El regreso de Torquemada (efectos secundarios de la Ley de Comunicación)

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Anoche tuve el gusto de asistir con mi familia al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura para presenciar la puesta en escena de una obra musical cuya majestuosidad a esta altura ya nadie discute, pero que desde su estreno ha sido objeto de más de una descalificación.  Mientras observaba el espectáculo finalmente vino a mi cabeza como completar este artículo que empecé a escribir días atrás.

En 1970 fue lanzado en Inglaterra el álbum Jesuscristo Superstar con música de Andrew Lloyd Weber y letra de Tim Rice.  La obra alcanzó en poco tiempo mucha popularidad entre los aficionados al rock y la cima de la lista Billboard. Esa popularidad motivó en un primer momento una serie de conciertos oficiales en vivo, el primero de ellos en julio de 1971 en el Civic Arena de Pittsburgh ante casi 14.000 personas.  Más adelante, en parte como consecuencia de varias puestas en escena no autorizadas durante el primer semestre de 1971, los autores decidieron que el álbum se convirtiera en un musical homónimo, estrenado en octubre de 1971 en Broadway, con un éxito tan notable que en su primera temporada se mantuvo en cartelera por 711 funciones.

La polémica rodeó al musical desde el inicio porque la representación de Judas como personaje central de la obra junto a Jesucristo, la representación de este segundo personaje como un hombre y no como una divinidad y la dinámica de las relaciones entre Judas, Jesucristo y María Magdalena, resultaban para muchos cristianos una blasfemia.  También los judíos reaccionaron calificando a la obra de antisemita, porque todos los personajes antagónicos con excepción de Pilatos eran judíos, y porque retrataba al pueblo de Israel como una turba violenta, empecinada en derramar la sangre de Jesucristo.  Sin embargo esas opiniones sobre el musical no fueron suficientes para censurar su presentación, excepto en Sudáfrica, donde fue prohibido por antirreligioso.  A la fecha son 24 las producciones oficiales de la obra que han recorrido todo el mundo, sumadas a centenares por no decir miles de producciones no oficiales.

Anoche el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura tenía un lleno completo, la mayoría de los asistentes eran católicos devotos, aprovechando el jueves santo no sólo para recordar la pasión de Cristo sino para un entretenido plan familiar, un musical que nos muestra el liderazgo social y político de un hombre sencillo, y su amistad con aquel que terminaría por entregarlo precisamente para hacerle reaccionar y darse cuenta de que no era un ser divino –algo no muy consecuente con los dogmas cristianos–.  No escuché a nadie en la audiencia quejarse de los estereotipos que el musical propone respecto del pueblo judío; o de que Herodes –uno de los malos de la historia– fuera representado afeminado; o de la falta de precisión histórico/religiosa de la obra que pudiera distorsionar la mente de nuestros niños y adolescentes –que por cierto había muchos, entre ellos mi hija de siete años, fascinada con lo que veía–; mucho menos escuche a alguno de los asistentes tildar al musical de “repugnante” o anunciar que promovería una denuncia ante la SUPERCOM, lo que si escuché fue una merecida ovación a los hermanos Terán –responsables de la puesta en escena–, de pie.

El pasado 9 de abril de 2014, en el marco de las jornadas de reflexión “La discriminación en los medios de comunicación y el ejercicio de los derechos” llevadas a cabo en la Asamblea Nacional, el Defensor del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, calificó los contenidos de varios programas cómicos nacionales como “repugnantes” y anunció que realizará “todos los esfuerzos posibles para eliminar por siempre de la programación esos programas que denigran al ser humano, y que los están viendo en horario familiar nuestros hijos”[1].  Una declaración tan dura no es propia de un funcionario que tiene bajo su responsabilidad proteger los derechos de TODA la población, entre ellos, fundamentalmente, la libertad de expresión, como presupuesto indispensable para una verdadera democracia.  Pero más grave aún, esa declaración evidencia algo que muchos temíamos desde que la Ley Orgánica de Comunicación era un simple proyecto: Terminaría por convertirse en un instrumento de persecución a ser utilizado de manera antojadiza para silenciar a disidentes e irreverentes, o para imponer una pseudo moral al grupo social, y en este caso particular para generar la ilusión –sólo es eso– de que avanzamos en la erradicación de patrones discriminatorios.

Las jornadas antes referidas y la declaración del Defensor del Pueblo motivaron durante la semana que termina un esfuerzo organizado desde la sociedad civil con la asesoría de la propia Defensoría del Pueblo, que según se ha anunciado concluirá el próximo lunes con la presentación de una denuncia contra varios programas cómicos nacionales, por supuestamente promover patrones discriminatorios contra los afroecuatorianos, indígenas, montubios y la comunidad GLTBI.

Estoy consciente que mi opinión no será bien recibida por muchos, pero el problema de una sociedad como la nuestra, con altos niveles de polarización, en que la intolerancia y el desprecio a los demás se promueven a diario desde las más altas esferas del poder, es que los ciudadanos quedamos sometidos al capricho de un grupo de personas –normalmente funcionarios públicos– que quieren imponernos su moral, decirnos qué está bien y qué está mal, qué debemos ver en la televisión, oír en la radio o leer en el periódico, y finalmente, qué debemos pensar.  Tal escenario es simplemente inaceptable en una sociedad verdaderamente democrática.

La convivencia social exige que los ciudadanos aprendamos a ser tolerantes, a aceptar y disfrutar nuestras diferencias, a respetar las expresiones y opiniones de los demás, a no vivir a la defensiva y suponer que todos pretenden hacernos daño, a no creernos Fray Tomás de Torquemada y asumir que nuestra misión en la vida es silenciar a los que no comparten nuestro punto de vista.

La influencia de los medios de comunicación masiva en la formación de la opinión pública hoy por hoy es indiscutible.  Tampoco cabe discutir a esta altura que ciertas representaciones en programas cómicos nacionales son al menos desafortunadas y efectivamente pueden evidenciar concepciones discriminatorias contra ciertos grupos de la sociedad, la pregunta es si no existen mecanismos menos drásticos e invasivos que sacarlos del aire para paliar los efectos de tales representaciones, sin necesidad de violentar la libertad de expresión de sus autores y del grupo social en general. En mi opinión la respuesta es afirmativa, hay otros mecanismos.

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos sugiere las respuestas:

[…] 2. El ejercicio del derecho […] no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares […].

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

Si la principal preocupación del Defensor del Pueblo es que “nuestros hijos” vean esos programas, en aplicación de la regla contemplada en el artículo 13.4 de la Convención Americana, bien pudiera establecerse una franja horaria de protección a la niñez y adolescencia, y determinar que ese tipo de programación sólo sea exhibida a partir de cierta hora, en ningún caso en horarios triple A.  Tal medida sería complementada por la decisión libre y razonada que cada familia quiera tomar sobre el tipo de programación que sus niños y adolescentes pueden ver, sin que el Estado se meta a nuestras casas a ejercer censura.  Quien tiene el control remoto, tiene el control de lo que debe, puede o quiere ver, no el Estado.

Si en cambio la preocupación del Defensor del Pueblo, al igual que la de varias organizaciones de la sociedad civil es que a través de estos programas se perpetúe patrones discriminatorios en nuestra sociedad, el artículo 13.2 de la Convención Americana, así como el artículo 20 de la propia Ley Orgánica de Comunicación, permiten la determinación de responsabilidades ulteriores.  Pero desde luego el supuesto necesario para su imposición será acreditar que efectivamente alguien ha sufrido un daño concreto como consecuencia del ejercicio abusivo de la libertad de expresión de los libretistas, actores y actrices que participan de los programas cómicos hoy señalados como discriminatorios y que parece obvio que no buscan educar a la sociedad sino hacer reír.

Esto porque la restricción a la libertad de expresión sólo será legítima cuando no implique el control previo de tal expresión –lo que constituiría censura–, se produzca a través de la aplicación de responsabilidades ulteriores por el ejercicio abusivo del derecho, cuyas causales de responsabilidad administrativa o civil –jamás penal– deben estar expresa, taxativa y previamente fijadas por la ley[2], ser necesarias para asegurar un bien mayor de aquellos descritos en los literales a y b del artículo 13.2 de la Convención Americana, y en modo alguno limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno de la libertad de expresión convirtiéndose en un mecanismo directo o indirecto de censura previa[3].

En tal sentido, la jurisprudencia constante del Sistema Interamericano refiere que para que el Estado cumpla con su deber de respetar la libertad de expresión de sus ciudadanos la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio de tal derecho humano[4].

Para que una restricción a la libertad de expresión, en este caso artística, mediante la imposición de responsabilidades ulteriores sea compatible con el artículo 20 de la Ley de Comunicación y con los estándares internacionales de protección de tal derecho, debe sustentarse en un objetivo colectivo que por su trascendencia, en un ejercicio de ponderación, prevalezca sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 18 de la Constitución ecuatoriana garantiza y no limite más de lo estrictamente necesario el mismo[5].

A inicios de la década pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos desarrollo un importante estándar que la Defensoría del Pueblo ecuatoriana, las organizaciones de la sociedad civil que lideran el esfuerzo de censura de estos programas cómicos, y eventualmente la SUPERCOM deberían tomar en cuenta.  Lo hizo en el contexto de un caso que curiosamente también se relaciona con una interpretación alternativa de la vida de Jesucristo.

En 1988, Martin Scorsese se atrevió a desafiar la narrativa difundida por la iglesia sobre la naturaleza divina de Jesucristo y los eventos de sus últimos años de vida, llevando a la pantalla una adaptación de la novela de Nikos Kazantzakis “La última tentación de Cristo”.  La película fue tan controversial que grupos fundamentalistas cristianos llegaron a ejecutar atentados con cocteles molotov contra salas de cine donde era exhibida.

En Latinoamérica –incluido Ecuador–, las autoridades de la iglesia católica lograron con éxito bloquear por varios años su exhibición pública, a través de comisiones de censura de espectáculos públicos.  Chile no fue la excepción.  No obstante, un grupo de ciudadanos chilenos que simplemente no se resignó a que el Estado, en base a criterios morales religiosos, les dijera que podían ver o no en el cine, promovió una batalla jurídica de más de 10 años que finalmente condujo el asunto a conocimiento primero de la CIDH y luego de la Corte Interamericana.

En su sentencia de fecha 5 de febrero de 2001, la Corte, estableció que

[…] la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones entre las personas;  comprende su derecho a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica también el derecho de todas a conocer opiniones, relatos y noticias.  Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia[6].

Y basándose en un estándar desarrollado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la década de los setenta[7], determinó que bajo el derecho a la libertad de expresión están protegidas no sólo

[…] las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población.  Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin las cuales no existe una ‘sociedad democrática’[8].

A partir de entonces la Corte en varias oportunidades ha reafirmado este criterio[9], aclarando además que salvo en el supuesto del artículo 13.4 de la Convención Americana, es decir la protección moral de la infancia y la adolescencia, cualquier medida preventiva implica el menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión.

Finalmente, los grupos que hoy pretenden ejercer censura, históricamente subyugados a la intolerancia de la sociedad, deberían ser los primeros en comprender la importancia de expresarse libremente, sin condicionamientos o imposiciones de otros.

Concluyo preguntando ¿Cómo les iría a Lloyd Weber y Rice o a Scorsese en el Ecuador del 2014, si apenas ahora fueran a estrenar sus polémicas obras?, seguramente algún Torquemada les enfrentaría valientemente, blandiendo esa maravillosa arma diseñada por nuestra Asamblea: la Ley Orgánica de Comunicación. ¡Vivan la moral y las buenas costumbres!

 

[1] Véase al respecto la nota titulada La regulación ahora apunta al humor en TV, publicada en el diario El Comercio, edición correspondiente al 16 de abril de 2014, disponible en http://goo.gl/hr2qwd.

[2] Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva  OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 35.

[3] Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 95; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 120; y Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva  OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 39.

[4]  Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 85; Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 96; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párrs. 121 y 123; y Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva  OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 46.

[5] Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 96; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párrs. 121 y 123; Corte I.D.H., La Colegiación Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 46;véase también  Eur. Court H. R., Case of The Sunday Times v. United Kingdom, para. 59;y Eur. Court H. R., Case of Barthold v. Germany, para. 59.

[6] Corte I.D.H., Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 66.

[7] ECHR. Handyside case, judgment of 7 December 1976, Series A No. 24, párr. 49.

[8] Corte I.D.H., Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 69.

[9] Véase por ejemplo, Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina.Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 88; Corte I.D.H., Caso Ricardo Canese. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 111, párr. 83; y Corte I.D.H., Caso Ivcher Bronstein. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 152.

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