Los requisitos de la cosa juzgada en el derecho internacional penal de los derechos humanos

El artículo de esta semana es de autoría de mi querido amigo el Maestro Hernán Homazabal Malarée[1], con cuya autorización expresa lo publico. Amplía el análisis realizado en mi artículo titulado “Cosa juzgada fraudulenta v. prohibición de doble juzgamiento”, publicado el 24 de noviembre pasado[2].

LOS REQUISITOS DE LA COSA JUZGADA EN EL DERECHO INTERNACIONAL PENAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

El Profesor Hormazabal durante una conferencia en la Universidad San Francisco de Quito, 13 de diciembre de 2013
El Profesor Hormazabal durante una conferencia en la Universidad San Francisco de Quito, 13 de diciembre de 2013

Por Hernán Hormazabal Malarée

1. Cosa Juzgada y ne bis in idem en el derecho penal doméstico y en el derecho internacional penal.

En el derecho procesal se conoce con el nombre de cosa juzgada material el principio procesal que impide que se persiga penalmente a una misma persona por los mismos hechos cuando la acción penal se ha agotado por haber recaído una resolución judicial de fondo firme, sentencia o  auto de sobreseimiento, en un juicio anterior. Este impedimento no es otra cosa que la manifestación técnica en el proceso del principio ne bis in idem reconocido en Ecuador con carácter constitucional en el art. 11 de la Constitución y como derecho humano en el art. 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La prohibición de un nuevo enjuiciamiento se fundamenta en la exigencia de la concurrencia de ciertos y determinados requisitos constitutivos de la cosa juzgada que se presentan a modo de exigencias. La primera exigencia es la de identidad de personas consistente en que la persona afectada por la sentencia firme y aquella contra la cual se dirige la nueva persecución penal ha de ser la misma. La segunda exigencia es la de la identidad de los hechos que fueron objeto del proceso que acabo en la sentencia firme y los que sirve de fundamento al nuevo proceso. La tercera exigencia se refiere a que en ambos casos el motivo de la persecución ha de ser el mismo. En los procesos penales el motivo de la acción penal es siempre es la imposición de una sanción.

En cuanto al primer momento procesal en que debe alegarse la infracción del principio ne bis in idem, o dicho de otra forma la existencia de la cosa juzgada, en tanto que puede ser un asunto controvertido, según se desprende del art. 226 (1) del Código de Procedimiento Penal, es el de la audiencia preparatoria del juicio y formulación de dictamen a partir de la alegación que haga la parte interesada. La prueba es relativamente sencilla. Será una prueba documental que el Juez deberá valorar a efectos de establecer si hay o no cosa juzgada. En principio, le bastará con comprobar si concurre o no la triple identidad de personas, hechos y motivo.

Sin embargo esta relativa sencillez se complica cuando se trata de violaciones de derechos humanos que son constitutivas de crímenes internacionales.

En efecto, en el derecho internacional penal de los derechos humanos, como no podía ser de otra manera, también se recoge el principio de ne bis in idem y por ende también el de cosa juzgada. Lo están en el art. 8. 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como señalábamos anteriormente, pero también en el art. 14.7  del Pacto de Derechos Civiles y Políticos entre otros textos internacionales de derechos humanos. En particular, en el art. 20 del Estatuto de Roma se reconocen estos principios y expresamente señala que nadie podrá ser procesado “en razón de conductas constitutivas de crímenes por los cuales ya hubiere sido condenado o absuelto por la Corte (art. 20 1. ER) o por otro Tribunal (art. 20.3 ER); ni por otro Tribunal si la Corte hubiere ya condenado o absuelto (art. 20. 2 ER) salvo que “el proceso en el otro tribunal a) obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de competencia de la Corte (art. 20.3. a) ER).

Como puede comprobarse en el derecho internacional penal, además de los requisitos a que hemos hecho referencia anteriormente, se agrega un cuarto de carácter negativo consistente en que la resolución no  sea el resultado de un proceso que tenga por objeto favorecer fraudulentamente la impunidad del procesado. De esta manera, en el derecho internacional penal las exigencias validez de la cosa juzgada no son tres como en el derecho penal doméstico, sino cuatro. Dicho de otra forma, para que pueda prosperar en un juicio por crímenes internacionales una alegación de cosa juzgada, el juez deberá constatar la concurrencia de las señaladas cuatro exigencias.

Ahora bien, de acuerdo con las reglas de la prueba el requisito de carácter negativo de no ser la resolución base la consecuencia de un juicio fraudulento,  no puede estar a cargo del que alega la vulneración del principio ne bis in idem es decir del que ya ha sido procesado anteriormente, sino de la parte acusadora. Será ella la que tendrá que demostrar que el proceso anterior fue fraudulento, que no tenía otro propósito que el de blindar a los inculpados, ante el riesgo de ser procesados y condenados más adelante por un crimen internacional, con la alegación de cosa juzgada.

La prueba de un propósito, de una intención trascendente, en tanto que constituye un hecho pero de carácter subjetivo, solo puede obtenerse por vía de indicios que valorados en su conjunto sean conclusivos respecto de la intención del tribunal que dictó la resolución de absolver a los acusados. En el Estatuto de Roma ya hay algunos indicadores de la existencia de un juicio simulado. Así en el art. 17 2 ER se señala que “a fin de determinar si hay o no disposición a actuar en un asunto determinado, la Corte examinará, teniendo en cuenta los principios del debido proceso….si se da una o varias de las siguientes circunstancias….b) que haya habido una demora injustificada en el juicio que, dadas las circunstancias, sea incompatible con la intención de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia; c) que el proceso no haya sido o no esté siendo sustanciado de manera independiente o imparcial y haya sido o esté siendo sustanciado de forma en que, dadas las circunstancias, sea incompatibles de hacer comparecer a la persona de que se trate ante la justicia.” Esta última disposición se reitera casi en los mismos términos en el art. 20 ER pero ya directamente en relación a la validez de la cosa juzgada.

De las disposiciones transcritas se desprende que hay vicios procesales que por si solo son suficientes para tachar por fraudulenta una resolución firme que ponga fin a la acción penal. Claramente en este sentido, la falta de imparcialidad e independencia del tribunal. En otros casos habrá que examinar el desarrollo del proceso en todas sus etapas. En la de investigación habrá que valorar, por ejemplo, si fue exhaustiva, si se preservaron pruebas, si se citaron todos los testigos, si se practicaron las diligencias que según las circunstancias del caso aparecían como razonablemente necesarias. Si el tribunal valoró el conjunto de la prueba científicamente de acuerdo con las reglas de la sana crítica y no de forma fragmentada etc. Si se fundamentó en la prescripción o en una amnistía que no son admisibles tratándose de crímenes violatorios de derechos humanos.

2. La cosa juzgada fraudulenta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Caso Carpio Nicolle y otros Vs. Guatemala. Sentencia de 22 de noviembre de 2004 (Fondo, Reparaciones y Costas).

131. El desarrollo de la legislación y de la jurisprudencia internacionales ha permitido el examen de la llamada “cosa juzgada fraudulenta” que resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proceso, o cuando los jueces no obraron con independencia e imparcialidad.

132. Ha quedado plenamente demostrado (supra párr. 76.23 a 76.61) que el juicio del presente caso, ante los tribunales nacionales, estuvo contaminado por tales graves vicios. Por tanto, no podría invocar el Estado, como eximente de su obligación de investigar y sancionar, las sentencias emanadas en procesos que no cumplieron los estándares de la Convención Americana. La regla básica de interpretación contenida en el artículo 29 de dicha Convención disipa toda duda que se tenga al respecto.

[…]

135. Asimismo, a la luz del presente caso, el Estado debe adoptar medidas concretas dirigidas a fortalecer su capacidad investigativa. En este sentido, habrá que dotar a las entidades encargadas de la prevención e investigación de las ejecuciones extrajudiciales de suficientes recursos humanos, económicos, logísticos y científicos para que puedan realizar el procesamiento adecuado de toda prueba,científica y de otra índole, con la finalidad de esclarecer los hechos delictivos. Dicho procesamiento debe contemplar las normas internacionales pertinentes en la materia, tales como las previstas en el Manual de las Naciones Unidas sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.

Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú. Sentencia de 30 de mayo de 1999 (Fondo, Reparaciones y Costas).

218. Todo proceso está integrado por actos jurídicos que guardan entre sí relación cronológica, lógica y teleológica. Unos son soporte o supuesto de los otros y todos se ordenan a un fin supremo y común: la solución de la controversia por medio de una sentencia. Los actos procesales corresponden al género de los actos jurídicos, y por ello se encuentran sujetos a las reglas que determinan la aparición y los efectos de aquéllos. Por ende, cada acto debe ajustarse a las normas que presiden su creación y le confieren valor jurídico, presupuesto para que produzca efectos de este carácter. Si ello no ocurre, el acto carecerá de esa validez y no producirá tales efectos. La validez de cada uno de los actos jurídicos influye sobre la validez del conjunto, puesto que en éste cada uno se halla sustentado en otro precedente y es, a su turno, sustento de otros más. La culminación de esa secuencia de actos es la sentencia, que dirime la controversia y establece la verdad legal, con autoridad de cosa juzgada.

219. Si los actos en que se sostiene la sentencia están afectados por vicios graves, que los privan de la eficacia que debieran tener en condiciones normales, la sentencia no subsistirá. Carecerá de su soporte necesario: un proceso realizado conforme a Derecho. Es bien conocida la figura de la reposición del procedimiento, que acarrea la invalidación de diversos actos y la repetición de las actuaciones a partir de aquélla en que se cometió la violación que determina dicha invalidación. Esto implica, en su caso, que se dicte nueva sentencia. La validez del proceso es condición de la validez de la sentencia.

220. Es importante distinguir la hipótesis que se está examinando del supuesto que se presenta cuando el tribunal aplica inexactamente la ley en su sentencia, o aprecia erróneamente las pruebas, o no motiva o funda adecuadamente la resolución que emite. En estos casos la sentencia es válida y puede adquirir firmeza, aunque pudiera ser injusta o incorrecta. Tiene sustento procesal en actos válidos, realizados conforme a Derecho. Por ello, subsiste a pesar de que contenga errores de apreciación o aplicación de normas. No es el caso de una sentencia que carece de soporte procesal, por estar erigida sobre bases insubsistentes.

221. En el presente caso hubo numerosas violaciones a la Convención Americana, desde la etapa de investigación ante la DINCOTE hasta el período de conocimiento por parte de los tribunales militares. Esto ha sido descrito, probado y resuelto en los capítulos precedentes de esta sentencia. En efecto, el proceso se siguió ante un órgano jurisdiccional que no puede ser considerado “juez natural” para hechos e inculpados como los que ahora nos ocupan; en ese procesamiento actuaron jueces y fiscales “sin rostro”; los inculpados no dispusieron de un defensor de su elección desde el momento mismo de la detención, y los defensores que finalmente les asistieron no contaron con la posibilidad de entrevistarse a solas con sus defensor, conocer oportunamente el expediente, aportar pruebas de descargo, contradecir las de cargo y preparar adecuadamente los alegatos. Evidentemente, no nos encontramos ante un procesamiento que satisfaga las exigencias mínimas del “debido proceso legal”, que es la esencia de las garantías judiciales establecidas en la Convención. Tal circunstancia motiva la invalidez del proceso y también priva de validez a la sentencia, que no reúne las condiciones para que subsista y produzca los efectos que regularmente trae consigo un acto de esta naturaleza. Corresponde al Estado, en su caso, llevar a cabo -en un plazo razonable- un nuevo enjuiciamiento que satisfaga ab initio las exigencias del debido proceso legal, realizado ante el juez natural (jurisdicción ordinaria) y con plenas garantías de audiencia y defensa para los inculpados. La Corte no se pronuncia sobre la libertad provisional de éstos, porque entiende que la adopción de dicha medida precautoria corresponde al tribunal nacional competente.

Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2004 (Fondo Reparaciones Y Costas).

206. En consonancia, en el caso en análisis la violación al principio de acceso al juez natural es suficiente para determinar que las diligencias realizadas y las decisiones adoptadas por las autoridades del fuero privativo militar, en relación con la señora Lori Berenson, no configuraron un verdadero proceso bajo el artículo 8.4 de la Convención.

[…]

208. El proceso ante el fuero militar seguido contra la señora Lori Berenson acabó con una resolución firme expedida por el Consejo Supremo de Justicia Militar que, sin pronunciarse sobre el fondo, declinó la competencia a favor del fuero ordinario. En consecuencia, no habiéndose producido un pronunciamiento sobre el fondo en el fuero militar, no existe el supuesto de hecho imprescindible para declarar que se ha afectado el principio non bis in idem.

Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Sentencia de 29 de septiembre de 1999 (Fondo).

194. Con respecto a la segunda pretensión de la Comisión, la Corte considera que el proceso seguido ante el fuero militar en contra del señor Cesti Hurtado se llevó a cabo en forma irregular. La Corte ya declaró, en esta misma sentencia, que el juicio al cual fue sometido el señor Cesti Hurtado constituye una violación al derecho a ser oído por un tribunal competente, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención (supra 151). Con base en lo dicho, la Corte considera que el juicio seguido contra el señor Cesti Hurtado en el fuero militar es incompatible con la Convención, por lo que estima procedente ordenar al Estado anular tal proceso, así como todos los efectos que de él se derivan.

Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Sentencia de 11 de Mayo de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas).

197. Asimismo, es necesario señalar que el principio de cosa juzgada implica la intangibilidad de una sentencia sólo cuando se llega a ésta respetándose el debido proceso de acuerdo a la jurisprudencia de este Tribunal en la materia. Por otro lado, si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de esas graves violaciones a los derechos humanos pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe una sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada.

Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Sentencia de 26 de septiembre de 2006 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

154. En lo que toca al principio ne bis in idem, aún cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta”. Por otro lado, esta Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe un sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del ne bis in idem.

155. En el presente caso, se cumplen dos de los supuestos señalados. En primer lugar, la causa fue llevada por tribunales que no guardaban la garantía de competencia, independencia e imparcialidad. En segundo lugar, la aplicación del Decreto Ley No. 2.191 consistió en sustraer a los presuntos responsables de la acción de la justicia y dejar el crimen cometido en contra del señor Almonacid Arellano en la impunidad. En consecuencia, el Estado no puede auxiliarse en el principio de ne bis in idem, para no cumplir con lo ordenado por la Corte (supra párr. 147).


[1] Hernán Hormazábal Malarée, chileno-español, es Licenciado en Derecho por la Universidad de Chile y también por la Universidad de Barcelona, Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona, y Catedrático de Derecho Penal en España. Ha sido profesor titular de las Universidades de Barcelona y Autónoma de Barcelona; y profesor invitado en Latinoamérica, entre otras, por las Universidades Externado, Nacional, del Rosario y Santo Tomás (Colombia), Autónoma de México y de Mexicali (México), San Carlos (Guatemala), de Mar del Plata (Argentina), de Talca y Austral de Valdivia (Chile), y Andina Simón Bolívar (Ecuador); Asesor de la Fiscalía General del Estado de la República del Ecuador; Director de cursos de capacitación para jueces y fiscales en los Estados de Campeche, Jalapa y Chihuahua, México; Autor de varias obras entre las que destacan “Bien Jurídico y Estado Social y Democrático de Derecho” (reeditada por Editorial Lexis Nexis Stgo. de Chile) y con el Profesor Juan J. Bustos, “Lecciones de Derecho Penal” y “Nuevo Sistema de Derecho Penal” ambas editadas por Trotta, Madrid, y de más de 50 artículos monográficos publicados en revistas especializadas.

[2] Disponible en http://wp.me/p41HUl-K

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Cosa juzgada fraudulenta v. prohibición de doble juzgamiento

Por Juan Pablo Albán Alencastro

El derecho penal moderno se erige sobre una serie de principios diseñados con el propósito de garantizar al acusado las más amplias oportunidades de defensa frente al ejercicio –en muchas ocasiones abusivo– del ius puniendi estatal. Entre tales principios uno de los más importantes es la prohibición del doble juzgamiento, conocido universalmente como ne bis in idem o non bis in idem, que impide al Estado someter a una persona a procesamientos consecutivos por un mismo delito, bajo el argumento de haber fracasado en su primer intento de hacer justicia, con la consecuente afectación psicológica, moral y en ocasiones física que ello conlleva.

Varios tratados internacionales de derechos humanos aluden expresamente al principio, enfatizando su importancia mediante su inclusión entre las garantías mínimas de debido proceso[1]; y también los textos constitucionales contemporáneos incluyen normas específicas al respecto[2], o en su defecto han sido interpretados por los órganos judiciales en el sentido de que contienen una serie de garantías de debido proceso no enunciadas, entre ellas la prohibición del doble juzgamiento[3].

La Corte Constitucional colombiana, ha definido la prohibición de doble castigo en los siguientes términos:

[…] el Estado se halla legitimado para imponer, luego de los procedimientos legales respectivos, sanciones penales o disciplinarias cuando demuestre la ocurrencia de delitos o de faltas y concurra prueba que acredite la responsabilidad de quienes en ellos intervinieron pero […] una vez tomada una decisión definitiva sobre el hecho constitutivo del delito o de la falta y sobre la responsabilidad o inocencia del implicado, no puede retomar nuevamente ese hecho para someterlo a una nueva valoración y decisión.  En virtud de ese principio, cualquier persona cuenta con la seguridad de que las decisiones definitivas que se han proferido en los procesos tramitados en su contra, con miras a establecer su responsabilidad penal o disciplinaria, realizan la justicia en cada caso particular e impiden que los mismos hechos puedan ser objeto de posteriores debates.  Por ello se dice que el principio non bis in ídem es una manifestación de la seguridad jurídica y una afirmación de la justicia material[4].

También el Tribunal Constitucional español se ha referido a esta cuestión, manifestando que, “siempre que exista identidad fáctica, de ilícito penal reprochado y de sujeto activo de la conducta  incriminada, la duplicidad de penas es un resultado constitucionalmente proscrito”[5].

De su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al referirse a este principio no lo ha limitado a la prohibición del doble castigo, pues de hecho el lenguaje del artículo 8.4 de la Convención Americana es más laxo, al prohibir de manera general un nuevo juicio –con independencia de la imposición o no de una pena en el primero–, en tal virtud, la Corte ha sostenido que el ne bis in idem “busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos”[6].

En similar sentido el Comité de Derechos Humanos ha establecido que, [e]l párrafo 7 [del artículo 14 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos] prohíbe que una persona pueda ser juzgada dos veces por un mismo delito y garantiza con ello una libertad sustantiva, a saber, el derecho de toda persona a no ser juzgada o sancionada por un delito por el cual ya haya sido condenada o absuelta en sentencia firme”[7].

Resulta entonces indiscutible que esta prohibición, consagrada en el plano normativo como un derecho fundamental, beneficia como defensa procesal perentoria a todo sujeto activo de una infracción penal –y en ciertos sistemas administrativa–, y que por el estado de desarrollo de las garantías constitucionales e internacionales de este derecho, resulta irrelevante si la primera decisión adoptada fue condenatoria o absolutoria[8].

Ahora bien, la legislación, la doctrina y la jurisprudencia son unánimes al considerar que para la efectiva invocación del principio de ne bis in idem, el presupuesto necesario es que la situación jurídica del procesado haya sido resuelta mediante una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada.

Sergio García Ramírez aborda esta relación entre ambos principios en su voto razonado a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso La Cantuta v. Perú, señalando que:

La Corte Interamericana –al igual que otros tribunales internacionales y nacionales– ha establecido criterios a propósito de la cosa juzgada y del principio ne bis in idem, conectado a aquélla. La cosa juzgada y el principio ne bis in idem sirven a la seguridad jurídica e implican garantías de importancia superlativa para los ciudadanos y, específicamente, para los justiciables. Ahora bien, la cosa juzgada supone que existe una sentencia a la que se atribuye esa eficacia: definición del derecho, intangibilidad, definitividad. Sobre esa hipótesis se construye la garantía de ne bis in idem: prohibición de nuevo juicio sobre los mismos hechos que han sido materia de la sentencia dotada con autoridad de cosa juzgada (material)[9].

El principio procesal de res iudicata o cosa juzgada, determina que una vez decidido un litigio con observancia de las debidas garantías judiciales, las partes deben acatar la resolución que le pone fin, sin que les sea permitido plantearlo de nuevo, y los jueces deben respetar tal resolución en la medida en que se acredite que existe identidad objetiva (materia del litigio), identidad subjetiva (mismas partes) e identidad de causa (misma pretensión)[10].

Se dice que una sentencia judicial se encuentra firme o ha pasado en autoridad de cosa juzgada cuando en derecho no caben contra ella medios de impugnación que permitan revertirla o modificar su contenido. Tal intangibilidad de las decisiones judiciales interesa a todo el grupo social por razones de seguridad jurídica. A decir del maestro Hugo Alsina “las decisiones de los jueces no pueden ser nuevamente discutidas por las mismas partes, porque interesa a la tranquilidad social que los litigios no sean sucesivamente renovados”[11] y en palabras de Eduardo Couture, sin la institución de la cosa juzgada “la incertidumbre reinaría en las relaciones sociales y el caos y el desorden serían lo habitual en los fenómenos jurídicos”[12].

No obstante, como observa el maestro Sergio García Ramírez en su voto razonado a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gutiérrez Soler v. Colombia,

Es notoria la decadencia de la autoridad absoluta de la cosa juzgada inherente a la sentencia definitiva y firme, entendida en el sentido tradicional de la expresión. Difícilmente podrían actuar con eficacia, y quizás ni siquiera existirían, la jurisdicción internacional de derechos humanos y la jurisdicción internacional penal si se considera que las resoluciones últimas de los órganos jurisdiccionales nacionales son inatacables en todos los casos[13].

Hace ya casi un siglo, Chiovenda señaló que “[l]a cosa juzgada es efecto característico y exclusivo de la decisión jurisdiccional, pero es preciso prescindir de esto cuando se busca la esencia de la jurisdicción[14], si no se quiere caer en un círculo vicioso”[15].

También Couture en su momento se refirió a aquellas “sentencias que de cosa juzgada sólo tienen el nombre, pues en el fondo no son sino el fruto espurio del dolo y de la connivencia ilícita”[16], calificando a la las mismas de cosa juzgada fraudulenta, y afirmando de manera categórica que “[l]a cosa juzgada obtenida con dolo, no vale como cosa juzgada”[17].

La Corte Interamericana de Derechos Humanos abordó por primera vez el problema de la denominada cosa juzgada fraudulenta en su sentencia del caso Carpio Nicolle y otros v. Guatemala, en los siguientes términos:

El desarrollo de la legislación y de la jurisprudencia internacionales ha permitido el examen de la llamada “cosa juzgada fraudulenta” que resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proceso, o cuando los jueces no obraron con independencia e imparcialidad.

[…]

Por tanto, no podría invocar el Estado, como eximente de su obligación de investigar y sancionar, las sentencias emanadas en procesos que no cumplieron los estándares de la Convención Americana[18].

A partir de entonces, la jurisprudencia interamericana es abundante en materia de cosa juzgada fraudulenta, resaltando la mentira que subyace a ciertas decisiones judiciales, resultado del contubernio entre los procesados y las autoridades de justicia, y/o de la actuación irregular de estas últimas, en procesos que no sirven a los intereses de la justicia sino únicamente en apariencia, atendiendo en realidad a obscuros intereses particulares y promoviendo la perpetuación de la impunidad.

En tales ocasiones esa presunción de “santidad” de la institución de la cosa juzgada se desvanece, las defensas materiales o procesales que se fundan en ella –incluida la invocación de la prohibición del doble juzgamiento– resultan ineficaces, y el Estado mantiene la obligación de llevar a cabo un verdadero juicio y emitir una verdadera sentencia, tomando en cuenta que los anteriores no fueron un ejercicio jurisdiccional, sino más bien un sainete.  En este sentido, el varias veces citado Eduardo Couture dice que,

[…] la necesidad de firmeza debe ceder, en determinadas condiciones, ante la necesidad de que triunfe la verdad. La cosa juzgada no es de razón natural. Antes bien, la razón natural parecería aconsejar lo contrario: que el escrúpulo de verdad sea más fuerte que el escrúpulo de certeza; y que siempre […] pudiera recorrerse de nuevo el camino andado para restablecer el imperio de la justicia[19].

La detección del fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta en las decisiones judiciales, pudiera realizarse siguiendo estos simples indicadores propuestos por García Ramírez,

error en el que incurre quien la emite, sin que se añada otro motivo de injusticia; o bien, ilegalidad o ilegitimidad con las que actúa el juzgador, sea en actos del enjuiciamiento (violaciones procesales que destruyen el debido proceso), sea en la presentación (falseada) de los hechos conducentes a la sentencia. En ambos casos se arribará a una sentencia que no sirve a la justicia y sólo en apariencia –formalmente– atiende a la seguridad jurídica[20].

Ya de manera específica, la propia jurisprudencia interamericana ha vinculado la cosa juzgada fraudulenta con la improcedencia de la aplicación del principio de ne bis in idem, en los siguientes términos:

En lo que toca al principio ne bis in idem, aún cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta”. Por otro lado, esta Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe un sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del ne bis in idem[21].

El rechazo a la simulación judicial y por ende a la defensa procesal de la prohibición del doble juzgamiento, cuando la primera sentencia es resultado de un proceso viciado, también ha sido desarrollado en el derecho penal internacional, en el sentido de que una persona juzgada en el plano doméstico por actos que constituyen crímenes internacionales y por ende son de competencia de un tribunal penal internacional, puede ser juzgada nuevamente cuando las autoridades judiciales domésticas no hayan actuado con independencia e imparcialidad, cuando el proceso adelantado en el plano interno haya tenido por objetivo proteger al acusado de la responsabilidad penal internacional y/o cuando las autoridades judiciales domésticas no hayan procedido con la diligencia necesaria[22].

En pocas palabras, la prohibición del doble juzgamiento no es absoluta, debe ceder frente a la desconfianza que inspire la autoridad judicial y a la necesidad de protección del interés colectivo de la sociedad o de la humanidad toda, de sancionar ciertos crímenes.

Ahora que en el Ecuador vuelven a ventilarse ciertos casos que como dice la sabiduría popular estaban “bendecidos y dados misa”, debemos ser objetivos y en lugar de rasgarnos las vestiduras analizar si las decisiones originarias en dichos asuntos fueron alcanzadas lícitamente o mediante recurrentes atropellos al debido proceso, al derecho a la protección judicial de las víctimas y al derecho a la verdad de toda nuestra sociedad. Si luego de dicho análisis arribamos a la conclusión de que en tales procesos no se buscaba la verdad, sino que por el contrario, fueron conducidos de modo tal que aquella nunca fuera descubierta y se garantizara la impunidad, la invocación de la prohibición del doble juzgamiento deberá estar vedada, tomando en cuenta que las “absoluciones” de los presuntos perpetradores constituirían cosa juzgada fraudulenta. Bajo el mismo criterio, quienes prevalidos de su condición de jueces o fiscales, a través de su actuación irregular propiciaron el engaño, también deberán ser llamados ante la justicia. En estos casos no estaremos frente a un segundo o tercer o cuarto juzgamiento por los mismos hechos, en realidad estaremos frente al primero.


[1] Véase por ejemplo, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 14.7; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 8.4; Protocolo Séptimo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, Art. 4; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Art. 50. Resulta notable que la Carta Africana de Derechos de las Personas y de los Pueblos no contiene una disposición al respecto.

[2] En el caso ecuatoriano, el artículo 76.7.i de la Constitución de la República establece que: “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto”.

[3] Por ejemplo, la Segunda Sala del Tribunal Supremo de Justicia español, en sentencia del 27 de enero de 1996 determinó que el ne bis in idem “no está expreso en la CE, pero está indudablemente implícito en la idea y la tradición de un proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE, por tanto como un derecho fundamental”.

[4] Corte Constitucional de la República de Colombia, sentencia T-537 de 2002 y sentencia C-121 de 2012.

[5] Tribunal Constitucional de España, sentencia 221/1997.

[6] Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 66.

[7] Comité de derechos humanos, Observación General 32 – Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. Doc. ONU CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, párr. 3.

[8] Tradicionalmente se ha distinguido entre nemo debet bis vexart pro una et eadem causa (nadie debe ser juzgado dos veces por un mismo hecho) y nemo debet bis puniri pro uno delicto (nadie debe ser sancionado dos veces por un mismo delito). Por tal razón, muchos países han concentrado su legislación sobre esta materia en la prohibición del doble castigo, no del doble juzgamiento. A lo anterior se añade una larga discusión respecto a si la frase idem factum se refiere al hecho delictivo en sí mismo o a la calificación jurídica que tal hecho recibe, por ejemplo, ¿si Juan fue enjuiciado y absuelto por asesinato, pudiera ser nuevamente enjuiciado y eventualmente condenado por asesinato, sobre la base de los mismos hechos?  Si se aplican los estándares internacionales de derechos humanos estos debates se tornan fútiles.

[9] Corte IDH. Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C No. 162. Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, párr. 9.

[10] Véase al respecto, DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Segunda Edición. Temis. Bogotá. 2009.

[11] ALSINA, Hugo. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo I, Parte General. Segunda Edición. Ediar. Buenos Aires. 1956, pág. 32.

[12] COUTURE, Eduardo. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Tercera Edición. Depalma. Buenos Aires. 1956, pág. 405.

[13] Corte I.D.H., Caso Gutiérrez Soler. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132. Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, párr. 19.

[14] Vale decir, la actuación de la voluntad de la ley o en otras palabras, la efectiva vigencia del derecho.

[15] CHIOVENDA, Giuseppe. Principios de Derecho Procesal Civil Tomo I. Traducción española de la Tercera Edición italiana. Editorial Reus S.A. Madrid. 1922, pág. 348.

[16] COUTURE, Eduardo. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Tercera Edición. Depalma. Buenos Aires. 1956, pág. 364.

[17] COUTURE, Eduardo. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Tercera Edición. Depalma. Buenos Aires. 1956, pág. 492.

[18] Corte I.D.H., Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 131 y 132.

[19] COUTURE, Eduardo. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Tercera Edición. Depalma. Buenos Aires. 1956, pág. 406.

[20] Corte I.D.H., Caso Gutiérrez Soler. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132. Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, párr. 19.

[21] Corte I.D.H., Caso Almonacid Arellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 154.

[22] Véase en tal sentido, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional, U.N. Doc. A/CONF.183/9, 17 de julio de 1998, art. 20; Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, S/Res/827, 1993, Art. 10, y Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, S/Res/955, 8 de noviembre de  1994, Art. 9.