¿Esto es justicia?

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Pocas semanas atrás asumí la defensa del Dr. Carlos Julio López Ayala, un reconocido cirujano quiteño, certificado desde hace años como instructor del Programa Avanzado de Apoyo Vital en Trauma para Médicos (ATLS por sus siglas en inglés) del Colegio Americano de Cirujanos, uno de los estándares más elevados de atención de emergencia en el mundo según ha reconocido la propia Organización Mundial de la Salud en su informe denominado Guidelines for essential trauma care.  Carlos está condenado y espera estoicamente que el atropello judicial en su contra se materialice con el injusto encarcelamiento tras un juicio penal que fue todo, menos un debido proceso.

La odisea de Carlos empezó a las 20H41 del 12 de septiembre de 2009, cuando recibió en su teléfono celular una llamada de la central telefónica del Hospital de Clínicas Pichincha, de cuyo cuadro de llamada –listado de médicos a disposición para atender situaciones que requieren especialistas– formaba parte, solicitando su presencia como cirujano para atender a una paciente que había ingresado por sala de emergencias con una herida de proyectil de arma de fuego.  Carlos no era el primer cirujano de la lista, era el tercero, los dos primeros no respondieron al llamado el uno por estar fuera de la ciudad, el otro por tener apagado su celular.  Él, fiel a su juramento hipocrático acudió a toda prisa a la casa de salud llegando tan solo cinco minutos después de recibir la llamada.  A las 20H50 ya se encontraba en la sala de emergencias junto a la víctima, una joven vulcanóloga francesa, asaltada al salir de su casa en el sector de Guapulo, trasladada inicialmente por paramédicos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito a otros centros de salud públicos y privados que se rehusaron a recibirla, e ingresada a las 20H09 a la Clínica Pichincha.

Diligente y meticuloso como es, tan pronto llegó al centro de salud Carlos empezó a revisar los exámenes practicados hasta ese momento a la joven percatándose inmediatamente que uno de los pulmones estaba colapsado por hemorragia, hecho que no había sido detectado por los médicos de la sala de emergencias.  A partir de ese momento y en forma ininterrumpida, Carlos atendió a la paciente hasta su fallecimiento al día siguiente como consecuencia de las graves lesiones que afectaron a varios órganos ocasionadas por el proyectil cuyo impacto recibió, principalmente una grave lesión hepática.

Carlos, como hubiera hecho cualquier otro médico en su situación, sin elementos de juicio suficientes para conocer la posible trayectoria interna de la bala y por ende los órganos vitales comprometidos, realizó diversas acciones (colocación de tubos torácicos para permitir una respiración adecuada de la paciente y colocación de una vía de alto flujo en la vena subclavia para permitir una reposición de líquidos, entre otras) tendientes a estabilizar a la paciente –algo indispensable para poder someterla a una cirugía– y dispuso diversos exámenes para establecer un diagnóstico de las lesiones e identificar los posibles daños ocasionados por el proyectil (radiografía de tórax, Eco FAST, y Tomografía Axial Computarizada) que uno a uno fueron descartando una lesión cardíaca y confirmando la lesión hepática que a la postre causó la muerte.

Con la paciente ya estable, unos 40 minutos después de haber empezado a atenderla, aproximadamente a las 21H30 dispuso que sea trasladada a cirugía para tratar la lesión hepática y evitar que se desangre.  Tras la preparación de la paciente y del quirófano, la cirugía empezó a las 22H00, en el curso de la misma la paciente sufrió un paro cardiaco, lo que motivó que Carlos tomara la decisión de abrir la cavidad torácica para dar un masaje directamente en el corazón, recuperando exitosamente el latido.  Recién en ese momento, pues los resultados de los exámenes practicados a la joven no reflejaban tal situación, Carlos descubrió que la bala también había lastimado la aurícula y ventrículo derechos.  De inmediato solicitó que se insista en la presencia del segundo médico del cuadro de llamadas, un cirujano cardiotorácico cuyo buzón de voz había sido la única respuesta recibida por la central telefónica cuando la paciente acababa de ingresar a emergencia.  Esta vez contestó, llegó recién a las 23H05, cuando Carlos ya estaba terminando de suturar la aurícula derecha.  Carlos se dedicó a completar la cirugía abdominal para controlar la lesión del hígado y el otro cirujano a suturar el ventrículo derecho y verificar que no existieran otras lesiones en el área pericárdica.  Lamentablemente y pese a los esfuerzos de Carlos y del resto del equipo médico, la lesión hepática no pudo ser controlada y Charlotte Mazoyer falleció a la 01H15 del 13 de septiembre de 2009.

La noticia se viralizó, no la de la atención dispensada por Carlos y sus esfuerzos por salvar la vida de la víctima en un escenario totalmente adverso en que el índice de supervivencia es ínfimo, sino la de la muerte de la joven por falta de atención médica motivada por no haber presentado una garantía de pago a la clínica, o al menos así es como se le contó a la sociedad ecuatoriana la historia.

Carlos, un cirujano de dilatada trayectoria, respetado, admirado, y claro también envidiado, de repente se encontró en el ojo del huracán.  En un tortuoso proceso en que la fiscalía primero desestimó la denuncia del padre de la paciente, para luego por presiones de autoridades públicas y de funcionarios de la Embajada francesa acusar a Carlos y a otra persona por negativa de atención, finalmente hemos llegado a ese momento en que la injusticia se sacramenta y un inocente termina tras las rejas por haber hecho precisamente lo contrario de aquello por lo que se le acusa.

La norma bajo la cual se condenó a Carlos, el artículo 13 de la Ley de Derechos y Amparo del paciente establece que:

Los responsables de un centro de salud que se negaren a prestar atención a pacientes en estado de emergencia, serán sancionados con prisión de 12 a 18 meses y, en caso de fallecimiento del paciente desatendido [sic], con prisión de 4 a 6 años.

Este tipo penal –la descripción de la conducta prohibida penalmente– incluye dos aspectos notables:  En primer lugar, el autor del delito debe reunir una condición específica, ser el responsable de un centro de salud, cosa que Carlos no era, ni en lo médico ni en lo administrativo.  En segundo lugar, la conducta prohibida por la ley consiste en negar atención, ese es su núcleo, su “verbo rector” como dicen los penalistas.  En ninguna parte del artículo transcrito se puede leer que la conducta castigada consista en prestar atención médica que no satisfaga los gustos del paciente o en este caso de sus abogados.

Se trata entonces de uno de esos delitos que la doctrina llama de omisión propia, es decir en los que un individuo calificado que ostenta una condición o cargo particular –para lo que nos interesa quien tiene a su cargo la dirección o vigilancia de un centro de salud–, omite cumplir una obligación impuesta por la ley –para lo que nos interesa prestar atención a un paciente en situación de emergencia–.

La justicia ecuatoriana en todos sus niveles ha condenado a Carlos Julio López Ayala, quien prestó atención en forma ininterrumpida a Charlotte Mazoyer desde las 20H50 del 12 de septiembre de 2009 hasta las 01H15 del 13 de septiembre de 2009 según está documentado no sólo en la historia clínica sino también en grabaciones de video del circuito cerrado de televisión de la Clínica Pichincha, por el delito de negativa de atención a un paciente en situación de emergencia. Si, leyó bien, lo condenan por negarse a atender tras haber atendido a la víctima cerca de cuatro horas y media, cumpliendo con rigurosidad los parámetros científicos indicados por la lex artis en este tipo de situaciones.

Las acusaciones tanto pública como particular se ocuparon de sembrar en el imaginario colectivo la idea de que Carlos era responsable del centro de salud como líder del equipo médico que atendió a la paciente, pero dado que la propia Ley de Derechos y Amparo del Paciente define en su artículo 1 centro de salud como “una entidad del sistema de servicios de salud pública o privada, establecida conforme a la Ley para prestar a las personas atención de salud integral de tipo ambulatorio y de internamiento […] además, un centro de formación de personal de salud y de investigación científica” y el diccionario de la Real Academia de la Lengua define responsable como “persona que tiene a su cargo la dirección o vigilancia”, queda completamente descartado que el tercer médico cirujano del cuadro de llamadas de una clínica sea ese sujeto calificado, responsable del centro de salud, que exige la ley como autor del delito.  También se ocuparon de desfigurar el tipo penal para empujar a los jueces a concluir que una atención de “mala calidad” es negar atención.  Para este segundo propósito se valieron de informes maliciosos con una carga emotiva inadecuada en un escenario que no debería estar contaminado por subjetividades, un proceso penal.

Los argumentos de acusación incluyeron ridiculizaciones sobre la actuación de Carlos del talante de “se creyó Superman”; falsos señalamientos, como que supuestamente exigió para empezar a actuar que se realice un pago mientras disimulaba su mal proceder colocando “agüitas” a la paciente; y los dichos de un testigo estrella, un cirujano cardiotorácico que con toda la información ex post a su disposición afirmó categóricamente que tan pronto la víctima cruzo la puerta de la clínica debió ser operada del corazón, sin siquiera mencionar la lesión que ocasionó la muerte, la del hígado.  Este testigo estrella era nada más y nada menos que el galeno del teléfono apagado, el que recién asomó a las 23H05.

Cuando ya se cuenta con toda la información es muy fácil para los médicos y sobre todo para los abogados especular sobre el tratamiento más indicado en una determinada situación, distinto es tener que realizar el ejercicio de abducción y descarte de un posible diagnóstico y tomar decisiones sobre la marcha cuando sólo se cuenta con información fragmentada, no conclusiva, como le correspondió a Carlos mientras tenía en frente a Charlotte Mazoyer debatiéndose entre la vida y la muerte.

Más allá de lo anterior, la condena de Carlos Julio López Ayala pone en evidencia varios graves problemas por los que atraviesa nuestro sistema de justicia, entre otros:

  • El poco o nulo rigor de la actuación de fiscalía en casos delicados que se resuelven en las redes sociales antes del juicio o mediante declaraciones de alguna autoridad pública o de agentes diplomáticos de una nación extranjera, como ocurrió en esta ocasión –lo que por cierto implica una violación del derecho a la presunción de inocencia–. Esto a pesar que la fiscalía está obligada constitucional y legalmente a investigar el delito con objetividad, buscando al tiempo pruebas de cargo y de descargo, porque el interés de la sociedad que representa no es llenar las cárceles de gente inocente sino hacer justicia;
  • El menosprecio de los jueces ecuatorianos por el principio de legalidad que determina que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté previsto en la ley como delito, en este caso, brindar atención que no sea del gusto de los abogados del paciente. Al punto de inventar nuevas formas de “negativa” de atención no previstas por el legislador, con tal de producir una condena.  Con este mismo “criterio” jurídico es que reunirse a doblar trípticos en una casa puede constituir tentativa de terrorismo –como en el caso de los 10 de Luluncoto–.  Refiriéndose a este tipo de situaciones, la Corte Interamericana ha señalado en casos como García Asto y Ramírez Rojas v. Perú que: “corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico”;
  • La inobservancia del principio de congruencia, es decir la necesaria coherencia que debe existir entre la pretensión –pedido– del que acusa, la defensa esgrimida por el acusado, la prueba presentada y la decisión de la justicia. Como ha reconocido la propia Corte Nacional de Justicia, el principio de congruencia “establece en efecto que las personas deben defenderse por los cargos que se les formula, y que la sentencia debe versar conforme el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal, sobre esos cargos”.  En el caso de Carlos López, se le acusó de negativa de atención, se defendió de tal acusación, se demostró que si atendió a la paciente y con cuanto esmero lo hizo, y finalmente se lo condenó por una supuesta atención deficiente –mala praxis–;
  • El irrespeto al derecho de defensa, excluyéndose los pedidos de prueba formulados por el acusado sin explicación alguna e impidiendo que los defensores de los acusados desarrollen sus alegatos –mandándolos callar o tratándolos como a niños que se portaron mal– para luego afirmar en las sentencias que no se justificó tal o cual planteamiento;
  • El incumplimiento de la obligación constitucional de motivar toda decisión que provenga del poder público. La jurisprudencia constitucional ecuatoriana ha establecido tres requisitos cuyo verificación permite determinar si una decisión emitida por autoridad pública ha sido motivada o no: razonabilidad, lógica y comprensibilidad. La razonabilidad de una decisión se expresa en la fundamentación sustentada en los principios constitucionales, jurisprudenciales y legales, esto es, en las fuentes que el derecho ofrece para resolver la controversia –lo que no ocurrió en este caso pues justamente la decisión contraviene entre muchas otras normas y principios los artículos 75, 76 numerales 1, 2, 3, 5 y 7 literales a, c, h y l, y 82 de la Constitución de la República, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos–; la lógica hace referencia a la existencia de la debida coherencia entre las premisas y la conclusión y entre esta y la decisión –lo que tampoco ocurrió en este caso pues la premisa planteada por la acusación es que hubo negativa de atención y la conclusión de los jueces es que se atendió “mal”–; en tanto que la comprensibilidad involucra la claridad en el lenguaje utilizado en la redacción de la decisión, con la finalidad de que pueda ser entendida por cualquier ciudadano –la verdad sea dicha, el galimatías jurídico denominado “sentencia” en este caso, no lo entienden ni los jueces que lo escribieron–;
  • La falta de seguridad jurídica en nuestro sistema, pese a que la Constitución la reconoce como un derecho. La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático como se supone que pretende ser el Ecuador requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes se antepongan a la voluntad de las autoridades públicas y en el que exista un control de unas instituciones por otras, es decir, en que exista un Estado de derecho.  En tal sentido, como ha dicho la Corte Constitucional del Ecuador, la seguridad jurídica “[…] proscribe la arbitrariedad […] como mecanismo de defensa que asegura un trato igual de todos los ciudadanos […] frente a los posibles abusos de los órganos del Estado”.  No obstante, las demostraciones del no sometimiento de quienes ejercen potestades de poder público son ya demasiadas y por ende la confianza de los ciudadanos en las actuaciones de los funcionarios públicos va en constante declive.  El proceso penal y la sentencia condenatoria contra Carlos López no son la excepción a esta desafortunada regla, al contrario son la clara demostración de cómo las autoridades judiciales ecuatorianas se desentienden de la ley a placer; y por último lo que tal vez es más grave
  • La ligereza con que nuestras autoridades llamadas a hacer justicia pueden criminalizar actos legítimos como la atención médica de emergencia, ajustados a los estándares científicos de la materia para procurar la recuperación del paciente. Cuando jueces que no estuvieron presentes durante la atención, se dejan impresionar de las especulaciones desarticuladas de fiscales y abogados que creyéndose Superman presumen ser doctos en todos los ámbitos del saber humano incluido el médico y califican la calidad de una atención de emergencia con “solvencia” digna de un premio Nobel de medicina, se arriesgan a equivocarse y cometer una injusticia. En tal sentido, como ha expresado la Corte Constitucional colombiana “[…] la necesidad y urgencia son asuntos primordialmente técnicos que suponen conocimientos científicos, por lo cual el criterio imperante será el del médico tratante, por cuanto se trata de una persona calificada profesionalmente (conocimiento científico-médico), que atiende directamente al paciente (conocimiento específico del caso), en nombre de la entidad que le presta el servicio (competencia para actuar y comprometerla)”. Por lo tanto, el mismo Tribunal señala que los jueces deberán acudir a la opinión del médico tratante como la principal fuente de carácter técnico en un caso concreto, no a la opinión de los abogados del paciente o la de un médico que llegó más de dos horas después de que empezó la atención.  Sobre esta cuestión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso De la Cruz Flores v. Perú determinó que el acto médico –una obligación de medio no de resultado, que no se incumple por el simple hecho de que el paciente no mejore– es un acto esencialmente lícito, cuya prestación es una obligación del médico y, además, la criminalización del mismo implica vulneraciones a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.

Dicho todo esto, me pregunto y pregunto a quienes estén leyendo esta reflexión, ¿esto es Justicia?; ¿el país “ya cambio” y es mejor porque hemos condenado a un médico a la cárcel por atender a una paciente gravemente herida de bala y no lograr salvarle la vida?; ¿las expectativas de la sociedad ecuatoriana están satisfechas a través de las decisiones de una administración de justicia que irrespeta y viola el propio orden jurídico llamada a aplicar?; ¿mientras los responsables de actos tan deleznables como la desaparición de personas permanecen en impunidad con el guiño cómplice de cortes que no quieren instalar sus audiencias de juicio, los médicos ecuatorianos deben ir a prisión porque a alguien no le gustó como lo atendieron?

¿Nos cruzamos de brazos y aceptamos que la (in)justicia ya es una práctica diaria?, No.  Damos batalla y no nos rendimos hasta que alguna autoridad en este mismo paisito descubra lo equivocado de la decisión y la revierta, o hasta que algún organismo internacional vuelva a jalarle las orejas al Ecuador por condenar inocentes y no garantizar debido proceso.  Carlos no se ha rendido, yo tampoco pienso hacerlo, y abrigo la esperanza de que hay muchos más igual de “necios” que nosotros.

¿Tenemos la justicia que nos merecemos?

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Al filósofo francés Joseph Marie de Maistre (1753-1821) se atribuye la frase “Cada nación tiene el gobierno que merece”.  A mí la frase me irrita mucho porque quienes acostumbran mencionarla son apáticos que no están dispuestos a hacer nada por cambiar la lamentable realidad de la conducción de los asuntos públicos en países como el nuestro, sometidos a regímenes etiquetados de democráticos y progresistas, pero con excesivos tintes autoritarios.

Desde luego, a la apatía y la resignación, en el Ecuador se ha sumado la temerosa sumisión de una gran mayoría de la población, inducida por la estrategia disuasiva del gobierno nacional de insultar, ridiculizar, menospreciar, y en general perseguir, a muchos de aquellos que en el curso de estos siete años, con valentía, se han atrevido a alzar sus voces para denunciar la corrupción y protestar por las actuaciones irregulares del poder público que perjudican los intereses de la ciudadanía.

La piedra angular de dicha estrategia disuasiva ha sido la criminalización de la denuncia, de la disidencia ideológica y de la protesta social, prueba de ello son los casos de “los diez de Luluncoto”; “los siete de Cotopaxi”; Diego Vallejo Cevallos; Mery Zamora; Fernando Balda; Cléver Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio; José Acacho; Carlos Pérez; los estudiantes del Colegio Central Técnico; los veedores de los contratos de Fabricio Correa con el Gobierno; “las tres del ex-penal García Moreno”; y centenares más.

En forma complementaria, se ha saboteado los mecanismos jurisdiccionales para la tutela de nuestros derechos, mediante amenazas muy directas a los operadores de justicia que osen satisfacer el interés ciudadano por encima del interés gubernamental.  Ejemplos de tales “instrucciones” son el oficio remitido por el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República a los Ministros de Estado y al Presidente de la Judicatura el 18 de noviembre de 2010, anunciando juicios civiles por daños y perjuicios contra los jueces que otorgaran acciones de protección o medidas cautelares “indebidamente”; el oficio de 9 de julio de 2012, remitido por el Coordinador Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura a los Directores Provinciales, solicitando que se advierta a los jueces de las sanciones administrativas si resolvieran favorablemente acciones de protección “aplicando indebidamente normas jurídicas expresas”; o las declaraciones del Presidente de la República durante un conversatorio con los corresponsales de la prensa extranjera el 20 de febrero de 2013:  “Haremos una nueva revisión de la Constitución y haremos las reformas que tengamos que hacer […] el problema de la acción de protección, con la nueva Constitución cualquier Juez si hay, una ni siquiera política pública, si hay cualquier acción del sector público que supuestamente ocasione que algún ciudadano pueda sentirse afectado […] la pueden poner en el Juzgado de Niñez y Adolescencia, el de Tránsito en el Cantón Tres Postes de la Provincia X, Y, Z y ese Juez para toda la acción gubernamental, eso es un absurdo […]”.

La Corte Constitucional se ha convertido en una congeladora, donde sólo prosperan los asuntos que le interesa agilitar al Gobierno, como el dictamen de constitucionalidad de ciertas enmiendas propuestas recientemente por la Asamblea, postergando indispensables pronunciamientos sobre la conformidad con la Constitución y los tratados de derechos humanos de actos legislativos o administrativos como la Ley Orgánica de Comunicación, el Decreto Ejecutivo 1182 o el Decreto Ejecutivo 16.

También se ha implementado un descarado tráfico de influencias para obtener que las autoridades de justicia se hagan de “la vista gorda” o demoren procesos hasta la inutilidad frente a crímenes deleznables, como en el caso de Michael Arce Méndez, víctima de un delito de odio racial; o en el de la niña violada y embarazada por el padre de nuestro actual Vicepresidente.

A fin de alcanzar estos protervos fines, más allá de una serie de “innovaciones” normativas, era indispensable secuestrar la administración de justicia para someterla a los caprichos del poder.

Claro, nadie en sus cabales se atrevería a defender nuestra antigua administración de justicia como un modelo ideal, pues obviamente no lo era. De hecho la primera crítica académica internacional sobre la justicia en el Ecuador se produjo en 1990, a través de un estudio del Centro para la Administración de Justicia de Florida International University.  Desde entonces hubo: Numerosos estudios y propuestas nacionales e internacionales para reformar nuestra justicia –bajo los auspicios del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, ILANUD, la Comisión Andina de Juristas, Projusticia, Fundación Esquel, la Corporación Latinoamericana para el Desarrollo, entre otros–. También hubo críticas por la corrupción, lentitud, ineficiencia y condicionamiento de los jueces; reclamos por la falta de preparación de los fiscales; quejas por la ineficacia de los defensores de oficio; etc; y diversas soluciones parche o más bien arreglos cosméticos.

Fue por todo eso que el 7 de mayo de 2011 la mayoría del pueblo ecuatoriano, de manera ingenua y confiada autorizó al régimen que le meta las manos –dizque “limpias”– a la justicia, bajo la promesa de días mejores, sin saber que eventualmente la “revolución judicial” que apoyaron se volvería en su contra.  A finales de julio del mismo año 2011, invocando el mandato popular, se designó al “Consejo de la Judicatura de Transición” y ese fue el inicio del drama que hoy vivimos.

La primera señal de alerta sobre la afectación intencional de la independencia de nuestra justicia fue el informe entregado a fines del año 2012 por la Veeduría Internacional sobre la administración de justicia en el Ecuador, contratada por el propio Consejo Nacional de la Judicatura de Transición y presidida por Baltasar Garzón, que concluyó que debe garantizarse el respeto y la no injerencia de otros poderes del Estado en la Función Judicial, debe fortalecerse la independencia judicial, inclusive en casos graves –véase la sección 17.18 y Conclusiones–, poniendo de manifiesto que al momento esa independencia no existe. La veeduría concluyó además, que no se observó “en la transición de reemplazo de cargos judiciales, los procesos de selección y designación que debía ser aplicado [sic]” –Conclusión 9, sobre talento humano–, y recomendó que la “la labor judicial, se desarrolle con el debido respeto, evitando los denominados ‘juicios paralelos’” –Recomendación 7, sobre talento humano–.

En agosto de 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el contexto del caso Quintana Coello y otros, relacionado con la destitución de la Corte Suprema de Justicia en diciembre del año 2004, le recordó a nuestro país que,

[…] la igualdad de oportunidades en el acceso y la estabilidad en el cargo garantizan la libertad frente a toda injerencia o presión política (párrafo 150).

[…] el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El Tribunal estima pertinente precisar que la dimensión objetiva se relaciona con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, tales como el principio de separación de poderes, y el importante rol que cumple la función judicial en una democracia. Por ello, esta dimensión objetiva trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en toda la sociedad (párrafo 154).

En enero de 2014, la organización Human Rights Watch, en su informe anual, se refirió a la situación de la justicia en nuestro país en estos términos:

Durante años el poder judicial de Ecuador se ha visto afectado por corrupción, ineficiencia e influencia política. Con el mandato popular obtenido tras un referéndum efectuado en 2011, el gobierno de Correa inició un ambicioso proceso de reforma judicial que incluyó la designación de una nueva Corte Nacional de Justicia y cientos de jueces de las instancias inferiores. En diciembre de 2012, observadores de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México y España invitados por el gobierno publicaron un informe que concluyó que existían anomalías en el proceso de designación judicial, incluido el de los más altos magistrados. Los observadores instaron a que se sancionara una ley para regular los procesos disciplinarios, y que se definieran claramente las infracciones a fin de evitar el riesgo de que los jueces fueran suspendidos o sancionados por haber simplemente hecho ejercicio de sus funciones.

La misma organización, mediante carta de fecha 29 de enero de 2014 dirigida al actual Presidente del Consejo de la Judicatura –antes Ministro de Justicia, Ministro del Interior y Secretario Particular del Presidente, todo durante este mismo régimen–, expresó su preocupación “respecto al proceso de reforma judicial que se desarrolla actualmente en Ecuador y que ha puesto en entredicho la independencia judicial en el país”. Hace dos semanas cuestionó la pretendida “enmienda” constitucional que limitará la ya casi nula eficacia de las acciones de protección, mencionando que

El proyecto estipula que el artículo 88 de la Constitución, que regula la acción de protección, un recurso contra actos arbitrarios del Estado, incorporaría una oración final donde se indicaría que “[l]a ley regulará los casos en los cuales se abuse de esta acción [judicial] y por lo tanto pueda ser inadmitida”.

La introducción de un lenguaje tan poco preciso en la Constitución autorizaría a la Asamblea Nacional a reglamentar discrecionalmente el uso de la acción de protección, y esto en la práctica permitiría que la mayoría en la Asamblea Nacional imponga límites arbitrarios al derecho a impugnar actos abusivos del Estado ante la justicia.

Y el martes de esta semana que termina, tres reconocidas y muy respetadas organizaciones de la sociedad civil de nuestro continente, con varios años de trabajo en defensa del Estado de Derecho:  La Fundación por el Debido Proceso Legal, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de la Universidad de Los Andes y el Instituto de Defensa Legal, presentaron un informe sobre la independencia judicial en nuestro país tras la “reforma”, elaborado por el Profesor peruano Luis Pásara, un académico de extensa e impecable trayectoria, cuyos estudios están citados en el Plan Nacional del Buen Vivir y otrora consultor del Ministerio de Justicia del Ecuador nada más y nada menos que en el periodo de Gustavo Jalkh, el Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y ahora su más acérrimo detractor.

Como no podía ser de otra manera, nuestros “impolutos” funcionarios se ofendieron al ser puestos en evidencia sobre el hecho de que en nuestro país

[…] al valerse del aparato de justicia para rubricar algunas de esas políticas, y sancionar a quienes las contraríen, [la revolución ciudadana] ha comprometido la independencia judicial y ha puesto en cuestión la plena vigencia del Estado de derecho, principalmente en lo que esta noción se refiere a la separación de poderes.

[…] la independencia judicial no sólo no ha recibido la atención que merece en una democracia robusta sino que ha resultado afectada por aquello que la hiere en esencia: la interferencia de otros poderes –véase páginas 95 y 96 del informe de Pásara–.

Con la delicadeza y compostura que suele caracterizarles en estos casos, los “afectados” se lanzaron a los micrófonos y cámaras para afirmar que Luis Pásara es un temerario –eso dice el remitido que publicó el Presidente de la Corte Nacional–; que tiene relación con varios políticos ecuatorianos y que su estudio es una recopilación de opiniones políticas –eso dijo el Presidente del Consejo de la Judicatura–; e invitarle durante el enlace ciudadano 384 a “batirse en duelo” intelectual con el mismísimo Jalkh sobre las “virtudes” –que por cierto aún no descubrimos– de la “revolución de la justicia”, en un tonito que remembraba esa celebre bronca en nuestro congreso nacional con el consabido “ven para m…te insecto hijue…”

Sin siquiera medio argumento técnico, denostaron no sólo al autor del informe sino a las organizaciones que lo auspiciaron, agentes imperialistas que quieren desprestigiar la reforma judicial y a cierto carismático “líder mundial”.

Es probable que con el exabrupto logren convencer de su indignación por las “mentiras” del informe a los borregos habituales, esos dispuestos a creer todo cuento que la revolución les narre.  Pero para la mayoría de los ecuatorianos el cuento de la “reforma judicial” es como el cuento de Pedrito y el lobo.  Le han metido la mano a tantos procesos de forma tan cínica que cuando esporádicamente se dicta una resolución que medio intenta hacer justicia, como la absolución de Mery Zamora por la Corte Nacional, la condena de uno de los torturadores en el caso Lema o el llamado a juicio en el único proceso por crímenes de lesa humanidad instaurado hasta el momento en el país, la sociedad ya no se cree que la justicia esté actuando de manera independiente y con buenas intenciones, por el contrario, surgen una serie de suspicacias y descalificaciones atribuibles a una politización de la justicia que merma la legitimidad de cualquier esfuerzo y que en palabras del propio Luis Pásara “desmotiva el ejercicio tanto de los jueces cuanto de los litigantes”.

Lo cierto es que con o sin rasgada de vestiduras de nuestros prohombres del sector justicia, la realidad está a la vista, no porque lo dice Pásara u otros, sino porque desde hace tiempo en este país se han inobservado los más elementales estándares sobre independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales.

El Maestro Hernando Devis Echandía decía que “[u]n Estado donde los jueces sufran la coacción de gobernantes o legisladores, deja de ser un Estado de derecho” (DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Segunda Edición. Temis. Bogotá. 2009).

En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido que “las características de imparcialidad e independencia […] deben regir a todo órgano encargado de determinar derechos y obligaciones de las personas” (Corte I.D.H. Caso Vélez Loor. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 108).

La Constitución de la República en sus artículos 76.7.k y 168.1 consagra la independencia e imparcialidad como características esenciales de la administración de justicia en el Ecuador y como derecho fundamental de los ciudadanos. En el mismo sentido, los artículos 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos determinan que las personas tienen derecho a ser oídas en la determinación de cualquier asunto que les afecte por autoridades independientes e imparciales.

La independencia supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento de los operadores de justicia, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas (Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 75).  Esta condición se puede medir desde un punto de vista funcional y estructural. La independencia funcional o personal se refiere a que los jueces no se encuentren sujetos al control del ejecutivo; mientras que la independencia estructural se refiere a que en el ejercicio de sus funciones, el juez se encuentra sujeto únicamente a la ley y a los dictados de su conciencia (Corte I.D.H. Caso Apitz Barbera y otros “Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182).

Este tema ha sido tratado ampliamente por la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual ha mencionado, entre los criterios para determinar la independencia de un órgano judicial “la forma de designación de sus miembros” y “sobre si hay o no apariencia de independencia” (ECHR. Case of Campbell and Fell v. UK, Judgment of 28 June 1984, Series A No. 80, párr. 78).

Por su parte, el Comité del Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Observación general No. 32, determinó que, “[t]oda situación en que las funciones y competencias del poder judicial y del poder ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este último pueda controlar o dirigir al primero es incompatible con el concepto de un tribunal independiente”.

Con respecto a la imparcialidad, la Corte Interamericana ha dicho que esta es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio.  Esto permite a su vez, que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática (Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107; párr. 171).

A su vez, la CIDH ha establecido que el requisito de imparcialidad “exige que el juez o el tribunal no abrigue sesgo real alguno en un caso en particular” (CIDH, Informe Sobre Terrorismo y Derechos Humanos 2002, OEA/Ser.L/V/ll.116 Doc. 5 rev. 1 corr. 22 octubre 2002; Capítulo III; D.1.b, párr. 229). En este mismo sentido, la Corte Interamericana ha establecido que “[l]a imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia” (Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 146). Esto debe entenderse, en el sentido de que quienes integran los tribunales de justicia no deben tener preferencias, afectos e inclinaciones que puedan poner en duda la objetividad de su decisión en un caso concreto.

En aras de salvaguardar la administración de justicia se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones jurisdiccionales (Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 147).

Sobre esta cuestión, en la Observación General No. 32 ya mencionada, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que para que se cumpla la condición de imparcialidad,

En primer lugar, los jueces no deben permitir que su fallo esté influenciado por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra. En segundo lugar, el tribunal también debe parecer imparcial a un observador razonable.

Les guste o no a Jalkh y compañía, con ocasión de la “reforma” nuestro país ha violentado los Principios Básicos Relativos a la independencia de la Judicatura, que disponen,

Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo (principio 2).

[n]o se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial (principio 4).

¿Tenemos la justicia que nos merecemos? NO.  Maistre se equivoca con los ecuatorianos,  nos merecemos una justicia muy diferente a la que tenemos y por eso el informe de Luis Pásara publicado por DPLF, DEJUSTICIA y el IDL, debería ser tomado por nuestras autoridades como una oportunidad para reflexionar sobre la importancia en un régimen democrático de un adecuado sistema de pesos y contrapesos; donde se ejerza la potestad jurisdiccional a favor de los ciudadanos, no del poder; y donde la justicia y la seguridad jurídica no sean la excepción sino la regla.

Si las autoridades no quieren aprovechar la oportunidad, nos corresponderá a los ciudadanos tomar impulso desde este informe, que más allá de generar una nueva alerta a lo interno sobre algo que ya sabemos de sobra, abre los ojos a la comunidad internacional sobre la preocupante situación de nuestros derechos humanos que trasciende los dimes y diretes sobre libertad de expresión, y nos permite prolongar la crítica y la denuncia sobre la falta de independencia de nuestra justicia hasta que se produzca algún cambio, recordando en lugar de la frase de Maistre esta perla de José Martí (1853-1895) “Pueblo que soporta a un tirano, lo merece”.

“Cuánta doble moral!!!” Garantías de debido proceso en clave de revolución ciudadana

Por Juan Pablo Albán Alencastro

A pocos días de cumplirse seis años del inicio de esta “revolución”, cuyo carácter “ciudadano” es hoy por hoy al menos cuestionable si prestamos algo de atención a los tintes represivos contra la ciudadanía que caracterizan al ejercicio del poder, los ecuatorianos estamos más que acostumbrados a las diatribas que desde las más altas esferas públicas se lanzan contra el “limitadito”, “caretuco” o “gordita horrorosa” de ocasión, cuando tal ser “deleznable” osa opinar, cuestionar o peor aún criticar determinado acto del poder público.  En realidad es curioso que progresivamente estos desfogues de nuestras autoridades nos chocan y sorprenden menos, se han vuelto parte de nuestra cotidianidad.

En los diversos espacios comunicacionales empleados por nuestro gobierno para difundir sus actividades y fustigar a cualquiera, somos bombardeados con un discurso que coadyuva a crear un ambiente de intolerancia y polarización social, incompatible con el deber de prevención[1] de las violaciones a los derechos humanos que incumbe al Estado como parte de su obligación general de garantizar tales derechos[2].

También es notable que cada vez con mayor frecuencia los señalamientos contra los “enemigos” del régimen en esos espacios comunicacionales y en redes sociales, van acompañados de una instigación a los funcionarios del poder judicial –particularmente a la fiscalía– a perseguir a esos “enemigos”, literalmente, hasta las últimas consecuencias, por haber tenido la bajeza de decir algo sobre aquellos a quienes no pudieron ganarles en las urnas –aunque lo que digan se refiera a un asunto de interés público y por ende deba estar sometido al más amplio escrutinio de la sociedad si en realidad pretendemos ser una democracia[3]–.

El problema es que cuando alguno de estos “conspiradores” es señalado como posible sujeto de una eventual investigación y posterior juicio, está automáticamente condenado, no hace falta buscar evidencias, si el poder ejecutivo afirma que es culpable, es culpable, de algo, ya se nos ocurrirá de qué.  No hace falta en consecuencia reconocerle garantía de debido proceso alguna.  Frente a él opera una especie de estado de excepción a medida que suspende sus derechos en forma indefinida.

Lo que pasa es que en algún momento de nuestra historia –y no me refiero a los últimos seis años, sino a mucho antes–, la majestad del poder pasó a ser sinónimo de patente de corso para hacer tabla rasa de las protecciones constitucionales y legales que como ciudadanos nos pertenecen, entre ellas las garantías del debido proceso. A lo largo de nuestra tortuosa vida republicana diversos gobiernos prevalidos del poder que han detentado, legítimo o no, utilizaron los instrumentos del derecho, particularmente penal, para silenciar a opositores y otros sujetos inconvenientes.  Ahora simplemente estamos presenciando más de lo mismo.

El 2 de enero de 2014, mientras conducía mi vehículo para ir al encuentro de mi esposa y mi hija, cambiando aleatoriamente estaciones de radio, de repente escuche el anuncio de que la estación recién sintonizada pasaba a formar parte de una cadena ordenada por la SECOM.  La ocasión, el conversatorio habitual que el Presidente de la República mantiene con medios de comunicación –la mayor parte de ellos públicos, he de decir–; el tema central, la “diligencia urgente” de allanamiento practicada a altas horas de la noche el pasado 27 de diciembre de 2013 por la fiscalía y un grupo élite de la Policía Nacional al domicilio de un asesor legislativo, bajo sospecha de que al más puro estilo James Bond, dicha persona y el asambleísta al que asesora –cuya oficina también fue allanada con una sui generis autorización de la Presidenta de la Asamblea Nacional– lograron penetrar el sistema informático de la Presidencia, desencriptar varios mensajes electrónicos y bajarlos a sus computadores y celulares, como quien descarga una fotografía de flickr o un mp3 de iTunes.

El Primer Mandatario estaba acompañado en el conversatorio por el Asesor Jurídico de la Presidencia –obviamente Abogado de profesión –, quien con gran vehemencia se auto ungió como “víctima” de un gravísimo delito de hackeo y divulgación de información privada, para luego cuando el Presidente le pidió que explique cómo y dónde está tipificado tal delito, titubear y dar una respuesta sospechosa, o al menos a mí, que enseño derecho penal y ejerzo habitualmente en el ámbito penal, no me quedó nada claro de qué se va a acusar a estas dos personas.

Los señalamientos por supuesto espionaje estuvieron acompañados de los descalificativos usuales y las alusiones ordinarias a la “doble moral” de los “culpables”. Tampoco faltaron las indirectas y directas a los funcionarios de la justicia para apretar el paso frente a las “pruebas contundentes” encontradas en los allanamientos.

Que no se malentienda. Si efectivamente uno o más individuos logran violentar los sofisticados sistemas de seguridad de las redes informáticas de las entidades estatales, pese a todo el esfuerzo, tecnología y dinero invertidos no sólo en garantizar la integridad de tales sistemas, sino también para espiarnos a los ciudadanos comunes y corrientes; y peor todavía, logran sustraer información, es innegable que tal hecho debe investigarse y eventualmente sancionarse, pero debe investigarse siguiendo las disposiciones constitucionales, legales e internacionales vigentes en nuestro país. Resulta criticable que el poder ejecutivo pueda girar ordenes sobre cómo, cuándo y a quienes se investigue, en modalidad acelerada, excepcional y arbitraria propia de un Estado distópico.

Desde mi punto de vista esta vez además resulta inaceptable, que tanto el Presidente como su Asesor Jurídico trataran de justificar la difusión pública en cadena de radio y televisión, de imágenes de la diligencia y supuestos contenidos de la evidencia encontrada, cuando al momento lo que se adelanta, según el propio fiscal que ejecutó la “incursión táctica” –ese fue el calificativo empleado para no decir allanamiento–, es una indagación previa[4], de carácter reservado conforme a lo que dispone el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal, es decir, no podía ser objeto de programas radiales o televisivos, ni siquiera a título de que quienes difundieron tal información e imágenes en violación de la Constitución y la ley son las “víctimas”.

Aunque tengo muy claro que “estándares internacionales de derechos humanos” es mala palabra, y a riesgo de pasar a engrosar las filas de los “limitaditos”, “caretucos” y “gorditos horrorosos”, creo que es mi deber resaltar algunos de esos estándares en materia de debido proceso, es decir, ciertas condiciones esenciales para que “un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables”[5], con o sin revolución ciudadana.  No voy a ser exhaustivo, pero mencionaré algunas que a propósito del exabrupto sobre la “culpabilidad” anticipada de Jiménez y Villavicencio deberíamos tener en cuenta:

  • INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO JUDICIAL: El Maestro Hernando Devis Echandía decía que “[u]n Estado donde los jueces sufran la coacción de gobernantes o legisladores, deja de ser un Estado de derecho”[6].

En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido que “las características de imparcialidad e independencia […] deben regir a todo órgano encargado de determinar derechos y obligaciones de las personas”[7].

La Constitución de la República en sus artículos 76.7.k y 168.1 consagra la independencia e imparcialidad como características esenciales de la administración de justicia en el Ecuador y como derecho fundamental de los ciudadanos. En el mismo sentido, los artículos 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que las personas tienen derecho a ser oídas por autoridades independientes e imparciales en la determinación de cualquier asunto que les afecte.

La independencia supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento de los operadores de justicia, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas[8].  Esta condición se puede medir desde un punto de vista funcional y estructural. La independencia funcional o personal se refiere a que los jueces no se encuentren sujetos al control del ejecutivo; mientras que la independencia estructural se refiere a que en el ejercicio de sus funciones, el juez se encuentra sujeto únicamente a la ley y a los dictados de su conciencia[9].

Este tema ha sido tratado ampliamente por la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual ha mencionado, entre los criterios para determinar la independencia de un órgano judicial “la forma de designación de sus miembros[10]” y “sobre si hay o no apariencia de independencia[11].

Por su parte, el Comité del Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Observación general No. 32, determinó que, “[t]oda situación en que las funciones y competencias del poder judicial y del poder ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este último pueda controlar o dirigir al primero es incompatible con el concepto de un tribunal independiente”[12].

Con respecto a la imparcialidad, la Corte Interamericana ha dicho que esta es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio.  Esto permite a su vez, que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática[13].

A su vez, la CIDH ha establecido que el requisito de imparcialidad “exige que el juez o el tribunal no abrigue sesgo real alguno en un caso en particular”[14]. En este mismo sentido, la Corte Interamericana ha establecido que “[l]a imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia”[15]. Esto debe entenderse, en el sentido de que quienes integran los tribunales de justicia no deben tener preferencias, afectos e inclinaciones que puedan poner en duda la objetividad de su decisión en un caso concreto.

En aras de salvaguardar la administración de justicia se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones jurisdiccionales[16].

Sobre esta cuestión, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que para que se cumpla la condición de imparcialidad,

En primer lugar, los jueces no deben permitir que su fallo esté influenciado por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra. En segundo lugar, el tribunal también debe parecer imparcial a un observador razonable[17].

  • ESTADO DE INOCENCIA: Por animadversión que provoque una persona a determinado funcionario público, la simple afirmación por parte de éste sobre la condición de delincuente de aquel no basta para destruir su estado de inocencia.

El artículo 76.2 de la Constitución ecuatoriana establece que “[s]e presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”, reglas similares constan en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos tratados internacionales por los que nuestro país se encuentra obligado.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Observación General No. 13, señaló que:

En virtud de la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda. No puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. Además, la presunción de inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por lo tanto, todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso[18].

A su vez, la Corte Interamericana al referirse a esta garantía de debido proceso ha establecido que:

[…] el artículo 8.2 de la Convención exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal.  Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla[19].  En este sentido, la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada[20].

De su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de fondo del caso Martín de Mejía v. Perú, concluyó que:

La presunción de inocencia se relaciona, en primer lugar, con el ánimo y actitud del juez que debe conocer de la acusación penal. El juez debe abordar la causa sin prejuicios y bajo ninguna circunstancia debe suponer que el acusado es culpable. Por el contrario, su responsabilidad reside en construir la responsabilidad penal de un imputado a partir de la valoración de los elementos de prueba con los que cuenta[21].

También el Tribunal Europeo de Derecho Humanos en su sentencia del caso Allenet de Ribemont v. France estableció que ciertas declaraciones a medios televisivos del Ministro del Interior francés y otros funcionarios públicos afirmando la participación de la víctima en la planificación de un homicidio:

Fueron una clara declaración de culpabilidad que, primero motivó al público a considerarlo culpable y, segundo, prejuzgó el análisis de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes. En consecuencia, se produjo una violación del artículo 6 § 2 [la presunción de inocencia][22].

  • IGUALDAD DE ARMAS: Es decir, el equilibrio que debe existir en todo proceso entre las partes involucradas, a fin de evitar situaciones de inequidad e injusticia. Cuando una de las partes involucradas es el Estado, con el monopolio del poder punitivo y de los mecanismos de recabo de prueba en sus manos, la existencia de tal igualdad es al menos cuestionable, por lo que se debe extremar las precauciones para garantizar una verdadera equidad.

El artículo 76.7.c de nuestra constitución establece que “[e]l derecho a la defensa incluirá las siguientes garantías […] c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”.

El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos empieza señalando que “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia” y al enumerar de manera ejemplificativa las garantías judiciales mínimas en proceso penal establece que “[d]urante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas […]”. El artículo 8.2 de la Convención Americana emplea un lenguaje idéntico.

En su decisión en el caso Wolf v. Panamá, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció que “[e]stos requisitos no se cumplen cuando, como en el presente caso, al acusado se le niega la oportunidad de hallarse presente en las actuaciones judiciales o cuando no puede instruir de forma adecuada a su representante. En particular, el principio de igualdad de posibilidades no se respeta cuando al procesado no se le notifica una acusación debidamente motivada”[23].

En su turno, la Corte Europea de Derechos Humanos ha indicado que en todo proceso deben concurrir los elementos necesarios para “que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos”[24]. En idéntico sentido se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva No. 17[25].

Sobre el alcance del principio de igualdad de armas específicamente en el proceso penal, la Corte Europea ha señalado que es una de las implicaciones del concepto de un juicio justo en virtud del cual cada parte debe tener una oportunidad razonable de presentar su caso bajo condiciones que no la sitúen en una condición de desventaja frente a su oponente[26].

También la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en su decisión en el caso Avocats Sans Frontieres v. Burundi, determinó que,

el derecho al debido proceso involucra el cumplimiento de ciertos criterios objetivos, incluido del derecho a igual tratamiento [… este derecho] especialmente en asuntos penales significa, en primer lugar, que tanto la defensa como la acusación pública deben tener igualdad de oportunidades para preparar y presentar sus argumentos durante el proceso […] Hay una violación del principio de igualdad si las decisiones judiciales o administrativas son aplicadas de manera discriminatoria[27].

  • INFORMACIÓN PREVIA Y DETALLADA DE LOS CARGOS: La afirmación alegre de participación en un hecho criminal, aunque se realice en rueda de prensa o cadena nacional de radio y televisión, no puede considerarse noticia suficiente al investigado sobre los motivos por los cuales se ha instaurado la investigación y eventualmente el proceso penal en su contra. Peor todavía si la pública atribución de responsabilidad, no especifica cual es el hecho que se le endilga ni la norma que sanciona tal hecho.

Nuestra Constitución en su artículo 77.7.a establece que el derecho a la defensa de toda persona incluye “[s]er informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento”.

También los artículos 14 del Pacto de Derechos Civiles y 8 de la Convención Americana consagran como garantía mínima de debido proceso la “comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada”.

La Corte Interamericana ha señalado que el derecho consagrado en el artículo 8.2.b “ordena a las autoridades judiciales competentes a notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por los cuales se le atribuye responsabilidad”[28].  El mismo Tribunal ha resaltado que si no se respeta esta garantía, se conculca el derecho a la defensa del imputado[29].

La Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que el artículo 6.3.a del Convenio Europeo sobre Derechos y Libertades Fundamentales – equivalente al artículo 8.2.b de la Convención Americana – le reconoce al acusado el derecho a ser informado de los motivos de la acusación, entendiendo por ellos, tanto los actos en los cuales se sustenta, como su naturaleza, esto es, la calificación legal de tales actos.  Asimismo ha indicado que la información sobre los motivos y la naturaleza de la acusación debe ser adecuada para permitirle al sindicado preparar su defensa[30].

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Observación General No. 13 resaltó que:

[…] el derecho a ser informado “sin demora” de la acusación exige que la información se proporcione de la manera descrita tan pronto como una autoridad competente formule la acusación.  En opinión del Comité, este derecho debe surgir cuando, en el curso de una investigación, un tribunal o una autoridad del ministerio público decida adoptar medidas procesales contra una persona sospechosa de haber cometido un delito o la designe públicamente como tal.  Las exigencias concretas del apartado a) del párrafo 3 pueden satisfacerse formulando la acusación ya sea verbalmente o por escrito, siempre que en la información se indique tanto la ley como los supuestos hechos en que se basa[31].

  • DEFENSA ADECUADA: Las personas señaladas como presuntos responsables de la comisión de un delito deben contar con las más amplias facilidades para defenderse y demostrar su inocencia, incluida la posibilidad de realizar pedidos probatorios y argumentos propios en todas las etapas de la investigación y el proceso penal; ser asistidos por un defensor de confianza; contar con suficiente tiempo para organizar una estrategia de defensa; acceder a todas las actuaciones y documentos relacionados con la investigación y el proceso penal; etc.

Tanto la Constitución ecuatoriana en su artículo 76.7, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.3 y la Convención Americana en su artículo 8.2 reconocen una serie de prerrogativas tendientes a asegurar la adecuada defensa de las personas, particularmente aquellas involucradas en procesos penales.

En ese sentido, la Corte Interamericana ha considerado que “[i]mpedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada”[32].

El Comité de Derechos Humanos de la ONU estableció en su Observación General No. 13 que

[e]l apartado b) del párrafo 3 dispone que el acusado debe disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y poder comunicarse con un defensor de su elección.  Lo que constituye un “tiempo adecuado” depende de las circunstancias de cada caso, pero los medios deben incluir el acceso a los documentos y demás testimonios que el acusado necesite para preparar su defensa, así como la oportunidad de contratar a un abogado y de comunicarse con éste[33].

El acusado o su abogado deben tener el derecho de actuar diligentemente y sin temor, valiéndose de todos los medios de defensa disponibles, así como el derecho a impugnar el desarrollo de las actuaciones si consideran que son injustas[34].

El acusado tendrá derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo[35].

El mismo organismo, en su Observación General 32 ha determinado que “El que se disponga o no de asistencia letrada determina con frecuencia que una persona pueda tener o no tener acceso a las actuaciones judiciales pertinentes o participar en ellas de un modo válido”[36].

La CIDH ha establecido que los actos en los cuales el sujeto investigado comparece sin asistencia de abogado a un interrogatorio basado en un expediente que desconoce, sin saber qué hechos criminales se le imputan, no constituyen el ejercicio del derecho a ser oído por las autoridades de justicia, consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana[37].  En palabras de la CIDH, oír a una persona investigada implica permitir que se defienda con propiedad, asistida por abogado, con conocimiento de todos los elementos que puedan obrar en su contra en el expediente; oírle es permitir su presencia en los interrogatorios de testigos que puedan declarar en su contra, permitirle tacharlos, contra interrogarlos con el fin de desvirtuar sus declaraciones incriminatorias por contradictorias o por falsas; oír a un procesado es darle la oportunidad de desconocer, de restar valor a los documentos que se pretenden utilizar en su contra[38].

En este sentido es necesario resaltar que no es suficiente la posibilidad de defensa una vez que se ha iniciado el proceso penal, pues el derecho de defensa debe garantizarse desde el momento mismo en que una persona es señalada de haber cometido un delito y, por lo tanto, las actuaciones investigativas puedan culminar con medidas procesales en su perjuicio. En las primeras diligencias deben concurrir “las máximas garantías procesales para salvaguardar el derecho a defenderse”[39].

En conclusión, no está mal investigar la comisión de delitos, no está mal sancionar esos delitos, y hasta podría discutirse si en realidad está mal combatir a los opositores valiéndose cuando sea legítimo de las herramientas que franquea el ordenamiento jurídico. Lo que definitivamente está mal es atropellar a placer los derechos más elementales del debido proceso, particularmente los de nuestros enemigos, porque la sensación que queda no es de justicia sino de ignominia, y eventualmente alguien pudiera señalarnos diciendo: “Cuánta doble moral!!!”.


[1] El deber de prevención incluye las medidas de cualquier carácter necesarias para promover la salvaguarda de los derechos humanos y evitar que las eventuales violaciones de los mismos no sean consideradas hechos ilícitos susceptibles de ser sancionados, así como la obligación de reparar a las víctimas por las consecuencias negativas de la violación de sus derechos.

[2] Véase al respecto, Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4.

[3] Al respecto, en su sentencia en el caso Kimel v. Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue categórica en señalar que “El control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. Tales son las demandas del pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público. Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 87.

[4] Véase al respecto la entrevista realizada al fiscal José Luis Jaramillo de la Unidad de Descubrimiento de Autores, Cómplices y Encubridores , disponible en el siguiente enlace: http://www.elcomercio.com/politica/Allanamiento-CleverJimenez-FernadoVillavicencio-casas-dos-visiones_0_1057694320.html

[5] Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre  de 2003. Serie A No. 18, párr. 121.

[6] DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Segunda Edición. Temis. Bogotá. 2009.

[7] Corte I.D.H. Caso Vélez Loor. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 108.

[8] Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 75.

[9] Véase en este sentido, Informe de la Comisión de Juristas Internacionales sobre la Administración de Justicia en el Perú, noviembre de 1993. Véase también, Corte I.D.H. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”). Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182.

[10] ECHR. Case of Campbell and Fell v. UK, Judgment of 28 June 1984, Series A No. 80, párr. 78.

[11] Idem.

[12] U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007), párr. 19.

[13] Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107; párr. 171.

[14] CIDH, Informe Sobre Terrorismo y Derechos Humanos 2002, OEA/Ser.L/V/ll.116 Doc. 5 rev. 1 corr. 22 octubre 2002; Capítulo III; D.1.b, párr. 229.

[15]  Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr.146.

[16] Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 147.

[17] U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007), párr. 21.

[18] U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 (1984), párr. 7. Véase en igual sentido la decisión del Comité de Derechos Humanos en relación con la Comunicación 770/1997, caso Gridin v. Rusia, U.N. Doc. CCPR/C/69/D/770/1997 (2000).

[19] Corte I.D.H., Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 120.

[20] Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 77.

[21] CIDH. Informe No. 5/96, Caso 10.970, Raquel Martin de Mejía v. Perú, 1 de marzo de 1996.

[22] ECHR. Case of Allenet de Ribemont v. France. Application 15175/89. Judgment of 10 February 1995.

[23] Dieter Wolf v. Panama, Comunicación No. 289/1988, U.N. Doc. CCPR/C/44/D/289/1988, párr. 6.6.

[24] ECHR. Laukkanen and Manninen v. Finland, Nº. 50230/99, § 34, 3 February 2004; Edwards and Lewis v. the United Kingdom, nos. 39647/98 and 40461/98, § 52, 22 July 2003; Öcalan v. Turkey, no. 46221/99, § 146, 12 March 2003.

[25] Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 132.

[26] ECHR. Öçalan v. Turkey. 46221/99, 12 March 2003, párr. 140.

[27] ACHPR. Case of Avocats Sans Frontieres v. Burundi. Communication 231/99. paras. 26 and 27.

[28] Corte I.D.H., Caso Barreto Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206; Corte I.D.H., Caso López Álvarez. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 149; Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne.  Sentencia de 22 de noviembre de 2005.  Serie C No. 135, párr. 225; Corte I.D.H., Caso Acosta Calderón.  Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 118; y Corte I.D.H., Caso Tibi.  Sentencia de 7 de septiembre de 2004.  Serie C No. 114, párr. 187.

[29] Corte I.D.H., Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 187.

[30] ECHR. Case of Ayçoban and others v. Turkey. Judgement of 22 December 2005, párr. 21.

[31] U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 (1984), párr. 8.

[32] Corte I.D.H. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 154.

[33] U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 (1984), párr. 9.

[34] U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 (1984), párr. 11.

[35] U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 (1984), párr. 12.

[36] U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007), párr. 10.

[37] CIDH, Informe N°50/00, Caso N° 11.298, Reinaldo Figueredo Planchart.  Venezuela, 13 de  abril de 2000, párr. 112.

[38] CIDH, Informe N°50/00, Caso N° 11.298,, Reinaldo Figueredo Planchart.  Venezuela, 13 de abril de 2000, párr. 112.

[39] Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005.  Serie C No. 135, párr. 174.