El precio de ser consecuente

La siguiente es una versión editada de la entrada originalmente publicada el 30 de diciembre de 2015.

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Última entrada al blog en este 2015 que fenece y creo que lo más justo es dedicarla a las vivencias familiares de los dos últimos meses.

Desde el 9 de noviembre de este año la vida en casa ha sido una espiral de emociones fuertes.  Las razones en realidad son muy simples: Siempre he estado dispuesto a hacer bien mi trabajo, a no reparar en las críticas malintencionadas a mis actividades, y a aceptar las consecuencias de las decisiones que tomo en el ejercicio de mi profesión, por dolorosas que resulten.

Que no se malentienda, no tengo vocación de mártir, aunque es muy obvio que tras la muerte de mi hijo Emilio miro la vida de una forma distinta. Al comprender la fragilidad de la condición humana creo haberme vuelto más compasivo con los demás, he aprendido a ponerme en el lugar del otro para entender su sufrimiento, sin mezquindad, con un cariño sincero que me lleva a exponer el prestigio profesional, la integridad personal, y más recientemente la vida, por defender las causas que considero justas.

El oficio que elegí, del cual por cierto me siento muy orgulloso, ordinariamente da para la polémica.  Representar a víctimas de la ignominia estatal implica cuestionar no sólo al poder de turno sino también a los represores del pasado y eso incomoda, incomoda a mucha gente con posiciones e ideas muy diversas.

En la historia ecuatoriana los primeros esfuerzos por convertir en sinónimos “defensor de derechos humanos” y “defensor de criminales” se dieron durante ese periodo fantástico –quimérico– de “reconstrucción nacional” encabezado por un señor que para demostrar su condición democrática asistía armado a la sala de sesiones del Congreso, como si fuera a la guerra.  Aquello ya nos dice mucho de la nula vocación de justicia y compasión por los demás que imperaba en ese momento de nuestra historia, de lo cual hoy ciertos jóvenes se sienten herederos sólo por lo que escucharon durante un café familiar –pues para esas fechas ni habían nacido– o por lo que medio leyeron en alguna loa al tirano de antaño escrita por quienes sacaron provecho de su gobierno.

Esos esfuerzos por descalificar el trabajo de los defensores se han prolongado a través del tiempo, y se han sofisticado.  Hoy “defensor de derechos humanos” ya no es sólo sinónimo de “defensor de criminales” sino también sinónimo de “agente imperialista” o “político de oposición”, con esa visión reduccionista revolucionaria que convierte a todo el que piensa libremente y no se resigna ante la injusticia en “opositor”.  Lo importante en todo caso es que los defensores de derechos humanos carecemos de virtudes, a menos claro está, que defendamos una postura que a los ojos del interlocutor de turno “SI” sea justa.

Con esa cortedad, con esa mezquindad, con esa indolencia es como el ciudadano común y corriente ve los derechos humanos, llegando al extremo de desconocer la condición de seres humanos que tienen los demás cuando “no son sus iguales”.

Yo lamento mucho, pero realmente no entiendo como los que promueven por ejemplo la igualdad de derechos para las personas LGTBI, al tiempo sean capaces de justificar que a alguien le hayan arrancado las uñas, dado corriente en los genitales o violado en grupo por su pertenencia a una minoría disidente, un grupo subversivo.

Tampoco puedo entender a esos funcionarios públicos llamados por la Constitución y las leyes de la República a ser garantes de los derechos de las personas, capaces de justificar los más terribles atropellos o desconocer a través de discursos vehementes y resoluciones arbitrarias que los ciudadanos que no estamos en la función pública tengamos algún tipo de derecho, o al menos una expectativa de no ser avasallados.

De manera recurrente los “buenos ciudadanos” nos convocan a quienes “estamos equivocados” por asumir la defensa de víctimas del abuso del poder, a ponernos en el lugar de quien padeció un secuestro, un robo, un asesinato –cometido en su imaginación por nuestro defendido de ocasión–, pero ellos mismos carecen de eso que Héctor Abad Faciolince llama imaginación literaria en su obra “El olvido que seremos”, esa que permite a las personas ponerse en el lugar del protagonista de un relato y compartir con él sus emociones, como el miedo que siente, por ejemplo, una persona encerrada desnuda en una diminuta celda sin iluminación luego de una sesión de tres horas de tortura, ante la advertencia de “ya regresamos”.

Cuando replicamos a estas “personas de bien” que ya nos hemos puesto en el lugar de una víctima, la de detención ilegal, tortura, desaparición o algo mucho peor, y que precisamente por eso es que decidimos ayudarle a reclamar sus derechos, puestos en evidencia de su falta de argumentos reaccionan insultando o peor aún, amenazando.

Desde el 9 de noviembre en que se suspendió la audiencia de juicio por delitos de lesa humanidad en el caso Vaca, Cajas y Jarrín he recibido agresiones verbales y escritas de lo más florido por haber aceptado ocuparme del patrocinio judicial de un ex cadete de la ESMIL hostigado psicológica y físicamente por ser afro ecuatoriano; de cinco jóvenes cuyos proyectos de vida fueron truncados hace 17 años cuando agentes de la Policía Nacional decidieron convertirlos en chivo expiatorio de un asesinato que no cometieron “extrayéndoles” confesiones bajo brutal tortura; y de tres ex militantes de Alfaro Vive Carajo detenidos ilegalmente por las Fuerzas Armadas del Ecuador, incomunicados, torturados, una de ellos violada y otro desaparecido, todo en nombre de “la reconstrucción nacional”.

Quienes en este país aspiran a que la impunidad sea la regla están furiosos.  A sus ojos la justicia no debe servir para tutelar los derechos del más débil sino para encubrir al mejor uniformado.  Han acudido a diversos foros para descalificarme a mí y a mis defendidos, tildar de ataques contra el “honor institucional” los esfuerzos por esclarecer esa verdad escurridiza desde hace décadas, y utilizar recursos del propio Estado para amedrentar a unos operadores de justicia cuya imparcialidad e independencia son virtualmente nulas.

Las expresiones de repudio a mi actividad han ido del tono neutral: “¿Que el abogado de Manuela Picq defiende a quién?, habrase visto”, “se me cayó al piso la figura de Juan Pablo Albán, no entiendo como un defensor de los derechos humanos puede patrocinar a terroristas”, “haciendo política con este caso igual que otros tantos que veo se han subido en la camioneta para tratar de meter la si saña [sic]”, “señor Albán cuando no existen valores, como en su caso, priman los intereses”; al lenguaje agresivo: “miserable tirapiedras representante de la partidocracia”, “este abogado es un pseudo analista de la gallada de la CIDH”, “perro de Correa, maldito terrorista”; hasta llegar a la amenaza: “hijo de puta ya vas a ver”, “ISIS está necesitando defensores por qué no te largas para allá”, “ser abogado de AVC es como ser abogado de narco, prepárate…”, “acá no se borra nada, maldito terrorista”, “qué bueno que le tenga miedo a los uniformes, no se va a salir tan fácil”.

Todos se sienten autorizados a cuestionar lo que hacemos los defensores porque equivocadamente piensan que los derechos humanos son patrimonio exclusivo de algún color, ideología o costado político.  De ahí que las expresiones de descrédito hayan sido proferidas por los más diversos ciudadanos: Parientes, ex compañeros de la escuela y del colegio, ex compañeros de la universidad, colegas abogados, colegas profesores, oficiales militares y policiales en servicio activo y sobre todo en servicio pasivo –que han aprovechado para hacer campaña para el 2017–, “líderes” políticos de diversas tendencias, el Presidente, Ministros de Estado, miembros del Consejo de Participación Ciudadana, etc. etc. etc.

Quisiera poder afirmar que luego de tantos años en esta actividad ya he formado un callo y lo que piensen o digan los demás me resbala, pero no es así, el impacto anímico de estas ofensas gratuitas ha sido fortísimo, el impacto profesional y social también.  Pero el más duro ha sido el impacto familiar: Tener que explicarle a mi hija de ocho años por qué la gente se expresa de manera despectiva de su papá ha sido muy difícil; tener que pedirle a mi esposa que modifique su rutina o le dé explicaciones sobre nuestra vida a personal del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía ha sido incómodo por decir lo menos; y tener que escucharla preguntar en un almuerzo familiar con gran candidez, sin atisbo de reclamo, “bueno, y cuando finalmente a ti te pase algo ¿A quién tengo que buscar? ¿Qué es lo que tengo que denunciar?” fue uno de los momentos más amargos de mi vida.

El ambiente en casa ha sido entonces muy complejo.  La solidaridad que siempre hemos tenido unos con otros está intacta, pero los ánimos están decaídos.  Mi hija ha sido la espectadora silenciosa de la rabia y tristeza de sus padres, pero su silencio no me engaña, empiezo a percibir en ella ese mismo espíritu rebelde e inconforme que nos ha llevado a su madre y a mí a ser quienes hoy somos.  En lo personal he decidido continuar en mi trinchera peleando por los derechos de los demás, a sabiendas que en este país y en este momento es muy costoso ser consecuente con las propias convicciones y principios, pero muy seguro de que transito por el derrotero correcto, así que estoy dispuesto a pagar el precio de ser consecuente.

El odio, la envidia, la amenaza no me va a amilanar, no le debo nada a nadie pero siento la obligación moral con cada persona a quien tuve y tendré el privilegio de servir desde mi profesión, y sobre todo con mi hija –promesa de mejores días–, de no darme por vencidos.  Por eso mejor escribir mi frustración hoy, antes que se acabe el año, y al tiempo reconocer la fortaleza de mi familia ante la adversidad, reflejo de nuestra condición rebelde.  La frustración la pienso quemar con el año viejo.  La fortaleza –es decir la rebeldía– se queda conmigo para siempre, para justificarlo me robo esta frase del Dr. Héctor Abad Gómez, padre del escritor Héctor Abad Faciolince a quien cité párrafos atrás, y uno de los cinco Presidentes asesinados del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, determinado hasta el final a no guardar silencio ante la injusticia: “La rebeldía yo no la quiero perder, nunca he sido un arrodillado, no me he arrodillado sino ante mis rosas y no me he ensuciado las manos sino con la tierra de mi jardín”.

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