¿Esto es justicia?

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Pocas semanas atrás asumí la defensa del Dr. Carlos Julio López Ayala, un reconocido cirujano quiteño, certificado desde hace años como instructor del Programa Avanzado de Apoyo Vital en Trauma para Médicos (ATLS por sus siglas en inglés) del Colegio Americano de Cirujanos, uno de los estándares más elevados de atención de emergencia en el mundo según ha reconocido la propia Organización Mundial de la Salud en su informe denominado Guidelines for essential trauma care.  Carlos está condenado y espera estoicamente que el atropello judicial en su contra se materialice con el injusto encarcelamiento tras un juicio penal que fue todo, menos un debido proceso.

La odisea de Carlos empezó a las 20H41 del 12 de septiembre de 2009, cuando recibió en su teléfono celular una llamada de la central telefónica del Hospital de Clínicas Pichincha, de cuyo cuadro de llamada –listado de médicos a disposición para atender situaciones que requieren especialistas– formaba parte, solicitando su presencia como cirujano para atender a una paciente que había ingresado por sala de emergencias con una herida de proyectil de arma de fuego.  Carlos no era el primer cirujano de la lista, era el tercero, los dos primeros no respondieron al llamado el uno por estar fuera de la ciudad, el otro por tener apagado su celular.  Él, fiel a su juramento hipocrático acudió a toda prisa a la casa de salud llegando tan solo cinco minutos después de recibir la llamada.  A las 20H50 ya se encontraba en la sala de emergencias junto a la víctima, una joven vulcanóloga francesa, asaltada al salir de su casa en el sector de Guapulo, trasladada inicialmente por paramédicos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito a otros centros de salud públicos y privados que se rehusaron a recibirla, e ingresada a las 20H09 a la Clínica Pichincha.

Diligente y meticuloso como es, tan pronto llegó al centro de salud Carlos empezó a revisar los exámenes practicados hasta ese momento a la joven percatándose inmediatamente que uno de los pulmones estaba colapsado por hemorragia, hecho que no había sido detectado por los médicos de la sala de emergencias.  A partir de ese momento y en forma ininterrumpida, Carlos atendió a la paciente hasta su fallecimiento al día siguiente como consecuencia de las graves lesiones que afectaron a varios órganos ocasionadas por el proyectil cuyo impacto recibió, principalmente una grave lesión hepática.

Carlos, como hubiera hecho cualquier otro médico en su situación, sin elementos de juicio suficientes para conocer la posible trayectoria interna de la bala y por ende los órganos vitales comprometidos, realizó diversas acciones (colocación de tubos torácicos para permitir una respiración adecuada de la paciente y colocación de una vía de alto flujo en la vena subclavia para permitir una reposición de líquidos, entre otras) tendientes a estabilizar a la paciente –algo indispensable para poder someterla a una cirugía– y dispuso diversos exámenes para establecer un diagnóstico de las lesiones e identificar los posibles daños ocasionados por el proyectil (radiografía de tórax, Eco FAST, y Tomografía Axial Computarizada) que uno a uno fueron descartando una lesión cardíaca y confirmando la lesión hepática que a la postre causó la muerte.

Con la paciente ya estable, unos 40 minutos después de haber empezado a atenderla, aproximadamente a las 21H30 dispuso que sea trasladada a cirugía para tratar la lesión hepática y evitar que se desangre.  Tras la preparación de la paciente y del quirófano, la cirugía empezó a las 22H00, en el curso de la misma la paciente sufrió un paro cardiaco, lo que motivó que Carlos tomara la decisión de abrir la cavidad torácica para dar un masaje directamente en el corazón, recuperando exitosamente el latido.  Recién en ese momento, pues los resultados de los exámenes practicados a la joven no reflejaban tal situación, Carlos descubrió que la bala también había lastimado la aurícula y ventrículo derechos.  De inmediato solicitó que se insista en la presencia del segundo médico del cuadro de llamadas, un cirujano cardiotorácico cuyo buzón de voz había sido la única respuesta recibida por la central telefónica cuando la paciente acababa de ingresar a emergencia.  Esta vez contestó, llegó recién a las 23H05, cuando Carlos ya estaba terminando de suturar la aurícula derecha.  Carlos se dedicó a completar la cirugía abdominal para controlar la lesión del hígado y el otro cirujano a suturar el ventrículo derecho y verificar que no existieran otras lesiones en el área pericárdica.  Lamentablemente y pese a los esfuerzos de Carlos y del resto del equipo médico, la lesión hepática no pudo ser controlada y Charlotte Mazoyer falleció a la 01H15 del 13 de septiembre de 2009.

La noticia se viralizó, no la de la atención dispensada por Carlos y sus esfuerzos por salvar la vida de la víctima en un escenario totalmente adverso en que el índice de supervivencia es ínfimo, sino la de la muerte de la joven por falta de atención médica motivada por no haber presentado una garantía de pago a la clínica, o al menos así es como se le contó a la sociedad ecuatoriana la historia.

Carlos, un cirujano de dilatada trayectoria, respetado, admirado, y claro también envidiado, de repente se encontró en el ojo del huracán.  En un tortuoso proceso en que la fiscalía primero desestimó la denuncia del padre de la paciente, para luego por presiones de autoridades públicas y de funcionarios de la Embajada francesa acusar a Carlos y a otra persona por negativa de atención, finalmente hemos llegado a ese momento en que la injusticia se sacramenta y un inocente termina tras las rejas por haber hecho precisamente lo contrario de aquello por lo que se le acusa.

La norma bajo la cual se condenó a Carlos, el artículo 13 de la Ley de Derechos y Amparo del paciente establece que:

Los responsables de un centro de salud que se negaren a prestar atención a pacientes en estado de emergencia, serán sancionados con prisión de 12 a 18 meses y, en caso de fallecimiento del paciente desatendido [sic], con prisión de 4 a 6 años.

Este tipo penal –la descripción de la conducta prohibida penalmente– incluye dos aspectos notables:  En primer lugar, el autor del delito debe reunir una condición específica, ser el responsable de un centro de salud, cosa que Carlos no era, ni en lo médico ni en lo administrativo.  En segundo lugar, la conducta prohibida por la ley consiste en negar atención, ese es su núcleo, su “verbo rector” como dicen los penalistas.  En ninguna parte del artículo transcrito se puede leer que la conducta castigada consista en prestar atención médica que no satisfaga los gustos del paciente o en este caso de sus abogados.

Se trata entonces de uno de esos delitos que la doctrina llama de omisión propia, es decir en los que un individuo calificado que ostenta una condición o cargo particular –para lo que nos interesa quien tiene a su cargo la dirección o vigilancia de un centro de salud–, omite cumplir una obligación impuesta por la ley –para lo que nos interesa prestar atención a un paciente en situación de emergencia–.

La justicia ecuatoriana en todos sus niveles ha condenado a Carlos Julio López Ayala, quien prestó atención en forma ininterrumpida a Charlotte Mazoyer desde las 20H50 del 12 de septiembre de 2009 hasta las 01H15 del 13 de septiembre de 2009 según está documentado no sólo en la historia clínica sino también en grabaciones de video del circuito cerrado de televisión de la Clínica Pichincha, por el delito de negativa de atención a un paciente en situación de emergencia. Si, leyó bien, lo condenan por negarse a atender tras haber atendido a la víctima cerca de cuatro horas y media, cumpliendo con rigurosidad los parámetros científicos indicados por la lex artis en este tipo de situaciones.

Las acusaciones tanto pública como particular se ocuparon de sembrar en el imaginario colectivo la idea de que Carlos era responsable del centro de salud como líder del equipo médico que atendió a la paciente, pero dado que la propia Ley de Derechos y Amparo del Paciente define en su artículo 1 centro de salud como “una entidad del sistema de servicios de salud pública o privada, establecida conforme a la Ley para prestar a las personas atención de salud integral de tipo ambulatorio y de internamiento […] además, un centro de formación de personal de salud y de investigación científica” y el diccionario de la Real Academia de la Lengua define responsable como “persona que tiene a su cargo la dirección o vigilancia”, queda completamente descartado que el tercer médico cirujano del cuadro de llamadas de una clínica sea ese sujeto calificado, responsable del centro de salud, que exige la ley como autor del delito.  También se ocuparon de desfigurar el tipo penal para empujar a los jueces a concluir que una atención de “mala calidad” es negar atención.  Para este segundo propósito se valieron de informes maliciosos con una carga emotiva inadecuada en un escenario que no debería estar contaminado por subjetividades, un proceso penal.

Los argumentos de acusación incluyeron ridiculizaciones sobre la actuación de Carlos del talante de “se creyó Superman”; falsos señalamientos, como que supuestamente exigió para empezar a actuar que se realice un pago mientras disimulaba su mal proceder colocando “agüitas” a la paciente; y los dichos de un testigo estrella, un cirujano cardiotorácico que con toda la información ex post a su disposición afirmó categóricamente que tan pronto la víctima cruzo la puerta de la clínica debió ser operada del corazón, sin siquiera mencionar la lesión que ocasionó la muerte, la del hígado.  Este testigo estrella era nada más y nada menos que el galeno del teléfono apagado, el que recién asomó a las 23H05.

Cuando ya se cuenta con toda la información es muy fácil para los médicos y sobre todo para los abogados especular sobre el tratamiento más indicado en una determinada situación, distinto es tener que realizar el ejercicio de abducción y descarte de un posible diagnóstico y tomar decisiones sobre la marcha cuando sólo se cuenta con información fragmentada, no conclusiva, como le correspondió a Carlos mientras tenía en frente a Charlotte Mazoyer debatiéndose entre la vida y la muerte.

Más allá de lo anterior, la condena de Carlos Julio López Ayala pone en evidencia varios graves problemas por los que atraviesa nuestro sistema de justicia, entre otros:

  • El poco o nulo rigor de la actuación de fiscalía en casos delicados que se resuelven en las redes sociales antes del juicio o mediante declaraciones de alguna autoridad pública o de agentes diplomáticos de una nación extranjera, como ocurrió en esta ocasión –lo que por cierto implica una violación del derecho a la presunción de inocencia–. Esto a pesar que la fiscalía está obligada constitucional y legalmente a investigar el delito con objetividad, buscando al tiempo pruebas de cargo y de descargo, porque el interés de la sociedad que representa no es llenar las cárceles de gente inocente sino hacer justicia;
  • El menosprecio de los jueces ecuatorianos por el principio de legalidad que determina que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté previsto en la ley como delito, en este caso, brindar atención que no sea del gusto de los abogados del paciente. Al punto de inventar nuevas formas de “negativa” de atención no previstas por el legislador, con tal de producir una condena.  Con este mismo “criterio” jurídico es que reunirse a doblar trípticos en una casa puede constituir tentativa de terrorismo –como en el caso de los 10 de Luluncoto–.  Refiriéndose a este tipo de situaciones, la Corte Interamericana ha señalado en casos como García Asto y Ramírez Rojas v. Perú que: “corresponde al juez, en el momento de la aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por esta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo, de forma tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico”;
  • La inobservancia del principio de congruencia, es decir la necesaria coherencia que debe existir entre la pretensión –pedido– del que acusa, la defensa esgrimida por el acusado, la prueba presentada y la decisión de la justicia. Como ha reconocido la propia Corte Nacional de Justicia, el principio de congruencia “establece en efecto que las personas deben defenderse por los cargos que se les formula, y que la sentencia debe versar conforme el artículo 315 del Código de Procedimiento Penal, sobre esos cargos”.  En el caso de Carlos López, se le acusó de negativa de atención, se defendió de tal acusación, se demostró que si atendió a la paciente y con cuanto esmero lo hizo, y finalmente se lo condenó por una supuesta atención deficiente –mala praxis–;
  • El irrespeto al derecho de defensa, excluyéndose los pedidos de prueba formulados por el acusado sin explicación alguna e impidiendo que los defensores de los acusados desarrollen sus alegatos –mandándolos callar o tratándolos como a niños que se portaron mal– para luego afirmar en las sentencias que no se justificó tal o cual planteamiento;
  • El incumplimiento de la obligación constitucional de motivar toda decisión que provenga del poder público. La jurisprudencia constitucional ecuatoriana ha establecido tres requisitos cuyo verificación permite determinar si una decisión emitida por autoridad pública ha sido motivada o no: razonabilidad, lógica y comprensibilidad. La razonabilidad de una decisión se expresa en la fundamentación sustentada en los principios constitucionales, jurisprudenciales y legales, esto es, en las fuentes que el derecho ofrece para resolver la controversia –lo que no ocurrió en este caso pues justamente la decisión contraviene entre muchas otras normas y principios los artículos 75, 76 numerales 1, 2, 3, 5 y 7 literales a, c, h y l, y 82 de la Constitución de la República, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos–; la lógica hace referencia a la existencia de la debida coherencia entre las premisas y la conclusión y entre esta y la decisión –lo que tampoco ocurrió en este caso pues la premisa planteada por la acusación es que hubo negativa de atención y la conclusión de los jueces es que se atendió “mal”–; en tanto que la comprensibilidad involucra la claridad en el lenguaje utilizado en la redacción de la decisión, con la finalidad de que pueda ser entendida por cualquier ciudadano –la verdad sea dicha, el galimatías jurídico denominado “sentencia” en este caso, no lo entienden ni los jueces que lo escribieron–;
  • La falta de seguridad jurídica en nuestro sistema, pese a que la Constitución la reconoce como un derecho. La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático como se supone que pretende ser el Ecuador requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes se antepongan a la voluntad de las autoridades públicas y en el que exista un control de unas instituciones por otras, es decir, en que exista un Estado de derecho.  En tal sentido, como ha dicho la Corte Constitucional del Ecuador, la seguridad jurídica “[…] proscribe la arbitrariedad […] como mecanismo de defensa que asegura un trato igual de todos los ciudadanos […] frente a los posibles abusos de los órganos del Estado”.  No obstante, las demostraciones del no sometimiento de quienes ejercen potestades de poder público son ya demasiadas y por ende la confianza de los ciudadanos en las actuaciones de los funcionarios públicos va en constante declive.  El proceso penal y la sentencia condenatoria contra Carlos López no son la excepción a esta desafortunada regla, al contrario son la clara demostración de cómo las autoridades judiciales ecuatorianas se desentienden de la ley a placer; y por último lo que tal vez es más grave
  • La ligereza con que nuestras autoridades llamadas a hacer justicia pueden criminalizar actos legítimos como la atención médica de emergencia, ajustados a los estándares científicos de la materia para procurar la recuperación del paciente. Cuando jueces que no estuvieron presentes durante la atención, se dejan impresionar de las especulaciones desarticuladas de fiscales y abogados que creyéndose Superman presumen ser doctos en todos los ámbitos del saber humano incluido el médico y califican la calidad de una atención de emergencia con “solvencia” digna de un premio Nobel de medicina, se arriesgan a equivocarse y cometer una injusticia. En tal sentido, como ha expresado la Corte Constitucional colombiana “[…] la necesidad y urgencia son asuntos primordialmente técnicos que suponen conocimientos científicos, por lo cual el criterio imperante será el del médico tratante, por cuanto se trata de una persona calificada profesionalmente (conocimiento científico-médico), que atiende directamente al paciente (conocimiento específico del caso), en nombre de la entidad que le presta el servicio (competencia para actuar y comprometerla)”. Por lo tanto, el mismo Tribunal señala que los jueces deberán acudir a la opinión del médico tratante como la principal fuente de carácter técnico en un caso concreto, no a la opinión de los abogados del paciente o la de un médico que llegó más de dos horas después de que empezó la atención.  Sobre esta cuestión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso De la Cruz Flores v. Perú determinó que el acto médico –una obligación de medio no de resultado, que no se incumple por el simple hecho de que el paciente no mejore– es un acto esencialmente lícito, cuya prestación es una obligación del médico y, además, la criminalización del mismo implica vulneraciones a la seguridad jurídica y al principio de legalidad.

Dicho todo esto, me pregunto y pregunto a quienes estén leyendo esta reflexión, ¿esto es Justicia?; ¿el país “ya cambio” y es mejor porque hemos condenado a un médico a la cárcel por atender a una paciente gravemente herida de bala y no lograr salvarle la vida?; ¿las expectativas de la sociedad ecuatoriana están satisfechas a través de las decisiones de una administración de justicia que irrespeta y viola el propio orden jurídico llamada a aplicar?; ¿mientras los responsables de actos tan deleznables como la desaparición de personas permanecen en impunidad con el guiño cómplice de cortes que no quieren instalar sus audiencias de juicio, los médicos ecuatorianos deben ir a prisión porque a alguien no le gustó como lo atendieron?

¿Nos cruzamos de brazos y aceptamos que la (in)justicia ya es una práctica diaria?, No.  Damos batalla y no nos rendimos hasta que alguna autoridad en este mismo paisito descubra lo equivocado de la decisión y la revierta, o hasta que algún organismo internacional vuelva a jalarle las orejas al Ecuador por condenar inocentes y no garantizar debido proceso.  Carlos no se ha rendido, yo tampoco pienso hacerlo, y abrigo la esperanza de que hay muchos más igual de “necios” que nosotros.

El precio de ser consecuente

La siguiente es una versión editada de la entrada originalmente publicada el 30 de diciembre de 2015.

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Última entrada al blog en este 2015 que fenece y creo que lo más justo es dedicarla a las vivencias familiares de los dos últimos meses.

Desde el 9 de noviembre de este año la vida en casa ha sido una espiral de emociones fuertes.  Las razones en realidad son muy simples: Siempre he estado dispuesto a hacer bien mi trabajo, a no reparar en las críticas malintencionadas a mis actividades, y a aceptar las consecuencias de las decisiones que tomo en el ejercicio de mi profesión, por dolorosas que resulten.

Que no se malentienda, no tengo vocación de mártir, aunque es muy obvio que tras la muerte de mi hijo Emilio miro la vida de una forma distinta. Al comprender la fragilidad de la condición humana creo haberme vuelto más compasivo con los demás, he aprendido a ponerme en el lugar del otro para entender su sufrimiento, sin mezquindad, con un cariño sincero que me lleva a exponer el prestigio profesional, la integridad personal, y más recientemente la vida, por defender las causas que considero justas.

El oficio que elegí, del cual por cierto me siento muy orgulloso, ordinariamente da para la polémica.  Representar a víctimas de la ignominia estatal implica cuestionar no sólo al poder de turno sino también a los represores del pasado y eso incomoda, incomoda a mucha gente con posiciones e ideas muy diversas.

En la historia ecuatoriana los primeros esfuerzos por convertir en sinónimos “defensor de derechos humanos” y “defensor de criminales” se dieron durante ese periodo fantástico –quimérico– de “reconstrucción nacional” encabezado por un señor que para demostrar su condición democrática asistía armado a la sala de sesiones del Congreso, como si fuera a la guerra.  Aquello ya nos dice mucho de la nula vocación de justicia y compasión por los demás que imperaba en ese momento de nuestra historia, de lo cual hoy ciertos jóvenes se sienten herederos sólo por lo que escucharon durante un café familiar –pues para esas fechas ni habían nacido– o por lo que medio leyeron en alguna loa al tirano de antaño escrita por quienes sacaron provecho de su gobierno.

Esos esfuerzos por descalificar el trabajo de los defensores se han prolongado a través del tiempo, y se han sofisticado.  Hoy “defensor de derechos humanos” ya no es sólo sinónimo de “defensor de criminales” sino también sinónimo de “agente imperialista” o “político de oposición”, con esa visión reduccionista revolucionaria que convierte a todo el que piensa libremente y no se resigna ante la injusticia en “opositor”.  Lo importante en todo caso es que los defensores de derechos humanos carecemos de virtudes, a menos claro está, que defendamos una postura que a los ojos del interlocutor de turno “SI” sea justa.

Con esa cortedad, con esa mezquindad, con esa indolencia es como el ciudadano común y corriente ve los derechos humanos, llegando al extremo de desconocer la condición de seres humanos que tienen los demás cuando “no son sus iguales”.

Yo lamento mucho, pero realmente no entiendo como los que promueven por ejemplo la igualdad de derechos para las personas LGTBI, al tiempo sean capaces de justificar que a alguien le hayan arrancado las uñas, dado corriente en los genitales o violado en grupo por su pertenencia a una minoría disidente, un grupo subversivo.

Tampoco puedo entender a esos funcionarios públicos llamados por la Constitución y las leyes de la República a ser garantes de los derechos de las personas, capaces de justificar los más terribles atropellos o desconocer a través de discursos vehementes y resoluciones arbitrarias que los ciudadanos que no estamos en la función pública tengamos algún tipo de derecho, o al menos una expectativa de no ser avasallados.

De manera recurrente los “buenos ciudadanos” nos convocan a quienes “estamos equivocados” por asumir la defensa de víctimas del abuso del poder, a ponernos en el lugar de quien padeció un secuestro, un robo, un asesinato –cometido en su imaginación por nuestro defendido de ocasión–, pero ellos mismos carecen de eso que Héctor Abad Faciolince llama imaginación literaria en su obra “El olvido que seremos”, esa que permite a las personas ponerse en el lugar del protagonista de un relato y compartir con él sus emociones, como el miedo que siente, por ejemplo, una persona encerrada desnuda en una diminuta celda sin iluminación luego de una sesión de tres horas de tortura, ante la advertencia de “ya regresamos”.

Cuando replicamos a estas “personas de bien” que ya nos hemos puesto en el lugar de una víctima, la de detención ilegal, tortura, desaparición o algo mucho peor, y que precisamente por eso es que decidimos ayudarle a reclamar sus derechos, puestos en evidencia de su falta de argumentos reaccionan insultando o peor aún, amenazando.

Desde el 9 de noviembre en que se suspendió la audiencia de juicio por delitos de lesa humanidad en el caso Vaca, Cajas y Jarrín he recibido agresiones verbales y escritas de lo más florido por haber aceptado ocuparme del patrocinio judicial de un ex cadete de la ESMIL hostigado psicológica y físicamente por ser afro ecuatoriano; de cinco jóvenes cuyos proyectos de vida fueron truncados hace 17 años cuando agentes de la Policía Nacional decidieron convertirlos en chivo expiatorio de un asesinato que no cometieron “extrayéndoles” confesiones bajo brutal tortura; y de tres ex militantes de Alfaro Vive Carajo detenidos ilegalmente por las Fuerzas Armadas del Ecuador, incomunicados, torturados, una de ellos violada y otro desaparecido, todo en nombre de “la reconstrucción nacional”.

Quienes en este país aspiran a que la impunidad sea la regla están furiosos.  A sus ojos la justicia no debe servir para tutelar los derechos del más débil sino para encubrir al mejor uniformado.  Han acudido a diversos foros para descalificarme a mí y a mis defendidos, tildar de ataques contra el “honor institucional” los esfuerzos por esclarecer esa verdad escurridiza desde hace décadas, y utilizar recursos del propio Estado para amedrentar a unos operadores de justicia cuya imparcialidad e independencia son virtualmente nulas.

Las expresiones de repudio a mi actividad han ido del tono neutral: “¿Que el abogado de Manuela Picq defiende a quién?, habrase visto”, “se me cayó al piso la figura de Juan Pablo Albán, no entiendo como un defensor de los derechos humanos puede patrocinar a terroristas”, “haciendo política con este caso igual que otros tantos que veo se han subido en la camioneta para tratar de meter la si saña [sic]”, “señor Albán cuando no existen valores, como en su caso, priman los intereses”; al lenguaje agresivo: “miserable tirapiedras representante de la partidocracia”, “este abogado es un pseudo analista de la gallada de la CIDH”, “perro de Correa, maldito terrorista”; hasta llegar a la amenaza: “hijo de puta ya vas a ver”, “ISIS está necesitando defensores por qué no te largas para allá”, “ser abogado de AVC es como ser abogado de narco, prepárate…”, “acá no se borra nada, maldito terrorista”, “qué bueno que le tenga miedo a los uniformes, no se va a salir tan fácil”.

Todos se sienten autorizados a cuestionar lo que hacemos los defensores porque equivocadamente piensan que los derechos humanos son patrimonio exclusivo de algún color, ideología o costado político.  De ahí que las expresiones de descrédito hayan sido proferidas por los más diversos ciudadanos: Parientes, ex compañeros de la escuela y del colegio, ex compañeros de la universidad, colegas abogados, colegas profesores, oficiales militares y policiales en servicio activo y sobre todo en servicio pasivo –que han aprovechado para hacer campaña para el 2017–, “líderes” políticos de diversas tendencias, el Presidente, Ministros de Estado, miembros del Consejo de Participación Ciudadana, etc. etc. etc.

Quisiera poder afirmar que luego de tantos años en esta actividad ya he formado un callo y lo que piensen o digan los demás me resbala, pero no es así, el impacto anímico de estas ofensas gratuitas ha sido fortísimo, el impacto profesional y social también.  Pero el más duro ha sido el impacto familiar: Tener que explicarle a mi hija de ocho años por qué la gente se expresa de manera despectiva de su papá ha sido muy difícil; tener que pedirle a mi esposa que modifique su rutina o le dé explicaciones sobre nuestra vida a personal del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía ha sido incómodo por decir lo menos; y tener que escucharla preguntar en un almuerzo familiar con gran candidez, sin atisbo de reclamo, “bueno, y cuando finalmente a ti te pase algo ¿A quién tengo que buscar? ¿Qué es lo que tengo que denunciar?” fue uno de los momentos más amargos de mi vida.

El ambiente en casa ha sido entonces muy complejo.  La solidaridad que siempre hemos tenido unos con otros está intacta, pero los ánimos están decaídos.  Mi hija ha sido la espectadora silenciosa de la rabia y tristeza de sus padres, pero su silencio no me engaña, empiezo a percibir en ella ese mismo espíritu rebelde e inconforme que nos ha llevado a su madre y a mí a ser quienes hoy somos.  En lo personal he decidido continuar en mi trinchera peleando por los derechos de los demás, a sabiendas que en este país y en este momento es muy costoso ser consecuente con las propias convicciones y principios, pero muy seguro de que transito por el derrotero correcto, así que estoy dispuesto a pagar el precio de ser consecuente.

El odio, la envidia, la amenaza no me va a amilanar, no le debo nada a nadie pero siento la obligación moral con cada persona a quien tuve y tendré el privilegio de servir desde mi profesión, y sobre todo con mi hija –promesa de mejores días–, de no darme por vencidos.  Por eso mejor escribir mi frustración hoy, antes que se acabe el año, y al tiempo reconocer la fortaleza de mi familia ante la adversidad, reflejo de nuestra condición rebelde.  La frustración la pienso quemar con el año viejo.  La fortaleza –es decir la rebeldía– se queda conmigo para siempre, para justificarlo me robo esta frase del Dr. Héctor Abad Gómez, padre del escritor Héctor Abad Faciolince a quien cité párrafos atrás, y uno de los cinco Presidentes asesinados del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, determinado hasta el final a no guardar silencio ante la injusticia: “La rebeldía yo no la quiero perder, nunca he sido un arrodillado, no me he arrodillado sino ante mis rosas y no me he ensuciado las manos sino con la tierra de mi jardín”.

Malas noticias revolucionarios, la patria no se fundó recién…

Por Juan Pablo Albán Alencastro

A lo largo de estos ocho años y fracción los ecuatorianos hemos escuchado hasta el cansancio la cantaleta del antes y el después.  En ese Ecuador imaginario de la revolución ciudadana, hasta el 15 de enero de 2007 en nuestro territorio sólo había un agregado inorgánico de individuos en estado primitivo, sin propósitos, sin ideas, sin instituciones, sin infraestructura y sobre todo sin guía.  Pero por fortuna, dicen ellos, un grupo de valientes y desinteresados hombres y mujeres decidieron inmolarse por nosotros y salvarnos, llegaron para fundar la patria –a esta altura más bien me temo que llegaron a fundirla–.  Ahora les debemos respetuoso silencio, sumisión y hasta cierto punto devoción, como en un mal remake de alguna historia bíblica.

Nos afirman de manera constante que todo lo que ha hecho la revolución es innovador, que nada de lo anterior servía, que hemos evolucionado como sociedad y que, aparentemente, estamos en vías de transformarnos en una especie de súper potencia del buen vivir.  Para alcanzar tal objetivo bastará con perennizar en el poder a Rafael Correa; abstenernos de criticar los malos manejos públicos y en general de pensar por nosotros mismos; sacar cuanto tengamos en los bolsillos para mantener un aparato burocrático que sufre de obesidad mórbida; y aceptar todo disparate de nuestras autoridades, sea el establecimiento de YachayTech o la planificación familiar a partir de los postulados del opus dei.

Yo he llegado a la conclusión que quienes manejan esta línea discursiva no la repiten simplemente con el ánimo de preservar sus empleos o pequeños feudos –su pedacito de la troncha como decíamos antes de que se funde la patria–, sino porque en efecto se han convencido a fuerza de repetir la cantaleta del antes y el después que en el comienzo todo era obscuridad y nada existía.  A pesar que quienes ostentan funciones públicas en la actualidad en su mayoría son ciudadanos nacidos entre los 60 y los 90, como buenos ecuatorianos padecen dos males endémicos: la desmemoria y la ceguera selectiva.

Lo malo no es que ellos se hayan convencido que recién fundaron la patria.  Lo malo es que con el mismo dejo autoritario del primer funcionario del Estado –la prepotencia es altamente contagiosa– traten no de convencernos sino de obligarnos a aceptar a los demás, que no teníamos patria, que ellos recién nos dieron una.  En tal cruzada están dispuestos a hacerse de la vista gorda frente a los más patentes atropellos, a mentir descaradamente y a sacar de contexto lo que digan los demás.  Jamás aceptarían la posibilidad de estar equivocados, más bien se enfurecen para evitar un diálogo civilizado que implique reconocer que el interlocutor “aunque no tenga razón tiene razones, hay que escucharlas todas”, como dice el poeta Machado.

Para ilustrar lo que afirmo voy a utilizar como ejemplo algo ocurrido esta misma mañana.

Por gentil invitación del Instituto de Altos Estudios Nacionales tuve la oportunidad de asistir al Taller interinstitucional sobre propuestas para la justiciabilidad de los delitos de odio y discriminación en el Ecuador, organizado en el marco de las actividades por el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2013.  Los propósitos declarados de la actividad eran debatir las estrategias para “hacer justiciables los artículos 176 y 177 del Código Integral Penal referidos a los delitos de discriminación y delitos de odio” y proponer mecanismos de formación para que los operadores de justicia “puedan tener mejor capacidad para la justiciabilidad de los delitos de discriminación y de odio”.  Los invitados provenían de entidades públicas, organizaciones de sociedad civil y la academia

En sus exposiciones, los representantes de diversas instituciones públicas (todas ellas con algún tipo de competencia en materia de justicia) explicaron el antes y el después de la lucha contra la discriminación racial en el Ecuador.  En ciertos casos como el de la Defensoría del Pueblo, exponiendo los resultados de un trabajo importante –eso es innegable– de documentación de situaciones particulares de discriminación y como tales investigaciones defensoriales han sido el antecedente de procesos penales; en otros casos, alardeando de los nuevos criterios de selección de la meritrocracia; y hasta hubo el que presentó como importante innovación la creación de una página de internet del Ministerio respectivo, donde los ciudadanos pueden encontrar los textos de tratados de derechos humanos ratificados por el Ecuador – textos que antes que se fundara la patria ya estaban disponibles en centenares de páginas de internet de entidades académicas, de la sociedad civil y organizaciones intergubernamentales–.

En estricto cumplimiento de la estrategia marketera del antes y el después, un Subsecretario de Estado afirmó con vehemencia que recién tras la adopción del Código Orgánico Integral Penal –osea el año pasado– existen en Ecuador instrumentos normativos adecuados y un debate a nivel social para el castigo de las prácticas indeseables de la discriminación y los delitos de odio.  Tal aseveración, aunque provenga de un viceministro, es falsa y así lo hice notar durante mi turno en el micrófono, de manera por demás respetuosa. La incorporación al Código Penal ecuatoriano de un capítulo relativo a los Delitos de Odio Racial data de febrero de 1979 y tuvo como antecedente la necesidad de cumplir compromisos internacionales adquiridos con ocasión de la adopción de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial CERD, vigente desde enero de 1969. Es más, ya la Constitución de 1945 en su artículo 141, numeral 2, último inciso declaraba “punible toda discriminación lesiva a la dignidad humana, por motivos de clase, sexo, raza u otro cualquiera”.  Quienes estudiamos derecho en el Ecuador tenemos muy claro que en general el problema no es la falta de leyes, las hay para todo, no para todos. En cuanto al debate social sobre la necesidad de castigar estas conductas, data de la década de los 80 como evidencian una serie de estudios realizados por entidades académicas como FLACSO.

Otra funcionaria –a quien conozco desde que ingresó a primer año de derecho a mediados de los 90– se tomó a título personal un comentario que hice durante mi presentación sobre la insuficiencia para garantizar una adecuada actuación de la justicia en estos casos, de organizar cursitos –ya sé, mi elección de palabras fue pobre– de tres horas y asumir que en ese lapso de tiempo podremos más allá de brindar aburrida información técnica sobre experiencias comparadas, transformar la idiosincrasia del participante, despojarle de sus prejuicios, superar las posibles deficiencias de su formación y cultura jurídica –deficiencias que, aceptémoslo, en el Ecuador son una constante– y en definitiva sensibilizarlo para que se convierta en adalid de la lucha contra el problema estructural de discriminación racial que aqueja a nuestra sociedad.

Ambos reaccionaron como era previsible.  Se ofuscaron frente a comentarios cuyo propósito era simplemente evidenciar que no estamos mirando al problema de fondo, escucharon lo que quisieron y se fueron por la tangente. El primero de los nombrados –según supe por comentarios de asistentes–, luego que me retiré del evento pidió la palabra para insistir en sus afirmaciones sobre el antes y el después y lamentó que yo no estuviera presente para escuchar tal respuesta.  La segunda, mientras yo todavía estaba en la sala, pidió el micrófono para increparme por desconocer las maravillosas transformaciones en el modelo de selección y de formación de los operadores de justicia tras la fundación de la patria, sosteniendo que en otros tiempos la capacitación era insuficiente, ahora no.

Ahora bien, confrontemos el antes y el después, porque ahora –recién– estamos luchando contra la discriminación racial en el Ecuador, así que los cambios sin duda serán notorios:

ANTES:

  • Entre 1984 y 2004 el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas, en sus observaciones finales a los informes periódicos de Ecuador criticó duramente que pese a la existencia de un tipo penal específico de delito de discriminación racial y a la existencia de patrones culturales discriminatorios muy arraigados en el país, no se haya entablado proceso alguno para castigar actos concretos de discriminación racial.
  • Entre el 8 de febrero de 1979 y el 14 de enero de 2007 en el Ecuador ninguna persona fue sancionada como autor de delito de discriminación racial.
  • Pese a la adopción de políticas públicas tendientes al reconocimiento de la igualdad y la erradicación la discriminación a partir de 1978, hasta el 14 de enero de 2007, los organismos de supervisión internacional en materia de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana seguían señalando la existencia de un problema estructural de discriminación y su agravamiento por la inactividad estatal.

DESPUES:

  • En sus observaciones finales de los años 2008 y 2012 a los informes periódicos del Ecuador, el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial de Naciones Unidas, criticó duramente al Estado por la ausencia de condenas penales por actos de discriminación, pese a las evidentes prácticas discriminatorias aún existentes en el país. La misma crítica fue formulada en 2010 por el Grupo de Trabajo de Expertos del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los Afrodescendientes tras su visita al Ecuador de junio de 2009.
  • Entre el 15 de enero de 2007 y el 12 de agosto de 2015 en el Ecuador ninguna persona fue sancionada como autor de delito de discriminación o delito de odio por motivos raciales. En el primer caso que llegó a juicio en 2013 –el famoso caso Arce por discriminación racial en la Escuela de Oficiales del Ejército– los tribunales de primera y segunda instancia absolvieron al acusado y si bien la decisión tomada el pasado 9 de junio por la Corte Nacional declarando que los jueces inferiores violaron la tutela judicial efectiva al no examinar el asunto con un enfoque de derechos humanos y desde una perspectiva sociológica que considere los patrones de discriminación existentes en Ecuador, puede ser un pequeño avance, todavía no hay una condena.
  • Pese a la adopción el 28 de septiembre de 2009 del Decreto 60, Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la Exclusión Étnica y Cultural, los organismos de supervisión internacional en materia de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil ecuatoriana continúan –lo hicieron esta misma mañana en el taller– señalando la existencia de un problema estructural de discriminación y la falta de implementación de la política pública en este ámbito.

Totalmente distinto ¿no?, antes no se hacía nada para sancionar la discriminación, ahora…

En mi muy modesto entender, la aplicación efectiva de sanciones penales frente a los delitos de discriminación y de odio –aparte de revisar la mala construcción de los tipos incluidos en el COIP– exige en primer lugar una voluntad política en todos los ámbitos del poder público para reconocer el problema estructural de discriminación que padecemos; una dotación de recursos adecuados a los entes de investigación; una sensibilización –más allá de capacitación– que permita superar ciertas percepciones y estereotipos arraigados en nuestra sociedad –de la que son parte los operadores de justicia– sobre los indígenas, los afros, las mujeres, los LGTBI, los discapacitados, etc.; un involucramiento mayor de la sociedad civil en el monitoreo y denuncia de estas situaciones; un empoderamiento de las potenciales víctimas para que sepan que hacer y a quien acudir cuando son discriminados; una observancia adecuada de los estándares internacionales sobre la investigación de este tipo de delitos fijados en la Observación General XXXI de CERD y en la jurisprudencia de las Cortes Europea e Interamericana; una educación para el reconocimiento de la diversidad en todos los niveles y en los hogares; sistemas de alerta temprana sobre conductas que pudieran derivar en la comisión de delitos de discriminación o de odio; la pública divulgación de los resultados de los procesos penales como mecanismo de alerta social y prevención; y el cumplimiento del estándar de debida diligencia en la investigación es decir, que se inicie de oficio, en forma inmediata, que se complete en un plazo razonable, siguiendo las líneas de investigación adecuadas y practicando ciertas diligencias en forma obligatoria atendiendo a la naturaleza de estos casos.  Lo anterior debería complementarse con la inclusión obligatoria en el pénsum de estudios de las facultades de jurisprudencia del país de una materia de introducción a los derechos humanos y como observaban los talleristas esta mañana al menos seminarios para sensibilizar a los jóvenes universitarios frente a los problemas tan reales de discriminación que aún tenemos.

Todo eso también lo dije esta mañana, muy pocos captaron la idea, el resto se quedaron resentidos.

En fin, les tengo pésimas noticias a los revolucionarios:

  1. Si voluntariamente aceptaron la función pública deben estar dispuestos a aceptar también la crítica, inclusive aquella que puedan considerar irritante u ofensiva, porque en cuestiones de interés público el control ciudadano de las instituciones democráticas, particularmente en regímenes como el actual que se resisten a dar cuenta de sus metidas de pata, pasa justamente por la confrontación de los planteamientos oficiales para establecer hasta qué punto son realidad.
  2. La patria no se fundó en 2007, ya existía.  De hecho, hace ya un buen rato muchos ciudadanos están empeñados, ahora si, en tratar de salvarla de sus malos manejos.
  3. Ustedes no son los grandes innovadores que afirman, no inventaron el agua tibia. El Ecuador no cambió –como de manera rimbombante propone la publicidad gubernamental–, está igualito, con los mismos defectos sistémicos, más polarizado y entrando a una recesión que amenaza con dejarnos en muy malas condiciones, pero nuestras taras culturales, nuestra inoperancia judicial, nuestros prejuicios, nuestro miedo al diferente, nuestro machismo, nuestro racismo, nuestra prepotencia, etc., etc., etc., se mantienen incólumes, como demuestran las propias actitudes del primer ciudadano del país.
  4. Quienes criticamos lo que estaba mal antes de 2007 y sigue mal en 2015 –con la esperanza que algún día se corrija– no tenemos interés ni necesidad de caerles bien, pueden ofuscarse cuanto quieran, la realidad con o sin su enojo sigue siendo la misma: no hemos superado nuestros problemas estructurales como la discriminación, lo que hemos tenido en estos ocho años y medio es un dispendio irracional de los recursos extra que generó temporalmente nuestro primer producto de exportación, para introducir una serie de arreglos meramente cosméticos, una sensación de prosperidad, un cascarón hueco –a punto de romperse– que les permite vanagloriarse que nunca estuvimos mejor, pero eso a esta altura ya es “mentira comprobada”, sino pregúntenle al pueblo ecuatoriano mañana 13 de agosto en las calles.

Bullying (discurso estigmatizante y derechos humanos)

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Este anglicismo –cuyo uso lamentablemente se ha vuelto frecuente por el crecimiento exponencial del fenómeno que describe– denota una conducta de hostigamiento, persecución, intimidación y/o violencia contra personas a quienes se considera diferentes o inferiores. La persona que adopta este comportamiento es conocido como bully: abusón.

El término usualmente es empleado para referirse al acoso escolar, pero el comportamiento abusón no es un problema propio de la infancia o la adolescencia. Muchos abusones arrastran esta desafortunada condición toda su vida.  Y hay también los que embelesados con alguna forma de poder se convierten en abusones a una edad madura como un mecanismo para aferrarse a ese espacio conquistado.

La actitud del bully evidencia intolerancia a la diversidad y una cultura que considera al poder y su preservación como valores supremos.  Sus víctimas son personas con actitudes o ideas diferentes a la generalidad del grupo sobre el cual el bully pretende ejercer control.

No es extraño que el bully se rodee de otros individuos con la misma tendencia a agredir a los demás; o que incite a sujetos que ordinariamente no serían bullies a sumarse al ataque contra la víctima de ocasión; o que por su “liderazgo” logre que ciertos individuos, sin sumarse de manera directa a la agresión, alienten sus actos y hagan apología de ellos.  Estos supuestos de acoso grupal son lo que el austriaco Konrad Lorenz –premio Nobel de medicina en 1973– denominó mobbing.

El mobbing puede ser activo, si los integrantes del grupo atacan en forma conjunta al que consideran diferente o inferior; o pasivo, si los miembros del grupo observan como uno de sus semejantes es atacado, sin solidarizarse con él, sea por temor de convertirse en la siguiente víctima o por una intención cómplice.

En un estudio del año 2001 sobre acoso institucional, el Psiquiatra y académico español José Luis González de Rivera señala que desde el punto de vista psicosocial estos procesos de acoso grupal exigen,

La presencia de una persona que asuma el papel de perseguidor principal, investida de la suficiente autoridad o carisma como para movilizar las dinámicas grupales de acoso. Su personalidad presenta una peculiar combinación de rasgos narcisistas y paranoides, que le permiten auto convencerse de la razón y justicia de su actividad destructiva. Hirigoyen considera que se trata de una forma asexual de perversión, Field la clasifica como una modalidad de sociopatía agresiva, y González de Rivera la describe como “Mediocridad inoperante activa”, un trastorno de la personalidad caracterizado por exacerbación de tendencias repetitivas e imitativas, apropiación de los signos externos de la creatividad y el mérito, ansia de notoriedad que puede llegar hasta la impostura, y, sobre todo, intensa envidia hacia la excelencia ajena, que procura destruir por todos los medios a su alcance (Psiquiatria.com. Revista Internacional on-line. Volumen 5 No. 1. Mallorca. 2001. Disponible en http://www.psiquiatria.com/revistas/index.php/psiquiatriacom/article/view/537).

¿Le suena familiar?

El bullying –o su manifestación colectiva, mobbing– puede tener un severo impacto en el ejercicio de los derechos humanos.  Más todavía si quienes lideran el acoso son funcionarios públicos que prevalidos de su condición, denostan a todo aquel que ose cuestionar sus actos o exigir cuentas sobre cuestiones de interés público; y mucho más si para tal propósito utilizan recursos del pueblo o espacios obligatorios en medios de comunicación.  El fin último en estos casos es silenciar al que piensa diferente, por resultar peligroso para el mantenimiento del status quo. ¿Ya le suena familiar?

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática al señalar que,

[…] el uso de poderes para limitar la expresión de ideas se presta al abuso, ya que al acallar ideas y opiniones impopulares o críticas se restringe el debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas. La limitación en el libre flujo de ideas que no incitan a la violencia anárquica es incompatible con la libertad de expresión y con los principios básicos que sostienen las formas pluralista y democrática de las sociedades actuales (Véase, CIDH. Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  OAS Doc.9. 88 Período de Sesiones. 17 de febrero de 1995).

La propia CIDH, unos años atrás, refiriéndose a cierto país de nuestra región cuyo libreto ahora parece seguir al pie de la letra nuestro Ecuador, afirmó

[…] la continuidad de algunos contenidos de las declaraciones desde las más altas esferas del Estado […] coadyuvan a crear un ambiente de fuerte politización y polarización en la sociedad y en los medios de comunicación, además de fuerte intolerancia y fanatismo que puede resultar en actos de violencia contra las personas.

[…] aunque los pronunciamientos de los altos funcionarios no pueden considerarse como incitaciones a la violencia, sí pueden llegar a ser interpretados como tales por partidarios fervorosos de uno u otro bando en un contexto de extrema polarización política (Véase, CIDH. Informe No. 61/06 (fondo). Caso 12.442. Gabriela Perozo, Aloys Marín, Oscar Dávila Pérez y otros. Venezuela. 26 de octubre de 2006).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos a su vez ha establecido que

[…] en ciertas ocasiones es un deber de las autoridades estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión manipulada de los hechos. Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden llegar a desconocer dichos derechos […] (Véase Corte I.D.H., Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 131).

[…] ni constituirse en formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado (Corte I.D.H., Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 151).

En nuestro país empezamos a ver con frecuencia como los funcionarios llamados a ser garantes de nuestros derechos aprovechan espacios comunicacionales que deberían emplearse únicamente para rendir cuentas a la ciudadanía, o las redes sociales, para animar a la ciudadanía a sumarse al hostigamiento contra aquellos que expresan su divergencia, olvidando que precisamente por su investidura –no directamente proporcional a su credibilidad–, tales expresiones pueden ser asumidas por individuos con poco criterio como una autorización para intimidar e inclusive para atentar contra determinadas personas.  Cuando tales llamados tienen por efecto la violación de los derechos de las personas, la responsabilidad de las acciones de los particulares se traslada al Estado precisamente porque las afectaciones fueron alentadas o promovidas por la línea discursiva de ciertas autoridades públicas.

En tal sentido la Corte Internacional de Justicia ha señalado que las declaraciones de altas autoridades estatales pueden servir no sólo como admisión de la conducta del propio Estado (ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1984, p. 390, para. 64), sino también generar obligaciones a éste (ICJ, Nuclear Tests Case (Australia v. France), Judgment of 20 December 1974, I.C.J. Reports 1974, p. 253, paras. 43, 46; and CIJ, Nuclear Tests Case, (New Zealand v. France), Judgment of 20 December 1974, I.C.J. Reports 1974, p. 457, paras. 46, 49). Aún más, tales declaraciones pueden servir como prueba de que un acto es atribuible al Estado que representan esos funcionarios (ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1984, p. 390, para. 71). Para hacer estas determinaciones, resulta importante tomar en consideración las circunstancias y el contexto en que se realizaron dichas declaraciones (PCIJ, Legal Status of Eastern Greenland, Judgment of 5 April 1933, Ser. A/B53, pág. 69. Ver también, ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1984, p. 390, para. 65).  Cuando dicho contexto es uno de seria polarización social  y conflictividad política como el ecuatoriano, las autoridades públicas deberían abstenerse de descalificar y estigmatizar a quienes no comparten sus ideas, y más todavía de convocar a esos que son “más, muchísimos más” a sumarse al mobbing, porque la prepotencia es un defecto bastante contagioso y más tarde o más temprano todos como sociedad vamos a lamentar algún incidente grave.  Más bien, esas mismas autoridades, precisamente porque se encuentran en posición de garantes de nuestros derechos lo que deberían hacer es reprobar enérgicamente todo hostigamiento, intimidación o agresión contra sus críticos.

Desde hace ya algunos años la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH viene advirtiendo al Gobierno ecuatoriano que las expresiones emitidas por altos funcionarios contra ciudadanos que ejercen su libertad de expresarse pudieran tener el efecto de amedrentar a la ciudadanía que disiente y crear un ambiente de intimidación que obstruye el debate y el intercambio de ideas, sobre cuestiones de interés público, esenciales en una sociedad que aspire a llamarse democracia.

Cuando la primera autoridad del Estado realiza una declaración como esta:

es que ellos son jocosos. No se preocupe. Igualito que hicimos con Crudo Ecuador cuando se metió en mi vida privada y me calumnió… pedí al pueblo ecuatoriano, que somos muchísimos más: dígannos quién es y que sepa todo el mundo quién es y se le acabe su vida privada a ver si le gusta. A la final tuvo que cerrar su página web, me echó la culpa a mí. Lo mismo va a ser acá. Si están de acuerdo que les hagan señas obscenas y van a decir Muchas gracias y van a salir silbando y saltando de alegría, perfecto. Hago un llamado al pueblo ecuatoriano que nos diga quiénes son y que cada vez que los vean en un lugar público digan: ahí están y les den yuca, el tubérculo físicamente y van a tener que verle la gracia porque ellos están de acuerdo con esto (Declaraciones del Presidente de la República durante su visita del 7 de mayo de 2015 a la Provincia de Orellana, Diario El Comercio, edición digital correspondiente al 7 de mayo de 2015).

está asumiendo la responsabilidad por cualquier resultado dañoso que en cumplimiento de esta “convocatoria” pudiera ocasionarse.

Si alguien que de manera voluntaria ha decidido someterse al escrutinio público, postulando a un cargo de elección popular y asumiendo funciones de administración del Estado, no es capaz de aceptar la crítica –lo que no implica estar de acuerdo con ella–, tal vez debería renunciar, la función pública, la exposición a la palestra pública no es para él o para ella, pues en una sociedad democrática es a partir de la crítica y del libre debate que puede identificarse problemas y adoptar correctivos, si no vamos a aceptar esto quedémonos en casa.  Los funcionarios públicos que son simples mandatarios –por mucho que se les haya subido el cargo a la cabeza– están obligados no sólo a aceptar sino a atender cualquier cuestionamiento que la ciudadanía les realice, con serenidad, sin soberbia, inclusive si es para evidenciar lo equivocado del planteamiento crítico.

Que no se malentienda lo que digo, no se trata de que los funcionarios se “deshumanicen” como ha afirmado el señor Presidente, o que no tengan derecho a la protección de su honra como seres humanos que son, titulares de derechos como todos nosotros, pero están sometidos a un umbral diferente de protección pues como ha dicho la Corte Interamericana,

sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza […] El control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. Tales son las demandas del pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público (Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177 párrs. 86 y 87).

Más claro, como las personas que ocupan las más altas funciones del Estado ya no tienen 17 años se supone que cuentan con el discernimiento y madurez suficiente para aceptar que los cargos a los que se aferran con uñas y dientes conllevan necesariamente la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía y la tolerancia a cualquier expresión tanto de reverencia como de repudio, consista en una caricatura, una columna de opinión, un comentario televisivo o un simple y sencillo yucazo –que también es una forma de expresarse–, pues finalmente, “en la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población” (Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177 párr. 88).

Dejemos entonces de convocar a los que son “más, muchísimos más” a bulear a nuestros detractores, y si mismo, mismo somos tan resistentes a la crítica mejor dejemos que otros, más seguros de sí mismos, gobiernen.

Mientras termino de escribir estas líneas me pregunto a quien le toca hoy –sábado 9 de mayo de 2015– el griterío matinal en enlace nacional…

Amargados (la justicia en causa ajena como motivo de infelicidad)

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Cuando hace un par de años Las Dolores me encomendaron la defensa de sus intereses en los procesos adelantados por la fiscalía en relación con la ejecución extrajudicial de los esposos de dos de ellas y la desaparición del esposo de la tercera, me sentí muy afortunado.  Y es que normalmente las víctimas de graves atropellos estatales atraviesan tantas vicisitudes en  su lucha por alcanzar justicia, que terminan desconfiando de todo y de todos.  Por eso, que encarguen su defensa a alguien que poco conocen, es un gesto no sólo de confianza sino de sincero aprecio y agradecimiento, del que sólo son capaces quienes han experimentado un sufrimiento profundo.

Por aquel entonces, iluso, pensaba que el conjunto de la sociedad ecuatoriana –igual que mis defendidas y yo– anhelaba que se hiciera justicia, que finalmente se dijera en voz alta y a los cuatro vientos que los hechos ocurridos la mañana del miércoles 19 de noviembre de 2003 en una farmacia de un barrio popular de Guayaquil, no fueron resultado del infortunio, ni una acción espontánea y valiente de la Policía Nacional en defensa de la seguridad ciudadana, sino la masacre de un grupo de ciudadanos indefensos, entre ellos los esposos de Las Dolores.

Sin embargo, me ha quedado claro a lo largo del proceso y particularmente desde que la semana pasada se anunció el fallo en el juicio penal por los asesinatos de ocho de las doce víctimas, que en este país hay personas amargadas porque se haga justicia en causas ajenas, todavía más amargados si en sus propias causas la justicia no ha llegado o peor, ya les fue negada.  Esa infelicidad motivada por la alegría de otro es una característica que lamentablemente afecta a varios ecuatorianos.

Que no se malentienda, no estoy sugiriendo que todos tenemos que estar felices o conformes con la sentencia en el caso hoy conocido como “González y otros”.  Mal podríamos, por ejemplo, pedirles a los diez ciudadanos condenados, a sus familias o a sus abogados que se regocijen con la decisión. Obviamente ellos –como cualquier otra persona que vea sus intereses comprometidos por una decisión judicial– están inconformes y hasta indignados, dudan del buen criterio y la autonomía de los jueces, y seguramente hasta nos desean cosas malas a quienes estuvimos involucrados en el esfuerzo de hacer justicia.

Tampoco estoy insinuando que a nadie le gustó la decisión, todo lo contrario, me consta que las expresiones de satisfacción y júbilo por la misma han sido, afortunadamente, muchas más que las de amargura.

Pero que personas que han vivido en carne propia la injusticia y han visto sus propios derechos humanos violentados por el aparato estatal; abogados auto ungidos como defensores de derechos humanos; comunicadores sociales con una reconocida trayectoria y un importante nivel de credibilidad; y líderes políticos o sociales que supuestamente respaldaban incondicionalmente la causa de Las Dolores por considerarla justa, hoy se sientan incómodos con una decisión de la justicia nacional que arroja algo de luz sobre un hecho que quiso ocultarse a nuestra sociedad por casi once años, es por decir lo menos  deleznable.

Hace ya más de un año, cuando estábamos a puertas de la formulación de cargos contra 32 presuntos responsables, las primeras voces inconformes se alzaron para descalificar el nuevo capítulo en la lucha por la verdad emprendida por Las Dolores el 19 de noviembre de 2003, criticando que pretendieran obtener justicia en el plano interno cuando ya nada quedaba por hacer en el Ecuador, y lo prudente era esperar que algún organismo internacional de supervisión de derechos humanos se apiadara de ellas y ordenara que les paguen una compensación económica, como si la vida de las personas tuviera un precio y la lucha contra la impunidad fuera negociable.  Hubo quienes levantaron su dedo acusador para afirmar que al llevar a los responsables ante la justicia local estábamos echando a perder un proceso “ya ganado” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando en realidad a la fecha, todavía no ha iniciado la tramitación de la denuncia presentada ante la CIDH en el año 2005.

El 4 de julio del presente año, último día de la audiencia preparatoria de juicio, fui objeto de una serie de agresiones por correo electrónico y en redes sociales de parte de un abogado al que no tengo el gusto de conocer personalmente.  Este “adalid” de la justicia, un caballero que para proferir sus insultos virtuales ni siquiera usa su nombre real o una fotografía en la que se le vea el rostro, escudado en una petulancia académica que genera grandes dudas y, presuntamente ofendido por una entrada publicada en mi blog en enero que no se refiere a él, se dedicó a descalificar el esfuerzo para esclarecer la masacre de Fybeca señalándolo de político; me tildó de pendejo, vendido y muerto de hambre entre otros piropos; hostigó a una colega por el simple hecho de ser mi amiga y compañera de trabajo; e insultó a la Universidad en la que enseño sin motivo alguno.  No contento con ello, me acusó de haber agredido a familiares de los policías procesados, cuando en realidad en más de una ocasión durante los varios días de la audiencia preparatoria de juicio, Las Dolores, mis estudiantes y yo tuvimos que salir escoltados de la Corte Nacional de Justicia, insultados por una turba enardecida de decenas de personas, como consta registrado en grabaciones de video.  Puesto en evidencia de su equivocación, nunca pidió disculpas, eso si, borró sus tweets insultantes, de los que conservo capturas de pantalla como amable recordatorio de que toda buena acción tiene su castigo.

En la semana previa a la instalación de la audiencia de juicio algún desconocido tuvo la “cortesía” de pasar bajo la puerta de mi oficina una amenaza de muerte, instándome a dejar de “meterme” con el ejército y la policía. A dicho/s individuo/s lamento informarle/s que no dejaré de hacer mi trabajo, les debo a mis defendidos, a mi familia y a mis alumnos, seguir librando la batalla hasta que en este país los derechos humanos se respeten y garanticen.

Durante un receso en el desarrollo de la audiencia de juicio fui increpado por un abogado que se sintió aludido por una conversación que mantuve con una defensora pública.  Un día antes otro colega,  el padre del prenombrado abogado, en plena sala y a vista de los presentes me dedicó una serie de señas que ordinariamente sólo se utilizan cuando uno está sentado tras un volante.  Más tarde ese día supe de boca de varios testigos que este colega había girado “instrucciones” a sus acompañantes respecto de mi persona.  Durante el anuncio del fallo fui fotografiado cual estrella de cine por una de tales acompañantes.

Luego del anuncio de la sentencia he leído con estupor los comentarios y opiniones de personajes influyentes en la opinión pública nacional, que a pesar de la contundencia de la prueba presentada, de las irrefutables conclusiones alcanzadas y de la incontestable demostración de la verdad, todavía afirman que la masacre no ocurrió; o peor aún, reconociendo su ocurrencia, sus circunstancias y efectos, consideran que la decisión judicial está viciada de falta de independencia e imparcialidad y en consecuencia la rechazan.

Es público que he sido un duro crítico de la grave crisis que afronta nuestro sistema de administración justicia en los últimos años, del condicionamiento en el actuar de jueces y fiscales en causas en que el Estado como institución o ciertos altos funcionarios a título individual tienen un interés directo o indirecto, de la inobservancia de las más elementales garantías del debido proceso en situaciones muy sensibles, y precisamente por eso defiendo a muchas víctimas del abuso judicial tanto a nivel interno como internacional.  Pero en este juicio la verdad quedó al descubierto, los jueces, independientes o no en otras causas, no tenían más alternativa que declarar esa verdad e imponer a los responsables las consecuencias previstas en la ley para sus execrables acciones. Y eso es lo que ocurrió.  Resulta irrelevante quién ocupa el cargo de Fiscal General o quienes integraron el Tribunal de Juicio, lo trascendente es que se empezó a hacer justicia y eso nos permite soñar que se seguirá haciendo justicia y esclareciendo crímenes gravísimos ocurridos en el país; el resultado por ende no debe ser asumido como fruto de una determinada coyuntura política, sino como la verdadera reconciliación con nuestro pasado que tenemos pendiente.

Ha sido doloroso descubrir que entre los amargados por la decisión, se encuentran personas a quienes yo mismo defendí, de cuya inocencia estoy convencido y que sin duda fueron y siguen siendo víctimas del atropello estatal.  Incomprensiblemente, a ellos, que por lo vivido deberían ser mucho más sensibles frente al sufrimiento ajeno, les duele que otros vean sus expectativas de justicia satisfechas, y con sorna se preguntan por qué será que hubo voluntad de esclarecer este caso.

También están algunos comunicadores sociales que otrora dedicaban espacios informativos o de opinión a resaltar la valentía de Las Dolores, enfrentadas con pura razón y dignidad a una institución tan poderosa como la Policía Nacional y a una mentira oficial que de tanto repetirse terminó por convertirse en verdad a los ojos de nuestra sociedad.  Hoy ellos califican la decisión de la Corte Nacional de ridícula por no incluir a quienes ellos suponen son autores intelectuales del hecho, o cuestionan que se haya cambiado el nombre al caso, sin saber que esa parte del fallo obedece a un pedido expreso de Dolores Vélez durante su declaración ante el Tribunal, que dejara de utilizarse su nombre y el de sus compañeras de lucha para designar un crimen tan horrendo.  Fue ella quien dijo a la Corte que el caso debería denominarse “González y los policías asesinos”.

En suma, la opinión pública se ha dividido, entre quienes ven con buenos ojos la llegada de la verdad, la justicia y la reparación; y quienes prefieren mantener sepultados los “fantasmas” del pasado, y se amargan porque alguna vez se haga justicia en este país.

Seguramente a algunos lectores –los que hayan llegado hasta aquí y no hayan cerrado la página furiosos– mi ingenuidad les va a arrancar una sonrisa y a otros una carcajada, pero pienso que tenemos que recibir la decisión sobre la masacre de Fybeca con optimismo, como una señal pequeña pero importante de que los ciudadanos “de a pie” de vez en cuando también pueden alcanzar justicia, así sea una justicia todavía incompleta –en este caso hay siete acusados prófugos, todavía no se inicia la instrucción respecto de las desapariciones, varios presuntos responsables no fueron investigados, etc.–, pero justicia al fin; como el preludio de un esfuerzo real para entender y aceptar que aquí también se han cometido y se siguen cometiendo gravísimas violaciones de derechos humanos.

¿Para qué amargarnos?, nosotros como dice Borges “ya somos el olvido que seremos”, que tal si mejor cooperamos para dejar un legado de verdad y justicia a nuestros hijos, total en un tiempo nadie va a acordarse de nuestra amargura, pero de lo que contribuyamos para construir un futuro mejor para nuestro pueblo, tal vez sí.

Ad hominem

Por Juan Pablo Albán Alencastro

El filósofo australiano Charles Hamblin en su libro Fallacies publicado en 1970 definió las falacias como “argumentos que son inválidos pero que parecen ser válidos”.  En la obra en cuestión Hamblin incluye en un catálogo de falacias al argumento ad hominem que “se comete cuando se argumenta a favor de un caso no basándose en sus méritos, sino analizando (usualmente de manera desfavorable) los motivos o el historial de sus defensores u oponentes”. O en palabras más sencillas, para quien recurre a una falacia argumental ad hominem, la veracidad o falsedad de un determinado planteamiento depende de quién provenga, no de su contenido.

En el Ecuador el escarnio, la descalificación y la estigmatización de todo aquel que ose criticar la conducción de los asuntos públicos ha sido una constante, en especial desde el inicio del actual régimen.  Gracias a nuestros gobernantes, esa pésima costumbre de tachar al interlocutor por ser quien es –o quien suponemos que es– sin reparar en el contenido o la contundencia de sus argumentos, está profundamente arraigada en la idiosincrasia ecuatoriana, al punto que ya no sólo nos parece normal sino indispensable.

A diario podemos ver, escuchar y leer en medios financiados con nuestros tributos, y a través de innumerables por no decir insoportables cadenas impuestas a los medios de comunicación privados, diatribas contra ciudadanos e instituciones que tuvieron la valentía de pensar por sí mismos, indagar y opinar.  Tales descalificaciones se sustentan en teorías conspirativas o presunciones de odio y mala fe, que en el imaginario ecuatoriano supuestamente exoneran a los funcionarios públicos de rendir cuentas sobre sus acciones y simultáneamente les obligan a desollar –en sentido figurativo– al que se atrevió a cuestionar las sabias e infalibles actuaciones y/o decisiones del Estado.

Mientras más alta la jerarquía del funcionario que se ocupe de “responder” a la crítica, más encarnizado el ataque contra el metiche, imperialista, gordita horrorosa, cara de estreñido, enano, ignorante, limitadito, paniaguado de Chevron, etc., etc., etc., que le canto la plena al poder.

Rara vez –por no decir nunca– una respuesta ponderada basada en consideraciones técnicas que evidencien la imprecisión o falsedad del argumento ajeno, o una invitación al diálogo constructivo, y menos todavía un gesto de agradecimiento al que a través de su crítica alerta sobre un potencial problema o su posible solución.  Todo lo tomamos personal, nada lo asumimos como parte del ejercicio democrático de opinar y disentir para construir una sociedad mejor.  La filosofía imperante es la de “nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito”.

Y es que claro, nuestro modelo exitoso –más bien milagroso– en opinión de las autoridades ha motivado la envidia de regímenes neoliberales caducos, la frustración de monopolios empresariales transnacionales que no pueden seguirnos explotando, y la furia del imperio que ve perjudicadas sus expectativas de mantenernos en situación de neocolonialismo, todo ello azuzado por la partidocracia tradicional incapaz de ganar en las urnas.  La estrategia de quienes “nos odian” es entonces atacar esta revolución imparable, inventarle supuestos defectos, ocultar sus logros, etc.

Yo me pregunto si en realidad el mundo está tan pendiente de nosotros, tengo la seria sospecha que no; que en el mapa geopolítico seguimos siendo actor de reparto, no protagonista; y que la postura paranoica, berrinchuda y sin argumentos sustantivos empieza a convertirnos en un paria de la sociedad internacional globalizada, como evidencia la pérdida de respaldos en proyectos delicados como el pretendido “fortalecimiento” –léase desmantelamiento– del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Sin embargo la pérdida de nuestra credibilidad en el plano diplomático no es la consecuencia más grave de esta tara cultural elevada a la categoría de política de Estado: El discurso ad hominem. La consecuencia más grave es la polarización social que promueve a nivel interno; el odio acérrimo sembrado entre grupos de la población; la desconfianza y el temor que las preferencias u opiniones personales de ciertos ciudadanos inspiran en quienes no las comparten; y con ellos la ignorancia y el miedo a lo diferente o disidente en que se pretende sumir a nuestra sociedad para impedir que tome el control de las instituciones democráticas y fiscalice la actuación de los funcionarios.

Esa línea discursiva ad hominem desde las más altas esferas del poder público ha coadyuvado a crear un ambiente de intolerancia en la sociedad ecuatoriana que se proyecta también a ámbitos no políticos, hace unos días por ejemplo escuchaba una entrevista que radio Sonorama realizó a una abogada opuesta de manera radical a la posibilidad del matrimonio igualitario –por considerarlo aberrante y contrario a la voluntad divina–.  La periodista preguntó a la entrevistada si conocía los avances normativos que sobre la cuestión se produjeron en años recientes en Uruguay, aparentemente con la intención de motivar un análisis de la jurista desde el punto de vista técnico sobre la posibilidad de adoptar tal enfoque de derecho comparado en nuestro país; lamentablemente, la respuesta de la entrevistada no fue tal sino que se dirigió a descalificar al conjunto de la sociedad uruguaya diciendo “es que los uruguayos aceptan cualquier cosa por eso hasta han legalizado las drogas”.

Y así sucesivamente los trabajadores descalifican las ideas y argumentos de los empleadores por ser tales y viceversa; los ambientalistas descalifican las ideas y argumentos de los desarrollistas por ser tales y viceversa; los conservadores descalifican las ideas y argumentos de las personas con orientación sexual diversa por ser tales y viceversa; los que piensan que  los derechos humanos son puro sentimentalismo descalifican las ideas y argumentos de sus defensores por ser tales y viceversa; etc.  No evaluamos el fondo del argumento contrario, no investigamos las razones objetivas del mismo, tachamos, porque el otro nos cae mal y si nos cae mal debe estar equivocado o mintiendo.

El propio oficialismo se ha visto perjudicado con este modelo discursivo ad hominem, sus detractores tampoco son capaces de examinar objetivamente los aspectos positivos de la gestión gubernamental –que los hay–, todo lo que provenga del “correismo” está mal, aún si de algún modo nos beneficia.

En resumen, el debate democrático ha sido reemplazado  por un diálogo de sordos, y aprovechando el mismo el sacrosanto aparato estatal se siente legitimado para nunca dar cuentas de su actuar, basta afirmar que aquel que se las pide es un _________ (llene el espacio en blanco con el improperio de su predilección).

Uno de los episodios más recientes que confirma lo expuesto en esta nota y el uso compulsivo del argumento ad hominem, es la reacción estatal a la presentación del informe sobre la falta independencia de la administración de justicia en el Ecuador elaborado por Luis Pásara, un académico peruano, otrora sujeto de elogios y admiración por los propios funcionarios que ahora se indignan y rasgan las vestiduras frente a la pública exposición de evidencia del condicionamiento de la actuación de nuestros operadores de justicia en casos en que el régimen ha tenido un interés institucional o algún poderoso ha tenido un interés personal en inclinar tramposamente la balanza.

Ya en las horas posteriores a la divulgación del informe, Pasará dejó de ser un brillante académico comprometido con el desarrollo de estándares para una mejor administración de justicia en la región, traído por el Ministerio del ramo encabezado por el hoy Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura para enseñarnos a los primitivos juristas ecuatorianos como debe funcionar la justicia, y se convirtió en un agente imperialista, mentiroso, sesgado, impreciso, tergiversador o por lo menos mal informado por la restauración conservadora y sus pinches oenegeros sobre las bondades de la metida de manos en la justicia.

Pásara y las organizaciones de la sociedad civil internacional que divulgaron su informe y valientemente desnudaron las miserias de nuestro poder judicial respecto de ciertos casos –cuya trayectoria y compromiso con la defensa de los derechos humanos son públicos y notorios–, no cayeron en la tentación de contestar en el mismo tono, lo que en mi opinión está bien, porque aquellos que rebaten las contundentes conclusiones del informe en cuestión con falacias ad hominem pierden piso al no conseguir distraer la atención del problema de fondo con un show como el de “Laura de América” y la sociedad se mantiene expectante de algún argumento o respuesta técnica y fundada sobre por qué el crítico está equivocado, hasta hoy no hemos escuchado ninguna.

Dado el estrepitoso fracaso de los argumentos ad hominem contra el informe Pásara, y las exigencias sin respuesta de muchos ciudadanos para que se aclare el tema, esta semana surgió una nueva estrategia, repetir y ampliar los argumentos ad hominem  contra Pásara y su informe pero en tonalidad académica, terminando de cumplir lo que propone Hamblin sobre las falacias: “argumentos que son inválidos pero que parecen ser válidos”.  La apariencia de validez de la nueva oleada de descalificaciones, reproducida hasta el cansancio por Andes, El Telégrafo, Radio Pública, y otros medios bajo administración estatal, supuestamente se funda en que un caballero colombiano de nombre Ricardo Restrepo, “voz calificada” por ser docente del IAEN, luego de una exhaustiva investigación “descubrió” que Pásara es un paniaguado del Centro Wilson y que dicho centro a su vez es paniaguado de Chevron, y no sólo eso, sino que el Centro Wilson hasta ha sido vecino de edificio de USAID, nada más y nada menos que a cuatro cuadras de la Casa Blanca!!!!! Horror, todo es mentira, la justicia ecuatoriana nunca fue tan independiente como ahora, a Pásara le pagó Chevron para que mienta, ¿Y a las víctimas cuyos casos son reseñados en el informe Pásara, personas de carne y hueso que vivieron en forma directa la persecución judicial del Estado a algunas de las cuales yo mismo defendí o defiendo, también les habrá pagado Chevron para que ejerzan su legítimo derecho de protestar o para que denuncien la corrupción en las altas esferas del gobierno y con ocasión de ello sean judicializados?, valdría preguntar si no tenían una mediagüita que colinde con vecinos inapropiados y de algún modo vinculados a alguna petrolera, tal vez el Dr. Restrepo pueda echarnos una mano ahora que ya está empapado del rol de pagos de Chevron.

Nada ha dicho Restrepo sobre lo sustancial que plantea Pásara: la constatación a partir de casos concretos de la existencia de una línea de acción del poder ejecutivo dirigida a interferir en las decisiones de los jueces en asuntos de relevancia política o de interés personal de los poderosos, que mina la independencia y la imparcialidad de las autoridades de la justicia. Nada ha dicho sobre la constatación a partir de casos concretos de la implantación en el Ecuador de un modelo de derecho penal del enemigo y de la criminalización de la protesta social. Nada ha dicho sobre la evidencia objetiva de sanciones impuestas a jueces cuyas decisiones no se adecuan a la posición del poder ejecutivo. Nada ha dicho sobre el informe entregado a fines del año 2012 por la Veeduría Internacional sobre la administración de justicia en el Ecuador, contratada por el propio Consejo Nacional de la Judicatura y presidida por Baltasar Garzón, que concluyó que debe garantizarse el respeto y la no injerencia de otros poderes del Estado en la Función Judicial, coincidiendo con el análisis de Pásara.  En fin, nada ha dicho sobre lo de fondo, lo suyo es pura argumentación ad hominem.  Ojalá que luego, cuando deje de resultarle instrumental al Gobierno, en el evento no consentido que alguna de sus investigaciones académicas cuente a la sociedad una verdad inconveniente, el Dr. Restrepo no sufra en carne propia el escarnio y la descalificación ad hominem, como le ocurrió al propio Luis Pásara.

Yo, en función de esa la línea argumental de “quien no está con Chevron está en lo correcto”, con la autoridad moral que aparentemente me otorga haber sido perito de parte contra Chevron en el proceso que dicha empresa instauró en Nueva York contra varios ecuatorianos, me atrevo a afirmar que Pásara no se equivoca cuando describe a partir de casos concretos la actuación condicionada de la justicia ecuatoriana en varios procesos, lo que desde luego no puede predicarse de todos los procesos, pero en realidad no debería ocurrir en ninguno.

Ante la lamentable e incontestable realidad de la pobre o nula argumentación de nuestras autoridades, aparte de las falacias ad hominem, las grandes preguntas son ¿hasta cuándo el aparato estatal va a eludir el debate sobre asuntos de interés público distrayendo la atención con los “defectos”, aunque sea un lunar, del que trata de promover dicho debate?; y ¿hasta cuando la sociedad ecuatoriana se va a conformar con escuchar diatribas contra el crítico de ocasión en lugar de explicaciones sobre las actuaciones sospechosas o directamente irregulares del poder?

Dudo que la fascinación que el proyecto revolucionario ha provocado en ciertos sectores de nuestra sociedad sea suficiente para mantenernos en la apatía, eventualmente, como la historia ecuatoriana demuestra, reaccionaremos.  Pero mientras despertamos del “milagroso” sueño, todos, los de a pie y los de arriba deberíamos calmarnos y antes de descalificar al interlocutor por ser quien es –o quien suponemos que es– recordar las palabras del poeta Machado:

En una república […] democrática […] conviene otorgar al Demonio carta de naturaleza y de ciudadanía, prescribirle deberes a cambio de concederle sus derechos, sobre todo el específicamente demoníaco: el derecho a la emisión del pensamiento. Que como tal Demonio nos hable, que ponga cátedra, señores. No os asustéis. El Demonio, a última hora, no tiene razón; pero tiene razones. Hay que escucharlas todas.

Los defensores y las defensoras que vendrán

Por Juan Pablo Albán Alencastro

A mi querido amigo y colega Nelson Camilo Sánchez debo el privilegio de haber leído El olvido que seremos, un conmovedor relato de Héctor Abad Faciolince sobre una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos, la de su padre, Héctor Abad Gómez, asesinado en 1987 por su trabajo comprometido a favor de los marginados, uno entre miles de defensores silenciados de diversas formas a través de la historia mientras luchaban por construir un mundo menos inequitativo.  Camilo me obsequió el libro durante la preparación del litigio ante la Corte Interamericana del caso Jesús María Valle Jaramillo v. Colombia, relacionado con el asesinato en 1998 de otro defensor de derechos humanos, heredero de la lucha de Abad Gómez y otros valientes antioqueños.  Desde entonces mi percepción sobre el trabajo de los defensores de derechos humanos, el mío incluido, se ha transformado.

Es un libro que atesoro y ya he leído tres veces, un libro que he recomendado, he obsequiado o he querido obsequiar a amigos y amigas que comparten las mismas utopías en las que creo, porque a pesar de la tristeza que sus páginas proyectan, es un testimonio inspirador sobre por qué debemos seguir haciendo este trabajo.

Lo único que todavía no me convence es el título.  Un fragmento de un hermoso poema de Borges que con crudeza nos hace caer en cuenta sobre lo efímero de nuestro paso por el mundo y que eventualmente, por valiosas o trascendentes que hayan sido nuestras luchas, caeremos en el olvido.  Yo todavía me pregunto si los caídos en la batalla por los derechos humanos serán olvidados, prefiero asumir que aquello depende de quienes trabajamos en este ámbito, específicamente de la capacidad que tengamos de formar nuevas generaciones de defensores.

Camilo, e incontables y entrañables amigos defensores y defensoras a quienes en estos 16 años he tenido la fortuna de conocer, al igual que yo mismo, en algún momento de nuestras vidas estudiantiles tuvimos la suerte de encontrarnos con los derechos humanos, en la forma de casos hipotéticos diseñados con la intención de despertar nuestra curiosidad a un ámbito jurídico que todavía hoy es de tratamiento marginal en muchas Facultades de Derecho, y hasta objeto de burlas por insignes maestros de materias “importantes” como el Derecho Civil.

Creo firmemente que las competencias académicas de argumentación en derechos humanos son experiencias que cambian vidas, porque con independencia de los resultados que obtengamos nos dejan un importante legado humano –volviendo al académico secundario–:  Amistades duraderas, contactos profesionales para el futuro, conocimientos importantes sobre cómo proteger los componentes más esenciales de nuestra dignidad de seres humanos, y sobre todo una profunda confianza en nuestra capacidad de transformar la injusta realidad en algo mejor.

Así empezó mi recorrido por los derechos humanos hace 16 años, en un concurso en Washington.  Para la época ya había decidido dedicarme al litigio penal y no tenía ni la más peregrina idea sobre derechos humanos, de hecho mis conocimientos sobre derecho internacional eran casi nulos gracias a la deficiente enseñanza de la materia de la que fue víctima mi generación.  Un amigo, hoy dedicado a la propiedad intelectual –lo que demuestra que no a todos estas experiencias nos impactan de la misma forma–, tuvo la gentileza de inscribirme en la eliminatoria interna que se llevó a cabo en mi Universidad, sin decírmelo.  Generosamente quiso compartir conmigo la experiencia que él vivió al representar a nuestra Universidad en la misma competencia el año previo.  Para no dejar mal a mí amigo, y según sigue afirmando después de tantos años un querido Maestro de quien ahora tengo el honor de ser colega Profesor en la USFQ, con el aliciente de un posible viaje, me convertí en autodidacta de los derechos humanos, alcancé el honor de representar a mi Universidad internacionalmente y descubrí que el Derecho como profesión puede ser mucho más satisfactorio y enriquecedor cuando en lugar de honorarios exorbitantes recibes la sonrisa o el abrazo sincero de una víctima.

He regresado muchas veces a esa competencia, en diversas calidades, todavía me siento en deuda con ella por ayudarme a ser no sólo el profesional sino el ser humano que hoy en día soy.  También he tenido la oportunidad de vincularme a otras competencias similares, y de ver como luego de pasar por ellas mis estudiantes se convierten más allá de colegas Abogados, en valientes y convencidos defensores y defensoras de derechos humanos.

Cada vez que tengo la suerte de involucrarme en alguno de estos concursos me convenzo más de la importancia del estímulo académico al momento de reclutar a centenares, miles de jóvenes, para qué cada día haya más defensores y ojalá menos injusticias.

Con satisfacción observo cómo hay más pupitres llenos en mis cursos de derechos humanos.  La mayoría de los que asisten ya pasaron por alguna eliminatoria interna para concursos de derechos humanos, o representaron de manera destacada a la Universidad que me ha abierto sus puertas para formar a esos defensores y defensoras que vendrán.  Casi todos se caracterizan por tener una gran avidez de saber más y el anhelo de estar mejor preparados para el siguiente concurso.  Algunos todavía no se dan cuenta pero su vida ya ha empezado a transformarse e irremediablemente se dirigen a un rumbo desafiante pero sin duda lleno de satisfacciones.

Este fenómeno es reciente. Para generaciones como la mía las opciones de acceder a una formación derechos humanos eran excepcionales.  Como explica Salvioli,

La ausencia o el poco impacto de los derechos humanos en las carreras universitarias, limitada exclusivamente a espacios reducidos dentro de ciertas ciencias generó una clase profesional provista en general (siempre hay excepciones) de altas dosis de individualismo, acrítica políticamente, falta de solidaridad, insensible a los padecimientos y carencias de quienes menos tienen en la sociedad, resignada ante la exclusión, partidaria de mecanismos de seguridad sin importar si los medios para lograrla responden al respeto de los derechos indispensables, autoritaria, profundamente aislada y sin ganas de comprender que sucede más allá del microcosmos que se ha construido enredador del escudo profesional desde el cual ejercen su trabajo cotidiano (SALVIOLI, Fabián. Educación en Derechos Humanos: Políticas públicas para democracias sustanciales. IIDH. San José. 2006).

Qué bueno que esa realidad haya cambiado, porque en sociedades como la nuestra, marcadas por profundas inequidades, con democracias frágiles y líderes envanecidos con el poder que ostentan al punto de atropellarlo todo y a todos, es esencial seguir promoviendo el interés en los derechos humanos, y el compromiso, lo más temprano posible, con la defensa de la libertad.

El fortalecimiento y la consolidación de la democracia requieren ciudadanos verdaderamente dispuestos a ejercer sus derechos humanos y defender los de los demás.  En todas las sociedades la educación ha sido percibida como una forma de motivar cambios sociales y un factor decisivo en el progreso de las naciones.  Sólo conseguiremos aquel compromiso ciudadano en la medida que explotemos las herramientas que ofrece la educación para divulgar la buena nueva de los derechos humanos.  Hasta ahora, parece que vamos teniendo éxito, a pesar de los esfuerzos de quienes nos gobiernan por subestimar la tarea de los defensores y desacreditar esta opción profesional para desanimar a los que vendrán.

Estos propósitos no pueden alcanzarse cuando la formación en estos temas se limita al plano meramente teórico.  Son indispensables los ejercicios de simulación argumental a partir de problemas hipotéticos, pues preparan a las nuevas generaciones de defensores a enfrentar la realidad procesal y sustantiva del derecho constitucional e internacional de los derechos humanos.  De ahí la trascendencia de que cada vez haya más “moot courts”.

La semana pasada estuve de nuevo en Washington, asesorando al equipo que representó a la USFQ en el XIX Concurso Interamericano de Derechos Humanos, a quienes desde ahora auguro brillantes carreras en la defensa de los derechos de nuestros semejantes.  Una vez más tuve asiento en primera fila para presenciar el nacimiento de la nueva generación de defensores y defensoras, y de algún modo he empezado a pensar que el presagio de Borges de que eventualmente caeremos en el olvido no se cumplirá.