Sobre la imprescriptibilidad de la acción penal en casos de graves violaciones a los DDHH

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Recientemente en el Ecuador se ha instalado un debate muy importante sobre la imprescriptibilidad de ciertos crímenes que constituyen graves violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada y la tortura.

Por la educación jurídica que recibimos los abogados en este país (basada más en el aprendizaje de las leyes que del derecho como ciencia), todavía es muy difícil de comprender para la mayoría de litigantes penales, acostumbrados a la vigencia irrestricta de los principios de legalidad y favorabilidad como piedras angulares del sistema penal, que en determinadas circunstancias no puedan invocar a favor de sus defendidos la extinción de la pretensión punitiva del Estado por el transcurso del tiempo.

No obstante, desde hace ya varias décadas, el derecho internacional se ha ocupado de este asunto, partiendo, entre otras, de la idea de que una verdadera y estable democracia sólo puede alcanzarse si las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado no se repiten, y la mejor forma de asegurar esta no repetición es evitar la impunidad de tales conductas.

En el ámbito del Sistema Universal de Derechos Humanos, el 15 de abril de 1965 el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, durante su 21° periodo de sesiones aprobó la Resolución N°3, en la que afirmó “que las Naciones Unidas deben contribuir a la solución de los problemas que plantean los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, que constituyen graves violaciones del derecho de Gentes, y que deben especialmente estudiar la posibilidad de establecer el principio de que para tales crímenes no existe en el derecho internacional ningún plazo de prescripción”.

Tal planteamiento condujo a la Asamblea General de Naciones Unidas a aprobar el 26 de noviembre de 1968 la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, bajo la cual si bien nuestro país no es parte por no haber ratificado aún el tratado, si tenemos por el simple hecho de haber suscrito el instrumento la obligación de no ejecutar acción alguna que pueda contravenir su objeto y fin (Véase al respecto el artículo 18 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados).

Hay que destacar que con dicho tratado internacional, el principio de imprescriptibilidad sólo se positivó (se codificó en un texto), no se enunció, ya que la regla de imprescriptibilidad operaba para esa fecha como derecho consuetudinario internacional y de hecho, ya había alcanzado el estatus de norma imperativa (ius cogens). Por ende, las disposiciones de prescripción establecidas en la ley interna no podrían aplicarse a aquellos delitos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos, con independencia de la fecha en la que se hubiera suscrito o ratificado el tratado antes mencionado o cualquier otro que aborde la misma materia, puesto que tales tratados únicamente codifican una regla de costumbre internacional preexistente, en tal virtud, al invocarse el carácter de imprescriptibles de estos crímenes no se está realizando una aplicación retroactiva de la ley.

En 1993, el Profesor Theo Van Boven en su calidad de Relator de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Reparación de las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos resaltó que: “la aplicación de prescripciones priva con frecuencia a las víctimas de violaciones flagrantes de los derechos humanos de las reparaciones a que tienen derecho. Debe prevalecer el principio de que no estarán sujetas a prescripción las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos” (E/CN.4/Sub.2/1993/8, párrafo 135). La experiencia enseña que, para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y sus familias, el paso del tiempo no borra las huellas de lo sufrido, sino todo lo contrario, provoca un aumento del estrés postraumático que requiere asistencia material, médica, psicológica y social por periodos prolongados de tiempo o de manera permanente.

Ya en fecha más reciente, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó los Principios y Directrices Básicos Sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, entre los cuales se incluyen disposiciones en relación con la imprescriptibilidad de las acciones derivadas de graves violaciones a los derechos humanos: No prescribirán las violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario que sean crímenes de derecho internacional. El conjunto de principios señala también que la prescripción de otras violaciones o de las acciones civiles no debería limitar indebidamente la posibilidad de que la víctima interponga una demanda contra el autor, ni aplicarse a los períodos en que no haya recursos efectivos contra las violaciones de las normas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario (Véase en este sentido Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005, principios 6 y 7).

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de su sentencia en el caso Chumbipuma Aguirre y otros v. Perú, mejor conocido como el caso Barrios Altos, estableció que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (Corte IDH. Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de Marzo de 2001, Serie C N° 73, párrafo 41).

En la misma decisión, la Corte Interamericana estableció que “a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención” (Corte IDH. Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de Marzo de 2001, Serie C N° 73, párrafo 43).

También en el contexto de un caso contra el propio Estado ecuatoriano, la Corte Interamericana señaló que “es inadmisible la invocación de cualquier instituto de derecho interno, entre los que se encuentra la prescripción, que pretenda impedir el cumplimiento de las decisiones de la Corte en cuanto a la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos” (Corte IDH. Caso Benavides Cevallos. Resolución de Cumplimiento de Sentencia. 9 de Septiembre de 2003. Considerando 6).

Pudieran citarse decenas de decisiones más en el mismo sentido, pero basta señalar que la jurisprudencia interamericana ha sido constante en recordar a los Estados de la región que deben garantizar que en los procesos internos se investigue, juzgue y sancione a los responsables de los hechos y que, para estos efectos, deben abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como a medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de una eventual sentencia condenatoria. El fundamento de tal planteamiento son tres principios fundamentales del derecho internacional, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales (pacta sunt servanda), la prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno (primacía) y la necesidad de dotar de vigencia material a la norma internacional (effet utile).

Ahora bien, es necesario reconocer que la jurisprudencia interamericana también se ha pronunciado en sentido opuesto, es decir, que la prohibición de aplicar la prescripción de la  acción penal no alcanza a toda violación de derechos humanos.  La Corte Interamericana hizo tal determinación precisamente en el contexto de dos casos contra Ecuador, Albán Cornejo y Vera Vera, concluyendo que “La prescripción en materia penal determina la extinción de la pretensión punitiva por el transcurso del tiempo, y generalmente, limita el poder punitivo del Estado para perseguir la conducta ilícita y sancionar a sus autores. Esta es una garantía que debe ser observada debidamente por el juzgador para todo imputado de un delito”; pero aclarando simultáneamente que “[s]in perjuicio de lo anterior, la prescripción de la acción penal es inadmisible e inaplicable cuando se trata de muy graves violaciones a los derechos humanos en los términos del Derecho Internacional. La jurisprudencia constante y uniforme de la Corte así lo ha señalado” (Corte IDH. Caso Albán Cornejo. Sentencia de 22 de Noviembre de 2007, Serie C N° 171, párrafo 111; Véase también, Corte IDH. Caso Vera Vera. Sentencia de 19 de Mayo de 2011, Serie C N° 226, párrafo 118).

En el plano doméstico, la Constitución ecuatoriana que entró en vigencia el 10 de agosto de 1998 ya determinaba en su artículo 23 numeral 2 que “[l]as acciones y penas por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia, serán imprescriptibles” (la referencia a esta regla consta todavía en el cuarto inciso del artículo 101 de nuestro Código Penal); y la constitución en vigencia contiene una regla similar en su artículo 80 que establece que “[l]as acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de 58 agresión a un Estado serán imprescriptibles”.

Además, a partir de la reforma introducida en el año 2010 a nuestro Código Penal, se incluyó en dicho cuerpo normativo la siguiente disposición: “Art… (114.8) Imprescriptibilidad.- Las acciones y penas previstas para los delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, o crímenes de agresión a un Estado son imprescriptibles”.

Con tales planteamientos el legislador ecuatoriano ha dado el paso, como previamente hiciera el legislador internacional, de codificar una norma de ius cogens que emana de la costumbre internacional sobre la imprescriptibilidad de ciertos crímenes considerados graves violaciones a los derechos humanos.

La gran pregunta ahora es, ¿están dispuestas nuestras autoridades de justicia a aceptar esta realidad y rechazar de plano los planteamientos de prescripción de la acción formulados por los procesados en casos sobre graves violaciones a los derechos humanos?  La respuesta es compleja, tratar de componer la estructura de pensamiento de nuestros penalistas, tanto aquellos que se desempeñan como operadores de justicia, como aquellos que encontrándose en el libre ejercicio asumen el desafío de representar a los sospechosos de graves violaciones a los derechos humanos, parece virtualmente imposible.

Considero sin embargo que debemos mantener la esperanza. La iniciativa recientemente emprendida por nuestra Fiscalía General de judicializar este tipo de casos, a sabiendas de que la primera invocación de la defensa de los procesados será la prescripción, nos permite suponer que hemos alcanzado la conciencia de que el Estado tiene el derecho y está en el deber de evitar y combatir la impunidad, porque la revelación pública y completa de la verdad es el primer requerimiento de la Justicia.

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