Caricaturistas y otros “agitadores”

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Finalmente ocurrió, los ecuatorianos hemos perdido la capacidad de reírnos de nosotros mismos y de la lamentable realidad de nuestra política.  Pero no ha sido por amargura propia, sino por decisión de la SUPERCOM –que de súper la verdad no tiene nada–.

En el progresivo desmantelamiento del Estado de derecho en el Ecuador y la desaparición de nuestras libertades fundamentales, el más reciente capítulo es la acusación contra un laureado caricaturista, por dibujar la realidad del abuso del poder y de la inobservancia de las más elementales garantías del debido proceso.

Mientras empiezo a escribir estas líneas, todavía se desarrolla la audiencia ante la Superintendencia de Comunicación, para que Xavier Bonilla “Bonil” ofrezca explicaciones sobre la información en la que se basó su caricatura publicada en diario El Universo el pasado 28 de diciembre de 2013.

De paso el caricaturista ha sido señalado de provocar “agitación social”.  Aquí habría que preguntarle al Superintendente Ochoa –cuando asome, porque según reportan los medios a la audiencia no se presentó–, cual es el calificativo que merecen esos personajes que prevalidos del poder público, lanzan improperios a diestra y siniestra contra ciudadanos que no tienen la mínima oportunidad de defenderse, en espacios semanales de varias horas pagados con nuestros impuestos.  Probablemente nos responderá que en esos casos el calificativo a usar no es “agitador” sino carismático líder revolucionario o algo así.

Independientemente de lo que opine en sus informes la SUPERCOM, la polarización que agobia a la sociedad ecuatoriana no es culpa de Bonil y otros “agitadores”, es resultado de declaraciones vertidas a diario desde las más altas esferas del Estado en que se promueve la división y el odio entre ecuatorianos, a pretexto de clases económicas o sociales y del supuesto salvataje de la dignidad de los marginados, que dizque ha emprendido el actual régimen.  Al contrario, la dignidad de los marginados y de los menos marginados es pisoteada a diario, cuando se nos niega la posibilidad de opinar.

Ese tipo de declaraciones estigmatizantes, dirigidas particularmente contra la prensa –“corrugta”–, en opinión de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contribuyen “a crear un ambiente de intimidación hacia la prensa que no facilita el debate público e intercambio de opiniones e ideas, necesarios para la convivencia en democracia”[1].

Además, nuestras autoridades aún no caen en cuenta que, en el evento que ese tipo de declaraciones desde las altas esferas del poder motivaran una reacción violenta del grupo social contra determinados individuos o agrupaciones identificados como detractores del régimen, la responsabilidad por las consecuencias de tal violencia tendría que asumirla el Estado como institución.  Al respecto, la Corte Internacional de Justicia ha determinado que las declaraciones de altas autoridades estatales pueden servir no sólo como admisión de la conducta del propio Estado[2], sino también generar obligaciones a éste[3]. Aún más, tales declaraciones pueden servir como prueba de que un acto es atribuible al Estado que representan esos funcionarios[4].

Ojo, que no se malentienda, los altos funcionarios del Estado pueden y de hecho deben, pronunciarse sobre los asuntos de interés público, pero como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

[…] al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la debida por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden llegar a tener en determinados sectores de la población, así como para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos. Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos ni constituirse en formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado[5].

Por eso, cada vez que algún alto funcionario se indigna por la crítica que algún osado se anima a lanzar respecto de sus acciones, en este caso en forma de una viñeta destinada a hacer reír, debería respirar profundo, contar hasta diez –o diez mil– y antes de atropellar a nadie, recordar que,

[…] en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza.

[…]

El control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. Tales son las demandas del pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público.

[…]

En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas[6].

Cuando el Gobierno arremete contra Bonil, en realidad está tratando de silenciarnos a todos; quiere generar un efecto disuasivo no sólo en la prensa sino en el grupo social, empleando la situación de la víctima de turno para mandar un mensaje más amplio de intolerancia a la crítica y a la opinión diversa, sin importar de que ciudadano provenga.

La evidencia del éxito de esta estrategia disuasiva es que una gran mayoría de ecuatorianos observa en silencio y con mucho miedo, el proceso contra Bonil; con la misma impavidez que antes observaron los procesos contra otros comunicadores.  Por eso me pregunto si a estas alturas todavía hay compañeritos que de verdad piensan que la Patria avanza o si su adherencia al “proyecto” obedece a un temor reverencial.  Aunque bueno, la verdad la Patria si avanza, avanza a grandes zancadas hacia un estado primitivo de negación de los derechos humanos.

Yo creo que para atenuar ese efecto disuasivo y hacerle conocer al régimen nuestro descontento, lo mejor es continuar “agitando” y circular al mayor número de personas posible en el mundo la caricatura censurada, ¿Quién me ayuda?  Si tienen dudas recuerden esa máxima de Bob Mankoff, editor de caricaturas de The New Yorker que dice “When in doubt, make fun of an idiot”.

Caricatura


[1] CIDH. Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión en Informe Anual de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2000. OEA/Ser./L/V/II.111, doc. 20 rev.16 abril 2001.

[2] ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1984, p. 390, para. 64.

[3] ICJ, Nuclear Tests Case (Australia v. France), Judgment of 20 December 1974, I.C.J. Reports 1974, p. 253, paras. 43, 46; and CIJ, Nuclear Tests Case, (New Zealand v. France), Judgment of 20 December 1974, I.C.J. Reports 1974, p. 457, paras. 46, 49.

[4] ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1984, p. 390, para. 71.

[5] Véase, Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. párr. 151.

[6] Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177. párrs. 86 a 88.

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Abogangsters

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Hace unos días mi querida colega y amiga Daniela Salazar Marín publicó en su columna del diario Hoy, una nota muy sentida, que conmovió a todos quienes la leímos, describiendo con meridiana claridad las características del profesional del derecho que una sociedad en crisis como la nuestra requiere:

Para que el Estado de Derecho sea una realidad se requieren abogados comprometidos con la búsqueda de la justicia y la verdad; abogados que puedan defender sus causas con pasión pero sin perder la imparcialidad; abogados dispuestos a luchar contra la impunidad, sin importar de dónde provenga; abogados cuyas tendencias políticas no les impidan denunciar arbitrariedades; abogados que no se dejen intimidar por gobernantes de turno ni tentar por el que más ofrezca; abogados honestos con sus clientes tanto como con sus adversarios; abogados conscientes de que de su integridad depende el sistema de justicia[1].

La realidad, lamentablemente, es que el desprestigio de la profesión jurídica podría estar justificado.  En el Ecuador en particular, cada vez con mayor frecuencia somos testigos de la manipulación de la razón, el derecho y la justicia para satisfacer los intereses de ciertos poderosos o de sus allegados, y los protagonistas de esa manipulación son precisamente colegas nuestros.

Cuando era estudiante de derecho, alguna vez un profesor dijo en clase que hay tres categorías de abogados: Los científicos del derecho, que se ocupan de su diseño y desarrollo; los artesanos del derecho que, valiéndose de las herramientas creadas por los primeros, tratan de construir cosas importantes en el trabajo cotidiano de sus casos; y los obreros del derecho, aquellos que no entienden bien la trascendencia de nuestra profesión, y siendo ella simplemente su medio de subsistencia, se dedican a ejecutarla en forma mecánica, mirando más al interés de su propio bolsillo que al de su cliente.

En lo personal creo que en nuestro país habría que agregar una categoría más: Los abogangsters, esos que invocando el nombre de algún alto personero logran “cambiar” la realidad y viciar la actuación de los operadores de justicia; o aquellos que se llenan la boca con un discurso de valores e invocaciones a deidades, y simultáneamente corrompen funcionarios para conseguir protervos fines.

En los últimos tres años, a raíz del trabajo que a través del Consultorio Jurídico Gratuito de la USFQ he tenido la suerte de realizar, en defensa de los intereses de las víctimas de gravísimas violaciones a los derechos humanos, me he reencontrado con esa pandilla a la que hace bastante tiempo no veía, y como consecuencia, me he estrellado una vez más contra el muro de nuestra triste realidad jurídica.

No importa que tan patente sea la injusticia, quien esté en el bando “correcto” ganará, de preferencia eso sí, debe tener como ringtone de su celular alguna tonadita revolucionaria como: Patria tierra sagrada… o Ya tenemos presi…; o caso contrario, una billetera generosa, capaz de hacer temblar al más probo de los jueces.

La gota que ha derramado el vaso de mi indignación fue ver en estos días a un “histórico” del movimiento de derechos humanos, representando a un grupo de asesinos que escudados tras la etiqueta de agentes del orden, cegaron la vida de civiles desarmados e inocentes, en un acto de arbitrariedad extrema que diez años después sigue sin esclarecerse. Esa es tal vez la peor clase de abogangster, el que se ha convertido en un traficante del derecho, corrompido por el propio sistema, cuando en el pasado supuestamente defendía causas nobles.

Desde luego el problema es mucho más grande que la simple devaluación de la ética profesional.  A pesar de los cambios cosméticos a la administración de justicia, previa metida de manos –“limpias” se decía– con el consentimiento viciado del pueblo soberano, al que nunca se le explicó en la respectiva pregunta de la consulta popular, que se le iba a dejar en mayor indefensión de la que ya se encontraba; el tráfico de influencias, el pago de coimas y las presiones políticas, siguen determinando quien tiene la razón en un determinado pleito.

Esto tiene que ver con la falta de una verdadera voluntad política por transformar el sistema de justicia. Levantar –o confiscar y pintar– decenas de edificios, destituir centenares de jueces “corrugtos”, nombrar más centenares de jueces “comprometidos” –no está muy claro con qué, o más bien, está muy claro con quién–, no es suficiente.

En su informe entregado a fines del año 2012, la Veeduría Internacional sobre la administración de justicia en el Ecuador, contratada por el Consejo Nacional de la Judicatura y presidida por Baltasar Garzón, concluyó que debe garantizarse el respeto y la no injerencia de otros poderes del Estado en la Función Judicial, debe fortalecerse la independencia judicial, inclusive en casos graves[2], poniendo de manifiesto que al momento esa independencia no existe. La veeduría concluyó además, que no se observó “en la transición de reemplazo de cargos judiciales, los procesos de selección y designación que debía ser aplicado [sic]”[3], y recomendó que la “la labor judicial, se desarrolle con el debido respeto, evitando los denominados ‘juicios paralelos’”[4].

Hace pocos meses, la Corte Interamericana en sentencia emitida contra nuestro país, refiriéndose a la inestabilidad de los funcionarios judiciales en sus cargos expresó que,

[…] la igualdad de oportunidades en el acceso y la estabilidad en el cargo garantizan la libertad frente a toda injerencia o presión política[5].

[…] el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El Tribunal estima pertinente precisar que la dimensión objetiva se relaciona con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, tales como el principio de separación de poderes, y el importante rol que cumple la función judicial en una democracia. Por ello, esta dimensión objetiva trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en toda la sociedad[6].

Recientemente, la organización Human Rights Watch afirmó en su informe anual 2014 que,

Durante años el poder judicial de Ecuador se ha visto afectado por corrupción, ineficiencia e influencia política. Con el mandato popular obtenido tras un referéndum efectuado en 2011, el gobierno de Correa inició un ambicioso proceso de reforma judicial que incluyó la designación de una nueva Corte Nacional de Justicia y cientos de jueces de las instancias inferiores. En diciembre de 2012, observadores de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México y España invitados por el gobierno publicaron un informe que concluyó que existían anomalías en el proceso de designación judicial, incluido el de los más altos magistrados. Los observadores instaron a que se sancionara una ley para regular los procesos disciplinarios, y que se definieran claramente las infracciones a fin de evitar el riesgo de que los jueces fueran suspendidos o sancionados por haber simplemente hecho ejercicio de sus funciones[7].

La verdad es que nuestro país, no ha adherido a los Principios Básicos Relativos a la independencia de la Judicatura, en la parte que disponen,

Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo[8].

[n]o se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial[9].

En suma, las condiciones para el desastre están dadas, el ejercicio de la abogacía en el Ecuador va tomando el cariz de un gran circo, con un maestro de ceremonias a la cabeza que define el contenido del espectáculo –nunca mejor dicho–; un grupo de payasos que piensa que quien más vocifera tiene más razón; los malabaristas que se mueven utilitariamente de una posición a otra para que sus casos no se caigan, sin pensar verdaderamente en que se haga justicia; los domadores que con el látigo del tráfico de influencias y la presión política en su mano, obligan a los operadores de justicia a acceder a sus caprichos por descabellados que sean; los vendedores de recuerdos que ofrecen justicia al mejor postor; y los que transitamos por la cuerda floja, con total incertidumbre de si alguna vez la razón y el derecho saldrán indemnes.

La gran pregunta entonces es ¿Qué hacemos los abogados que no queremos ser abogangsters? Las alternativas parecieran ser: Rendirse, sumarse al juego y conseguir algún amigo influyente que “mueva” nuestros casos; continuar en plan contestatario y resignarnos a vivir frustrados con nuestra profesión; o finalmente dejar el derecho, abrir ese tan anhelado Karaoke y ser felices.

El Maestro procesalista uruguayo Eduardo J. Couture decía,

Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la Justicia, como destino normal del Derecho, en la Paz como substitutivo bondadoso de la Justicia; y sobre todo, ten fe en la Libertad, sin la cual no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz[10].

Por eso, con fe, de las opciones antes planteadas yo voy a optar por la segunda, continuar en plan contestatario.  A pesar de todo, habiendo sido testigo –como abogado de los perjudicados directos– de la actuación condicionada de la justicia ecuatoriana, todavía creo en las virtudes de mi profesión y en la capacidad de los juristas de influir positivamente en la vida del grupo social y de los individuos que lo integran; todavía pienso que llegará el día en que ser amigo o haber representado judicialmente a un alto funcionario no será equivalente de patente de corso para burlar la justicia o manipular su actuación; y todavía espero que nuestros operadores de justicia comprendan la trascendencia de la ética y del activismo judicial en defensa de los derechos de las personas, aún a costa de perder sus cargos.

¡Qué iluso! me dirá la mayoría de mis colegas.  Sin embargo quiero mantener este optimismo forzado porque me rehúso a dejar a mi hija –de quien abrigo en secreto la ilusión que un día resuelva ser abogada, por el maravilloso potencial que tiene para enfrentar la injusticia– el legado de una profesión inútil y de una lucha estéril.  Seguiré entonces levantando la voz desde diversas trincheras, siempre del lado de los derechos humanos, y no tengo ninguna duda de que cada vez se sumarán más adeptos a esta causa.


[1] Véase, Un abogado ejemplar, publicado en Diario Hoy, edición correspondiente al 4 de enero de 2014, disponible en http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/un-abogado-ejemplar-598215.html

[2] Véase la sección 17.18 del informe, Conclusiones, el documento completo se encuentra disponible en http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/comunicacion/documentos/informeveeduria.pdf

[3] Conclusión 9 sobre Talento Humano.

[4] Recomendación 7 sobre Talento Humano.

[5] Corte IDH. Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C No. 266, párr. 150.

[6] Corte IDH. Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C No. 266, párr. 154.

[8] Principio 2 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura, Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985.

[9] Principio 4 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura, Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985.

[10] COUTURE, Eduardo J. Los Mandamientos del Abogado. En DE LA TORRE DÍAZ, Francisco Javier. Etica y Deontología Jurídica. Editorial Dykinson S.L. Madrid. 2000. Pág. 261.

La obediencia debida y las violaciones a los derechos humanos

Por Juan Pablo Albán Alencastro

En 1474, cuando Peter von Hagenbach, comandante de la IX Compañía del Ejército del Duque de Borgoña, y responsable de las atrocidades cometidas durante la ocupación de la ciudad de Breisach en el Alto Rhin[1], fue llevado a juicio ante un tribunal ad hoc integrado por 26 jueces del Sacro Imperio Romano Germánico, en lo que hoy se reconoce como el primer proceso penal internacional, el argumento central de su defensa fue que von Hagenbach no reconocía otro juez ni señor diferente a Charles le Téméraire, Duque de Borgoña, cuyas órdenes no podía cuestionar. Es decir, el argumento de su defensa fue la obediencia debida.

A partir de entonces, en forma recurrente se ha invocado esta institución jurídica como mecanismo de eludir la responsabilidad penal por graves crímenes, en particular aquellos contra los derechos humanos.

La obediencia debida opera como eximente de responsabilidad en injustos cometidos en cumplimiento de una orden superior. La eximente beneficia al subordinado que acata la orden, trasladando la responsabilidad al superior jerárquico que la imparte. De ahí que la doctrina penal mantenga un debate sobre la naturaleza jurídica de la obediencia debida: Por una parte están quienes sostienen que se trata de una causa de justificación, es decir, de un supuesto que excluye la antijuridicidad del acto[2]; y por otra parte están los que consideran que se trata de una causa de inculpabilidad para quien cumple la orden, manteniéndose la antijuridicidad del acto, al punto que responde por él quien lo haya ordenado[3].  En cualquier caso, el supuesto necesario para que pueda invocarse esta defensa en forma válida es que aquel que cumple la orden piense que ésta es legítima –no necesariamente legal–; y si supiera que no lo es, que no se le pueda exigir una conducta distinta de la que realizó y que haya actuado de buena fe[4].

No debe confundirse esta figura con la causa de justificación denominada por la doctrina “cumplimiento del deber”, donde el mandato a cumplir emana de la ley y por ende no podría calificarse de antijurídico aún si lesiona bienes jurídicos. En la obediencia debida en cambio, el mandato a cumplir es antijurídico.

El tema resulta particularmente relevante cuando estructuras jerarquizadas del Estado, que tienen el monopolio del uso de la fuerza –es decir la policía y las fuerzas armadas–, incurren en conductas que afectan bienes jurídicos esenciales como la vida, la integridad personal o la libertad ambulatoria de los civiles, pues tratándose de agentes del poder público que actúan prevalidos de su condición y que de hecho ocupan una posición de garantes de tales bienes[5], sus acciones podrían ser calificadas de violaciones a los derechos humanos y entonces cabría preguntarse si puede admitirse como defensa válida el argumento de obediencia debida.

En el plano internacional, la respuesta ha sido categóricamente negativa.

En su estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario publicado en el año 2005, el Comité Internacional de la Cruz Roja estableció en la norma 155 “[l]a obediencia a la orden de un superior no exime a un subordinado de su responsabilidad penal si sabía que el acto ordenado era ilícito o debería haberlo sabido porque su ilicitud era manifiesta”[6].

El artículo 8 de la Carta de Londres, tratado constitutivo del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg adoptado el 8 de abril de 1945 y publicado el 8 de agosto del mismo año, determinaba que “[e]l hecho de que el acusado haya obrado según instrucciones de su gobierno o de un superior jerárquico no le eximirá de responsabilidad”.

Posteriormente, los Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg, adoptados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 31 de diciembre de 1950, establecieron en su principio IV que “[e]l hecho de que una persona haya actuado en cumplimiento de una orden de su Gobierno o de un superior jerárquico no la exime de responsabilidad conforme al derecho internacional, si efectivamente ha tenido la posibilidad moral de opción”.

También los Estatutos de los Tribunales Penales Internacionales ad hoc para la ex Yugoslavia y Ruanda así como el Estatuto del Tribunal Especial Internacionalizado creado con el auspicio de las Naciones Unidas en Sierra Leona, contienen disposiciones expresas que determinan que el hecho de que el inculpado haya actuado en cumplimiento de una orden impartida por un gobierno o por un superior no le eximirá de responsabilidad penal[7].

El artículo 33 del Estatuto de la Corte Penal Internacional dispone lo siguiente:

1. Quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal a menos que:

a) Estuviere obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate;

b) No supiera que la orden era ilícita; y

c) La orden no fuera manifiestamente ilícita.

2. A los efectos del presente artículo, se entenderá que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas.

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio adoptada en el seno de las Naciones Unidas en el año 1948, tampoco admite la exculpación basada en la orden superior, determinando en su artículo IV que el castigo se aplicará a “las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el artículo II […] ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares”.

Los protocolos I y II, adicionales a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, no establecen en favor de los militares que violen sus normas la eximente de obediencia debida. Al contrario, en ambos se dispone que “nadie podrá ser condenado por una infracción si no es sobre la base de su responsabilidad penal individual”.

La Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en su artículo 2.3 dispone: “No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura”.

De acuerdo con el artículo 6.1 de la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución Nº47/133 del 18 de diciembre de 1992, ninguna orden o instrucción de autoridad pública, sea civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar una desaparición forzada, y en consecuencia, toda persona que reciba tal orden o tal instrucción tiene el derecho y el deber de no obedecerla.

El artículo 5 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, mediante Resolución 34/169, ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá, infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza a la seguridad nacional o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

En el plano regional, los Artículos VIII y IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establecen que “[n]o se admitirá la eximente de la obediencia debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la desaparición forzada. Toda persona que reciba tales órdenes tienen el derecho y el deber de no obedecerlas”; y que “[l]os hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares”.

También el artículo 4 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece que “[e]l hecho de haber actuado bajo órdenes superiores no eximirá de la responsabilidad penal correspondiente”.

Adicionalmente, en el plano jurisprudencial comparado e internacional también se ha rechazado que la obediencia debida tenga operatividad en casos de violaciones a los derechos humanos.

Al respecto la Corte Constitucional Colombiana ha concluido que,

El inciso segundo del artículo 91 de la C.P., exonera de responsabilidad constitucional al militar que ejecuta una orden del servicio impartida por su superior, pero no lo hace de manera total e irrestricta. Si el inferior es consciente de que su acto de ejecución causará con certeza la violación de un derecho fundamental intangible de alguna persona y, no obstante, lo realiza, pudiéndolo evitar, actuará de manera dolosa. Si se admite que la Constitución, en este caso, ha condonado el dolo, se tendrá que aceptar que ella ha consentido en crear el germen de su propia destrucción. La idea de Constitución, por lo menos en un régimen no totalitario, es incompatible con la existencia en la sociedad y en el Estado de sujetos con poderes absolutos. La Corte rechaza resueltamente la tesis de la exoneración absoluta de responsabilidad del militar subalterno porque si pese a su dolo aquélla se mantiene, su poder adquiere una dimensión inconmensurable, capaz de erradicar todo vestigio de derecho, justicia y civilización[8].

De su parte la Corte Interamericana ha indicado en forma reiterada que

son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos[9].

Y en su momento, el propio Tribunal Militar Internacional de Nuremberg estableció que

Las órdenes superiores, aún dadas a un soldado, no pueden considerarse como un atenuante cuando se han cometido crímenes espantosos y enormes consciente, cruelmente y sin excusa o justificación militar […] La participación en crímenes como éstos no se ha requerido nunca de un soldado, y éste no puede ampararse detrás de un requisito mítico de obediencia militar a toda costa como excusa para la comisión de estos crímenes[10].

Finalmente, es importante mencionar que esta institución jurídica progresivamente va cayendo en desuso. De hecho varios ordenamientos jurídicos europeos y otros tantos en nuestra región han suprimido la obediencia debida como eximente de responsabilidad, y aquellos que conservan referencias a la figura, han restringido su invocación a situaciones excepcionales o mediante el establecimiento de requisitos taxativos o la han convertido en un simple atenuante.

En conclusión, cuando de crímenes contra los derechos humanos se trata, ante las órdenes ilegítimas el principio de obediencia debida deja de operar y la responsabilidad por los delitos perpetrados –que de hecho por la posición de garante de las fuerzas de seguridad del Estado debían evitarlos– se extiende tanto al superior como al subordinado que los ejecutó. El principio de obediencia debida sólo cubre las órdenes legítimas, es decir, las que se relacionan con el cumplimiento de los fines constitucionales y legales encomendados a la policía y las fuerzas armadas, que se cumplen mediante procedimientos regulares y sujetos al orden jurídico.

Una orden superior que atente contra los intereses superiores del grupo social, promoviendo la vulneración de derechos humanos mediante actos injustos y contrarios al orden jurídico, no merece ser cumplida; y si lo fuera, quien la acate debe estar consciente que no podrá eludir la acción de la justicia invocando su condición de subordinado frente a quien emitió la orden, como no pudo en su día hacerlo Peter von Hagenbach, ejecutado el 9 de mayo de 1474 tras ser encontrado culpable de crímenes contra las leyes de Dios y del hombre.


[1] Los homicidios, las violaciones, la imposición ilegal de impuestos y la confiscación arbitraria de la propiedad privada fueron prácticas generalizadas. Todos estos actos se cometían también contra los habitantes de los territorios vecinos.

[2] Véase por ejemplo, NÚÑEZ, Ricardo. Manual de Derecho Penal, Parte General. Cuarta Edición actualizada. Marcos Lerner Editora. Córdoba. 1999, pág. 169.

[3] Véase en este sentido, JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis. Principios de Derecho Penal, la Ley y el Delito. Reimpresión de la Tercera Edición. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires. 1997, pág. 406.

[4] Véase, PAVÓN VASCONCELOS, Francisco. Manual de Derecho Penal Mexicano, Parte General. Decimo Séptima Edición corregida y actualizada. Editorial Porrúa. México. 2004, pág. 425.

[5] Al respecto la Corte Constitucional colombiana ha dicho que “[u]n miembro de la fuerza pública puede ser garante cuando se presenten cualquiera de los dos fundamentos de la responsabilidad explicados: creación de riesgos para bienes jurídicos o surgimiento de deberes por la vinculación a una institución estatal”. Corte Constitucional de la República de Colombia, Sentencia de unificación SU1184-01 de 13 de noviembre de 2001.

[7] Véase en tal sentido Resoluciones 827, 955 y 1315 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Arts. 7.4, 6.4 y 6.4 respectivamente.

[8] Corte Constitucional de la República de Colombia, Sentencia C-578-95 de 4 de diciembre de 1995.

[9] Corte I.D.H., Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75.

[10] JENNINGS, Robert et al. Oppenheim’s International Law. Ninth Edition. Oxford University Press. Oxford. 2008.

Democracia representativa, derechos humanos e igualdad de oportunidades electorales

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Ya estamos otra vez a puertas de un proceso electoral, de hecho, la campaña ya arrancó y con ella los dimes y diretes sobre el uso de fondos y otros recursos públicos para promover la imagen de los candidatos cercanos al régimen.

Claro, parece cuestionable que nuestro carismático líder ande recorriendo el país para conseguirles votos a unos cuantos conocidos y otros tantos desconocidos que han optado –esta vez– por enfundarse la camiseta verde flex.  Sin embargo, bajo el ordenamiento jurídico electoral vigente –adoptado a ritmo de revolución en el año 2009–, tal conducta del primer mandatario no está prohibida, más bien está reglamentada.

Y la verdad seamos francos, si a fines de febrero el pueblo ecuatoriano se pronuncia en las urnas de forma mayoritaria por los verdiazules –como ocurrió en las pasadas elecciones para la Asamblea–, simplemente estará ratificando su confianza ciega –nunca mejor dicho– en el Presidente, porque en el Ecuador hace ya bastante rato que votamos por colores sin reflexionar quienes los visten, cuál es su ideología y cuáles sus propuestas para un mejor futuro, o algún futuro, cualquiera.

Entonces es simplemente lógico, aunque simultáneamente para algunos sea indignante, que mashi Rafael encabece la campaña para las elecciones seccionales.  Finalmente, esa campaña, unas cuantas elecciones atrás, se convirtió en un culto a la personalidad que a esta altura ya raya en culto mesiánico y por eso mismo, la presencia del líder es indispensable para transmitir al grupo social el mensaje de que el candidato con el que aparezca abrazado en la foto es legítimo, no un “peluconcito” de la “larga y triste noche neoliberal”, predestinado –en el improbable supuesto de que logre ganar en las urnas– a no contar con los recursos para cumplir sus propuestas y a si contar con el odio visceral de “los buenos”, obvio que ese no es el alcalde “que queremos”.

Ahora bien, dejando claro que el jefe de Estado está, como el mismo afirma, en su derecho de “consolidar este proyecto político que ya es leyenda, la revolución ciudadana”[1], si cabe criticar en sentido constructivo, que se aproveche el apasionamiento de nuestro pueblo por su redentor, para consolidar el borreguismo y con éste la falta de cultura democrática y de reflexión en la toma de decisiones que no nos afectan sólo a nosotros sino también a las futuras generaciones de este país; y, de ser cierta alguna de esas “leyendas urbanas” difundidas por “los malos”, también sería criticable que se emplee recursos públicos para hacer campaña por los candidatos oficialistas.

Como he hecho en mis últimos artículos, tras describir el potencial problema que enfrentamos, a continuación mencionaré algunos estándares internacionales en materia de democracia representativa, derechos humanos e igualdad de oportunidades en procesos electorales, que en mi opinión nuestra clase política debería mantener en mente para los próximos días.

Al respecto, es importante destacar en primer lugar la trascendencia que las naciones americanas han otorgado a la democracia representativa, uno de cuyos elementos centrales es la elección popular de quienes ejercen el poder político, como condición indispensable para la plena vigencia de los derechos humanos.

El sistema interamericano ha incorporado una norma expresa en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el artículo 3.d, según el cual la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa, es decir, no basada en un modelo de partido único, en el qué todos los espacios de poder sean cooptados por una sola organización erigida alrededor de una sola persona, como lamentablemente parece estar ocurriendo en nuestro país.

El riesgo de que nos allanemos a un modelo de partido único, que no es en realidad una democracia, pues no reconoce la participación, ni siquiera la existencia de las minorías, es que, como ya empezamos a percibir, progresivamente nuestros derechos humanos desaparezcan.

La Asamblea General de la OEA se ha referido en numerosas oportunidades a la relación entre democracia representativa y derechos humanos, enfatizando la necesidad del ejercicio de los derechos políticos a fin de elegir a las autoridades del gobierno.  Por ejemplo, en la Resolución 837 (XVI-0/86), adoptada por la Asamblea General, se reafirmó,

[e]l derecho inalienable de todos los pueblos americanos a elegir libremente un sistema político, económico y social sin injerencias externas, por medio de un auténtico proceso democrático, en un régimen de justicia social, en el que todos los sectores de la ciudadanía gocen de las garantías necesarias para participar libre y efectivamente.

Al adoptar la Carta Democrática Interamericana los Estados de la región establecieron que,

[l]os pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

[…]

[s]on elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos

[…]

[l]a participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia[2].

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana” o “la Corte”) ha declarado que,

[l]a democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte. Es un “principio” reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano. El régimen mismo de la Convención reconoce expresamente los derechos políticos (art. 23), que son de aquellos que, en los términos del artículo 27, no se pueden suspender, lo que es indicativo de la fuerza que ellos tienen en dicho sistema[3].

En el mismo sentido, dicho tribunal ha agregado que los derechos políticos protegidos en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales[4], propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político[5].

Las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos que garantizan los derechos políticos, incluido el artículo 23 de la Convención Americana, deben ser interpretadas y aplicadas de manera de dar efecto significativo al ejercicio de la democracia representativa en este hemisferio[6].

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no es extraño que la elaboración jurídica hemisférica haya insistido en la existencia de una relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos así definidos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado, lo cual a su vez supone la vigencia de otros derechos humanos fundamentales. En efecto, como ha dicho la Comisión, el concepto de democracia representativa se asienta sobre el principio de que el pueblo es el titular de la soberanía política y en ejercicio de esta soberanía elige a sus representantes para que ejerzan el poder político. Estos representantes, además, son elegidos por los ciudadanos para aplicar medidas políticas determinadas, lo cual a su vez implica que haya existido un amplio debate sobre la naturaleza de las políticas a aplicar –libertad de expresión– entre grupos políticos organizados –libertad de asociación– que han tenido la oportunidad de expresarse y reunirse públicamente –libertad de reunión–[7].

La misma Comisión Interamericana ha sostenido que el derecho a elegir y ser elegido en elecciones abiertas, realizadas por sufragio universal e igual, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores (artículo 23.1.b de la Convención Americana), cumple en la democracia representativa una función legitimadora esencial de la autoridad política.  Por ello, el vínculo entre electores y elegidos y la autenticidad de la representación sólo pueden lograrse a través de mecanismos que aseguren la más libre y amplia participación[8].

A su vez, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido que

[l]a realización efectiva del derecho y la posibilidad de presentarse a cargos electivos garantiza que todas las personas con derecho de voto puedan elegir entre distintos candidatos. […] Nadie debe ser objeto de discriminación ni sufrir desventajas de ningún tipo a causa de su candidatura[9].

En el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el artículo 3 del Protocolo 1 al Convenio Europeo establece el deber de los Estados partes “de sostener elecciones libres a intervalos razonables por votación secreta bajo condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión de las personas en la selección de la legislatura”[10].

El propósito declarado del régimen, de ocupar todos los espacios del poder público, es contrario a los principios de la democracia representativa, y subestima al pueblo ecuatoriano al pretender decirle qué es lo que le conviene, en lugar de permitirle elegir, aún a riesgo de que se equivoque. Si nuestra vocación realmente es democrática, no hay que promover el borreguismo, sino la reflexión en la toma de decisiones.

La otra cuestión delicada que ocupa titulares en días recientes, es el supuesto uso de recursos públicos –el avión presidencial por ejemplo– para promover ciertas candidaturas. En este sentido, refiriéndose al derecho a la participación política consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Unión Interparlamentaria ha efectuado el siguiente pronunciamiento:

[e]l elemento fundamental en el ejercicio de la democracia es la celebración de elecciones libres y auténticas, en intervalos periódicos, que permitan la expresión de la voluntad popular. Estas elecciones deben celebrarse sobre la base del sufragio universal, igual y secreto, de manera que todos los electores puedan escoger sus representantes en condiciones de igualdad, apertura y transparencia que estimulen la competencia política[11].

La participación política mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello[12]. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o designación[13].

Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que “es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación”[14] y que “[…] la participación en los asuntos públicos de organizaciones […] es esencial para garantizar la expresión política legítima y necesaria cuando se trate de grupos de ciudadanos que de otra forma podrían quedar excluidos de esa participación, con lo que ello significa”[15].

Asimismo, la Corte Interamericana ha señalado que

El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos[16].

No se puede negar que los Estados tienen la potestad de hacer ciertas distinciones de trato siempre y cuando éstas estén plenamente justificadas, y tengan su base en un interés legítimo de la sociedad. Que un candidato tenga ventaja en la campaña sobre otro, no parece ser uno de tales intereses legítimos.

Al respecto, la Corte Interamericana estableció que

[n]o habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas.  De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana[17].

En resumen, la “consolidación” de esta “leyenda”, parafraseando al Presidente, puede ser un propósito muy loable, pero las exigencias de una sociedad democrática impiden aplicar un modelo maquiavélico para alcanzar tal propósito. La filosofía que debería orientar la actuación de nuestro Gobierno –digo nuestro porque es de todos los ecuatorianos, hayamos votado o no por quienes lo integran– y en general de nuestra clase política, es aquella que propone, “que gane el mejor”, eso sí, sin prebendas ni ventajas.


[1] Véase al respecto el enlace ciudadano 356, transmitido desde Babahoyo, Provincia de Los Ríos, el sábado 11 de enero de 2014.

[2] Carta Democrática Interamericana, Lima, 11 de septiembre del 2001, fragmentos de los Artículos 1, 3 y 6.

[3] Corte I.D.H., La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 34.

[4] Algunos de estos instrumentos internacionales son: Carta Democrática Interamericana (artículos 2, 3 y 6); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XX); Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 21); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5.c); Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (artículo 42); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 7); Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (artículos I, II y III); Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 6); Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (artículos 2 y 3); Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales (artículo 6); Proclamación de Teherán, Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán, 13 de mayo de 1968 (párr. 5); Declaración y Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 14 a 25 de junio de 1993 (I.8, I.18, I.20, II.B.2.27); Protocolo No. 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 3); y Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos “Carta de Banjul” (artículo 13).

[5] Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 192.

[6] Véase, CIDH, Informe 98/03, Caso No. 11.204, Statehood Solidarity Committee, Estados Unidos, 29 de diciembre de 2003, párr. 95.

[7] CIDH, Informe 137/99, Caso No. 11.683, Andrés Aylwin Azócar y Otros, Chile, 27 de diciembre de 1999, párr. 35.

[8] CIDH, Informe 137/99, Caso No. 11.683, Andrés Aylwin Azócar y Otros, Chile, 27 de diciembre de 1999, párr. 95.

[9] H.R.C., Observación General No. 25, Derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Aprobado por el Comité en su 1510ª sesión (57º período de sesiones) el 12 de julio de 1996, párr. 15.

[10] Véase en general, ECHR, Mathieu-Mohin and Clerfaurt v. Belgium, Ser. A N° 113; Gitonas v. Greece, Sentencia del 1ro de julio de 1997, 1997-IV.

[11] Universal Declaration on Democracy, párr. 12, Inter-Parlamentary Union. Cairo, Sept 1997, in Positions Regarding Human Rights Issues. I-PU.Geneva 1998, pág. 42.

[12] Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 199.

[13] Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 200.

[14] Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 195.

[15] Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 217.

[16] Corte I.D.H., Caso Castañeda Gutman. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 147.

[17] Opinión Consultiva OC-4/84, Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización, párr. 57.

“Cuánta doble moral!!!” Garantías de debido proceso en clave de revolución ciudadana

Por Juan Pablo Albán Alencastro

A pocos días de cumplirse seis años del inicio de esta “revolución”, cuyo carácter “ciudadano” es hoy por hoy al menos cuestionable si prestamos algo de atención a los tintes represivos contra la ciudadanía que caracterizan al ejercicio del poder, los ecuatorianos estamos más que acostumbrados a las diatribas que desde las más altas esferas públicas se lanzan contra el “limitadito”, “caretuco” o “gordita horrorosa” de ocasión, cuando tal ser “deleznable” osa opinar, cuestionar o peor aún criticar determinado acto del poder público.  En realidad es curioso que progresivamente estos desfogues de nuestras autoridades nos chocan y sorprenden menos, se han vuelto parte de nuestra cotidianidad.

En los diversos espacios comunicacionales empleados por nuestro gobierno para difundir sus actividades y fustigar a cualquiera, somos bombardeados con un discurso que coadyuva a crear un ambiente de intolerancia y polarización social, incompatible con el deber de prevención[1] de las violaciones a los derechos humanos que incumbe al Estado como parte de su obligación general de garantizar tales derechos[2].

También es notable que cada vez con mayor frecuencia los señalamientos contra los “enemigos” del régimen en esos espacios comunicacionales y en redes sociales, van acompañados de una instigación a los funcionarios del poder judicial –particularmente a la fiscalía– a perseguir a esos “enemigos”, literalmente, hasta las últimas consecuencias, por haber tenido la bajeza de decir algo sobre aquellos a quienes no pudieron ganarles en las urnas –aunque lo que digan se refiera a un asunto de interés público y por ende deba estar sometido al más amplio escrutinio de la sociedad si en realidad pretendemos ser una democracia[3]–.

El problema es que cuando alguno de estos “conspiradores” es señalado como posible sujeto de una eventual investigación y posterior juicio, está automáticamente condenado, no hace falta buscar evidencias, si el poder ejecutivo afirma que es culpable, es culpable, de algo, ya se nos ocurrirá de qué.  No hace falta en consecuencia reconocerle garantía de debido proceso alguna.  Frente a él opera una especie de estado de excepción a medida que suspende sus derechos en forma indefinida.

Lo que pasa es que en algún momento de nuestra historia –y no me refiero a los últimos seis años, sino a mucho antes–, la majestad del poder pasó a ser sinónimo de patente de corso para hacer tabla rasa de las protecciones constitucionales y legales que como ciudadanos nos pertenecen, entre ellas las garantías del debido proceso. A lo largo de nuestra tortuosa vida republicana diversos gobiernos prevalidos del poder que han detentado, legítimo o no, utilizaron los instrumentos del derecho, particularmente penal, para silenciar a opositores y otros sujetos inconvenientes.  Ahora simplemente estamos presenciando más de lo mismo.

El 2 de enero de 2014, mientras conducía mi vehículo para ir al encuentro de mi esposa y mi hija, cambiando aleatoriamente estaciones de radio, de repente escuche el anuncio de que la estación recién sintonizada pasaba a formar parte de una cadena ordenada por la SECOM.  La ocasión, el conversatorio habitual que el Presidente de la República mantiene con medios de comunicación –la mayor parte de ellos públicos, he de decir–; el tema central, la “diligencia urgente” de allanamiento practicada a altas horas de la noche el pasado 27 de diciembre de 2013 por la fiscalía y un grupo élite de la Policía Nacional al domicilio de un asesor legislativo, bajo sospecha de que al más puro estilo James Bond, dicha persona y el asambleísta al que asesora –cuya oficina también fue allanada con una sui generis autorización de la Presidenta de la Asamblea Nacional– lograron penetrar el sistema informático de la Presidencia, desencriptar varios mensajes electrónicos y bajarlos a sus computadores y celulares, como quien descarga una fotografía de flickr o un mp3 de iTunes.

El Primer Mandatario estaba acompañado en el conversatorio por el Asesor Jurídico de la Presidencia –obviamente Abogado de profesión –, quien con gran vehemencia se auto ungió como “víctima” de un gravísimo delito de hackeo y divulgación de información privada, para luego cuando el Presidente le pidió que explique cómo y dónde está tipificado tal delito, titubear y dar una respuesta sospechosa, o al menos a mí, que enseño derecho penal y ejerzo habitualmente en el ámbito penal, no me quedó nada claro de qué se va a acusar a estas dos personas.

Los señalamientos por supuesto espionaje estuvieron acompañados de los descalificativos usuales y las alusiones ordinarias a la “doble moral” de los “culpables”. Tampoco faltaron las indirectas y directas a los funcionarios de la justicia para apretar el paso frente a las “pruebas contundentes” encontradas en los allanamientos.

Que no se malentienda. Si efectivamente uno o más individuos logran violentar los sofisticados sistemas de seguridad de las redes informáticas de las entidades estatales, pese a todo el esfuerzo, tecnología y dinero invertidos no sólo en garantizar la integridad de tales sistemas, sino también para espiarnos a los ciudadanos comunes y corrientes; y peor todavía, logran sustraer información, es innegable que tal hecho debe investigarse y eventualmente sancionarse, pero debe investigarse siguiendo las disposiciones constitucionales, legales e internacionales vigentes en nuestro país. Resulta criticable que el poder ejecutivo pueda girar ordenes sobre cómo, cuándo y a quienes se investigue, en modalidad acelerada, excepcional y arbitraria propia de un Estado distópico.

Desde mi punto de vista esta vez además resulta inaceptable, que tanto el Presidente como su Asesor Jurídico trataran de justificar la difusión pública en cadena de radio y televisión, de imágenes de la diligencia y supuestos contenidos de la evidencia encontrada, cuando al momento lo que se adelanta, según el propio fiscal que ejecutó la “incursión táctica” –ese fue el calificativo empleado para no decir allanamiento–, es una indagación previa[4], de carácter reservado conforme a lo que dispone el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal, es decir, no podía ser objeto de programas radiales o televisivos, ni siquiera a título de que quienes difundieron tal información e imágenes en violación de la Constitución y la ley son las “víctimas”.

Aunque tengo muy claro que “estándares internacionales de derechos humanos” es mala palabra, y a riesgo de pasar a engrosar las filas de los “limitaditos”, “caretucos” y “gorditos horrorosos”, creo que es mi deber resaltar algunos de esos estándares en materia de debido proceso, es decir, ciertas condiciones esenciales para que “un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables”[5], con o sin revolución ciudadana.  No voy a ser exhaustivo, pero mencionaré algunas que a propósito del exabrupto sobre la “culpabilidad” anticipada de Jiménez y Villavicencio deberíamos tener en cuenta:

  • INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO JUDICIAL: El Maestro Hernando Devis Echandía decía que “[u]n Estado donde los jueces sufran la coacción de gobernantes o legisladores, deja de ser un Estado de derecho”[6].

En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido que “las características de imparcialidad e independencia […] deben regir a todo órgano encargado de determinar derechos y obligaciones de las personas”[7].

La Constitución de la República en sus artículos 76.7.k y 168.1 consagra la independencia e imparcialidad como características esenciales de la administración de justicia en el Ecuador y como derecho fundamental de los ciudadanos. En el mismo sentido, los artículos 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que las personas tienen derecho a ser oídas por autoridades independientes e imparciales en la determinación de cualquier asunto que les afecte.

La independencia supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento de los operadores de justicia, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas[8].  Esta condición se puede medir desde un punto de vista funcional y estructural. La independencia funcional o personal se refiere a que los jueces no se encuentren sujetos al control del ejecutivo; mientras que la independencia estructural se refiere a que en el ejercicio de sus funciones, el juez se encuentra sujeto únicamente a la ley y a los dictados de su conciencia[9].

Este tema ha sido tratado ampliamente por la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual ha mencionado, entre los criterios para determinar la independencia de un órgano judicial “la forma de designación de sus miembros[10]” y “sobre si hay o no apariencia de independencia[11].

Por su parte, el Comité del Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Observación general No. 32, determinó que, “[t]oda situación en que las funciones y competencias del poder judicial y del poder ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este último pueda controlar o dirigir al primero es incompatible con el concepto de un tribunal independiente”[12].

Con respecto a la imparcialidad, la Corte Interamericana ha dicho que esta es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio.  Esto permite a su vez, que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática[13].

A su vez, la CIDH ha establecido que el requisito de imparcialidad “exige que el juez o el tribunal no abrigue sesgo real alguno en un caso en particular”[14]. En este mismo sentido, la Corte Interamericana ha establecido que “[l]a imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia”[15]. Esto debe entenderse, en el sentido de que quienes integran los tribunales de justicia no deben tener preferencias, afectos e inclinaciones que puedan poner en duda la objetividad de su decisión en un caso concreto.

En aras de salvaguardar la administración de justicia se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones jurisdiccionales[16].

Sobre esta cuestión, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que para que se cumpla la condición de imparcialidad,

En primer lugar, los jueces no deben permitir que su fallo esté influenciado por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra. En segundo lugar, el tribunal también debe parecer imparcial a un observador razonable[17].

  • ESTADO DE INOCENCIA: Por animadversión que provoque una persona a determinado funcionario público, la simple afirmación por parte de éste sobre la condición de delincuente de aquel no basta para destruir su estado de inocencia.

El artículo 76.2 de la Constitución ecuatoriana establece que “[s]e presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”, reglas similares constan en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos tratados internacionales por los que nuestro país se encuentra obligado.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Observación General No. 13, señaló que:

En virtud de la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda. No puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. Además, la presunción de inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por lo tanto, todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso[18].

A su vez, la Corte Interamericana al referirse a esta garantía de debido proceso ha establecido que:

[…] el artículo 8.2 de la Convención exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal.  Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla[19].  En este sentido, la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada[20].

De su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de fondo del caso Martín de Mejía v. Perú, concluyó que:

La presunción de inocencia se relaciona, en primer lugar, con el ánimo y actitud del juez que debe conocer de la acusación penal. El juez debe abordar la causa sin prejuicios y bajo ninguna circunstancia debe suponer que el acusado es culpable. Por el contrario, su responsabilidad reside en construir la responsabilidad penal de un imputado a partir de la valoración de los elementos de prueba con los que cuenta[21].

También el Tribunal Europeo de Derecho Humanos en su sentencia del caso Allenet de Ribemont v. France estableció que ciertas declaraciones a medios televisivos del Ministro del Interior francés y otros funcionarios públicos afirmando la participación de la víctima en la planificación de un homicidio:

Fueron una clara declaración de culpabilidad que, primero motivó al público a considerarlo culpable y, segundo, prejuzgó el análisis de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes. En consecuencia, se produjo una violación del artículo 6 § 2 [la presunción de inocencia][22].

  • IGUALDAD DE ARMAS: Es decir, el equilibrio que debe existir en todo proceso entre las partes involucradas, a fin de evitar situaciones de inequidad e injusticia. Cuando una de las partes involucradas es el Estado, con el monopolio del poder punitivo y de los mecanismos de recabo de prueba en sus manos, la existencia de tal igualdad es al menos cuestionable, por lo que se debe extremar las precauciones para garantizar una verdadera equidad.

El artículo 76.7.c de nuestra constitución establece que “[e]l derecho a la defensa incluirá las siguientes garantías […] c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”.

El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos empieza señalando que “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia” y al enumerar de manera ejemplificativa las garantías judiciales mínimas en proceso penal establece que “[d]urante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas […]”. El artículo 8.2 de la Convención Americana emplea un lenguaje idéntico.

En su decisión en el caso Wolf v. Panamá, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció que “[e]stos requisitos no se cumplen cuando, como en el presente caso, al acusado se le niega la oportunidad de hallarse presente en las actuaciones judiciales o cuando no puede instruir de forma adecuada a su representante. En particular, el principio de igualdad de posibilidades no se respeta cuando al procesado no se le notifica una acusación debidamente motivada”[23].

En su turno, la Corte Europea de Derechos Humanos ha indicado que en todo proceso deben concurrir los elementos necesarios para “que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos”[24]. En idéntico sentido se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva No. 17[25].

Sobre el alcance del principio de igualdad de armas específicamente en el proceso penal, la Corte Europea ha señalado que es una de las implicaciones del concepto de un juicio justo en virtud del cual cada parte debe tener una oportunidad razonable de presentar su caso bajo condiciones que no la sitúen en una condición de desventaja frente a su oponente[26].

También la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en su decisión en el caso Avocats Sans Frontieres v. Burundi, determinó que,

el derecho al debido proceso involucra el cumplimiento de ciertos criterios objetivos, incluido del derecho a igual tratamiento [… este derecho] especialmente en asuntos penales significa, en primer lugar, que tanto la defensa como la acusación pública deben tener igualdad de oportunidades para preparar y presentar sus argumentos durante el proceso […] Hay una violación del principio de igualdad si las decisiones judiciales o administrativas son aplicadas de manera discriminatoria[27].

  • INFORMACIÓN PREVIA Y DETALLADA DE LOS CARGOS: La afirmación alegre de participación en un hecho criminal, aunque se realice en rueda de prensa o cadena nacional de radio y televisión, no puede considerarse noticia suficiente al investigado sobre los motivos por los cuales se ha instaurado la investigación y eventualmente el proceso penal en su contra. Peor todavía si la pública atribución de responsabilidad, no especifica cual es el hecho que se le endilga ni la norma que sanciona tal hecho.

Nuestra Constitución en su artículo 77.7.a establece que el derecho a la defensa de toda persona incluye “[s]er informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento”.

También los artículos 14 del Pacto de Derechos Civiles y 8 de la Convención Americana consagran como garantía mínima de debido proceso la “comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada”.

La Corte Interamericana ha señalado que el derecho consagrado en el artículo 8.2.b “ordena a las autoridades judiciales competentes a notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por los cuales se le atribuye responsabilidad”[28].  El mismo Tribunal ha resaltado que si no se respeta esta garantía, se conculca el derecho a la defensa del imputado[29].

La Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que el artículo 6.3.a del Convenio Europeo sobre Derechos y Libertades Fundamentales – equivalente al artículo 8.2.b de la Convención Americana – le reconoce al acusado el derecho a ser informado de los motivos de la acusación, entendiendo por ellos, tanto los actos en los cuales se sustenta, como su naturaleza, esto es, la calificación legal de tales actos.  Asimismo ha indicado que la información sobre los motivos y la naturaleza de la acusación debe ser adecuada para permitirle al sindicado preparar su defensa[30].

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Observación General No. 13 resaltó que:

[…] el derecho a ser informado “sin demora” de la acusación exige que la información se proporcione de la manera descrita tan pronto como una autoridad competente formule la acusación.  En opinión del Comité, este derecho debe surgir cuando, en el curso de una investigación, un tribunal o una autoridad del ministerio público decida adoptar medidas procesales contra una persona sospechosa de haber cometido un delito o la designe públicamente como tal.  Las exigencias concretas del apartado a) del párrafo 3 pueden satisfacerse formulando la acusación ya sea verbalmente o por escrito, siempre que en la información se indique tanto la ley como los supuestos hechos en que se basa[31].

  • DEFENSA ADECUADA: Las personas señaladas como presuntos responsables de la comisión de un delito deben contar con las más amplias facilidades para defenderse y demostrar su inocencia, incluida la posibilidad de realizar pedidos probatorios y argumentos propios en todas las etapas de la investigación y el proceso penal; ser asistidos por un defensor de confianza; contar con suficiente tiempo para organizar una estrategia de defensa; acceder a todas las actuaciones y documentos relacionados con la investigación y el proceso penal; etc.

Tanto la Constitución ecuatoriana en su artículo 76.7, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.3 y la Convención Americana en su artículo 8.2 reconocen una serie de prerrogativas tendientes a asegurar la adecuada defensa de las personas, particularmente aquellas involucradas en procesos penales.

En ese sentido, la Corte Interamericana ha considerado que “[i]mpedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada”[32].

El Comité de Derechos Humanos de la ONU estableció en su Observación General No. 13 que

[e]l apartado b) del párrafo 3 dispone que el acusado debe disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y poder comunicarse con un defensor de su elección.  Lo que constituye un “tiempo adecuado” depende de las circunstancias de cada caso, pero los medios deben incluir el acceso a los documentos y demás testimonios que el acusado necesite para preparar su defensa, así como la oportunidad de contratar a un abogado y de comunicarse con éste[33].

El acusado o su abogado deben tener el derecho de actuar diligentemente y sin temor, valiéndose de todos los medios de defensa disponibles, así como el derecho a impugnar el desarrollo de las actuaciones si consideran que son injustas[34].

El acusado tendrá derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo[35].

El mismo organismo, en su Observación General 32 ha determinado que “El que se disponga o no de asistencia letrada determina con frecuencia que una persona pueda tener o no tener acceso a las actuaciones judiciales pertinentes o participar en ellas de un modo válido”[36].

La CIDH ha establecido que los actos en los cuales el sujeto investigado comparece sin asistencia de abogado a un interrogatorio basado en un expediente que desconoce, sin saber qué hechos criminales se le imputan, no constituyen el ejercicio del derecho a ser oído por las autoridades de justicia, consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana[37].  En palabras de la CIDH, oír a una persona investigada implica permitir que se defienda con propiedad, asistida por abogado, con conocimiento de todos los elementos que puedan obrar en su contra en el expediente; oírle es permitir su presencia en los interrogatorios de testigos que puedan declarar en su contra, permitirle tacharlos, contra interrogarlos con el fin de desvirtuar sus declaraciones incriminatorias por contradictorias o por falsas; oír a un procesado es darle la oportunidad de desconocer, de restar valor a los documentos que se pretenden utilizar en su contra[38].

En este sentido es necesario resaltar que no es suficiente la posibilidad de defensa una vez que se ha iniciado el proceso penal, pues el derecho de defensa debe garantizarse desde el momento mismo en que una persona es señalada de haber cometido un delito y, por lo tanto, las actuaciones investigativas puedan culminar con medidas procesales en su perjuicio. En las primeras diligencias deben concurrir “las máximas garantías procesales para salvaguardar el derecho a defenderse”[39].

En conclusión, no está mal investigar la comisión de delitos, no está mal sancionar esos delitos, y hasta podría discutirse si en realidad está mal combatir a los opositores valiéndose cuando sea legítimo de las herramientas que franquea el ordenamiento jurídico. Lo que definitivamente está mal es atropellar a placer los derechos más elementales del debido proceso, particularmente los de nuestros enemigos, porque la sensación que queda no es de justicia sino de ignominia, y eventualmente alguien pudiera señalarnos diciendo: “Cuánta doble moral!!!”.


[1] El deber de prevención incluye las medidas de cualquier carácter necesarias para promover la salvaguarda de los derechos humanos y evitar que las eventuales violaciones de los mismos no sean consideradas hechos ilícitos susceptibles de ser sancionados, así como la obligación de reparar a las víctimas por las consecuencias negativas de la violación de sus derechos.

[2] Véase al respecto, Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4.

[3] Al respecto, en su sentencia en el caso Kimel v. Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue categórica en señalar que “El control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. Tales son las demandas del pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público. Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 87.

[4] Véase al respecto la entrevista realizada al fiscal José Luis Jaramillo de la Unidad de Descubrimiento de Autores, Cómplices y Encubridores , disponible en el siguiente enlace: http://www.elcomercio.com/politica/Allanamiento-CleverJimenez-FernadoVillavicencio-casas-dos-visiones_0_1057694320.html

[5] Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre  de 2003. Serie A No. 18, párr. 121.

[6] DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Segunda Edición. Temis. Bogotá. 2009.

[7] Corte I.D.H. Caso Vélez Loor. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 108.

[8] Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 75.

[9] Véase en este sentido, Informe de la Comisión de Juristas Internacionales sobre la Administración de Justicia en el Perú, noviembre de 1993. Véase también, Corte I.D.H. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”). Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182.

[10] ECHR. Case of Campbell and Fell v. UK, Judgment of 28 June 1984, Series A No. 80, párr. 78.

[11] Idem.

[12] U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007), párr. 19.

[13] Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107; párr. 171.

[14] CIDH, Informe Sobre Terrorismo y Derechos Humanos 2002, OEA/Ser.L/V/ll.116 Doc. 5 rev. 1 corr. 22 octubre 2002; Capítulo III; D.1.b, párr. 229.

[15]  Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr.146.

[16] Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 147.

[17] U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007), párr. 21.

[18] U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 (1984), párr. 7. Véase en igual sentido la decisión del Comité de Derechos Humanos en relación con la Comunicación 770/1997, caso Gridin v. Rusia, U.N. Doc. CCPR/C/69/D/770/1997 (2000).

[19] Corte I.D.H., Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 120.

[20] Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 77.

[21] CIDH. Informe No. 5/96, Caso 10.970, Raquel Martin de Mejía v. Perú, 1 de marzo de 1996.

[22] ECHR. Case of Allenet de Ribemont v. France. Application 15175/89. Judgment of 10 February 1995.

[23] Dieter Wolf v. Panama, Comunicación No. 289/1988, U.N. Doc. CCPR/C/44/D/289/1988, párr. 6.6.

[24] ECHR. Laukkanen and Manninen v. Finland, Nº. 50230/99, § 34, 3 February 2004; Edwards and Lewis v. the United Kingdom, nos. 39647/98 and 40461/98, § 52, 22 July 2003; Öcalan v. Turkey, no. 46221/99, § 146, 12 March 2003.

[25] Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 132.

[26] ECHR. Öçalan v. Turkey. 46221/99, 12 March 2003, párr. 140.

[27] ACHPR. Case of Avocats Sans Frontieres v. Burundi. Communication 231/99. paras. 26 and 27.

[28] Corte I.D.H., Caso Barreto Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206; Corte I.D.H., Caso López Álvarez. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 149; Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne.  Sentencia de 22 de noviembre de 2005.  Serie C No. 135, párr. 225; Corte I.D.H., Caso Acosta Calderón.  Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 118; y Corte I.D.H., Caso Tibi.  Sentencia de 7 de septiembre de 2004.  Serie C No. 114, párr. 187.

[29] Corte I.D.H., Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 187.

[30] ECHR. Case of Ayçoban and others v. Turkey. Judgement of 22 December 2005, párr. 21.

[31] U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 (1984), párr. 8.

[32] Corte I.D.H. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 154.

[33] U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 (1984), párr. 9.

[34] U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 (1984), párr. 11.

[35] U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 (1984), párr. 12.

[36] U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007), párr. 10.

[37] CIDH, Informe N°50/00, Caso N° 11.298, Reinaldo Figueredo Planchart.  Venezuela, 13 de  abril de 2000, párr. 112.

[38] CIDH, Informe N°50/00, Caso N° 11.298,, Reinaldo Figueredo Planchart.  Venezuela, 13 de abril de 2000, párr. 112.

[39] Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005.  Serie C No. 135, párr. 174.