entendido por muchas personas como la relajación moral absoluta y la promoción del libertinaje sexual desde las más tiernas edades, para que nuestra sociedad se convierta en una suerte de versión contemporánea de la Roma de Calígula.

A estas erradas apreciaciones, los preocupados ciudadanos que marcharán el sábado no llegaron solos, de hecho, la casi totalidad de los hoy indignados no conoce el proyecto, su naturaleza, contenido y alcance. Han confiado en lo expresado por un Frente Nacional para la Defensa de la Familia cuyas figuras más notables son líderes de opinión del ámbito religioso, que sin informarse de manera suficiente han concluido que el fin último del proyecto de ley es implantar en el Ecuador la “ideología de género”, que según afirman, es una aberrante doctrina impulsada por las “feminazis” y los “maricas” para conseguir la implantación de una filosofía hedonista.

Lo cierto es que en todo el articulado del proyecto de ley no aparece ni una sola vez la expresión “ideología de género”, si aparecen en cambio las expresiones “perspectiva de género” (artículo 7 numeral 13) y “enfoque de género” (artículo 19 numeral 2), que son términos de contenido técnico jurídico que se refieren a

[…] una estrategia destinada a hacer que las preocupaciones y experiencias de las mujeres, así como de los hombres, sean un elemento integrante de la elaboración, la aplicación, la supervisión y la evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas políticas, económicas y sociales, a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual y se impida que se perpetúe la desigualdad. El objetivo final es lograr la igualdad [sustantiva] entre los géneros (Conclusiones Acordadas del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas 1997/2, documento A/52/3/Rev.1, página 24).

La entidad de las Naciones Unidas encargada de promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, ONUMUJERES, señala que “[…] la igualdad de género es el objetivo de desarrollo general y a largo plazo, mientras que la incorporación de una perspectiva de género es un conjunto de enfoques específicos y estratégicos así como procesos técnicos e institucionales que se adoptan para alcanzar este objetivo” (http://www.unwomen.org/es/how-we-work/un-system-coordination/gender-mainstreaming).

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo al referirse a la cuestión ha expresado que “La transversalización del enfoque de género no consiste en simplemente añadir un ‘componente femenino’ ni un ‘componente de igualdad entre los géneros’ a una actividad existente. Es asimismo algo más que aumentar la participación de las mujeres. Significa incorporar la experiencia, el conocimiento y los intereses de las mujeres y de los hombres para sacar adelante el programa de desarrollo” (http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/gender/newsite2002/about/defin.htm).

Y UNICEF, nada más y nada menos que la agencia de las Naciones Unidas encargada de promover el bienestar y los derechos de la infancia en el mundo, tiene en ejecución un Plan de Acción para la Igualdad de los Géneros, que entre otras cosas, insta a los Estados a “[p]romover servicios de salud adolescente que tengan en cuenta la perspectiva de género” (página 9) y hace hincapié en la importancia de la “[…] la perspectiva de género en los programas de estudios y la pedagogía, y la creación de entornos de aprendizaje seguros y protectores” (página 12).

Satanizar la inclusión del enfoque o perspectiva de género en la malla curricular de los programas de educación formal e informal como medida de prevención de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes es PERVERSO.  Mentir a la ciudadanía sobre la existencia de supuestos propósitos ocultos en la prevención de la violencia de género a partir de la inclusión del enfoque o perspectiva de género en los procesos educativos es AUN MÁS PERVERSO.  Y aprovechar la ocasión para hacer escarnio público de la comunidad LGTBIQ acusándoles de algo que en nada les atañe es simplemente ATROZ.

Con mucho respeto a los curas, monjas, rabinos, imanes, bonzos, etc. “de todos”, el problema de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país es acuciante y debe ser abordado, entre otras medidas, a partir de la educación -desde la más temprana edad- sobre la igualdad de hombres y mujeres y sobre la no imposición de roles sociales empezando por los colores que identifican a cada sexo. Esa educación debe tener en cuenta la perspectiva de las mujeres sobre sus problemas y reflejar sus aspiraciones (el enfoque o perspectiva de género). Sólo en la primera mitad del 2017, según organizaciones muy serias y reconocidas de la sociedad civil, en Ecuador se perpetraron 80 femicidios. Es más según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el Ecuador 6,06 de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia basada en el género, y eso sin incluir a las mujeres menores de 15 años.  No podemos relativizar esta cuestión, no podemos cerrarnos a la erradicación de este problema con fundamento en posturas que ya no son religiosas sino sectarias.  No es justo, no es humano.  Nos guste o no, Ecuador en efecto se ha convertido en “el país de la violencia sin límites” (para las mujeres), como reza el titular de un artículo publicado por la Revista Plan V en enero de este año.

La violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes tiene su raíz en la discriminación basada en el género, en las normas sociales y los estereotipos de género que son vistos como normales y en consecuencia la perpetúan.  Precisamente por eso, la prevención de esa violencia debe comenzar en las primeras etapas de la vida, a través de una educación de niños y niñas que promueva las relaciones de respeto y la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, la no sumisión.  Se trata de un momento crucial de la vida de las personas en que los valores de los futuros ciudadanos se están formando.  ¿Quién en su sano juicio puede oponerse a que las mujeres no estén subordinadas a los hombres?

En este sentido UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha resaltado que “mediante la Declaración de Incheon, los Estados Miembros y toda la comunidad educativa, se comprometieron ‘a apoyar políticas, planes y contextos de aprendizaje en que se tengan en cuenta las cuestiones de género, así como a incorporar estas cuestiones en la formación de docentes, los planes y programas de estudios, y a eliminar la discriminación y la violencia por motivos de género en las escuelas’” (http://es.unesco.org/news/eliminar-violencia-genero-que-funcion-desempena-educacion), y ha recomendado “[…] que los sistemas educativos actúen de manera explícita con miras a erradicar los prejuicios de género y la discriminación” (énfasis añadido).

Por su parte, ONUMUJERES en conjunto con la Asociación Mundial de las Guías Scouts ha desarrollado el programa “Voces contra la violencia”, “[…] un programa mixto diseñado para distintos grupos de edad que abarcan desde los 5 hasta los 25 años de edad. Brinda a las personas jóvenes herramientas y experiencia para entender las causas profundas de la violencia en sus comunidades, educar e implicar a sus iguales y a las comunidades para prevenir esta clase de violencia, y saber adónde acudir en busca de ayuda en caso de sufrir violencia” (énfasis añadido).

Ahora bien, lo que al parecer subyace a estas reivindicaciones de los marchantes del 14 de octubre y su forma de plantearlas es bastante más complejo y profundamente contradictorio.  El propio Sacerdote Piechestein ha sido muy explícito en afirmar que no está en contra de la igualdad de hombres y mujeres ni del proyecto de ley, sino de algunos de sus artículos.  También ha sido muy verbal en señalar que el derecho que se encontraría en riesgo, de aprobarse el proyecto, sería no uno de los niños sino el de los padres para elegir el tipo de educación que sus hijos deben recibir, lo que sin duda puede ser discutido.  Pero al tiempo, ni él ni sus seguidores han tenido reparos en descalificar y ridiculizar la identidad y orientación sexual diversa, de hecho, fue el Frente que el representa el que introdujo el tema de la identidad sexo-genérica en un contexto que nada, absolutamente nada tiene que ver con esto, la erradicación de la violencia contra las mujeres.  Los mensajes han usado como palanca las supuestas consecuencias negativas de la despenalización del microtráfico de estupefacientes (que luego fue objeto de una contra reforma legislativa al más puro estilo Correa -gritos y ordenes mediante-) para afirmar que una vez más avanzamos hacia el caos moral.  Yo me pregunto, antes de escribir ese tipo de mensaje, ¿se habrá reflexionado sobre las consecuencias nefastas que la contra reforma tuvo en cuanto a la criminalización de la pobreza y el encarcelamiento de personas, padres y madres, que precisamente por su situación de precariedad se vieron obligados a micro traficar mientras la sociedad (iglesia incluida) los miraba con desdén?, supongo que no.

La Filósofa alemana Hannah Arendt varias veces propuso la idea de un derecho a tener derechos.  Esta teoría está notablemente desarrollada en su obra “Los orígenes del totalitarismo”, pero ya en un ensayo de 1949, desde el título –Es gibt ein einziges Menschenrecht (Sólo hay un derecho humano)- Arendt proponía que mientras los derechos humanos en general cambian en función de las circunstancias históricas y de otra naturaleza, el presupuesto indispensable y necesario para que podamos disfrutar y ejercer tales derechos es también un derecho en sí mismo, el de ser reconocido como miembro de la comunidad (llámese sociedad, nación o como sea), pues sólo dentro de los confines de la comunidad es donde la vida, la integridad, la libertad, la IGUALDAD, etc., pueden realizarse.  El imperativo moral bajo el planteamiento de Arendt sería entonces tratar a todas las personas, con independencia de sus condiciones personales (identidad y orientación sexuales inclusive) como miembros de la familia humana, reconocernos en ellos, aceptar que son humanos como nosotros, no discriminarles ni suponerles inferiores.  No obstante, con asombro vemos como la solidaridad, la generosidad y la compasión van cediendo terreno a la indolencia.  Es como si la sociedad ecuatoriana -y mundial- considerara que hay personas “más humanas” que otras.  Esas, las otras, los parias, los desechables, aparentemente no han alcanzado el más elemental de los derechos, tener derechos.  El tono y la actitud de los convocantes a la marcha de este sábado es sólo una entre muchas demostraciones de lo que acabo de afirmar.

La marcha, que reitero, compartamos o no las visiones de sus participantes, puede y debe realizarse porque vivimos en democracia, también tiene que llevarnos a reflexionar sobre lo más básico, la noción de sujeto de derechos, el reconocimiento de la condición de persona y por ende titular de tales derechos, lo que en efecto es un derecho en sí (véase por ejemplo los artículos 1 y 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).

Por lo demás, observo con mucha preocupación que en nuestro país hay una serie de problemas muy graves que afectan de manera notable a los niños, niñas y adolescentes, frente a los cuales no he sabido ni de marchas organizadas por la iglesia católica, ni de lobby político de la misma iglesia para influir positivamente en el diseño de legislación o en la adopción de políticas públicas a fin de superarlos.  Sólo por mencionar algunos:

En estas condiciones, una marcha contra el “lobby gay” parece por lo menos un despropósito, habiendo tantas cosas importantes por las cuales reclamar y en las que apoyar.

Tras estas reflexiones yo pregunto, ¿quién determina lo que es moral y lo que no?, no estoy muy seguro de que deba ser la iglesia católica, sobre todo si aún tiene trapos sucios que lavar en casa en lo que a derechos de los niños, niñas y adolescentes se refiere.  En este sentido son ilustrativas las observaciones del Comité de Derechos del Niño y del Comité contra la Tortura, ambos de Naciones Unidas, realizadas a la Santa Sede.

Tampoco creo que se trata de lo que piense la mayoría, como me han señalado con gran “dulzura” varios tuiteros y tuiteras de bien.  Es muy claro que democracia no significa la opresión de unos pocos por los que hacen más bulto, sino la toma en consideración de los problemas y propuestas de soluciones de todos los que integran la sociedad, minorías, especialmente minorías, incluidas, es decir, la democracia debe ser inclusiva, no excluyente.  El argumento de “mayoría gana e impone” que tanto escuchamos y desgastó un obscuro personaje los pasados 10 años, para problemas como la desigualdad estructural y la discriminación que aún imperan en el Ecuador, simplemente no funciona.

Más importante todavía, ¿será que un ministro de culto, de la religión que fuere, puede determinar quién tiene o no tiene dignidad?, por ende, ¿quién pertenece a la comunidad que llamamos sociedad ecuatoriana y tiene derecho a tener derechos?, yo pienso que la respuesta única, obvia y natural es un radical no.

Mi hija, de 10 años, al escuchar en la mesa familiar sobre las posturas intransigentes y sectarias de los que promueven la marcha del sábado, quedó asombrada, pero sobre todo indignada cuando su madre y yo le explicamos que la protesta es por la inclusión de la perspectiva de género en una ley para erradicar la violencia contra las mujeres en nuestro país, una medida cuyo propósito es protegerla a ella y a las mujeres de su generación y de las venideras, de un fenómeno detestable y tan naturalizado en nuestra sociedad machista: La consideración de la mujer como ciudadana de segunda, como objeto no sujeto, sin derecho a tener derechos.

He tenido la fortuna de integrar los equipos de defensa de familias valientes, golpeadas brutalmente por la violencia machista, la de la joven Vanessa Landínez, la de la niña Valentina Cosíos, y otras.  También tuve el privilegio de litigar en nombre de la CIDH casos ante la Corte Interamericana por violación de los derechos de las mujeres.  Soy hijo, esposo, hermano, padre, amigo, maestro de maravillosas mujeres. Por eso tengo claro sin ser “el abogado de todos” que no hay justificación que valga para oponerse a la erradicación de la violencia contra ellas y en consecuencia a la inclusión del enfoque/perspectiva de género en los procesos educativos.

Claro que quiero que mi hija sea educada con valores: la tolerancia a los demás, aunque sean diferentes; la empatía con todos comparta o no sus visiones; la solidaridad con los más necesitados no sólo en lo material sino en lo afectivo; la compasión por los oprimidos; la frontalidad en la defensa de sus derechos. Quiero que mi hija no sea insultada o golpeada por su enamorado/a, esposo/a; que no sea violada o asesinada por un sujeto que nunca aprendió en la escuela a no discriminar; que no sea subyugada a cumplir solo el rol de madre y cocinera en casa a menos que ella lo quiera y decida; que no tenga reparos en plantarle la cara a cualquiera que ose decirle que no tiene derecho a una vida libre de violencia por el simple hecho de ser mujer o lesbiana o lo que quiera ser, consciente que su identidad y orientación sexual resulta intrascendente pues ya es un ser excepcional, es un ser humano.

No pretendo que nadie comparta mi punto de vista sobre este tema, pero me encantaría que seamos un poco más consecuentes y practiquemos en nuestra vida los valores que pregonamos, empezando por el amor al prójimo, pues caso contrario la igualdad de derechos y la no discriminación se vuelven como el reino de los cielos, sabemos que llegarán, pero no sabemos cuándo.

Por todo esto, tengo que decirle al Sacerdote Piechestein y sus discípulos, ¡Con mi hija no te metas!

Anuncios

¿Esto es justicia?

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Pocas semanas atrás asumí la defensa del Dr. Carlos Julio López Ayala, un reconocido cirujano quiteño, certificado desde hace años como instructor del Programa Avanzado de Apoyo Vital en Trauma para Médicos (ATLS por sus siglas en inglés) del Colegio Americano de Cirujanos, uno de los estándares más elevados de atención de emergencia en el mundo según ha reconocido la propia Organización Mundial de la Salud en su informe denominado Guidelines for essential trauma care.  Carlos está condenado y espera estoicamente que el atropello judicial en su contra se materialice con el injusto encarcelamiento tras un juicio penal que fue todo, menos un debido proceso.

La odisea de Carlos empezó a las 20H41 del 12 de septiembre de 2009, cuando recibió en su teléfono celular una llamada de la central telefónica del Hospital de Clínicas Pichincha, de cuyo cuadro de llamada –listado de médicos a disposición para atender situaciones que requieren especialistas– formaba parte, solicitando su presencia como cirujano para atender a una paciente que había ingresado por sala de emergencias con una herida de proyectil de arma de fuego.  Carlos no era el primer cirujano de la lista, era el tercero, los dos primeros no respondieron al llamado el uno por estar fuera de la ciudad, el otro por tener apagado su celular.  Él, fiel a su juramento hipocrático acudió a toda prisa a la casa de salud llegando tan solo cinco minutos después de recibir la llamada.  A las 20H50 ya se encontraba en la sala de emergencias junto a la víctima, una joven vulcanóloga francesa, asaltada al salir de su casa en el sector de Guapulo, trasladada inicialmente por paramédicos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito a otros centros de salud públicos y privados que se rehusaron a recibirla, e ingresada a las 20H09 a la Clínica Pichincha.

Diligente y meticuloso como es, tan pronto llegó al centro de salud Carlos empezó a revisar los exámenes practicados hasta ese momento a la joven percatándose inmediatamente que uno de los pulmones estaba colapsado por hemorragia, hecho que no había sido detectado por los médicos de la sala de emergencias.  A partir de ese momento y en forma ininterrumpida, Carlos atendió a la paciente hasta su fallecimiento al día siguiente como consecuencia de las graves lesiones que afectaron a varios órganos ocasionadas por el proyectil cuyo impacto recibió, principalmente una grave lesión hepática.

Carlos, como hubiera hecho cualquier otro médico en su situación, sin elementos de juicio suficientes para conocer la posible trayectoria interna de la bala y por ende los órganos vitales comprometidos, realizó diversas acciones (colocación de tubos torácicos para permitir una respiración adecuada de la paciente y colocación de una vía de alto flujo en la vena subclavia para permitir una reposición de líquidos, entre otras) tendientes a estabilizar a la paciente –algo indispensable para poder someterla a una cirugía– y dispuso diversos exámenes para establecer un diagnóstico de las lesiones e identificar los posibles daños ocasionados por el proyectil (radiografía de tórax, Eco FAST, y Tomografía Axial Computarizada) que uno a uno fueron descartando una lesión cardíaca y confirmando la lesión hepática que a la postre causó la muerte.

Con la paciente ya estable, unos 40 minutos después de haber empezado a atenderla, aproximadamente a las 21H30 dispuso que sea trasladada a cirugía para tratar la lesión hepática y evitar que se desangre.  Tras la preparación de la paciente y del quirófano, la cirugía empezó a las 22H00, en el curso de la misma la paciente sufrió un paro cardiaco, lo que motivó que Carlos tomara la decisión de abrir la cavidad torácica para dar un masaje directamente en el corazón, recuperando exitosamente el latido.  Recién en ese momento, pues los resultados de los exámenes practicados a la joven no reflejaban tal situación, Carlos descubrió que la bala también había lastimado la aurícula y ventrículo derechos.  De inmediato solicitó que se insista en la presencia del segundo médico del cuadro de llamadas, un cirujano cardiotorácico cuyo buzón de voz había sido la única respuesta recibida por la central telefónica cuando la paciente acababa de ingresar a emergencia.  Esta vez contestó, llegó recién a las 23H05, cuando Carlos ya estaba terminando de suturar la aurícula derecha.  Carlos se dedicó a completar la cirugía abdominal para controlar la lesión del hígado y el otro cirujano a suturar el ventrículo derecho y verificar que no existieran otras lesiones en el área pericárdica.  Lamentablemente y pese a los esfuerzos de Carlos y del resto del equipo médico, la lesión hepática no pudo ser controlada y Charlotte Mazoyer falleció a la 01H15 del 13 de septiembre de 2009.

La noticia se viralizó, no la de la atención dispensada por Carlos y sus esfuerzos por salvar la vida de la víctima en un escenario totalmente adverso en que el índice de supervivencia es ínfimo, sino la de la muerte de la joven por falta de atención médica motivada por no haber presentado una garantía de pago a la clínica, o al menos así es como se le contó a la sociedad ecuatoriana la historia.

Carlos, un cirujano de dilatada trayectoria, respetado, admirado, y claro también envidiado, de repente se encontró en el ojo del huracán.  En un tortuoso proceso en que la fiscalía primero desestimó la denuncia del padre de la paciente, para luego por presiones de autoridades públicas y de funcionarios de la Embajada francesa acusar a Carlos y a otra persona por negativa de atención, finalmente hemos llegado a ese momento en que la injusticia se sacramenta y un inocente termina tras las rejas por haber hecho precisamente lo contrario de aquello por lo que se le acusa.

La norma bajo la cual se condenó a Carlos, el artículo 13 de la Ley de Derechos y Amparo del paciente establece que:

Los responsables de un centro de salud que se negaren a prestar atención a pacientes en estado de emergencia, serán sancionados con prisión de 12 a 18 meses y, en caso de fallecimiento del paciente desatendido [sic], con prisión de 4 a 6 años.

Este tipo penal –la descripción de la conducta prohibida penalmente– incluye dos aspectos notables:  En primer lugar, el autor del delito debe reunir una condición específica, ser el responsable de un centro de salud, cosa que Carlos no era, ni en lo médico ni en lo administrativo.  En segundo lugar, la conducta prohibida por la ley consiste en negar atención, ese es su núcleo, su “verbo rector” como dicen los penalistas.  En ninguna parte del artículo transcrito se puede leer que la conducta castigada consista en prestar atención médica que no satisfaga los gustos del paciente o en este caso de sus abogados.

Se trata entonces de uno de esos delitos que la doctrina llama de omisión propia, es decir en los que un individuo calificado que ostenta una condición o cargo particular –para lo que nos interesa quien tiene a su cargo la dirección o vigilancia de un centro de salud–, omite cumplir una obligación impuesta por la ley –para lo que nos interesa prestar atención a un paciente en situación de emergencia–.

La justicia ecuatoriana en todos sus niveles ha condenado a Carlos Julio López Ayala, quien prestó atención en forma ininterrumpida a Charlotte Mazoyer desde las 20H50 del 12 de septiembre de 2009 hasta las 01H15 del 13 de septiembre de 2009 según está documentado no sólo en la historia clínica sino también en grabaciones de video del circuito cerrado de televisión de la Clínica Pichincha, por el delito de negativa de atención a un paciente en situación de emergencia. Si, leyó bien, lo condenan por negarse a atender tras haber atendido a la víctima cerca de cuatro horas y media, cumpliendo con rigurosidad los parámetros científicos indicados por la lex artis en este tipo de situaciones.

Las acusaciones tanto pública como particular se ocuparon de sembrar en el imaginario colectivo la idea de que Carlos era responsable del centro de salud como líder del equipo médico que atendió a la paciente, pero dado que la propia Ley de Derechos y Amparo del Paciente define en su artículo 1 centro de salud como “una entidad del sistema de servicios de salud pública o privada, establecida conforme a la Ley para prestar a las personas atención de salud integral de tipo ambulatorio y de internamiento […] además, un centro de formación de personal de salud y de investigación científica” y el diccionario de la Real Academia de la Lengua define responsable como “persona que tiene a su cargo la dirección o vigilancia”, queda completamente descartado que el tercer médico cirujano del cuadro de llamadas de una clínica sea ese sujeto calificado, responsable del centro de salud, que exige la ley como autor del delito.  También se ocuparon de desfigurar el tipo penal para empujar a los jueces a concluir que una atención de “mala calidad” es negar atención.  Para este segundo propósito se valieron de informes maliciosos con una carga emotiva inadecuada en un escenario que no debería estar contaminado por subjetividades, un proceso penal.

Los argumentos de acusación incluyeron ridiculizaciones sobre la actuación de Carlos del talante de “se creyó Superman”; falsos señalamientos, como que supuestamente exigió para empezar a actuar que se realice un pago mientras disimulaba su mal proceder colocando “agüitas” a la paciente; y los dichos de un testigo estrella, un cirujano cardiotorácico que con toda la información ex post a su disposición afirmó categóricamente que tan pronto la víctima cruzo la puerta de la clínica debió ser operada del corazón, sin siquiera mencionar la lesión que ocasionó la muerte, la del hígado.  Este testigo estrella era nada más y nada menos que el galeno del teléfono apagado, el que recién asomó a las 23H05.

Cuando ya se cuenta con toda la información es muy fácil para los médicos y sobre todo para los abogados especular sobre el tratamiento más indicado en una determinada situación, distinto es tener que realizar el ejercicio de abducción y descarte de un posible diagnóstico y tomar decisiones sobre la marcha cuando sólo se cuenta con información fragmentada, no conclusiva, como le correspondió a Carlos mientras tenía en frente a Charlotte Mazoyer debatiéndose entre la vida y la muerte.

Más allá de lo anterior, la condena de Carlos Julio López Ayala pone en evidencia varios graves problemas por los que atraviesa nuestro sistema de justicia, entre otros:

  • El poco o nulo rigor de la actuación de fiscalía en casos delicados que se resuelven en las redes sociales antes del juicio o mediante declaraciones de alguna autoridad pública o de agentes diplomáticos de una nación extranjera, como ocurrió en esta ocasión –lo que por cierto implica una violación del derecho a la presunción de inocencia–. Esto a pesar que la fiscalía está obligada constitucional y legalmente a investigar el delito con objetividad, buscando al tiempo pruebas de cargo y de descargo, porque el interés de la sociedad que representa no es llenar las cárceles de gente inocente sino hacer justicia;
  • El menosprecio de los jueces ecuatorianos por el principio de legalidad que determina que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté previsto en la ley como delito, en este caso, brindar atención que no sea del gusto de los abogados del paciente. Al punto de inventar nuevas formas de “negativa” de atención no previstas por el legislador, con tal de producir una condena.  Con este mismo “criterio” jurídico es que reunirse a doblar trípticos en una casa puede constituir tentativa de terrorismo –como en el caso de los 10 de Luluncoto–.  Refiriéndose a este tipo de situaciones, la Corte Interamericana ha señalado en casos como García Asto y Ramírez Rojas v. Perú que: “corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico”;
  • La inobservancia del principio de congruencia, es decir la necesaria coherencia que debe existir entre la pretensión –pedido– del que acusa, la defensa esgrimida por el acusado, la prueba presentada y la decisión de la justicia. Como ha reconocido la propia Corte Nacional de Justicia, el principio de congruencia “establece en efecto que las personas deben defenderse por los cargos que se les formula, y que la sentencia debe versar conforme el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal, sobre esos cargos”.  En el caso de Carlos López, se le acusó de negativa de atención, se defendió de tal acusación, se demostró que si atendió a la paciente y con cuanto esmero lo hizo, y finalmente se lo condenó por una supuesta atención deficiente –mala praxis–;
  • El irrespeto al derecho de defensa, excluyéndose los pedidos de prueba formulados por el acusado sin explicación alguna e impidiendo que los defensores de los acusados desarrollen sus alegatos –mandándolos callar o tratándolos como a niños que se portaron mal– para luego afirmar en las sentencias que no se justificó tal o cual planteamiento;
  • El incumplimiento de la obligación constitucional de motivar toda decisión que provenga del poder público. La jurisprudencia constitucional ecuatoriana ha establecido tres requisitos cuyo verificación permite determinar si una decisión emitida por autoridad pública ha sido motivada o no: razonabilidad, lógica y comprensibilidad. La razonabilidad de una decisión se expresa en la fundamentación sustentada en los principios constitucionales, jurisprudenciales y legales, esto es, en las fuentes que el derecho ofrece para resolver la controversia –lo que no ocurrió en este caso pues justamente la decisión contraviene entre muchas otras normas y principios los artículos 75, 76 numerales 1, 2, 3, 5 y 7 literales a, c, h y l, y 82 de la Constitución de la República, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos–; la lógica hace referencia a la existencia de la debida coherencia entre las premisas y la conclusión y entre esta y la decisión –lo que tampoco ocurrió en este caso pues la premisa planteada por la acusación es que hubo negativa de atención y la conclusión de los jueces es que se atendió “mal”–; en tanto que la comprensibilidad involucra la claridad en el lenguaje utilizado en la redacción de la decisión, con la finalidad de que pueda ser entendida por cualquier ciudadano –la verdad sea dicha, el galimatías jurídico denominado “sentencia” en este caso, no lo entienden ni los jueces que lo escribieron–;
  • La falta de seguridad jurídica en nuestro sistema, pese a que la Constitución la reconoce como un derecho. La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático como se supone que pretende ser el Ecuador requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes se antepongan a la voluntad de las autoridades públicas y en el que exista un control de unas instituciones por otras, es decir, en que exista un Estado de derecho.  En tal sentido, como ha dicho la Corte Constitucional del Ecuador, la seguridad jurídica “[…] proscribe la arbitrariedad […] como mecanismo de defensa que asegura un trato igual de todos los ciudadanos […] frente a los posibles abusos de los órganos del Estado”.  No obstante, las demostraciones del no sometimiento de quienes ejercen potestades de poder público son ya demasiadas y por ende la confianza de los ciudadanos en las actuaciones de los funcionarios públicos va en constante declive.  El proceso penal y la sentencia condenatoria contra Carlos López no son la excepción a esta desafortunada regla, al contrario son la clara demostración de cómo las autoridades judiciales ecuatorianas se desentienden de la ley a placer; y por último lo que tal vez es más grave
  • La ligereza con que nuestras autoridades llamadas a hacer justicia pueden criminalizar actos legítimos como la atención médica de emergencia, ajustados a los estándares científicos de la materia para procurar la recuperación del paciente. Cuando jueces que no estuvieron presentes durante la atención, se dejan impresionar de las especulaciones desarticuladas de fiscales y abogados que creyéndose Superman presumen ser doctos en todos los ámbitos del saber humano incluido el médico y califican la calidad de una atención de emergencia con “solvencia” digna de un premio Nobel de medicina, se arriesgan a equivocarse y cometer una injusticia. En tal sentido, como ha expresado la Corte Constitucional colombiana “[…] la necesidad y urgencia son asuntos primordialmente técnicos que suponen conocimientos científicos, por lo cual el criterio imperante será el del médico tratante, por cuanto se trata de una persona calificada profesionalmente (conocimiento científico-médico), que atiende directamente al paciente (conocimiento específico del caso), en nombre de la entidad que le presta el servicio (competencia para actuar y comprometerla)”. Por lo tanto, el mismo Tribunal señala que los jueces deberán acudir a la opinión del médico tratante como la principal fuente de carácter técnico en un caso concreto, no a la opinión de los abogados del paciente o la de un médico que llegó más de dos horas después de que empezó la atención.  Sobre esta cuestión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso De la Cruz Flores v. Perú determinó que el acto médico –una obligación de medio no de resultado, que no se incumple por el simple hecho de que el paciente no mejore– es un acto esencialmente lícito, cuya prestación es una obligación del médico y, además, la criminalización del mismo implica vulneraciones a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.

Dicho todo esto, me pregunto y pregunto a quienes estén leyendo esta reflexión, ¿esto es Justicia?; ¿el país “ya cambio” y es mejor porque hemos condenado a un médico a la cárcel por atender a una paciente gravemente herida de bala y no lograr salvarle la vida?; ¿las expectativas de la sociedad ecuatoriana están satisfechas a través de las decisiones de una administración de justicia que irrespeta y viola el propio orden jurídico llamada a aplicar?; ¿mientras los responsables de actos tan deleznables como la desaparición de personas permanecen en impunidad con el guiño cómplice de cortes que no quieren instalar sus audiencias de juicio, los médicos ecuatorianos deben ir a prisión porque a alguien no le gustó como lo atendieron?

¿Nos cruzamos de brazos y aceptamos que la (in)justicia ya es una práctica diaria?, No.  Damos batalla y no nos rendimos hasta que alguna autoridad en este mismo paisito descubra lo equivocado de la decisión y la revierta, o hasta que algún organismo internacional vuelva a jalarle las orejas al Ecuador por condenar inocentes y no garantizar debido proceso.  Carlos no se ha rendido, yo tampoco pienso hacerlo, y abrigo la esperanza de que hay muchos más igual de “necios” que nosotros.

Segurança Pública e o uso excessivo da força pela Polícia brasileira: O fim dos “autos de resistência”

Primera entrada de un entrañable amigo y admirable jurista, Leonardo Hidaka.

Brazil & Human Rights: Lost in Translation?

Leonardo Jun Ferreira Hidaka*

Em 21 de dezembro de 2012, o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH),[1] após deliberação unânime de seu colegiado, aprovou a Resolução N° 08/2012, que “dispõe sobre a abolição de designações genéricas como ‘autos de resistência’, ‘resistência seguida de morte’, em registros policiais, boletins de ocorrência, inquéritos policias e notícias de crime”.[2] A Resolução do CDDPH faz referência explícita ao Relatório de Mérito 141/11, de 31 de outubro de 2011, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), da Organização dos Estados Americanos (OEA), que recomendou ao Brasil a “eliminação imediata dos registros de mortes pela polícia por meio de autos de resistência”.[3]

Conforme amplamente noticiado na imprensa nacional há alguns meses, a referida decisão de mérito da CIDH refere-se a duas operações policiais, supostamente em repressão ao tráfico de drogas, ocorridas em 1994 e 1995 na Favela Nova…

Ver la entrada original 2.088 palabras más

Ecuador vs. el SIDH

Add your thoughts here… (optional)

Justicia en las Américas

Autores: Juan Pablo Albán y Daniela Salazar 

A inicios del presente mes, en el contexto de una reunión celebrada en Cochabamba con su homólogo Evo Morales, el Presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, realizó una nueva advertencia pública sobre el posible retiro de nuestro país del sistema interamericano de derechos humanos.

Tales declaraciones se enmarcan en un proceso iniciado hace ya varios años a través del cual el Ecuador ha procurado desacreditar las actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en particular, aparentemente con la intención de eludir la supervisión de dicho órgano.

Ya en el año 2007, durante las discusiones que en el ámbito del Consejo Permanente de la OEA había promovido un grupo de siete Estados –entre los cuales no se encontraba el Ecuador- para revisar el funcionamiento de ambos órganos del sistema, y en particular la CIDH, el gobierno ecuatoriano planteó la necesidad de establecer…

Ver la entrada original 1.516 palabras más