Ad hominem

Por Juan Pablo Albán Alencastro

El filósofo australiano Charles Hamblin en su libro Fallacies publicado en 1970 definió las falacias como “argumentos que son inválidos pero que parecen ser válidos”.  En la obra en cuestión Hamblin incluye en un catálogo de falacias al argumento ad hominem que “se comete cuando se argumenta a favor de un caso no basándose en sus méritos, sino analizando (usualmente de manera desfavorable) los motivos o el historial de sus defensores u oponentes”. O en palabras más sencillas, para quien recurre a una falacia argumental ad hominem, la veracidad o falsedad de un determinado planteamiento depende de quién provenga, no de su contenido.

En el Ecuador el escarnio, la descalificación y la estigmatización de todo aquel que ose criticar la conducción de los asuntos públicos ha sido una constante, en especial desde el inicio del actual régimen.  Gracias a nuestros gobernantes, esa pésima costumbre de tachar al interlocutor por ser quien es –o quien suponemos que es– sin reparar en el contenido o la contundencia de sus argumentos, está profundamente arraigada en la idiosincrasia ecuatoriana, al punto que ya no sólo nos parece normal sino indispensable.

A diario podemos ver, escuchar y leer en medios financiados con nuestros tributos, y a través de innumerables por no decir insoportables cadenas impuestas a los medios de comunicación privados, diatribas contra ciudadanos e instituciones que tuvieron la valentía de pensar por sí mismos, indagar y opinar.  Tales descalificaciones se sustentan en teorías conspirativas o presunciones de odio y mala fe, que en el imaginario ecuatoriano supuestamente exoneran a los funcionarios públicos de rendir cuentas sobre sus acciones y simultáneamente les obligan a desollar –en sentido figurativo– al que se atrevió a cuestionar las sabias e infalibles actuaciones y/o decisiones del Estado.

Mientras más alta la jerarquía del funcionario que se ocupe de “responder” a la crítica, más encarnizado el ataque contra el metiche, imperialista, gordita horrorosa, cara de estreñido, enano, ignorante, limitadito, paniaguado de Chevron, etc., etc., etc., que le canto la plena al poder.

Rara vez –por no decir nunca– una respuesta ponderada basada en consideraciones técnicas que evidencien la imprecisión o falsedad del argumento ajeno, o una invitación al diálogo constructivo, y menos todavía un gesto de agradecimiento al que a través de su crítica alerta sobre un potencial problema o su posible solución.  Todo lo tomamos personal, nada lo asumimos como parte del ejercicio democrático de opinar y disentir para construir una sociedad mejor.  La filosofía imperante es la de “nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito”.

Y es que claro, nuestro modelo exitoso –más bien milagroso– en opinión de las autoridades ha motivado la envidia de regímenes neoliberales caducos, la frustración de monopolios empresariales transnacionales que no pueden seguirnos explotando, y la furia del imperio que ve perjudicadas sus expectativas de mantenernos en situación de neocolonialismo, todo ello azuzado por la partidocracia tradicional incapaz de ganar en las urnas.  La estrategia de quienes “nos odian” es entonces atacar esta revolución imparable, inventarle supuestos defectos, ocultar sus logros, etc.

Yo me pregunto si en realidad el mundo está tan pendiente de nosotros, tengo la seria sospecha que no; que en el mapa geopolítico seguimos siendo actor de reparto, no protagonista; y que la postura paranoica, berrinchuda y sin argumentos sustantivos empieza a convertirnos en un paria de la sociedad internacional globalizada, como evidencia la pérdida de respaldos en proyectos delicados como el pretendido “fortalecimiento” –léase desmantelamiento– del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Sin embargo la pérdida de nuestra credibilidad en el plano diplomático no es la consecuencia más grave de esta tara cultural elevada a la categoría de política de Estado: El discurso ad hominem. La consecuencia más grave es la polarización social que promueve a nivel interno; el odio acérrimo sembrado entre grupos de la población; la desconfianza y el temor que las preferencias u opiniones personales de ciertos ciudadanos inspiran en quienes no las comparten; y con ellos la ignorancia y el miedo a lo diferente o disidente en que se pretende sumir a nuestra sociedad para impedir que tome el control de las instituciones democráticas y fiscalice la actuación de los funcionarios.

Esa línea discursiva ad hominem desde las más altas esferas del poder público ha coadyuvado a crear un ambiente de intolerancia en la sociedad ecuatoriana que se proyecta también a ámbitos no políticos, hace unos días por ejemplo escuchaba una entrevista que radio Sonorama realizó a una abogada opuesta de manera radical a la posibilidad del matrimonio igualitario –por considerarlo aberrante y contrario a la voluntad divina–.  La periodista preguntó a la entrevistada si conocía los avances normativos que sobre la cuestión se produjeron en años recientes en Uruguay, aparentemente con la intención de motivar un análisis de la jurista desde el punto de vista técnico sobre la posibilidad de adoptar tal enfoque de derecho comparado en nuestro país; lamentablemente, la respuesta de la entrevistada no fue tal sino que se dirigió a descalificar al conjunto de la sociedad uruguaya diciendo “es que los uruguayos aceptan cualquier cosa por eso hasta han legalizado las drogas”.

Y así sucesivamente los trabajadores descalifican las ideas y argumentos de los empleadores por ser tales y viceversa; los ambientalistas descalifican las ideas y argumentos de los desarrollistas por ser tales y viceversa; los conservadores descalifican las ideas y argumentos de las personas con orientación sexual diversa por ser tales y viceversa; los que piensan que  los derechos humanos son puro sentimentalismo descalifican las ideas y argumentos de sus defensores por ser tales y viceversa; etc.  No evaluamos el fondo del argumento contrario, no investigamos las razones objetivas del mismo, tachamos, porque el otro nos cae mal y si nos cae mal debe estar equivocado o mintiendo.

El propio oficialismo se ha visto perjudicado con este modelo discursivo ad hominem, sus detractores tampoco son capaces de examinar objetivamente los aspectos positivos de la gestión gubernamental –que los hay–, todo lo que provenga del “correismo” está mal, aún si de algún modo nos beneficia.

En resumen, el debate democrático ha sido reemplazado  por un diálogo de sordos, y aprovechando el mismo el sacrosanto aparato estatal se siente legitimado para nunca dar cuentas de su actuar, basta afirmar que aquel que se las pide es un _________ (llene el espacio en blanco con el improperio de su predilección).

Uno de los episodios más recientes que confirma lo expuesto en esta nota y el uso compulsivo del argumento ad hominem, es la reacción estatal a la presentación del informe sobre la falta independencia de la administración de justicia en el Ecuador elaborado por Luis Pásara, un académico peruano, otrora sujeto de elogios y admiración por los propios funcionarios que ahora se indignan y rasgan las vestiduras frente a la pública exposición de evidencia del condicionamiento de la actuación de nuestros operadores de justicia en casos en que el régimen ha tenido un interés institucional o algún poderoso ha tenido un interés personal en inclinar tramposamente la balanza.

Ya en las horas posteriores a la divulgación del informe, Pasará dejó de ser un brillante académico comprometido con el desarrollo de estándares para una mejor administración de justicia en la región, traído por el Ministerio del ramo encabezado por el hoy Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura para enseñarnos a los primitivos juristas ecuatorianos como debe funcionar la justicia, y se convirtió en un agente imperialista, mentiroso, sesgado, impreciso, tergiversador o por lo menos mal informado por la restauración conservadora y sus pinches oenegeros sobre las bondades de la metida de manos en la justicia.

Pásara y las organizaciones de la sociedad civil internacional que divulgaron su informe y valientemente desnudaron las miserias de nuestro poder judicial respecto de ciertos casos –cuya trayectoria y compromiso con la defensa de los derechos humanos son públicos y notorios–, no cayeron en la tentación de contestar en el mismo tono, lo que en mi opinión está bien, porque aquellos que rebaten las contundentes conclusiones del informe en cuestión con falacias ad hominem pierden piso al no conseguir distraer la atención del problema de fondo con un show como el de “Laura de América” y la sociedad se mantiene expectante de algún argumento o respuesta técnica y fundada sobre por qué el crítico está equivocado, hasta hoy no hemos escuchado ninguna.

Dado el estrepitoso fracaso de los argumentos ad hominem contra el informe Pásara, y las exigencias sin respuesta de muchos ciudadanos para que se aclare el tema, esta semana surgió una nueva estrategia, repetir y ampliar los argumentos ad hominem  contra Pásara y su informe pero en tonalidad académica, terminando de cumplir lo que propone Hamblin sobre las falacias: “argumentos que son inválidos pero que parecen ser válidos”.  La apariencia de validez de la nueva oleada de descalificaciones, reproducida hasta el cansancio por Andes, El Telégrafo, Radio Pública, y otros medios bajo administración estatal, supuestamente se funda en que un caballero colombiano de nombre Ricardo Restrepo, “voz calificada” por ser docente del IAEN, luego de una exhaustiva investigación “descubrió” que Pásara es un paniaguado del Centro Wilson y que dicho centro a su vez es paniaguado de Chevron, y no sólo eso, sino que el Centro Wilson hasta ha sido vecino de edificio de USAID, nada más y nada menos que a cuatro cuadras de la Casa Blanca!!!!! Horror, todo es mentira, la justicia ecuatoriana nunca fue tan independiente como ahora, a Pásara le pagó Chevron para que mienta, ¿Y a las víctimas cuyos casos son reseñados en el informe Pásara, personas de carne y hueso que vivieron en forma directa la persecución judicial del Estado a algunas de las cuales yo mismo defendí o defiendo, también les habrá pagado Chevron para que ejerzan su legítimo derecho de protestar o para que denuncien la corrupción en las altas esferas del gobierno y con ocasión de ello sean judicializados?, valdría preguntar si no tenían una mediagüita que colinde con vecinos inapropiados y de algún modo vinculados a alguna petrolera, tal vez el Dr. Restrepo pueda echarnos una mano ahora que ya está empapado del rol de pagos de Chevron.

Nada ha dicho Restrepo sobre lo sustancial que plantea Pásara: la constatación a partir de casos concretos de la existencia de una línea de acción del poder ejecutivo dirigida a interferir en las decisiones de los jueces en asuntos de relevancia política o de interés personal de los poderosos, que mina la independencia y la imparcialidad de las autoridades de la justicia. Nada ha dicho sobre la constatación a partir de casos concretos de la implantación en el Ecuador de un modelo de derecho penal del enemigo y de la criminalización de la protesta social. Nada ha dicho sobre la evidencia objetiva de sanciones impuestas a jueces cuyas decisiones no se adecuan a la posición del poder ejecutivo. Nada ha dicho sobre el informe entregado a fines del año 2012 por la Veeduría Internacional sobre la administración de justicia en el Ecuador, contratada por el propio Consejo Nacional de la Judicatura y presidida por Baltasar Garzón, que concluyó que debe garantizarse el respeto y la no injerencia de otros poderes del Estado en la Función Judicial, coincidiendo con el análisis de Pásara.  En fin, nada ha dicho sobre lo de fondo, lo suyo es pura argumentación ad hominem.  Ojalá que luego, cuando deje de resultarle instrumental al Gobierno, en el evento no consentido que alguna de sus investigaciones académicas cuente a la sociedad una verdad inconveniente, el Dr. Restrepo no sufra en carne propia el escarnio y la descalificación ad hominem, como le ocurrió al propio Luis Pásara.

Yo, en función de esa la línea argumental de “quien no está con Chevron está en lo correcto”, con la autoridad moral que aparentemente me otorga haber sido perito de parte contra Chevron en el proceso que dicha empresa instauró en Nueva York contra varios ecuatorianos, me atrevo a afirmar que Pásara no se equivoca cuando describe a partir de casos concretos la actuación condicionada de la justicia ecuatoriana en varios procesos, lo que desde luego no puede predicarse de todos los procesos, pero en realidad no debería ocurrir en ninguno.

Ante la lamentable e incontestable realidad de la pobre o nula argumentación de nuestras autoridades, aparte de las falacias ad hominem, las grandes preguntas son ¿hasta cuándo el aparato estatal va a eludir el debate sobre asuntos de interés público distrayendo la atención con los “defectos”, aunque sea un lunar, del que trata de promover dicho debate?; y ¿hasta cuando la sociedad ecuatoriana se va a conformar con escuchar diatribas contra el crítico de ocasión en lugar de explicaciones sobre las actuaciones sospechosas o directamente irregulares del poder?

Dudo que la fascinación que el proyecto revolucionario ha provocado en ciertos sectores de nuestra sociedad sea suficiente para mantenernos en la apatía, eventualmente, como la historia ecuatoriana demuestra, reaccionaremos.  Pero mientras despertamos del “milagroso” sueño, todos, los de a pie y los de arriba deberíamos calmarnos y antes de descalificar al interlocutor por ser quien es –o quien suponemos que es– recordar las palabras del poeta Machado:

En una república […] democrática […] conviene otorgar al Demonio carta de naturaleza y de ciudadanía, prescribirle deberes a cambio de concederle sus derechos, sobre todo el específicamente demoníaco: el derecho a la emisión del pensamiento. Que como tal Demonio nos hable, que ponga cátedra, señores. No os asustéis. El Demonio, a última hora, no tiene razón; pero tiene razones. Hay que escucharlas todas.

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