“Que nos quiten todo menos la esperanza” (sobre la renovada intención del Gobierno ecuatoriano de sabotear el Sistema Interamericano de Derechos Humanos)

Por Juan Pablo Albán Alencastro

“Que nos quiten todo menos la esperanza” es una de muchas “máximas” que generosamente nos ha obsequiado el Señor Presidente en estos ocho años.

En palabras de Roberto Aguilar es “una frasecita”, es decir “un golpe de efecto tan hueco como rimbombante cuyo valor reside no en su significado sino en su capacidad para impresionar; una cita citable; una fanfarronada sonora”.

Más allá de lo hueco del planteamiento, si hacemos el esfuerzo de tratar de darle algún sentido y contenido, resulta por demás curioso que aquel que con entusiasmo repite la “frasecita” a diestra y siniestra en “interminables, para no decir insoportables” –parafraseando a Cançado Trindade– peroratas sabatinas y discursos semejantes, sea precisamente quien nos está despojando de todo, absolutamente todo, las libertades, las propiedades e inclusive la esperanza.

Lo peor es que encima, los “malos” son los que no agachan la cabeza ante él, y se trata de convencer a la sociedad ecuatoriana que, luego de que el correato ha copado todos los espacios del poder, los “malos” todavía pueden llegar a robarle la esperanza al pueblo.

Cuando a finales de la década de los 40 del siglo XX, el escritor y periodista inglés Eric Arthur Blair –más conocido por su pseudónimo “George Orwell”– publicó la novela 1984, probablemente no imaginó que la sociedad distópica que la obra describe se instalaría en el siglo XXI, en un rincón de los Andes.

Para quienes no están familiarizados con esta obra maestra de la literatura universal baste mencionar que de acuerdo a la novela, en 1984, en un Estado llamado Oceanía cuya sociedad se ha dividido en tres grupos –el partido interno, el partido externo y los proles, quienes jamás podrán entrar al partido y son mantenidos en la pobreza e ignorancia para que nunca puedan rebelarse–, el Gobierno ha conseguido el control total sobre los individuos mediante la vigilancia permanente y la represión.  No existe privacidad o intimidad personal: el sexo es un crimen, las emociones están prohibidas, la adoración al sistema en la forma de un patriotismo primitivo es la condición para seguir vivo. La Policía del Pensamiento se ocupa de perseguir a quienes el poder considera peligrosos, y una figura tenebrosa que no queda muy claro si es un individuo o una simple representación del proyecto, lo supervisa absolutamente todo, el Gran Hermano, infalible, todopoderoso, jefe y guardián de la Revolución desde los primeros días de ésta. ¿Le suena conocido?

En un estilo que al propio Orwell sorprendería, por la adhesión cuasi literal a la descripción de 1984, nuestro líder revolucionario procura convencernos que nunca estuvimos mejor que con él, y para esto está decidido a reinventar –más bien falsear– la historia cuanto sea necesario, tal como el Ministerio de la Verdad en la novela; también se esfuerza para mantenernos al límite de la subsistencia imponiendo incontables tributos y restricciones para acceder a bienes y servicios, tal como hace el Ministerio de la Abundancia en la novela; y claro, trata de reeducarnos inculcándonos un infinito amor por él, el Gran Hermano, y forzándonos a aceptar cualquier disparate ideológico suyo o del movimiento “Patria Altiva i [sic] soberana PAIS” so pena de ser perseguidos y castigados, tal como hace el Ministerio del Amor en la novela.

En esa tónica se nos ha quitado la posibilidad de comprar bebidas espirituosas en días de guardar; de presenciar la muerte de un toro de lidia; de contraer matrimonio o adoptar niños a menos que seamos heterosexuales; de no ser perseguidos penalmente si solicitamos un aborto en caso de violación; de comer lo que nos antoje sin que medien “semáforos”; de comprar cosas por internet; de decidir la educación sexual que deben recibir nuestros hijos sin intervención del ENIPLA –opus dei–; de entrar a los moteles sin ser filmados; de opinar sin que nos hostiguen esos que dizque “son más, muchísimos más”; de administrar nuestros fondos de cesantía en los que el Estado no ha puesto un centavo; de heredar sin cortapisas lo que con mucho esfuerzo han logrado construir nuestros ascendientes; etc., etc., y un larguísimo etc.  Y Sin embargo, el caballero todavía tiene la jeta –en el sentido de desfachatez– de decir “que nos quiten todo menos la esperanza”.

Pero aún no está contento.   Todavía quiere quitarnos algo más: La posibilidad de acudir a la comunidad internacional representada en organismos técnicos de supervisión de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos para que le exijan que nos respete –que no invada nuestras esferas individuales– y que garantice el ejercicio de las prerrogativas inherentes a nuestra condición de personas.

Las demostraciones de lo que afirmo son muchas, ya en 2011 cuando empezó el mal llamado “proceso de fortalecimiento” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el seno de la Organización de los Estados Americanos, Ecuador lideró de una serie de iniciativas que afortunadamente no prosperaron y que tenían el claro propósito de limitar la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y suprimir o al menos debilitar varias de sus competencias.

Ese mismo año se postuló a Secretario Ejecutivo de la CIDH el mismo caballero que ahora pretende meterse por la ventana a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Patricio Pazmiño Freire.  Cuando ese primer intento de boicot desde adentro al Sistema Interamericano de Derechos Humanos fracasó, porque el hoy postulante a la Corte Interamericana no llegó siquiera a la ronda final del proceso de designación de Secretario Ejecutivo de la CIDH por falta de calificaciones, la Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado oficial rechazando la supuesta falta de transparencia del proceso y denunciando la falta de credibilidad de la CIDH, desvirtuando con su propia torpeza la presunta independencia del candidato que tanto se nos había pregonado.

Desde entonces en forma ininterrumpida, el Gobierno ecuatoriano, ese Gobierno que hoy quiere “ser parte” de la Corte Interamericana, ha denostado a la CIDH y a quienes acuden a ella en busca de justicia, a nivel de los órganos políticos de la OEA y también en el marco de UNASUR –que nada tiene que ver con el SIDH–, tratando de debilitar su institucionalidad y pretendiendo meter las narices en su financiamiento, sus relatorías temáticas, sus potestades cuasi judiciales y hasta su ubicación geográfica, de paso desinformando puertas adentro sobre las verdaderas razones por las que se creó el organismo y por las que los Estados democráticos de América lo vienen fortaleciendo desde hace más de cinco décadas, dándole progresivamente mayores facultades y autonomía, precisamente para ofrecer a los habitantes de la región una protección cada vez amplia de sus derechos fundamentales.

También desde 2011 se ha amenazado casi a diario –la última vez el 24 de mayo de 2015, durante el “informe” a la nación– con abandonar el SIDH y se ha gritado a los cuatro vientos la necesidad de diseñar nuevas instituciones en otros ámbitos que no incluyan a ciertos Estados “indeseables”, cerrando los ojos al tiempo y esfuerzo que ha llevado construir el actual sistema regional y los resultados que se ha obtenido a través de su trabajo.

A inicios del año 2013, en uno de los momentos más críticos de la tensa relación entre Ecuador y la CIDH, la Cancillería con ese tacto diplomático de elefante en cristalería que la caracteriza, postuló un candidato ecuatoriano para que integre el “cuestionado” organismo, el funcionario de la Procuraduría que por más de 15 años ha representado al Estado en los casos en que Ecuador ha sido señalado como violador de derechos humanos, lo que era por decir lo menos incongruente. Luego del conversatorio del que todos los candidatos a Comisionados participaron en el Consejo Permanente de la OEA, se volvió evidente que el propósito de la candidatura ecuatoriana era impulsar la misma agenda de debilitamiento del SIDH desde adentro de la Comisión.  El resultado fue la no elección del Sr. Erick Roberts Garcés.

Desde octubre de 2013 a la fecha el Estado ecuatoriano no ha acudido en una sola ocasión a las audiencias convocadas por la Comisión Interamericana para tratar delicadísimos temas de derechos humanos que no perjudican a un grupúsculo de “pelucones” sino a 16 millones de ciudadanos.  Los avisos de no presentación son siempre de última hora, con esa sorna y prepotencia “revolucionaria” a las que el Gobierno cree que todos –comunidad internacional incluida– debemos allanarnos.

Desde marzo de 2014 el Gobierno nacional se ha dedicado a mentirle a la ciudadanía sobre la supuesta falta de validez y legitimidad de los decretos interinos de protección emitidos por la CIDH, las famosas medidas cautelares, todo con el afán de eludir su obligación de prevenir violaciones a los derechos humanos, y en un acto de profunda hipocresía pues a través de su propio Ministerio de Justicia ha pedido medidas cautelares contra otros Estados de la región.

Cuando en el año 2012, Venezuela decidió retirarse de la Convención Americana –no del SIDH pues para lograr tal efecto tendría que salirse de la OEA–, Ecuador, ese implacable crítico de los Estados que no son parte de la Convención, no sólo no se sumó a los países que llamaron a la Bolivariana República a reconsiderar la decisión en beneficio de sus ciudadanos, sino que nuestra Cancillería señaló que “es algo que entra en el fuero de la política interna de esa nación”.

Desde el inicio del actual régimen la estrategia estatal frente a los casos y peticiones individuales pendientes ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido evitar la discusión de fondo y empantanar la cuestión a partir de argumentos formales de supuesta incompetencia de los órganos de supervisión.  Hace tiempo que no ha admitido su responsabilidad ni ha promovido procesos de solución amistosa con las víctimas, demostrando su nula adherencia a los principios que inspiran el sistema.

El Ecuador sigue sin cumplir una serie de decisiones no sólo de la CIDH sino del propio Tribunal que ahora quiere infiltrar, basta ver en tal sentido recientes resoluciones de cumplimiento de sentencia de la misma Corte Interamericana en casos tan antiguos como Suárez Rosero v. Ecuador, decidido hace 18 años, que todavía refieren varios puntos resolutivos pendientes.

Con todos estos antecedentes cabe preguntar, aunque son puras preguntas retóricas: ¿Cómo así ahora nuestro Estado tan soberano quiere a como dé lugar colocar un peón –en términos ajedrecísticos– en el “devaluado” Sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Por qué a estas alturas quiere “defender” la institucionalidad del SIDH y legitimar su actuar aportando un juez? pero sobre todo ¿Por qué, habiendo muchos juristas ecuatorianos que si están calificados para asumir el desafío de ser Jueces de la máxima Corte del continente y a quienes si les interesan los derechos humanos, el ungido es un “pana” del Canciller y el Presidente?

Las respuestas las dio el Canciller Patiño en una entrevista al diario El Comercio publicada el 6 de junio:

No tenemos ningún representante ahí. Y han dictado sentencias en contra del Estado y las hemos cumplido. Creemos importante que tengamos un representante, como todos los demás países.

Lo conozco desde hace muchos años. Tiene una trayectoria de defensa de los DD.HH. Litigó contra el Estado ante la CIDH en los 90. Es un hombre que ha dedicado su vida por los DD.HH. y hoy cumple un papel importante en el Estado. Se lo critica como amigo de Correa, pero lo proponemos porque corresponde que alguien de su calidad jurídica esté en la Corte.

Las “razones” del Canciller generan más dudas que certezas.

Al afirmar que el Gobierno quiere un juez en la Corte Interamericana porque no tenemos ningún representante allí y porque el Tribunal ha declarado responsable al Ecuador por violación de derechos humanos queda claro que hay una intención de coartar la independencia e imparcialidad del organismo haciendo lobby en los casos ecuatorianos, desconociendo además que la propia Corte Interamericana en su Opinión Consultiva 20/09 estableció de manera taxativa “[q]ue el juez nacional del Estado demandado no debe participar en el conocimiento de casos contenciosos originados en peticiones individuales” (punto resolutivo 2).

Y al señalar que Pazmiño es el candidato idóneo porque lo conoce muchos años y porque cumple un papel importante en el Estado, queda claro que el presidente de la Corte Constitucional ha sido postulado por ser instrumental a los intereses del Gobierno y porque equivocadamente se piensa que su función en la Corte Constitucional es compatible con el ejercicio de funciones en un órgano de supervisión internacional de derechos humanos.  Sin embargo hay evidencia histórica en contrario en el propio SIDH, como la renuncia presentada por Diego García Sayán a la CIDH, antes de posesionarse como Comisionado, en vista de su condición de Ministro de Estado en el Perú; o la renuncia presentada por Florentín Meléndez al mismo organismo tras su designación como Juez de la Corte Suprema de Justicia del Salvador, por el evidente conflicto de intereses que representaría ejercer una función pública que pudiera derivar en eventual responsabilidad internacional del Estado y al tiempo ser parte de un órgano encargado de declarar tal responsabilidad.

De conformidad con el artículo 52 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana estará integrada por siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA, quienes son elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos.

Pazmiño sólo satisface uno de tales requisitos, el de cumplir las condiciones para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales en el Ecuador –que por cierto no son muy exigentes–.  Los demás no los satisface, en absoluto, no ha sido postulado a título individual sino según dice el propio Canciller, en representación de Ecuador; es muy discutible su “alta autoridad moral” luego de haberse auto prorrogado las funciones y haber sido señalado por nepotismo y tráfico de influencias durante su ejercicio como juez constitucional; y es obvio que carece de competencia en materia de derechos humanos a partir de una simple lectura de algunos fallos producidos por la Corte Constitucional que preside:

Los Gobiernos y la sociedad del continente deben saber que el candidato ecuatoriano a la Corte Interamericana no es cualquiera, es el que despojó de sus derechos adquiridos e intangibles a los trabajadores de la Cervecería Nacional; quien amnistió a Floresmilo Villalta declarándolo “perseguido político” pese a estar condenado por un delito sexual, desconociendo en forma grosera los derechos de la víctima; aquel que nos dijo que la comunicación no es un componente del derecho humano a la libertad de expresión sino un servicio público sometido al capricho estatal; el que contra expresa disposición constitucional determinó que los derechos de las personas –el reconocimiento de la condición de refugiado por ejemplo– pueden regularse por decreto presidencial sin que haga falta una ley; ese que decidió que la justicia indígena sólo opera cuando a la justicia occidental le parece bien; quien dio luz verde al paquetazo constitucional que entre otras cosas determina que la acción de protección –nuestro recurso de amparo– es extraordinaria y el acceso a la misma puede ser limitado por ley; quien admitió una acción constitucional para revertir la declaratoria de inocencia de una educadora injustamente acusada de terrorismo.

Que exagero se dirá, que no fue sólo él se dirá.  Yo lo señalo de todo eso porque en ninguna de las nefastas decisiones de la Corte Constitucional a las que aludí en el párrafo anterior, votó en disidencia, demostrando algo de compromiso con los derechos humanos.

Quiero confiar que los Gobiernos responsables de la región reflexionarán y no tratarán de silenciar el molesto lloriqueo ecuatoriano sobre la ineficacia del SIDH otorgándole al régimen que nos oprime la dádiva de un sillón en la Corte Interamericana y con él la posibilidad de desmantelar el Sistema desde adentro.  Pero hasta salir de dudas el próximo martes 16 de junio de 2015, voy a tomar prestada por un momento su frasecita Señor Presidente: que nos quiten todo menos la esperanza… de que un día el Sistema Interamericano de Derechos Humanos nos hará justicia a los ecuatorianos por todo lo que nos ha arrebatado su Gobierno.  Para conservar dicha esperanza, su amigo no debería ser elegido a la Corte.

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Un pensamiento en ““Que nos quiten todo menos la esperanza” (sobre la renovada intención del Gobierno ecuatoriano de sabotear el Sistema Interamericano de Derechos Humanos)

  1. Estoy plenamente de acuerdo con las ideas expresadas con brillante lógica por Juan Pablo Albán. Hay que repudiar a los detractores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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