Amargados (la justicia en causa ajena como motivo de infelicidad)

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Cuando hace un par de años Las Dolores me encomendaron la defensa de sus intereses en los procesos adelantados por la fiscalía en relación con la ejecución extrajudicial de los esposos de dos de ellas y la desaparición del esposo de la tercera, me sentí muy afortunado.  Y es que normalmente las víctimas de graves atropellos estatales atraviesan tantas vicisitudes en  su lucha por alcanzar justicia, que terminan desconfiando de todo y de todos.  Por eso, que encarguen su defensa a alguien que poco conocen, es un gesto no sólo de confianza sino de sincero aprecio y agradecimiento, del que sólo son capaces quienes han experimentado un sufrimiento profundo.

Por aquel entonces, iluso, pensaba que el conjunto de la sociedad ecuatoriana –igual que mis defendidas y yo– anhelaba que se hiciera justicia, que finalmente se dijera en voz alta y a los cuatro vientos que los hechos ocurridos la mañana del miércoles 19 de noviembre de 2003 en una farmacia de un barrio popular de Guayaquil, no fueron resultado del infortunio, ni una acción espontánea y valiente de la Policía Nacional en defensa de la seguridad ciudadana, sino la masacre de un grupo de ciudadanos indefensos, entre ellos los esposos de Las Dolores.

Sin embargo, me ha quedado claro a lo largo del proceso y particularmente desde que la semana pasada se anunció el fallo en el juicio penal por los asesinatos de ocho de las doce víctimas, que en este país hay personas amargadas porque se haga justicia en causas ajenas, todavía más amargados si en sus propias causas la justicia no ha llegado o peor, ya les fue negada.  Esa infelicidad motivada por la alegría de otro es una característica que lamentablemente afecta a varios ecuatorianos.

Que no se malentienda, no estoy sugiriendo que todos tenemos que estar felices o conformes con la sentencia en el caso hoy conocido como “González y otros”.  Mal podríamos, por ejemplo, pedirles a los diez ciudadanos condenados, a sus familias o a sus abogados que se regocijen con la decisión. Obviamente ellos –como cualquier otra persona que vea sus intereses comprometidos por una decisión judicial– están inconformes y hasta indignados, dudan del buen criterio y la autonomía de los jueces, y seguramente hasta nos desean cosas malas a quienes estuvimos involucrados en el esfuerzo de hacer justicia.

Tampoco estoy insinuando que a nadie le gustó la decisión, todo lo contrario, me consta que las expresiones de satisfacción y júbilo por la misma han sido, afortunadamente, muchas más que las de amargura.

Pero que personas que han vivido en carne propia la injusticia y han visto sus propios derechos humanos violentados por el aparato estatal; abogados auto ungidos como defensores de derechos humanos; comunicadores sociales con una reconocida trayectoria y un importante nivel de credibilidad; y líderes políticos o sociales que supuestamente respaldaban incondicionalmente la causa de Las Dolores por considerarla justa, hoy se sientan incómodos con una decisión de la justicia nacional que arroja algo de luz sobre un hecho que quiso ocultarse a nuestra sociedad por casi once años, es por decir lo menos  deleznable.

Hace ya más de un año, cuando estábamos a puertas de la formulación de cargos contra 32 presuntos responsables, las primeras voces inconformes se alzaron para descalificar el nuevo capítulo en la lucha por la verdad emprendida por Las Dolores el 19 de noviembre de 2003, criticando que pretendieran obtener justicia en el plano interno cuando ya nada quedaba por hacer en el Ecuador, y lo prudente era esperar que algún organismo internacional de supervisión de derechos humanos se apiadara de ellas y ordenara que les paguen una compensación económica, como si la vida de las personas tuviera un precio y la lucha contra la impunidad fuera negociable.  Hubo quienes levantaron su dedo acusador para afirmar que al llevar a los responsables ante la justicia local estábamos echando a perder un proceso “ya ganado” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando en realidad a la fecha, todavía no ha iniciado la tramitación de la denuncia presentada ante la CIDH en el año 2005.

El 4 de julio del presente año, último día de la audiencia preparatoria de juicio, fui objeto de una serie de agresiones por correo electrónico y en redes sociales de parte de un abogado al que no tengo el gusto de conocer personalmente.  Este “adalid” de la justicia, un caballero que para proferir sus insultos virtuales ni siquiera usa su nombre real o una fotografía en la que se le vea el rostro, escudado en una petulancia académica que genera grandes dudas y, presuntamente ofendido por una entrada publicada en mi blog en enero que no se refiere a él, se dedicó a descalificar el esfuerzo para esclarecer la masacre de Fybeca señalándolo de político; me tildó de pendejo, vendido y muerto de hambre entre otros piropos; hostigó a una colega por el simple hecho de ser mi amiga y compañera de trabajo; e insultó a la Universidad en la que enseño sin motivo alguno.  No contento con ello, me acusó de haber agredido a familiares de los policías procesados, cuando en realidad en más de una ocasión durante los varios días de la audiencia preparatoria de juicio, Las Dolores, mis estudiantes y yo tuvimos que salir escoltados de la Corte Nacional de Justicia, insultados por una turba enardecida de decenas de personas, como consta registrado en grabaciones de video.  Puesto en evidencia de su equivocación, nunca pidió disculpas, eso si, borró sus tweets insultantes, de los que conservo capturas de pantalla como amable recordatorio de que toda buena acción tiene su castigo.

En la semana previa a la instalación de la audiencia de juicio algún desconocido tuvo la “cortesía” de pasar bajo la puerta de mi oficina una amenaza de muerte, instándome a dejar de “meterme” con el ejército y la policía. A dicho/s individuo/s lamento informarle/s que no dejaré de hacer mi trabajo, les debo a mis defendidos, a mi familia y a mis alumnos, seguir librando la batalla hasta que en este país los derechos humanos se respeten y garanticen.

Durante un receso en el desarrollo de la audiencia de juicio fui increpado por un abogado que se sintió aludido por una conversación que mantuve con una defensora pública.  Un día antes otro colega,  el padre del prenombrado abogado, en plena sala y a vista de los presentes me dedicó una serie de señas que ordinariamente sólo se utilizan cuando uno está sentado tras un volante.  Más tarde ese día supe de boca de varios testigos que este colega había girado “instrucciones” a sus acompañantes respecto de mi persona.  Durante el anuncio del fallo fui fotografiado cual estrella de cine por una de tales acompañantes.

Luego del anuncio de la sentencia he leído con estupor los comentarios y opiniones de personajes influyentes en la opinión pública nacional, que a pesar de la contundencia de la prueba presentada, de las irrefutables conclusiones alcanzadas y de la incontestable demostración de la verdad, todavía afirman que la masacre no ocurrió; o peor aún, reconociendo su ocurrencia, sus circunstancias y efectos, consideran que la decisión judicial está viciada de falta de independencia e imparcialidad y en consecuencia la rechazan.

Es público que he sido un duro crítico de la grave crisis que afronta nuestro sistema de administración justicia en los últimos años, del condicionamiento en el actuar de jueces y fiscales en causas en que el Estado como institución o ciertos altos funcionarios a título individual tienen un interés directo o indirecto, de la inobservancia de las más elementales garantías del debido proceso en situaciones muy sensibles, y precisamente por eso defiendo a muchas víctimas del abuso judicial tanto a nivel interno como internacional.  Pero en este juicio la verdad quedó al descubierto, los jueces, independientes o no en otras causas, no tenían más alternativa que declarar esa verdad e imponer a los responsables las consecuencias previstas en la ley para sus execrables acciones. Y eso es lo que ocurrió.  Resulta irrelevante quién ocupa el cargo de Fiscal General o quienes integraron el Tribunal de Juicio, lo trascendente es que se empezó a hacer justicia y eso nos permite soñar que se seguirá haciendo justicia y esclareciendo crímenes gravísimos ocurridos en el país; el resultado por ende no debe ser asumido como fruto de una determinada coyuntura política, sino como la verdadera reconciliación con nuestro pasado que tenemos pendiente.

Ha sido doloroso descubrir que entre los amargados por la decisión, se encuentran personas a quienes yo mismo defendí, de cuya inocencia estoy convencido y que sin duda fueron y siguen siendo víctimas del atropello estatal.  Incomprensiblemente, a ellos, que por lo vivido deberían ser mucho más sensibles frente al sufrimiento ajeno, les duele que otros vean sus expectativas de justicia satisfechas, y con sorna se preguntan por qué será que hubo voluntad de esclarecer este caso.

También están algunos comunicadores sociales que otrora dedicaban espacios informativos o de opinión a resaltar la valentía de Las Dolores, enfrentadas con pura razón y dignidad a una institución tan poderosa como la Policía Nacional y a una mentira oficial que de tanto repetirse terminó por convertirse en verdad a los ojos de nuestra sociedad.  Hoy ellos califican la decisión de la Corte Nacional de ridícula por no incluir a quienes ellos suponen son autores intelectuales del hecho, o cuestionan que se haya cambiado el nombre al caso, sin saber que esa parte del fallo obedece a un pedido expreso de Dolores Vélez durante su declaración ante el Tribunal, que dejara de utilizarse su nombre y el de sus compañeras de lucha para designar un crimen tan horrendo.  Fue ella quien dijo a la Corte que el caso debería denominarse “González y los policías asesinos”.

En suma, la opinión pública se ha dividido, entre quienes ven con buenos ojos la llegada de la verdad, la justicia y la reparación; y quienes prefieren mantener sepultados los “fantasmas” del pasado, y se amargan porque alguna vez se haga justicia en este país.

Seguramente a algunos lectores –los que hayan llegado hasta aquí y no hayan cerrado la página furiosos– mi ingenuidad les va a arrancar una sonrisa y a otros una carcajada, pero pienso que tenemos que recibir la decisión sobre la masacre de Fybeca con optimismo, como una señal pequeña pero importante de que los ciudadanos “de a pie” de vez en cuando también pueden alcanzar justicia, así sea una justicia todavía incompleta –en este caso hay siete acusados prófugos, todavía no se inicia la instrucción respecto de las desapariciones, varios presuntos responsables no fueron investigados, etc.–, pero justicia al fin; como el preludio de un esfuerzo real para entender y aceptar que aquí también se han cometido y se siguen cometiendo gravísimas violaciones de derechos humanos.

¿Para qué amargarnos?, nosotros como dice Borges “ya somos el olvido que seremos”, que tal si mejor cooperamos para dejar un legado de verdad y justicia a nuestros hijos, total en un tiempo nadie va a acordarse de nuestra amargura, pero de lo que contribuyamos para construir un futuro mejor para nuestro pueblo, tal vez sí.

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