La mano sucia

Por Juan Pablo Albán Alencastro

No, no la de cierta petrolera estadounidense que ocasionó terribles daños a nuestra Amazonía y ahora se hace la desentendida.  Me refiero a la que pretende escamotear firmas para evitar que el pueblo ecuatoriano se pronuncie en las urnas respecto a si le interesa o no que alguien más ocasione daños a nuestra Amazonía en nombre del progreso económico.

El quinto poder del Estado, el electoral –Montesquieu estaría tan orgulloso de nuestros “visionarios” constituyentes–, se encuentra de rodillas, sometido como los poderes legislativo, judicial y de control ciudadano al capricho del poder restante.

Las demostraciones del sometimiento del poder electoral han sido reiteradas en los últimos años, sólo por mencionar algunas: Las trabas para el registro de movimientos políticos en preparación para las anteriores elecciones presidenciales y legislativas; la falta de control del dispendio de recursos públicos en las campañas de los candidatos oficialistas; la falta de sanciones por el no retiro de la propaganda electoral oficialista una vez concluidos los comicios; la falta de transparencia en los procesos de escrutinio; etc., etc., etc.

En el más reciente episodio de servilismo, los “guardianes” de nuestra democracia, en actitud francamente antidemocrática, están tratando de impedir que se convoque a una consulta popular sobre la futura explotación petrolera en el Yasuní, una zona selvática convertida en parque nacional en 1979 y declarada intangible en 1998; uno de los lugares más biodiversos de la tierra, con mayor variedad de especies de flora y fauna por hectárea que toda Europa junta; y el territorio ancestral de comunidades indígenas no contactadas que habitan el lugar desde mucho antes que el Estado ecuatoriano existiera.

Para tal efecto, de las 757.623 firmas reunidas con gran esfuerzo y entusiasmo por un grupo de jóvenes patriotas con verdadera convicción democrática y comprometidos con la preservación de nuestro medio ambiente, el Consejo Nacional Electoral –según sus propias cifras– ha descartado hasta el momento 158.520 con un florido repertorio de excusas: El tamaño de los formularios, el color del papel en que están impresos, el gramaje del papel en que están impresos, el carácter “sospechoso” de algunas de las firmas, la falta de copias de los documentos de identidad de los recolectores de las firmas, entre otros.

Ya antes del inicio del proceso de verificación, “desaparecieron” miles de firmas y copias de documentos de identidad entregados al Consejo Nacional Electoral, los formularios entregados fueron trasladados en condiciones al menos cuestionables a un ex recinto militar, por varios días se impidió la entrada de veedores de los solicitantes de la consulta argumentando que no asistieron a los procesos de capacitación, y el Consejo Nacional Electoral dejó plantados a los representantes de los solicitantes de la consulta designados para integrar una Comisión Mixta de Alto Nivel encargada de revisar, analizar y resolver las discrepancias del proceso de verificación de las firmas.

¿Y todo esto por qué?  Para tratar de entender los motivos de la conducta irregular de nuestras autoridades electorales es necesario regresar en el tiempo:

En el año 2007 el Presidente Correa se comprometió ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas a no explotar las reservas petroleras del Yasuní, que abarcan un 20% del total de las reservas ecuatorianas, a cambio de que la comunidad internacional done al país 3.600 millones de dólares, equivalentes al 50% de los ingresos que percibiría por la venta de dicho petróleo.

Efectivamente se creó un fondo administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en el lapso de tres años se logró reunir aproximadamente 365 millones de dólares gracias a la colaboración de varios gobiernos del mundo.  Sin embargo, El 15 de agosto de 2013, el gobierno ecuatoriano dio por terminada la iniciativa Yasuní-ITT y anunció el inicio de la explotación petrolera en la zona, culpando de tal decisión a la comunidad internacional por su falta de colaboración con el proyecto, sin mencionar jamás que su actuación pudiera violentar los artículos 14, 66.27, 276.4, 395 y siguientes, y 407 de la Constitución de la República, además de una serie de compromisos internacionales en materia de protección medio ambiental.

En los meses posteriores los ecuatorianos fuimos bombardeados con una campaña mediática explicando el margen tan “mínimo” de afectación medio ambiental que la explotación generará, y los grandes beneficios económicos que obtendremos –600 millones de dólares anuales por un periodo de 30 años–.

Para enfatizar la idea de mínima afectación, se llegó al punto de negar la existencia de las comunidades indígenas no contactadas que habitan la zona o decir que no tienen un territorio ancestral definido sino que son nómadas.

Sin embargo, un segmento importante de la población se ha mantenido escéptico y a pesar de los anunciados beneficios económicos prefiere mantener el petróleo bajo tierra y conservar para las futuras generaciones el lugar más biodiverso de la tierra.  Ese segmento ha ido creciendo a partir de campañas de concientización emprendidas por diversos actores sociales y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos los jóvenes que hoy promueven la consulta popular.  El resultado es que a la fecha, de acuerdo a investigaciones estadísticas, un 75% de los ecuatorianos quiere pronunciarse en las urnas sobre la pertinencia de explotar o no el petróleo del Yasuní.

Ante esta realidad la estrategia del Gobierno cambió.  El discurso tranquilizador propuesto en septiembre de 2013 de “sólo se afectará el 0.1% del parque nacional” y “no se dañará el medio ambiente”, se ha convertido para mayo de 2014 en el habitual discurso altisonante con invocaciones a la “partidocracia” y a la “larga noche neoliberal”, descalificaciones a los ciudadanos que osan cuestionar el buen criterio del Presidente y el anuncio de que se explotará el petróleo del Yasuní sin importar quien se oponga.

En días recientes se sumó la afirmación pública del Primer Mandatario de que no tiene planes de convocar a una consulta popular para decidir si debe explotarse o no el petróleo del Yasuní.

Estos mensajes en realidad no están dirigidos a la ciudadanía, sino a los poderes públicos.  Son una clara indicación –instrucción– de que debe impedirse a toda costa que la explotación petrolera en el Yasuní quede librada al punto de vista de los ciudadanos.  Cómo era de esperarse el Consejo Nacional Electoral comprendió de inmediato su misión en este asunto, bloquear el control ciudadano de las actuaciones del poder público a través de un ejercicio democrático.

Conviene entonces recordar ciertos estándares a los que voluntariamente ha adherido el Estado ecuatoriano y cuya violación en consecuencia pudiera acarrearle responsabilidad internacional:

El artículo 21.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la voluntad del pueblo debe ser la base de la autoridad de los gobiernos.

La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre no solo reconoce los derechos a participar en las elecciones y a votar, sino que también se refiere al deber que tienen los ciudadanos de votar, y al avance de la democracia como un valor regional clave.

La Carta de la OEA en su artículo 3.d, establece que la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa.

La Asamblea General de la OEA ha referido en numerosas oportunidades la relación entre democracia representativa y derechos humanos, enfatizando la necesidad del ejercicio de los derechos políticos.  Por ejemplo, en la Resolución 837 (XVI-0/86), adoptada por la Asamblea General, se reafirmó

[e]l derecho inalienable de todos los pueblos americanos a elegir libremente un sistema político, económico y social sin injerencias externas, por medio de un auténtico proceso democrático, en un régimen de justicia social, en el que todos los sectores de la ciudadanía gocen de las garantías necesarias para participar libre y efectivamente.

Al adoptar la Carta Democrática Interamericana los Estados de la región establecieron que,

[l]os pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

[…]

[s]on elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos

[…]

[l]a participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia[1].

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que,

[l]a democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte. Es un “principio” reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano. El régimen mismo de la Convención reconoce expresamente los derechos políticos (art. 23), que son de aquellos que, en los términos del artículo 27, no se pueden suspender, lo que es indicativo de la fuerza que ellos tienen en dicho sistema[2].

En el mismo sentido, dicho tribunal ha agregado que los derechos políticos protegidos en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales[3], propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político[4].

Según ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe del caso Statehood Solidarity Committee c. Estados Unidos,las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos que garantizan los derechos políticos, incluido el artículo 23 de la Convención Americana, deben ser interpretadas y aplicadas de manera de dar efecto significativo al ejercicio de la democracia representativa en este hemisferio[5].

Asimismo, la CIDH ha establecido que las elecciones deben ser “auténticas”, y “ejecutarse de manera tal que preserven la libertad en la expresión de voluntad del elector”[6]. Esto significa que los electores deben haber tenido la oportunidad de expresar libremente su voluntad sin coerción, y que los resultados deben ser congruentes con la expresión de dicha voluntad[7]. Al respecto, la Comisión Interamericana ha examinado una serie de factores, incluyendo cuestiones estructurales[8]; si los partidos políticos y candidatos tuvieron o no iguales oportunidades en la campaña[9]; condiciones de intimidación o inseguridad durante los periodos de campaña y votación, incluyendo restricciones a derechos individuales o situaciones de tensión interna o violencia[10]; abuso de los recursos del Estado por ciertos partidos buscando ventajas injustas[11]; la medida en que los diferentes sectores sociales disfrutaron de completo acceso a instalaciones electorales y la información necesaria para su plena participación[12]; y la capacidad de la prensa de informar libremente sobre cuestiones relevantes[13].

La Comisión también ha señalado que no es extraño que la elaboración jurídica hemisférica haya insistido en la existencia de una relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos así definidos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado, lo cual a su vez supone la vigencia de otros derechos humanos fundamentales. En efecto, como ha dicho la Comisión, el concepto de democracia representativa se asienta sobre el principio de que el pueblo es el titular de la soberanía política y en ejercicio de esta soberanía elige a sus representantes para que ejerzan el poder político. Estos representantes, además, son elegidos por los ciudadanos para aplicar medidas políticas determinadas, lo cual a su vez implica que haya existido un amplio debate sobre la naturaleza de las políticas a aplicar –libertad de expresión– entre grupos políticos organizados –libertad de asociación– que han tenido la oportunidad de expresarse y reunirse públicamente –derecho de reunión–[14].

De su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que si bien –bajo el Convenio Europeo que tiene una redacción más estricta que la Convención Americana– los Estados partes tienen un considerable margen de apreciación para fijar las condiciones de ejercicio de estos derechos, tales condiciones no pueden afectar la “libre expresión del pueblo”[15].

También la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha determinado que aunque la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos políticos, no puede utilizarse la ley para privar a las personas de tales derechos[16].

¿Llegaremos a una consulta sobre la explotación petrolera en el Yasuní?  La respuesta depende de varios factores, pero fundamentalmente de la presión ciudadana sobre las autoridades electorales para que procedan de manera transparente, a esta altura ya no podemos confiar en su buena fe ni en la intervención de los organismos llamados por mandato constitucional a defender nuestros derechos como la Defensoría del Pueblo o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que han dado reiteradas muestras de subordinación al Ejecutivo.  Los plantones y vigilias, los mensajes en redes sociales, los reclamos directos de los ciudadanos que dieron su firma para que se convoque a consulta popular, la denuncia de cualquier irregularidad –por mínima que parezca– son indispensables para defender este ejercicio democrático.  Ya no está solamente en juego la defensa del Yasuní, sino de la posibilidad de expresar libremente nuestra opinión y ejercer nuestros derechos políticos, nuevos objetivos bajo amenaza de un aparato estatal que ya no reconoce límite alguno en la realización de sus fines, que por cierto tienden a no coincidir con los intereses de la población ecuatoriana.

En lo personal me preocupan dos cosas.  El artículo 104 de la Constitución de la República establece que “la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto. Cuando la consulta sea de carácter nacional, el petitorio contará con el respaldo de un número no inferior al 5% de personas inscritas en el registro electoral”. Tomando en cuenta el último padrón para las elecciones secciones de febrero de 2013, se requeriría unas 584.116 rúbricas, es decir que al Consejo Electoral sólo le falta descartar 14.988 en esta fase de “determinación de autenticidad” para impedir la realización de la consulta.

A lo anterior se suma que bajo los artículos 104 y 438 de la Constitución de la República y los artículos 103 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, aún si el Consejo Nacional Electoral hace su trabajo y califica las firmas presentadas, todavía es necesario que la Corte Constitucional emita un dictamen previo y vinculante para que la consulta popular pueda llevarse a cabo.  Seguramente si el asunto prospera hasta esa fase, se levantará otra serie de barricadas para procurar que los ciudadanos no podamos emitir nuestra opinión.

Como ha dicho la Corte Interamericana “los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de ‘oportunidades’. Este último término implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos”[17].

Ojalá nuestras autoridades recapaciten, le pierdan el miedo al ejercicio democrático, respeten al pueblo que les ha encomendado las funciones que ostentan y recuerden que no se puede limitar los derechos políticos a través de acciones que, aún en apariencia legales, sean en realidad un obstáculo para que las personas participemos de manera efectiva en la conducción de los asuntos públicos, tornando ilusoria dicha participación y vaciando de su contenido esencial a esos derechos políticos.  Es decir, si realmente somos una democracia y los ciudadanos ecuatorianos aún somos titulares de derechos humanos, la mano sucia sale sobrando.  ¡Adelante Yasunidos!

 

[1] Carta Democrática Interamericana, Lima, 11 de septiembre del 2001, fragmentos de los Artículos 1, 3 y 6.

[2]Corte I.D.H., La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 34.

[3] Algunos de estos instrumentos internacionales son: Carta Democrática Interamericana (artículos 2, 3 y 6); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XX); Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 21); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5.c); Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (artículo 42); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 7); Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (artículos I, II y III); Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 6); Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (artículos 2 y 3); Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales (artículo 6); Proclamación de Teherán, Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán, 13 de mayo de 1968 (párr. 5); Declaración y Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 14 a 25 de junio de 1993 (I.8, I.18, I.20, II.B.2.27); Protocolo No. 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 3); y Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos “Carta de Banjul” (artículo 13).

[4]Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 192.

[5]CIDH, Informe 98/03, Caso No. 11.204, Statehood Solidarity Committee, Estados Unidos, 29 de diciembre de 2003, párr. 95.

[6] CIDH, Informe Final sobre los Casos No. 9.768, 9.780 y 9.829, México, Informe Anual de la CIDH 1989-90, párr. 45.

[7] Id., párr. 47.

[8] Ver por ejemplo, CIDH, Segundo Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú, supra, Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, OEA/Ser.L/V/II.100, doc. 7, rev. 1 1998; CIDH, Informe N° 137/99, Caso 11.863, Andres Aylwin Azocar et al., Chile, 27 de diciembre de 1999.

[9] Ver en general, CIDH, Informe Final sobre los Casos 9.768, 9.780 y 9.829 de México párr. 49, 70.

[10] Ver por ejemplo, CIDH, Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Chile, OEA/Ser.L/V/II.66, doc. 17 1985; Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay, OEA/Ser.L/V/II.71, doc. 19, rev. 1, 1987; Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Panamá, OEA/Ser.L/V/II.76, doc. 16, rev. 1 1989; Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú, supra, C. IV.

[11] Ver por ejemplo, CIDH, Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú, Capítulo IV.

[12] Ver, CIDH, Quinto Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, Capítulo X, párr. 12, 25-32.

[13] Ver en general, CIDH, Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay; Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, párr. 481-99; Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en Perú, Capítulo IV.

[14]CIDH, Informe 137/99, Caso No. 11.683, Andrés Aylwin Azócar y Otros, Chile, 27 de diciembre de 1999, párr. 35.

[15] ECHR, Mathieu-Mohin and Clerfaurt v. Belgium, Ser. A N° 113, párr. 52; ECHR, Gitonas v. Greece, Sentencia del 1ro de julio de 1997, 1997-IV, párr. 39.

[16]A.C.H.P.R., Communication 211/98, Case of Legal Resources Foundation v. Zambia. 23 April to 7 May 2001, párr. 72. 14th Annual Activity Report: 2000-2001

[17]Corte I.D.H., Caso López Mendoza. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 233, párr. 108.

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