48 horas… (o sobre la responsabilidad del Estado respecto de la integridad de los detenidos)

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Es por lo menos curioso que alguien que antes se presentaba como defensor de derechos humanos ahora ande fijando plazos para que los Abogados de personas privadas de la libertad con ocasión de las protestas ocurridas a partir del 17 de septiembre, “exhiban” pruebas de que la Policía Nacional –impoluta, siempre dulce y delicada– maltrató a los detenidos.

Al más puro estilo revolucionario, el “plazo” fijado por este EX-defensor es una especie de desafío a duelo, amenazas mediante de juicios penales, quejas al Ministerio de la Judicatura –perdón, quise decir Consejo–, y las descalificaciones habituales al “contrario” –es decir el que contradice la historia oficial de que entre 2600 policías reprimiendo las protestas sólo a dos se les fue un poquito la mano, lo que contrasta seriamente con los centenares de videos y fotografías tomados en la ocasión por los propios manifestantes–.

La razón por la que me parece curioso este nuevo exabrupto es que tanto bajo nuestra Constitución como bajo estándares internacionales, cuando una persona es aprehendida por agentes estatales, el Estado se coloca en una especial posición de garante respecto de ella. La obligación que dimana de esta posición implica que la maquinaria estatal y sus agentes deben abstenerse de realizar actos que puedan violentar los derechos fundamentales de los detenidos y deben procurar, por todos los medios a su alcance, mantener a la persona detenida en el goce de sus derechos y, en especial, del derecho a la vida y la integridad personal (véase en este sentido por ejemplo, CIDH, Informe N° 41/99, Caso 11.491, Menores Detenidos, Honduras, 10 de marzo de 1999).  Eso cualquier defensor de derechos humanos lo sabe y también debería saberlo cualquier Ministro del Interior.

El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su numeral 2 establece, que “[t]oda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano“.  Desarrollando esta norma convencional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que una persona detenida se encuentra en una situación agravada de vulnerabilidad, de la cual surge un riesgo cierto de que se le vulneren sus derechos, como el derecho a la integridad física y a ser tratada con dignidad (véase al respecto, Corte IDH, Caso Villagrán Morales y otros (“Niños de la Calle”). Sentencia del 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63).

De su parte, la Corte Europea de Derechos Humanos ha señalado que:

[e]l Estado debe asegurar que una persona esté detenida en condiciones que sean compatibles con el respeto a su dignidad humana, que la manera y el método de ejercer la medida no le someta a angustia o dificultad que exceda el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención, y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, su salud y bienestar estén asegurados adecuadamente (ECHR, Case of Mcglinchey And Others v. The United Kingdom, Judgment of 29 April 2004, N° 50390/99, Reports of Judgments and Decisions 2003-V).

Pero además, existe una relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado.  Esta relación se caracteriza por la particular intensidad con que el Estado puede regular los derechos y obligaciones del detenido y por las circunstancias propias del encierro, que impide a éste satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades esenciales para el desarrollo de una vida digna –o hacerse de la prueba sobre los maltratos que recibe–.  Por ende, el Estado tiene particular responsabilidad de garantizar a los detenidos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse –particularmente su integridad– o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad y que, por tanto, no es permisible.  De no ser así, la privación de libertad despojaría a la persona de titularidad respecto de todos sus derechos humanos, lo cual es inaceptable (véase en tal sentido, Corte IDH, Caso Instituto de Reeducación del Menor. Sentencia del 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112).

Ahora bien, el planteamiento del funcionario que fija el plazo de 48 horas es que los manifestantes detenidos a través de sus Abogados tienen que demostrar que fueron víctimas de maltrato, sin embargo, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho con insistencia,

[…] a la luz de la obligación general de los Estados Partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana. Esta actuación está normada, además, de manera específica en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana contra la Tortura que obligan a los Estados Partes a adoptar todas las medidas efectivas para prevenir y sancionar todos los actos de tortura dentro del ámbito de su jurisdicción, así como a garantizar que los casos de tortura sean examinados imparcialmente (Corte IDH, Caso Gutiérrez Soler. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132).

Es decir que cuando se formulan alegaciones de tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes, presuntamente ocurridos durante el tiempo en que la persona se encontraba bajo la custodia del Estado, corresponde a éste iniciar una investigación seria exhaustiva e imparcial, no a los Abogados del detenido acreditar que el abuso efectivamente ocurrió, tomando en cuenta que como ha expresado la Corte Interamericana “el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia” (Corte IDH, Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147 y; Corte IDH, Caso López Álvarez. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141).

En igual sentido, la Corte Europea ha establecido que cuando un individuo presenta una queja razonable (“arguable claim”) sobre maltratos a manos de agentes del Estado, la obligación del Estado de no torturar y de respetar y asegurar los derechos de quienes están sujetos a su jurisdicción requiere una investigación capaz de llevar a la identificación y sanción de aquellos responsables  (ECHR, Case of Assenov et al. v. Bulgaria, Judgment of 28 October 1998 (90/1997/874/1086)).

Asimismo, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha establecido que ante alegaciones de tortura o maltratos es necesario que se realice en todos los casos un examen por un médico independiente (véase entre otros, CAT. Examen de Informes Presentados por los Estados Partes en virtud del artículo 19 de la Convención.  CAT/C/MEX/CO/4. 6 de febrero de 2007. Párr. 16(a). En igual sentido véase CAT. Informe sobre México preparado por el Comité, en el marco del artículo 20 de la convención, y respuesta del gobierno de México. CAT/C/75 25 de mayo de 2003. párr.220 (k)), de conformidad con el Protocolo de Estambul.

Los Principios Relativos a la Investigación de la Tortura y otros maltratos determinan en su artículo 1.4 que “los investigadores [deberán] ser independientes de los presuntos autores y del organismo al que éstos pertenezcan, serán competentes e imparciales” (Asamblea General de Naciones Unidas. Resolución 59/89).

En lo personal no he escuchado que el funcionario “fijaplazos” haya anunciado alguna investigación respecto de lo sustancial, que es si los detenidos fueron maltratados o no, directamente ha decidido que no lo fueron y a amenazado con irse contra cualquiera que afirme que si lo fueron.

A medida que transcurren las horas y los días se volverá más complicado establecer quién miente, pues,

[…] en los casos en los que existen alegatos de supuestas torturas o malos tratos, el tiempo transcurrido para la realización de las correspondientes pericias médicas es esencial para determinar fehacientemente la existencia del daño, sobre todo cuando no se cuenta con testigos más allá de los perpetradores y las propias víctimas, y en consecuencia los elementos de evidencia pueden ser escasos. De ello se desprende que para que una investigación sobre hechos de tortura sea efectiva, la misma deberá ser efectuada con prontitud (Corte IDH, Caso Bueno Alves.  Sentencia de 11 de mayo de 2007.  Serie C. No. 164).

En todo caso, respecto a la “prueba” en este tipo de situaciones, la Corte Interamericana ha establecido que sin necesidad de afectaciones directas de la integridad personal “las amenazas y el peligro real de someter a una persona a lesiones físicas produce, en determinadas circunstancias, una angustia moral de tal grado que puede ser considerada ‘tortura psicológica’” (Corte IDH, Caso Maritza Urrutia.  Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie C No. 103); y que “es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a agresiones y vejámenes [como los que implican una súbita aprehensión por la fuerza pública], […] experimenta dolores corporales y un profundo sufrimiento y angustia moral, por lo que este daño no requiere pruebas” (Corte IDH, Caso “19 Comerciantes”.  Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109).

Quiero albergar la ilusión que los jueces que conocerán el hábeas corpus planteado por los Abogados para los que “el tiempo está corriendo” –según palabras del propio Ministro–, cumplirán con su deber y atendiendo al principio de la debida diligencia garantizarán los derechos de las personas bajo custodia estatal y exigirán a las entidades correspondientes proveer la información y las pruebas relacionadas con lo sucedido a los detenidos, en vez de invertir la carga de la prueba y exigir que estos acrediten quien les maltrató.  Finalmente esa instrucción ya se la giró hace tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos a nuestro país, no una sino dos veces: Corte IDH, Caso Acosta Calderón. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129. Párr. 91 y; Corte IDH, Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114. Párr. 98.

Por otra parte creo que sería importante que antes de fijar plazos para el inicio de procesos penales contra quienes informan a la opinión pública sobre posibles casos de maltratos a detenidos, los funcionarios respiren profundamente y lean el artículo 182 del COIP pues el tipo penal de calumnia, aunque lo estiremos, no da para castigar señalamientos públicos contra la conducta de la Policía Nacional.  Aunque desde luego queda el recurso de señalar a los Abogados de terroristas, saboteadores o “resistentes” a la autoridad, tipos penales que como la experiencia demuestra si dan para todo.

En el ínterin, mientras se sustancia el hábeas corpus y el tiempo sigue su inexorable marcha, cabe preguntarse: ¿Por qué cerrarse y ponerse a la defensiva en lugar de emprender una investigación sobre el posible uso de violencia contra los detenidos?, ¿Por qué minimizar un problema muy serio que evoca otras épocas históricas en que la fuerza pública tenía patente de corso para violentar los derechos de los ciudadanos?, ¿Por qué no asumir que el Estado es responsable por la integridad y la vida de cualquier persona a la que prive de libertad?, ¿No será la ciudadanía la que debe fijarle un plazo al Estado para que investigue estas alegaciones de maltrato?, ¿Será que alguien quiere ver de rodillas a los Abogados de estos jóvenes como ya vimos a sus padres hace pocos días?, ¿Democracia?….

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