Sindéresis

Por Juan Pablo Albán Alencastro

En tan solo 40 horas, entre las 20H00 del martes 6 de febrero de 2018 cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su decisión de remitir un pedido de medidas provisionales a favor de tres integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y las 12H00 del jueves 8 de febrero de 2018 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su resolución negando el pedido de la CIDH por improcedente, la sociedad ecuatoriana y su clase política -de todos los colores, olores y sabores- vivieron un arcoíris de emociones.

Insultos y loas iban y venían de todas partes para denostar a los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por la supuesta vulneración de la soberanía nacional o para alabar la dizque desinteresada y recta decisión del otrora “[…] grupo de burócratas sin atribución […] Es inaudito” (palabras del Sr. Rafael Correa, no mías).

Pero la verdad, ni lo uno ni lo otro.

Como comentaba hace unos años en otra entrada de este mismo blog, cuando el mundo parecía funcionar al revés y los hoy fans de las medidas de protección del Sistema Interamericano eran enemigos de acatarlas,

[…] el otorgamiento de un decreto interino de protección es un ejercicio legítimo y reglado, cuyo racional en materia de derechos humanos es impedir que aquellos sean violados, [por lo que] resulta un poco “irracional” que el argumento para incumplir tal decreto sea la descalificación del mismo por “arbitrario”, y la anteposición de los intereses –no son derechos– del Estado o las invocaciones a la condición de soberano, que radica precisamente en los titulares de los derechos humanos, el pueblo de un Estado, no en su Gobierno.

Por ende, las invocaciones a la soberanía no funcionan como pretexto para relativizar las obligaciones internacionales de un Estado ni para eludir su cumplimiento.  La CIDH tal vez cometió un desliz por contaminación política pero no violó la soberanía ecuatoriana al solicitar medidas provisionales a la Corte Interamericana, ni esta última hubiera violado la soberanía ecuatoriana de acceder a dictarlas.

Pero al tiempo, la decisión de la CIDH en este asunto no es digna de alabanza sino causa de una profunda preocupación sobre los efectos que las campañas emprendidas desde 2007 por varios países -entre ellos Ecuador- con el ánimo de debilitar al sistema, han tenido en la institucionalidad interamericana.

La coyuntura es propicia para explicar brevemente lo que es una medida provisional, plantear unas reflexiones sobre quien es el vencedor de este proceso internacional, y ensayar una respuesta a la “gran” incógnita de por qué varios defensores de derechos humanos ofrecimos nuestro apoyo al Estado, que ordinariamente es nuestro contendor, en el afán de preservar la institucionalidad del Sistema Interamericano y los derechos políticos de los ciudadanos que se pronunciaron en las urnas el pasado 4 de febrero de 2018.

¿Qué es una medida provisional?

Una medida provisional es una orden de la Corte Interamericana dirigida a algún Estado sometido a su competencia con dos finalidades específicas, alternativas o acumulativas: a) Preservar la materia de un eventual litigio por presuntas violaciones a los derechos humanos; y b) Prevenir que tales derechos sean efectivamente violados o que los efectos de dichas violaciones se prolonguen en el tiempo.

Los organismos internacionales de supervisión consideran la invocación de este tipo de medida una parte esencial del ejercicio de su jurisdicción y una herramienta para asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados.

El dictado de la medida provisional puede ser solicitado por la Comisión Interamericana en su calidad de garante del interés general en el sistema, o, si ya existiera un caso en trámite ante la Corte Interamericana, por la representación de las presuntas víctimas.

El proceso para el dictado de medidas provisionales es de carácter judicial sometido al principio de contradictorio, no es un proceso político ni diplomático, por ende, la defensa de las partes que son el solicitante -CIDH o representación de las presuntas víctimas- y el Estado, debe ser jurídica y sujetarse al procedimiento descrito en el Reglamento de la Corte.

La procedencia de la solicitud de protección está condicionada al cumplimiento estricto de tres requisitos determinados en el artículo 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

  • Extrema gravedad. La amenaza al derecho debe ser de tal entidad que resulte imprescindible la intervención del organismo internacional, el cual sólo actuará frente a la inactividad del Estado en la protección del derecho en riesgo o la inefectividad de los mecanismos existentes en el plano interno;
  • Extrema urgencia. El riesgo de vulneración del derecho debe ser actual y el daño inminente; e
  • Irreparabilidad. Si el organismo internacional no interviene para proteger el derecho, este no podrá ser restituido a su titular, sino en todo caso, su violación compensada económicamente, lo que desde luego no es lo deseable.

Los fundamentos fácticos del pedido de protección deben ser verosímiles.  Tómese en cuenta que el proceso se desarrolla ante un órgano judicial con un estándar probatorio medianamente riguroso, por eso quien solicita una medida provisional debe acreditar sus dichos y los hechos que dan lugar a la misma.

Si la Corte no se siente persuadida por el pedido tiene la potestad de negar la medida provisional como ocurrió esta vez; o si tuviera dudas sobre la existencia de un colorable claim puede requerir información adicional al solicitante, lo que evidencia que la actuación del organismo en esta materia es cautelosa, no precipitada.

La medida provisional por su propia naturaleza tiene un carácter temporal, por eso la denominación genérica de este tipo de decreto como medidas interinas.  Cuando la Corte dispone la adopción de medidas provisionales, realiza un seguimiento detallado de su implementación a partir de información suministrada periódicamente por las propias partes; evalúa a intervalos la permanencia de los criterios de extrema gravedad, extrema urgencia e irreparabilidad que justificarían el mantenimiento de la vigencia del decreto de protección; y cuando determina que las medidas ya no son necesarias, las levanta.

¿Quién ganó en la Corte Interamericana?

A mi parecer con la Resolución que adoptó la Corte hay dos grandes vencedores, y no son ni el Gobierno de Lenín Moreno, ni el berrinche de Rafael Correa.

Pese a las declaraciones públicas del Presidente resaltando la “buena gestión” de su Cancillería, Procuraduría y otros entes estatales, que en su opinión motivó el rechazo del pedido de medidas provisionales, lo cierto es que para el momento que la delegación ecuatoriana llegó a Costa Rica (contra la recomendación de los integrantes de la “Liga de la (In)Justicia”, ver infra) la decisión no sólo ya estaba tomada, sino que ya se había reducido a escrito, firmado y se estaba cargando a la página de internet del Tribunal.  En suma, el Gobierno no gano pues no tuvo ocasión de decirle nada a la Corte, lo que, en las circunstancias de este asunto, pienso yo, fue mejor.

Y, pese a las sumas, restas, raíces cuadradas y algoritmos que conducen al Ec. Correa y sus seguidores a decir que clarito está que ellos ganaron porque la votación de la Corte Interamericana fue dividida 4 a 2 y porque el texto obviamente les da la razón dejando abierto el camino para la discusión de fondo. El pronunciamiento del Tribunal es muy claro al señalar

la Corte no está llamada a pronunciarse sobre los derechos presuntamente vulnerados en perjuicio de los propuestos beneficiarios de las medidas provisionales en el marco del procedimiento de referéndum que tuvo lugar el pasado 4 de febrero. Tampoco corresponde a este Tribunal efectuar un análisis de convencionalidad sobre las actuaciones de las autoridades internas que culminaron con la organización de esos comicios. Estos aspectos podrían, eventualmente, ser debatidos por los peticionarios y el Estado ante la Comisión Interamericana, conforme a las reglas establecidas en la Convención y en el Reglamento del señalado órgano del sistema interamericano, en caso de que la petición inicial sea declarada admisible (párr. 23 de la Resolución, énfasis añadido).

Es decir, el berrinche de Rafael Correa no ganó, pues para que eventualmente le llegue su día en Corte, tendrán que cumplirse varios pasos previos y condiciones que al menos por ahora no se han verificado.  Tengo mucha curiosidad de saber si la CIDH lidiará con una eventual petición en este asunto siguiendo sus tiempos regulares que hoy oscilan entre siete y diez años de trámite, y respetando el orden cronológico de entrada como hace con todos los demás asuntos que le llegan.

Los grandes vencedores con esta Resolución son en primer lugar los electores ecuatorianos, cuyos derechos han sido garantizados a partir de una evaluación jurídica objetiva del Tribunal sobre el incumplimiento de requisitos y la falta de mérito del pedido de medidas provisionales remitido de forma meteórica por la CIDH a la Corte; y en segundo lugar la institucionalidad del Sistema Interamericano, pues pese a lo amargo que es -yo también lo viví más de una vez siendo funcionario de la Secretaría Ejecutiva- que la Corte le haga un jalón de orejas público a la CIDH, no tengo duda que este revés llevará a la Comisión a reflexionar, a medir un poco más las consecuencias de sus decisiones con un sesgo político y el manejo de sus tiempos procesales, y a escuchar el sabio consejo técnico de su Secretaría Ejecutiva, ojo, no digo de su Secretario Ejecutivo.

La “Liga de la (In)justicia”

En medio del arcoíris de emociones al que me referí al inicio, un académico ecuatoriano residente en Bélgica, con desdén nos ha puesto el mote de “Liga de la (In)justicia” a los “defensores de derechos humanos” -así, entre comillas- y académicos burgueses -según él dice- que ofrecimos nuestro modesto conocimiento y experiencia para apoyar la defensa del Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana.

El investigador de la Universidad de Ghent, prolífico autor de unos papers que solo lee el mismo y sus amigos del Club del Elogio Mutuo, se ha convertido en monje purificador y ahora nos va a decir quiénes son defensores de derechos humanos y quienes no, es más, nos va a decir que causas son justas y cuáles no, a la guisa del sorting hat del universo de Harry Potter.

Ahora que la CIDH de repente es buenísima, parece que al académico ya se le olvidó que entre los escritos que presume aparecen estas apologías de la política de desmantelamiento del Sistema Interamericano emprendida por Ecuador bajo el gobierno anterior, y duros cuestionamientos al dictado de medidas interinas de protección por parte de la Comisión que en ese tiempo era un órgano de segunda, por no decir tercera.  ¡Pero la “Liga de la (In)justicia” somos otros! ¡Horror!

La mayoría de los ciudadanos no necesitó explicación para comprender -y hasta algunos agradecer- qué un grupo de abogados hayamos tomado la decisión de ayudar, pero para los que han estado ocupados escribiendo papers y se perdieron detalles importantes, planteo unas reflexiones:

  1. Desde hace varios años la defensa técnica del Estado ecuatoriano ante los organismos internacionales de derechos humanos ha sido pobre. Esto tiene que ver con una serie de factores que no se limitan a la falta de conocimiento de los funcionarios de la Procuraduría y Cancillería responsables de tal defensa (de hecho conozco a muchos que desde adentro tratan de ser la voz de la razón y otros que se fueron de esas instituciones porque no se les permitía hacer su trabajo adecuadamente y ahora son exitosos funcionarios en otras instituciones del Estado, académicos -burgueses supongo- o miembros de organizaciones de la sociedad civil), sino que también incluyen la esporádica asignación de puestos de decisión a personas con escasa formación y experiencia en el tema; la falta de colaboración de otros estamentos estatales responsables de proveer información o ejecutar tareas tendientes a una buena defensa; y los vaivenes políticos que nos llevaron de ser el suscriptor No. 1 de acuerdos de solución amistosa ante el Sistema Interamericano a ser el enemigo No. 1 del Sistema Interamericano lo que se materializa en el tradicional viserazo, “responde así porque digo yo”, que termina opacando o excluyendo los argumentos jurídicos y razonables.  Por supuesto, también ha habido varias ocasiones en qué el Estado no ha sabido que argumentar para defenderse o no ha tenido argumentos para hacerlo frente a la gravedad de las violaciones cometidas.
  2. Desde hace una década la tónica de las relaciones de varios Estados de la región con los organismos de derechos humanos y particularmente con la CIDH ha sido la confrontación vehemente, desinformada y altanera. Esa retórica autoritaria del Estado que pretende manipular el Sistema Interamericano a su antojo y se emperra cuando no lo logra, terminó ocasionando mucho daño y en mi humilde opinión -burguesa supongo- empujando a la CIDH a un rincón, asustada de caerle mal a los Estados, de que le retiren los fondos, le reduzcan las funciones, le cambien la sede, no le cumplan sus decisiones.  Por eso mismo, las últimas composiciones de la CIDH -con muy honrosas excepciones- han sido bastante tímidas, muy burocráticas y no muy pro-víctima.  Al tiempo, las carantoñas estatales a la Corte Interamericana, merecidas o no, han provocado que el tribunal se sienta autorizado/obligado a comportarse como un actor político cuya independencia e imparcialidad se diluyen, por ejemplo, al reunirse con autoridades públicas para elogiarlas, realizar “visitas in loco” que no son parte de sus atribuciones convencionales o estatutarias, o adoptar resoluciones controversiales en beneficio de ciertos países -no lo digo yo, lo dice un ex Juez de la propia Corte-.
  3. Quienes estamos preocupados por la preservación de la institucionalidad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde antes del 6 de febrero de 2018, observamos con gran tristeza la creciente lentitud y burocratización de los procedimientos de la CIDH; los continuos experimentos administrativos internos que se anuncian como medidas para aumentar la eficiencia pero terminan siendo precisamente lo opuesto y de paso minando el entusiasmo y resistencia del estoico personal de la Secretaría Ejecutiva que es la verdadera alma del organismo; la notable insensibilidad de los Comisionados frente a situaciones críticas que requieren su atención urgente y que son constantemente postergadas; la falta de transparencia en la toma de ciertas decisiones y en la determinación de prioridades; el claro sesgo de algunos de sus pronunciamientos; etc. Y también observamos con sorpresa y, por que no, desconfianza, que la Corte Interamericana cada vez se parezca menos a un órgano judicial y se parezca más a la descripción de funciones de la CIDH que constan en el artículo 41 de la Convención Americana.
  4. Los pronunciamientos públicos y acciones desarrolladas por altas autoridades del Estado ecuatoriano entre el 6 y 8 de febrero de 2018, evidencian el poco tino con que se quiso manejar una cuestión de gran sofisticación técnico jurídica, con el consecuente riesgo de que el Tribunal Interamericano no tuviera suficientes elementos para examinar lo único realmente relevante frente a la solicitud de medidas provisionales planteada por la CIDH en el Asunto Jarrín y otros: a) Si estaban reunidos los requisitos de extrema gravedad, extrema urgencia e irreparabilidad de los eventuales daños, que determina el artículo 63.2 de la Convención para que proceda el dictado de medidas provisionales; b) Si los hechos planteados por los propuestos beneficiarios a la CIDH y a su vez, por ésta a la Corte, eran verosímiles; y c) La oportunidad del planteamiento, a fin de descartar que la cuestión sea mas bien materia de una posible petición individual si las presuntas violaciones ya se hubieran concretado.
  5. Aunque les resulte doloroso e inconveniente a quienes se sienten hostilizados porque el Ejecutivo buscó el pronunciamiento del pueblo en las urnas sobre la continuidad o no del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en su diseño y composición anterior al 4 de febrero de 2018, deben recordar que el ordenamiento jurídico ecuatoriano (ese ordenamiento que ellos mismos ayudaron a construir desde el 2008 hacia acá, con una Constitución redactada para exaltar al ego de un solo individuo y una legislación inferior pensada en perpetuar a ese individuo en todos los espacios de poder, por siempre y para siempre), contempla un plazo específico para que la Corte Constitucional (con los Jueces que ellos mismos nombraron), se pronuncie sobre la constitucionalidad de las preguntas de un posible referéndum. Ese ordenamiento jurídico hecho por ellos y sus amigos, que antes si valía y ahora “ya no”, también determina que, si a la Corte Constitucional se le vence el plazo para dictaminar, se debe entender que se ha pronunciado tácitamente en favor de la constitucionalidad del posible referéndum (inciso final del artículo 105 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional).  Esto se le quiso ocultar a los órganos del Sistema Interamericano.
  6. La discusión sustantiva se refiere a los derechos de los electores ecuatorianos y lo que nos proponíamos defender con la “Liga de la (In)Justicia” más allá de diferencias ideológicas con el actual Gobierno y con el anterior, eran precisamente esos derechos, ampliamente garantizados y reivindicados por el derecho interamericano.

La Carta de la Organización de los Estados Americanos en su artículo 3.d de manera clara establece que la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa, es decir, no basada en un modelo en el que todos los espacios de poder sean cooptados por una sola organización erigida alrededor de una sola persona, como lamentablemente ocurrió en nuestro país durante el régimen anterior.

La Asamblea General de la OEA se ha referido en numerosas oportunidades a la relación entre democracia y derechos humanos, enfatizando la necesidad del ejercicio de los derechos políticos y en especial el de elegir.  Por ejemplo, en la Resolución 837 (XVI-0/86), adoptada por la Asamblea General, se reafirmó,

[e]l derecho inalienable de todos los pueblos americanos a elegir libremente un sistema político, económico y social sin injerencias externas, por medio de un auténtico proceso democrático, en un régimen de justicia social, en el que todos los sectores de la ciudadanía gocen de las garantías necesarias para participar libre y efectivamente.

Al adoptar la Carta Democrática Interamericana en septiembre de 2001, los Estados de la región establecieron en sus artículos 1 y 6 que,

[l]os pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

[l]a participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

Por su parte, la Corte Interamericana ha declarado que,

[l]a democracia […] es un “principio” reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano. El régimen mismo de la Convención reconoce expresamente los derechos políticos (art. 23), que son de aquellos que, en los términos del artículo 27, no se pueden suspender, lo que es indicativo de la fuerza que ellos tienen en dicho sistema (La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 34)

En el mismo sentido, dicho Tribunal señaló que los derechos políticos protegidos en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales, propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político (Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 192).

De su parte la CIDH ha afirmado que las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos que garantizan los derechos políticos, incluido el artículo 23 de la Convención Americana, deben ser interpretadas y aplicadas de manera de dar efecto significativo al ejercicio de la democracia representativa en este hemisferio (Informe 98/03, Caso No. 11.204, Statehood Solidarity Committee, Estados Unidos, 29 de diciembre de 2003, párr. 95).

El mismo organismo ha señalado además que no es extraño que la elaboración jurídica hemisférica haya insistido en la existencia de una relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos así definidos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado, lo cual a su vez supone la vigencia de otros derechos humanos fundamentales. En efecto, como ha dicho la Comisión, el concepto de democracia se asienta sobre el principio de que el pueblo es el titular de la soberanía política y por ende puede elegir como son conducidos sus destinos y por quien (Informe 137/99, Caso No. 11.683, Andrés Aylwin Azócar y Otros, Chile, 27 de diciembre de 1999, párr. 35).

La misma Comisión Interamericana ha sostenido que el derecho a elegir en elecciones abiertas, realizadas por sufragio universal e igual, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores (artículo 23.1.b de la Convención Americana), cumple en la democracia representativa una función legitimadora esencial de la autoridad política (mismo informe, párr. 95).

La intención de permanecer contra la voluntad expresada por el pueblo en las urnas, en el ejercicio de un cargo público que no era de elección popular sino de designación, es contrario a los principios de la democracia, y subestima al pueblo ecuatoriano al pretender decirle qué es lo que le conviene, en lugar de permitirle elegir, aún a riesgo de que se equivoque.

  1. Lamentablemente para los consejeros ya removidos de sus funciones por voluntad del Pueblo, no hay un derecho político a “conservar el puesto”. Y afortunadamente para ellos la decisión popular no les impide de modo alguno en el futuro tratar de participar en la conducción de los asuntos públicos, sea candidateándose a un cargo de elección popular, expresando su propia voluntad en las urnas o aceptando una designación para una función en el Estado.
  2. El dictado de una medida provisional en un asunto de esta naturaleza, sin cumplir los requisitos convencionales, con base en hechos inverosímiles, violando los derechos políticos de millones de personas al interferir injustamente en un proceso electoral, hubiera sido un precedente nefasto, como bien lo entendió la Corte Interamericana no sólo en esta ocasión sino desde la desatinada decisión de la CIDH de enviar un pedido de medidas provisionales en el Caso Castañeda Gutman v. México años atrás, contra la expresa recomendación técnica de la Secretaría Ejecutiva.
  3. Un debate jurídico -y esto debe saberlo muy bien alguien con un diploma en argumentación- es un ejercicio dialéctico en que los interlocutores plantean fundadamente sus posturas. En tal debate jurídico no cabe ni la visita sorpresa a un tribunal internacional para hablarle al oído, ni el exabrupto “soberano” desafiante de la autoridad judicial, ni la descalificación personal a los abogados de la otra parte por “burgueses”, ni el aspaviento de me quieren robar el puesto.  El tenor de las declaraciones de los altos funcionarios ecuatorianos y de los que extrañan desesperadamente ese poder que ya no ostentan, auguraba una discusión inútil que probablemente terminaría por confundir a la Corte -de hecho, yo creo que la Comisión obró en parte confundida y en parte mal influenciada-.

Por todo esto, anticipando el papelón que podríamos pasar en un asunto por demás delicado en que se encontraban en juego los derechos políticos de la población que ya se pronunció en las urnas y la estabilidad democrática en una sociedad altamente polarizada gracias a diez años de etiquetarnos entre “burgueses” y “proletarios” cuando lo que somos todos es seres humanos, me animé de comedido a apuntalar una defensa que a todas luces hacía agua como un barco que se hunde.  Sospecho que mis colegas que también se ofrecieron para esa tarea, tuvieron razones similares.  Ese esfuerzo de juzgar rectamente y colocarse siempre del lado de los derechos humanos más allá de convicciones ideológicas es lo que se denomina sindéresis.

Pero claro, toda buena acción tiene su castigo, en este caso supongo que consiste en integrar la “Liga de la (In)Justicia” denunciada desde Bélgica y ser vilipendiado en redes por un grupo de patanes cuyo amor ciego por el anterior régimen les obliga a insultar (argumentos no tienen).  Para que ya no sufran les aclaro, no me han ofrecido un cargo y no quiero ninguno, tampoco me ofrecieron honorarios ni yo los regularía porque la dignidad de los electores ecuatorianos no tiene un precio.

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