La soberanía como pretexto para relativizar los DDHH

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Esta semana tuve la suerte de ser invitado en varias ocasiones a exponer mi punto de vista sobre la validez, legitimidad y eficacia jurídica de las actuaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en lo relativo a sus decisiones de medidas cautelares.

Desde el miércoles el debate con varios colegas se prolongó a twitter, donde unos con puntos de vista técnicos, otros con puntos de vista políticos –respetables– y otros con puntos de vista trasnochados, tratamos de defender posturas en una especie de combate ideológico/académico que la verdad nos supera a todos, no porque seamos ignorantes en la materia –la mayoría de los involucrados hemos tenido alguna experiencia significativa a nivel del sistema interamericano, sea como usuarios, como funcionarios de sus órganos o como agentes estatales–, sino porque nuestras disquisiciones sobre la cuestión tienen totalmente sin cuidado al ente responsable de acatar las decisiones de la CIDH, el Estado, que solamente está pescando a río revuelto en medio de estos ejercicios “académicos” para ver quien le suelta nuevas armas para mantener el ataque contra la Comisión.

Con estupor he observado como la “sabiduría” se pone al servicio del mal, solamente para proporcionar argumentos perversos al garante de nuestros derechos fundamentales a fin de que pueda rehuir sus obligaciones internacionales.  Como si la CIDH les hubiera ocasionado una terrible afrenta o un daño irreparable, estos dedicados juristas, “voces más autorizadas” en opinión de un colega, sienten el deber de colaborar en el deterioro de la imagen del organismo y seguramente en el futuro en su desmantelamiento, seguramente con pretensiones burocráticas.

En el marco de estos intercambios escuché toda suerte de pretextos:  Desde la poca autoridad moral de la CIDH para ordenar la protección preventiva de opositores ecuatorianos cuando no hace nada por la gravísima situación que se desarrolla simultáneamente en Venezuela; hasta, ya existe una Corte regional de derechos humanos que ordena medidas de protección y en consecuencia es innecesario e impertinente que la CIDH disponga sus propios decretos cautelares, –olvidando que varios países de la región no están sometidos a la Corte IDH y el efecto positivos que en aquellos que si lo están han tenido las medidas cautelares–; pasando por supuesto por el conocido “mal de muchos consuelo de tontos”: 15 países de la región han desatendido en el pasado mandatos de medidas cautelares de la CIDH.

Todos los argumentos que descalifican la validez, legitimidad y eficacia jurídica de las medidas cautelares de la CIDH –y en general de todas sus actuaciones– apuntan a lo mismo, relativizar los derechos humanos, es decir, permitir que su protección quede librada al capricho de los gobernantes, quienes con leguleyadas ajenas pueden escapar de las obligaciones internacionales que corresponden al Estado, y convertir en cuestión política algo que evidentemente no lo es, la dignidad de las personas.  De ese modo, los Gobiernos condicionan la vigencia de los derechos humanos a sus conveniencias y, alternativamente, se llenan la boca para afirmar que son respetuosos de los derechos de sus ciudadanos y que tienen políticas e instrumentos normativos e institucionales de avanzada para garantizar tales derechos; o se mofan y hasta persiguen a quienes pretenden utilizar esos instrumentos o beneficiarse de esas políticas.

Entre esos varios argumentos, más bien pretextos, que permiten a los Gobiernos relativizar los derechos humanos, sobresale el de la soberanía, una palabrita de uso muy frecuente en estos tiempos de revolución, cada vez que es necesario anteponer los intereses del Gobierno –no del Estado, del cual formamos parte los ciudadanos– a los derechos de las personas.

He escuchado tantas veces y en contextos tan diferentes la “excusa soberana”, que tengo la sensación de que aquellos que la invocan, no comprenden exactamente que implica.

La explicación del concepto de soberanía puede ensayarse desde la teoría política o desde el derecho internacional público, siempre recordando que no se trata de un concepto inequívoco o absoluto, y que sus implicaciones deben ser analizadas en cada situación particular.  Lo que si puede establecerse con cierta precisión es de donde emana la soberanía, cuáles son sus ámbitos y límites de ejercicio.

Etimológicamente la palabra soberanía proviene de dos raíces latinas, que evidencian la seriedad del concepto, “super” y “omnia” literalmente “sobre todo”. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define el término como “autoridad suprema del poder público” agregando “la que reside en el pueblo” lo que aparentemente en la visión de ciertos Estados del mundo ha mutado por “la que reside en el Gobierno”.

Jean Bodin definió a la soberanía como el “poder perpetuo y absoluto de una República”[1], sin mencionar de que o quien emana dicho poder. Por su parte, Jean Jacques Rousseau consideraba que la soberanía consiste “esencialmente en la voluntad general”[2], es decir, la suma de las voluntades de todos los ciudadanos –no solamente la del gobernante, cuyo mandato podría ser revocado en cualquier momento por el pueblo–.  Ya con anterioridad a estos conceptos, las Siete Partidas recogían la idea de que es el pueblo quien ostenta al poder e inviste con el mismo a su rey[3].

Las definiciones posteriores incluyen con mayor o menor rimbombancia esos componentes identificados por Bodin y Rousseau, un “poder” y una fuente del mismo “la voluntad de los ciudadanos”.  Desde luego, el ejercicio de ese poder que emana de la voluntad ciudadana debe ser ejercido a través de alguna autoridad, no sería posible ni deseable que cada ciudadano pretenda en forma autónoma ejercer tal poder.  Lo importante es que el individuo o grupo de individuos designados para tan elevada y compleja función comprendan que no se les ha cedido ni delegado el poder del pueblo, sino encomendado y responsabilizado por su adecuado ejercicio, atendiendo al interés y beneficio de todos, no al propio.  Para comprender tal realidad basta ver el preámbulo de nuestra primera y nuestra más reciente Constituciones que dicen respectivamente “El Pueblo soberano del Estado de Quito”[4] y “NOSOTRAS Y NOSOTROS, el pueblo soberano del Ecuador”[5], enfatizando la idea de que el titular de la soberanía siempre es el pueblo no sus mandatarios.

Pero lamentablemente el entendimiento de los gobernantes no siempre ha sido que la soberanía como poder es inherente al pueblo, emana de su voluntad y descansa solamente en él.  Por eso desde hace mucho tiempo ha habido una discusión sobre la necesidad de preservar el concepto de soberanía, Hans Kelsen por ejemplo no negaba su importancia teórica para la teoría del Estado y del derecho internacional, pero criticaba la noción por considerar que se encuentra profundamente marcada por ambigüedades y por un “abuso” político que se hace de ella. Por eso, Kelsen se rehusaba a otorgar una especie de entidad “súper-humana” al Estado, cuya única realidad son en realidad los seres humanos, con lo cual se hace de la idea de soberanía un “abuso político”. Para Kelsen, la idea de soberanía estaba ligada históricamente al fortalecimiento de la monarquía absoluta, pero aún en el actual Estado democrático se la utiliza con fines políticos, creando confusión y presentando deseos políticos como verdades absolutas. Por ende, según dicho jurista, el concepto debería erradicarse[6].

Otros como Carl Schmitt probablemente con la intención de impedir que el ejercicio arbitrario del poder a lo interno sea justificado con argumentos de soberanía, han tenido una visión restrictiva del concepto relacionada únicamente con cuestiones de seguridad nacional. Dicho autor por ejemplo señala que la posibilidad de un “Estado mundial” que abarque la humanidad entera es algo que jamás podrá darse, el Estado presupone siempre la existencia de otros Estados y la enemistad precisa persistir entre ellos, no en su interior, por ende, para reconocer al Estado como tal es necesario asumir que goza de una potestad inmanente de tomar decisiones políticas para decidir quién es el enemigo, de lo contrario no sería Estado[7].

También están aquellos que como Herman Heller –y tal vez algunos jóvenes gobernantes contemporáneos–, afirman que la soberanía es un conjunto de atributos de ejercicio ilimitado, y que el derecho no puede predominar sobre el poder estatal. Dicho autor sostiene que mientras exista el derecho internacional y en la medida en que no esté sustituido por un estado mundial, tienen que existir estados soberanos, con la potestad inclusive de violar su propio derecho interno y a partir de tal conducta crear nuevas normas jurídicas[8], lo que en mi opinión genera un serio riesgo de llegar a la negación del control que puede ejercer el pueblo sobre el poder que ha entregado a sus gobernantes, mediante la tutela jurisdiccional doméstica de sus derechos, así como a través de la solicitud de una tutela internacional.  El apartamiento del derecho, aún a pretexto de crear nuevo derecho, no puede ser una decisión arbitraria ni puede basarse en invocaciones a la soberanía, debe estar sometido no sólo a algún control sino a alguna consecuencia.

Pero más allá de las divisiones sobre la conveniencia o no de preservar el concepto de soberanía, hay un consenso casi generalizado respecto a que el concepto comprehende dos ámbitos, la summa potestas o soberanía interna, es decir, el poder autónomo supremo del Estado en la conducción de sus relaciones con sus propios sujetos; y la soberanía externa, es decir, el poder del Estado de determinar libremente su conducta respecto de otros Estados y sujetos del derecho internacional, eso sí, con límites concretos.

Esos límites están definidos en el plano del derecho internacional a partir de normas imperativas –de ius cogens–, de base consuetudinaria y convencional – recogidas desde 1945 en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas–, a saber:

–        Prohibición del uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza.

–        Respeto a la independencia política e integridad territorial de los demás Estados.

–        Observancia de las obligaciones sobre derechos humanos.

Cabe agregar que una consecuencia directa del ejercicio de la soberanía externa, es la obligación –inclusive en materia de derechos humanos– de cumplir plenamente y de buena fe los compromisos internacionales, el pacta sunt servanda, a fin de no afectar la soberanía de los pares y las prerrogativas de los demás sujetos de derecho internacional –incluidas las personas–, lo que también se encuentra recogido por la Carta de la ONU.

Los ciudadanos, los verdaderos soberanos, debemos reflexionar objetivamente –librándonos de toda carga ideológica–, si cuando elegimos a nuestros gobernantes parte del trato fue entregarles nuestros derechos para que hicieran tabla rasa de los mismos y de los mecanismos de protección constitucionales e internacionales existentes para su tutela. La respuesta es NO.  ¿Pueden entonces esos gobernantes escoger que derechos tenemos las personas? la respuesta también es NO.  ¿Pueden los gobernantes de manera aleatoria y arbitraria escoger que órdenes o recomendaciones de los organismos internacionales de supervisión quieren cumplir? la respuesta es definitivamente NO. Los derechos humanos no son relativos, su respeto y garantía no son una opción para el Estado sino una obligación, y su vigencia no está condicionada a visiones perversas de “soberanía” como sinónimo de arbitrariedad.

Sería una tautología afirmar que con ocasión de la soberanía emanada del pueblo, se puede negar al pueblo sus propios derechos.

Me parece apropiado concluir esta reflexión con una frase que en mi opinión lo resume todo, del Profesor Juan E. Méndez, de quien tuve el privilegio de ser alumno, “el Estado que invoca la soberanía para rechazar injerencias extranjeras debe demostrar que la ejerce como un miembro responsable de la comunidad internacional, y que su ejercicio no genera inestabilidad en las relaciones internacionales ni vulnera los principios de la dignidad humana”[9], pues de lo contrario la soberanía no pasa de ser un nuevo pretexto para relativizar los derechos humanos.

 

[1] BODIN, Jean. On Sovereignity: Six livres de la république. Cambridge University Press. 1992. Pág 123.

[2] ROUSSEAU, Jean-Jacques. El Contrato Social. Editorial Maxtor. 1998. Pág. 43 y ss.

[3] Véase Partida Segunda, sobre el origen y fin del poder.

[4] Constitución quiteña de 1812.

[5] Constitución de la República del Ecuador, 2008.

[6] Véase, VITA, Leticia. Soberanía y Derecho Internacional en el Pensamiento Jurídico de Weimar. En EAFIT, Journal of International Law. Vol. 3. No. 1. Enero-Junio 2012. Pág. 9 y ss.

[7] Ídem. Pág. 12 y ss.

[8] Ídem. Pág. 16 y ss.

[9] MENDEZ, Juan E. Los Medios y los fines de la política internacional. Res Diplomática, revista del Instituto del Servicio Exterior de la Nación N°.2 Derechos Humanos y un nuevo orden global. Buenos Aires. Diciembre 2007. Pág.7

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