Como las hienas

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Eran las 10H21 del 14 de mayo de 2014 cuando la Fiscalía inició la presentación de su teoría del caso, los miembros del tribunal con cara de apatía -tal vez hasta aburrimiento- escuchaban la narración que hacía la Fiscal de lo ocurrido aquel 18 de septiembre de 1998, cuando un grupo de desalmados decidió truncar la vida y los sueños de cinco jóvenes inocentes, dos de ellos menores de edad.

A pretexto de “hacer su trabajo” estos “agentes de la autoridad” de la manera más ruin, sin orden ni conocimiento de juez alguno y sin buscar verdaderamente la verdad -respecto del robo agravado que supuestamente investigaban-, sino chivos expiatorios a quienes endilgar los hechos, procedieron a la captura de una niña de 15 años, un niño de 16 años y un joven de 19 años afectado por una discapacidad mental. Como a viles delincuentes los colocaron contra la pared, los esposaron y a la fuerza los subieron a un taxi en una de las calles principales del barrio Comité del Pueblo, a vista y presencia de decenas de curiosos. Los condujeron a la entonces Oficina de Investigación del Delito de Pichincha (OID) argumentando que habían robado la bicicleta que uno de ellos llevaba al momento de la detención.  Una vez en dicha instalación policial la acusación “cambió” a una presunta participación en el asesinato de un próspero comerciante del barrio, ocurrido un mes antes en las afueras de una agencia bancaria.

Aprovechando la inocencia y debilidad de los detenidos, los policías que se referían unos a otros por sus apodos o apellidos: “mijito”, “viche”, etc., comandados por un individuo apodado “el ratón” cuya menuda apariencia podría confundir a cualquiera pero que tiene una personalidad que pareciera extraída de algún libro de terror, exigieron a los detenidos información sobre el crimen del comerciante, explicaciones sobre el dinero con que adquirieron la ropa que vestían y la bicicleta que llevaba uno de ellos, sobre el lugar donde ocultaron el botín y el arma homicida.

Cuando el “interrogatorio” no resultó empezaron a agredirlos verbal y físicamente, y amenazarlos con trasladarlos a la cárcel -a sabiendas que dos de ellos eran menores de edad-. Todo el tiempo los mantuvieron esposados, incomunicados, sin permitirles dar noticia a sus familias de donde se encontraban, y de manera ilegal y arbitraria los retuvieron hasta bien avanzada la madrugada del día siguiente 19 de septiembre de 1998, en que los dos menores de edad fueron “puestos en libertad” previa entrega a uno de los agentes de un pollo asado y advertencias de que debían ocultarse por lo menos tres meses, si no querían regresar detenidos a la OID.

Al percatarse del estado mental del joven de 19 años, del pánico que lo afectaba y por ende lo convertía en el más vulnerable, los policías decidieron retenerlo más tiempo y se ensañaron con él, profiriéndole amenazas de muerte, tortura, violación, etc., es decir, sometiéndolo a tortura psicológica para obligarlo a dar nombres de vecinos del barrio e inculparlos del crimen del comerciante, a cambio de que a él lo dejarán en paz.

Finalmente, quebraron su resistencia.  Los “garantes del orden público” se frotaron las manos, ya tenían chivos expiatorios y seguramente tendrían también una felicitación de sus superiores por tan eficiente actuación.  Con la información obtenida mediante tortura y pese al conocimiento de que la misma era falsa, se trasladaron de nuevo hasta el Comité del Pueblo, allanaron el domicilio de una humilde familia -también sin orden de autoridad- y a pesar de los ruegos de la madre, hermanas y cuñado -un joven recién ingresado a las filas de la policía- de la cuarta víctima, en presencia de su pequeña hija y de sus sobrinos fue sacado a rastras de su casa por los agentes, quienes amenazaron con sus armas a los presentes y además se llevaron una moto de propiedad del detenido, que hasta el día de hoy, casi 16 años después, nuestra eficiente administración de justicia no le ha devuelto, aunque demostró sobradamente su origen legal.

En el camino a la OID fue golpeado, insultado, acusado de asesino. Al llegar a dicha instalación policial, fue bajado a empellones del vehículo, le colocaron cinta de embalaje alrededor de su cabeza y rostro y lo condujeron a la “brigada de homicidios” donde fue “interrogado” por entré cinco y seis personas, que lo golpeaban, lo pateaban, lo asfixiaban colocándole en la cabeza una bolsa plástica rociada con gas lacrimógeno, lo quemaban con cigarrillos, exigiéndole que se declare culpable.  Le dijeron que ellos eran el SIC -la anterior unidad de investigaciones policiales, desmantelada durante el gobierno de Rodrigo Borja por ser la representación más palpable del terrorismo de Estado implementado durante el gobierno de León Febres Cordero- que sólo habían cambiado de nombre, y que si no “cooperaba” asumiendo la responsabilidad por el crimen del comerciante, correría la misma suerte que los hermanos Restrepo -dos adolescentes desaparecidos por la policía en enero de 1988, cuyo destino sigue siendo un insondable por no decir insoportable misterio-.

En las primeras horas del 19 de septiembre de 1998, con el mismo modus operandi, estos “valientes” agentes del orden capturaron ilegal y arbitrariamente a la quinta y última de las víctimas, un joven de 18 años que departía con sus amigos y su novia en un parque del Comité del Pueblo, despidiéndose, pues al día siguiente iniciaba la conscripción. El también fue golpeado, insultado, injustamente acusado y torturado para “animarlo” a “aceptar” su responsabilidad.

Tan intensa fue la tortura que los dos últimos detenidos, por miedo, para poder alertar a su familia sobre lo que les estaba ocurriendo y sobre todo para tener un respiro de los terribles tormentos a los que fueron sometidos, dijeron a los policías que estaban dispuestos a entregar el arma homicida y el botín del asalto, que supuestamente habían escondido en casa de uno de ellos y en un parque de su barrio.

Una vez más los agentes y sus secuestrados llegaron al Comité del Pueblo y una vez más allanaron los domicilios de los detenidos, en busca del “tesoro” prometido.  Los familiares de las víctimas recién entonces supieron lo que estos funcionarios estaban haciéndoles a los muchachos, que pedían auxilio, que rogaban por su vida.  Pero nada podían hacer las familias ante la prepotencia de estos sujetos armados y para aquella hora además embriagados, que escudados cobardemente en la sagrada misión que les encomendó el Estado se sentían autorizados a atropellar y vejar a cualquiera.

Cuando los “investigadores” se dieron cuenta que la información sobre la supuesta ubicación del arma homicida y el dinero había sido un ardid de los detenidos para que dejarán de torturarlos se ensañaron más con ellos, los golpearon e insultaron con más fuerza y los condujeron a un terreno baldío en el sector de El Inca al norte de la ciudad, donde los bajaron del vehículo y en reiteradas ocasiones les colocaron las armas descargadas en la cabeza y tiraron del gatillo, simulando ejecutarlos.

Regresaron a la OID, los condujeron a la lavandería, los obligaron a desnudarse y los mojaron con agua fría rociándolos luego con gas irritante, en el extremo de la euforia, “el ratón” obligó a uno de los detenidos a colocarse en posición de trípode, y con un palo de escoba empezó a tocarle las nalgas y los genitales y a continuación con el mismo palo intentó violarlo, todo esto en presencia del otro joven que lloraba desesperado al ver lo que le hacían a su amigo y saber que el sería el siguiente.  En ese momento finalmente lograron quebrar la resistencia de los dos muchachos, que aceptaron firmar cualquier declaración con tal que no continuarán torturándolos.  Los agresores se burlaban, se reían, como las hienas.

Clareaba el día sábado 19 de septiembre de 1998 cuando los torturadores felices y seguramente exhaustos redactaban las declaraciones inculpatorias que los tres detenidos serían forzados a firmar, sin embargo el fiscal de turno luego de ver a los jóvenes convertidos en Cristos, se rehusó a legalizar con su firma el engaño, y luego llegaron hasta la OID la hermana y el cuñado -el joven policía antes mencionado- de una de las víctimas, y los torturadores no tuvieron más alternativa que tomar de nuevo las versiones, esta vez escribiendo lo que los muchachos contestaban, que no incluía reconocimiento alguno de responsabilidad en el delito “investigado”.

Recién el domingo 20 de septiembre de 1998, luego de que otro mal fiscal de turno suscribiera las declaraciones que ni siquiera presenció, en horas de la tarde las víctimas fueron ingresadas al Centro de Detención Provisional de Pichincha. Ante la ausencia en dicho establecimiento carcelario de un elemental servicio médico, pese a que el Estado era el responsable de la custodia y en consecuencia de la vida e integridad de los presos, las víctimas fueron atendidas por profesionales voluntarias de INREDH, que documentaron las condiciones en que los dejaron los “agentes de la ley”, y sin cuyo valiente testimonio hoy el relato de estos jóvenes parecería una invención.

Tres de las víctimas debieron permanecer 11 meses en la cárcel hasta que fueron sobreseidos, y uno de ellos volvió a ser detenido por la misma causa en el año 2011 cuando acudió a la Policía Judicial -nuevo nombre del SIC/OID- para solicitar su registro de antecedentes.  Esta vez solo permaneció privado de libertad algo más de un mes, pero el impacto emocional para su padre fue demasiado, y cuando el joven salió de la cárcel ya solo alcanzó a acompañar los últimos instantes de vida de su progenitor.

Las tres familias se endeudaron para cubrir los costos de la defensa de los muchachos en el injusto juicio penal que se inició en su contra a partir del informe policial redactado por sus torturadores.  A pesar del tiempo transcurrido no consiguen trabajos estables porque “tienen antecedentes”, ninguno cumplió sus sueños de estudiar y superarse, y en palabras de uno de ellos, hoy, casi 16 años después, “siguen encadenados”.  Las cinco víctimas y sus grupos familiares arrastran y arrastrarán de por vida las secuelas del maltrato físico, emocional y psicológico de esos terribles días.

La situación del joven con deficiencia mental se agravó a causa del trauma ocasionado por estos hechos.  Fue muy difícil que acepte contar su verdad y coopere con la fiscalía en la investigación de la detención ilegal y torturas a las que fueron sometidos él y sus compañeros de infortunio, por el terror que el solo recuerdo de su vivencia le infunde.

Mientras la Fiscal a cargo de la acusación narraba estos sucesos, “el ratón” desde el banquillo de los acusados no podía ocultar su sonrisa, sobre todo en los pasajes más grotescos del relato de las torturas, donde aparentemente era invadido por el orgullo del “trabajo bien realizado”.

La escena se repitió varias veces más durante los desgarradores testimonios de las víctimas y sus familiares, pero esta vez ya no sólo sonreía “el ratón”, también los otros acusados “mijito” y “G.” sonreían al recordar los puntapiés, los golpes, las quemaduras, etc., que, en palabras de una de sus abogadas: “les brindaron” a los detenidos.

Lo más desagradable no era ver a los perpetradores regodearse en su propia maldad, sino ver a sus abogados, distinguidos penalistas, capaces de defender al diablo si puede cubrir sus honorarios, también reírse, también burlarse, como las hienas.  Entre esos a los que con vergüenza debo llamar colegas, un ex miembro del SIC, un individuo actualmente investigado por uno de los crímenes más atroces de la historia del país, la desaparición de los hermanos Restrepo.  Como dice el refrán popular “Dios los cría y ellos se juntan”.

¿Qué se puede esperar de estos violadores de derechos humanos y de los abogados que les representan?  Sólo argucias, trampas, como las que ya desde el inicio de la audiencia fueron sembrando, desde cambiarse de silla y de ropa para confundir a las víctimas, hasta exigir la descalificación de familiares de las víctimas como testigos por supuestamente estar contaminados, pasando por justificar las acciones de los acusados por la necesidad de esclarecer el crimen del comerciante.  Es decir, nada bueno se puede esperar de ellos.

Pero de los jueces, de esos si esperamos que hagan justicia, que le borren la sonrisa a las hienas y le devuelvan su dignidad a las víctimas. Ojalá así sea.

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2 pensamientos en “Como las hienas

  1. Siii doctor, son como hienas, ahora solo queda esperar la reacción de los jueces, que hasta ahora en casos de derechos humanos no ha sido de lo mejor. Bueno…. esperemos…

  2. el juicio llego a centencia y la alegria me embarga la jueza una de tres dio dictamen de condena a uno de los cuatro malos elementos policiales se sento un precedente a futuro en casos similares ,mi familia y yo estamos felices en la lucha y por aver aportado con un granito de arena en dicho juicio.

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