Malas noticias revolucionarios, la patria no se fundó recién…

Por Juan Pablo Albán Alencastro

A lo largo de estos ocho años y fracción los ecuatorianos hemos escuchado hasta el cansancio la cantaleta del antes y el después.  En ese Ecuador imaginario de la revolución ciudadana, hasta el 15 de enero de 2007 en nuestro territorio sólo había un agregado inorgánico de individuos en estado primitivo, sin propósitos, sin ideas, sin instituciones, sin infraestructura y sobre todo sin guía.  Pero por fortuna, dicen ellos, un grupo de valientes y desinteresados hombres y mujeres decidieron inmolarse por nosotros y salvarnos, llegaron para fundar la patria –a esta altura más bien me temo que llegaron a fundirla–.  Ahora les debemos respetuoso silencio, sumisión y hasta cierto punto devoción, como en un mal remake de alguna historia bíblica.

Nos afirman de manera constante que todo lo que ha hecho la revolución es innovador, que nada de lo anterior servía, que hemos evolucionado como sociedad y que, aparentemente, estamos en vías de transformarnos en una especie de súper potencia del buen vivir.  Para alcanzar tal objetivo bastará con perennizar en el poder a Rafael Correa; abstenernos de criticar los malos manejos públicos y en general de pensar por nosotros mismos; sacar cuanto tengamos en los bolsillos para mantener un aparato burocrático que sufre de obesidad mórbida; y aceptar todo disparate de nuestras autoridades, sea el establecimiento de YachayTech o la planificación familiar a partir de los postulados del opus dei.

Yo he llegado a la conclusión que quienes manejan esta línea discursiva no la repiten simplemente con el ánimo de preservar sus empleos o pequeños feudos –su pedacito de la troncha como decíamos antes de que se funde la patria–, sino porque en efecto se han convencido a fuerza de repetir la cantaleta del antes y el después que en el comienzo todo era obscuridad y nada existía.  A pesar que quienes ostentan funciones públicas en la actualidad en su mayoría son ciudadanos nacidos entre los 60 y los 90, como buenos ecuatorianos padecen dos males endémicos: la desmemoria y la ceguera selectiva.

Lo malo no es que ellos se hayan convencido que recién fundaron la patria.  Lo malo es que con el mismo dejo autoritario del primer funcionario del Estado –la prepotencia es altamente contagiosa– traten no de convencernos sino de obligarnos a aceptar a los demás, que no teníamos patria, que ellos recién nos dieron una.  En tal cruzada están dispuestos a hacerse de la vista gorda frente a los más patentes atropellos, a mentir descaradamente y a sacar de contexto lo que digan los demás.  Jamás aceptarían la posibilidad de estar equivocados, más bien se enfurecen para evitar un diálogo civilizado que implique reconocer que el interlocutor “aunque no tenga razón tiene razones, hay que escucharlas todas”, como dice el poeta Machado.

Para ilustrar lo que afirmo voy a utilizar como ejemplo algo ocurrido esta misma mañana.

Por gentil invitación del Instituto de Altos Estudios Nacionales tuve la oportunidad de asistir al Taller interinstitucional sobre propuestas para la justiciabilidad de los delitos de odio y discriminación en el Ecuador, organizado en el marco de las actividades por el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2013.  Los propósitos declarados de la actividad eran debatir las estrategias para “hacer justiciables los artículos 176 y 177 del Código Integral Penal referidos a los delitos de discriminación y delitos de odio” y proponer mecanismos de formación para que los operadores de justicia “puedan tener mejor capacidad para la justiciabilidad de los delitos de discriminación y de odio”.  Los invitados provenían de entidades públicas, organizaciones de sociedad civil y la academia

En sus exposiciones, los representantes de diversas instituciones públicas (todas ellas con algún tipo de competencia en materia de justicia) explicaron el antes y el después de la lucha contra la discriminación racial en el Ecuador.  En ciertos casos como el de la Defensoría del Pueblo, exponiendo los resultados de un trabajo importante –eso es innegable– de documentación de situaciones particulares de discriminación y como tales investigaciones defensoriales han sido el antecedente de procesos penales; en otros casos, alardeando de los nuevos criterios de selección de la meritrocracia; y hasta hubo el que presentó como importante innovación la creación de una página de internet del Ministerio respectivo, donde los ciudadanos pueden encontrar los textos de tratados de derechos humanos ratificados por el Ecuador – textos que antes que se fundara la patria ya estaban disponibles en centenares de páginas de internet de entidades académicas, de la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales–.

En estricto cumplimiento de la estrategia marketera del antes y el después, un Subsecretario de Estado afirmó con vehemencia que recién tras la adopción del Código Orgánico Integral Penal –osea el año pasado– existen en Ecuador instrumentos normativos adecuados y un debate a nivel social para el castigo de las prácticas indeseables de la discriminación y los delitos de odio.  Tal aseveración, aunque provenga de un viceministro, es falsa y así lo hice notar durante mi turno en el micrófono, de manera por demás respetuosa. La incorporación al Código Penal ecuatoriano de un capítulo relativo a los Delitos de Odio Racial data de febrero de 1979 y tuvo como antecedente la necesidad de cumplir compromisos internacionales adquiridos con ocasión de la adopción de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial CERD, vigente desde enero de 1969. Es más, ya la Constitución de 1945 en su artículo 141, numeral 2, último inciso declaraba “punible toda discriminación lesiva a la dignidad humana, por motivos de clase, sexo, raza u otro cualquiera”.  Quienes estudiamos derecho en el Ecuador tenemos muy claro que en general el problema no es la falta de leyes, las hay para todo, no para todos. En cuanto al debate social sobre la necesidad de castigar estas conductas, data de la década de los 80 como evidencian una serie de estudios realizados por entidades académicas como FLACSO.

Otra funcionaria –a quien conozco desde que ingresó a primer año de derecho a mediados de los 90– se tomó a título personal un comentario que hice durante mi presentación sobre la insuficiencia para garantizar una adecuada actuación de la justicia en estos casos, de organizar cursitos –ya sé, mi elección de palabras fue pobre– de tres horas y asumir que en ese lapso de tiempo podremos más allá de brindar aburrida información técnica sobre experiencias comparadas, transformar la idiosincrasia del participante, despojarle de sus prejuicios, superar las posibles deficiencias de su formación y cultura jurídica –deficiencias que, aceptémoslo, en el Ecuador son una constante– y en definitiva sensibilizarlo para que se convierta en adalid de la lucha contra el problema estructural de discriminación racial que aqueja a nuestra sociedad.

Ambos reaccionaron como era previsible.  Se ofuscaron frente a comentarios cuyo propósito era simplemente evidenciar que no estamos mirando al problema de fondo, escucharon lo que quisieron y se fueron por la tangente. El primero de los nombrados –según supe por comentarios de asistentes–, luego que me retiré del evento pidió la palabra para insistir en sus afirmaciones sobre el antes y el después y lamentó que yo no estuviera presente para escuchar tal respuesta.  La segunda, mientras yo todavía estaba en la sala, pidió el micrófono para increparme por desconocer las maravillosas transformaciones en el modelo de selección y de formación de los operadores de justicia tras la fundación de la patria, sosteniendo que en otros tiempos la capacitación era insuficiente, ahora no.

Ahora bien, confrontemos el antes y el después, porque ahora –recién– estamos luchando contra la discriminación racial en el Ecuador, así que los cambios sin duda serán notorios:

ANTES:

  • Entre 1984 y 2004 el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas, en sus observaciones finales a los informes periódicos de Ecuador criticó duramente que pese a la existencia de un tipo penal específico de delito de discriminación racial y a la existencia de patrones culturales discriminatorios muy arraigados en el país, no se haya entablado proceso alguno para castigar actos concretos de discriminación racial.
  • Entre el 8 de febrero de 1979 y el 14 de enero de 2007 en el Ecuador ninguna persona fue sancionada como autor de delito de discriminación racial.
  • Pese a la adopción de políticas públicas tendientes al reconocimiento de la igualdad y la erradicación la discriminación a partir de 1978, hasta el 14 de enero de 2007, los organismos de supervisión internacional en materia de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana seguían señalando la existencia de un problema estructural de discriminación y su agravamiento por la inactividad estatal.

DESPUES:

  • En sus observaciones finales de los años 2008 y 2012 a los informes periódicos del Ecuador, el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas, criticó duramente al Estado por la ausencia de condenas penales por actos de discriminación, pese a las evidentes prácticas discriminatorias aún existentes en el país. La misma crítica fue formulada en 2010 por el Grupo de Trabajo de Expertos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes tras su visita al Ecuador de junio de 2009.
  • Entre el 15 de enero de 2007 y el 12 de agosto de 2015 en el Ecuador ninguna persona fue sancionada como autor de delito de discriminación o delito de odio por motivos raciales. En el primer caso que llegó a juicio en 2013 –el famoso caso Arce por discriminación racial en la Escuela de Oficiales del Ejército– los tribunales de primera y segunda instancia absolvieron al acusado y si bien la decisión tomada el pasado 9 de junio por la Corte Nacional declarando que los jueces inferiores violaron la tutela judicial efectiva al no examinar el asunto con un enfoque de derechos humanos y desde una perspectiva sociológica que considere los patrones de discriminación existentes en Ecuador, puede ser un pequeño avance, todavía no hay una condena.
  • Pese a la adopción el 28 de septiembre de 2009 del Decreto 60, Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural, los organismos de supervisión internacional en materia de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana continúan –lo hicieron esta misma mañana en el taller– señalando la existencia de un problema estructural de discriminación y la falta de implementación de la política pública en este ámbito.

Totalmente distinto ¿no?, antes no se hacía nada para sancionar la discriminación, ahora…

En mi muy modesto entender, la aplicación efectiva de sanciones penales frente a los delitos de discriminación y de odio –aparte de revisar la mala construcción de los tipos incluidos en el COIP– exige en primer lugar una voluntad política en todos los ámbitos del poder público para reconocer el problema estructural de discriminación que padecemos; una dotación de recursos adecuados a los entes de investigación; una sensibilización –más allá de capacitación– que permita superar ciertas percepciones y estereotipos arraigados en nuestra sociedad –de la que son parte los operadores de justicia– sobre los indígenas, los afros, las mujeres, los LGTBI, los discapacitados, etc.; un involucramiento mayor de la sociedad civil en el monitoreo y denuncia de estas situaciones; un empoderamiento de las potenciales víctimas para que sepan que hacer y a quien acudir cuando son discriminados; una observancia adecuada de los estándares internacionales sobre la investigación de este tipo de delitos fijados en la Observación General XXXI de CERD y en la jurisprudencia de las Cortes Europea e Interamericana; una educación para el reconocimiento de la diversidad en todos los niveles y en los hogares; sistemas de alerta temprana sobre conductas que pudieran derivar en la comisión de delitos de discriminación o de odio; la pública divulgación de los resultados de los procesos penales como mecanismo de alerta social y prevención; y el cumplimiento del estándar de debida diligencia en la investigación es decir, que se inicie de oficio, en forma inmediata, que se complete en un plazo razonable, siguiendo las líneas de investigación adecuadas y practicando ciertas diligencias en forma obligatoria atendiendo a la naturaleza de estos casos.  Lo anterior debería complementarse con la inclusión obligatoria en el pénsum de estudios de las facultades de jurisprudencia del país de una materia de introducción a los derechos humanos y como observaban los talleristas esta mañana al menos seminarios para sensibilizar a los jóvenes universitarios frente a los problemas tan reales de discriminación que aún tenemos.

Todo eso también lo dije esta mañana, muy pocos captaron la idea, el resto se quedaron resentidos.

En fin, les tengo pésimas noticias a los revolucionarios:

  1. Si voluntariamente aceptaron la función pública deben estar dispuestos a aceptar también la crítica, inclusive aquella que puedan considerar irritante u ofensiva, porque en cuestiones de interés público el control ciudadano de las instituciones democráticas, particularmente en regímenes como el actual que se resisten a dar cuenta de sus metidas de pata, pasa justamente por la confrontación de los planteamientos oficiales para establecer hasta qué punto son realidad.
  2. La patria no se fundó en 2007, ya existía.  De hecho, hace ya un buen rato muchos ciudadanos están empeñados, ahora si, en tratar de salvarla de sus malos manejos.
  3. Ustedes no son los grandes innovadores que afirman, no inventaron el agua tibia. El Ecuador no cambió –como de manera rimbombante propone la publicidad gubernamental–, está igualito, con los mismos defectos sistémicos, más polarizado y entrando a una recesión que amenaza con dejarnos en muy malas condiciones, pero nuestras taras culturales, nuestra inoperancia judicial, nuestros prejuicios, nuestro miedo al diferente, nuestro machismo, nuestro racismo, nuestra prepotencia, etc., etc., etc., se mantienen incólumes, como demuestran las propias actitudes del primer ciudadano del país.
  4. Quienes criticamos lo que estaba mal antes de 2007 y sigue mal en 2015 –con la esperanza que algún día se corrija– no tenemos interés ni necesidad de caerles bien, pueden ofuscarse cuanto quieran, la realidad con o sin su enojo sigue siendo la misma: no hemos superado nuestros problemas estructurales como la discriminación, lo que hemos tenido en estos ocho años y medio es un dispendio irracional de los recursos extra que generó temporalmente nuestro primer producto de exportación, para introducir una serie de arreglos meramente cosméticos, una sensación de prosperidad, un cascarón hueco –a punto de romperse– que les permite vanagloriarse que nunca estuvimos mejor, pero eso a esta altura ya es “mentira comprobada”, sino pregúntenle al pueblo ecuatoriano mañana 13 de agosto en las calles.
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