Defender por convicción

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Más de la mitad de esta semana la pasé en una audiencia ante la Corte Nacional de Justicia en el marco del denominado “Caso Vaca-Cajas-Jarrín”[1] que entabló la Fiscalía General del Estado en octubre de 2013, por crímenes de lesa humanidad cometidos entre finales de 1985 y el primer trimestre de marzo de 1988.

La función que asumí ya desde antes del inicio de la instrucción, cuando el asunto se encontraba en fase de indagación previa ante la fiscalía, fue la de representar los intereses de las tres víctimas, dos hombres y una mujer que nunca han ocultado su pertenencia al movimiento “Alfaro Vive Carajo” (AVC), y que fueron sometidos a detención arbitraria e ilegal, tortura, violencia sexual y en el caso de uno de ellos, desaparición por espacio de más de dos años, al punto que el Gobierno de la época llegó a negar su existencia ante organismos de las Naciones Unidas, destruyendo para tal efecto su registro de identidad en la Dirección Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación.

A pesar que dos de las víctimas en su momento fueron sometidos a procesos penales, el Estado jamás pudo encontrar evidencia de su participación en algún hecho criminal y tuvieron que absolverlos.  El tercero nunca fue procesado, probablemente porque según el Estado “no existía”.

Y sin embargo, habiéndose establecido desde hace años la inocencia de las víctimas en algún acto delincuencial, buena parte de la estrategia de defensa de los imputados en la causa de lesa humanidad –en su mayoría oficiales del ejército ecuatoriano y un oficial de la policía– ha sido descalificar a mis representados tildándoles públicamente en más de una ocasión de criminales y terroristas, y blandiendo en las audiencias un discurso altisonante sobre cómo estos “pundonorosos” soldados y policías salvaron a la patria de la amenaza de convertirnos en otra Colombia o en otro Perú de los ochenta.

Sería estúpido de mi parte cerrar los ojos a la realidad y hacer apología de los AVC.  Buenas o malas sus intenciones, declaradas como de naturaleza política, lo cierto es que ciertos miembros del movimiento –integrado en total por no más de 200 personas– incurrieron en acciones constitutivas de delitos comunes como asaltos a ocho agencias bancarias entre 1983 y 1985, la toma en noviembre de 1984 de las instalaciones del diario “Hoy”, el robo de juguetes en una fábrica quiteña en diciembre de ese año, la sustracción en marzo de 1985 de armamento del rastrillo policial ubicado en el barrio “El Batán” de la ciudad de Quito, la evasión desde el Penal García Moreno de cuatro miembros de la organización en abril de ese año, el secuestro en agosto del mismo año del banquero guayaquileño Nahim Isaías –en operación conjunta con supuestos miembros del M-19 colombiano–, y el intento de secuestro en diciembre de 1985 del empresario quiteño Eduardo Granda.  El balance total de estas operaciones fueron perjuicios económicos por alrededor de 150.000 dólares, la muerte del señor Isaías y heridas para un guardia de seguridad del Banco Caja de Crédito Agrícola Ganadero.

Tales hechos son sin duda condenables, y por ellos, varios miembros del movimiento –detenciones arbitrarias, torturas y otras vejaciones mediante–, fueron enjuiciados, unos condenados y otros absueltos, al no haberse comprobado su participación.

Más allá de la condición de las acciones ejecutadas por AVC en su corta historia, la pregunta que debemos hacernos como sociedad es, si las mismas justificaban el desvío del Estado de Derecho, para reprimir a sus integrantes, dejando alrededor de 320 víctimas de crímenes de lesa humanidad entre 1984 y 1988; es decir, si a los asaltantes de bancos, secuestradores, o miembros de una banda delincuencial se les puede detener sin orden de autoridad, conducir a lugares clandestinos, torturar, violar, matar, desaparecer, etc. como vía para la preservación del orden público y la seguridad nacional. La respuesta para un interlocutor razonable sería automática, NO!

No obstante, en este Ecuador de leyenda, se ha construido alrededor de los AVC y otros movimientos contemporáneos una serie de mitos, que les han convertido en el imaginario popular en una especie de Al Qaeda. Esta construcción proviene de la imagen que desde los años ochenta se sembró en la mente de los ecuatorianos a través de campañas mediáticas de satanización y desinformación.  En lo personal tengo un recuerdo muy vívido de los últimos años de mi infancia y primeros de la adolescencia, de una propaganda de televisión que en los hogares ecuatorianos se repetía cada treinta minutos o menos en horarios triple A, precisamente cuando los más jóvenes estábamos sentados frente a la caja boba:  La música siniestra sobre un fondo negro daba paso a una serie de fotografías de hombres y mujeres y a un listado de nombres, a continuación una voz muy varonil de manera firme expresaba “basta de bestias” e instaba al pueblo a denunciar a las personas de las fotografías, con la oferta de por entonces jugosas recompensas, que harían frotarse las manos al más dulce de los samaritanos.  También recuerdo haber visto más de una vez en las noticias mientras cenábamos con la familia, que tal o cual terrorista había pretendido segar la vida de una veintena o más de policías, pero que éstos, valientemente, le habían acribillado antes que cumpliera sus malas intenciones. Recuerdo además que poco tiempo después, salir de la casa con los amigos del colegio era simplemente inadmisible, porque los adolescentes empezaron a desaparecer sin dejar huella, lo que no podía descartarse que fueran secuestros perpetrados por terroristas –años después con horror descubrimos que en realidad eran desapariciones perpetradas por el Estado–.

Se ha sumado a esa memoria alterada, la publicación de una serie de trabajos que ensalzan o detractan a los movimientos de la época, algunos realizados con la colaboración de los propios ex subversivos[2] y otros por los militares y policías que conformaron el aparato estatal encargado de su persecución, incluidos algunos de los hoy señalados como responsables en el “Caso Vaca-Cajas-Jarrín”[3].  Tales recuentos endilgan por ejemplo a los AVC la comisión de delitos ocurridos varios años antes de la creación del movimiento, como el secuestro y asesinato del industrial quiteño José Antonio Briz a finales de 1977.

A ese panorama se sumó en el año 2010, el informe final de la Comisión de la Verdad creada por decreto presidencial en el año 2007, que documenta los crímenes perpetrados por agentes estatales, con recursos de los ecuatorianos, a través de estructuras regulares y clandestinas de la fuerza armada y pública, entre los años 1984 y 2008, dejando un saldo inicial de al menos 500 víctimas.

Entonces parece lógico, que por la diversidad y manipulación de la información en estos 30 y más años, hoy la opinión pública se halle dividida, entre quienes ven con buenos ojos la llegada de la verdad, la justicia y la reparación; quienes prefieren mantener sepultados los “fantasmas” del pasado, para evitar un mayor deterioro político y polarización en el país; y quienes consideran que no hay nada que juzgar ni reparación que ofrecer, porque nuestros “gloriosos” agentes de seguridad sólo nos hicieron un favor, eliminando como ratas a los movimientos subversivos.

Es decir que los abogados defensores que se atreven a proponer argumentos de “salvación de la patria” y descalificaciones de las víctimas de horrendos crímenes, no se encuentran solos en esta falsa percepción de la realidad nacional de los ochentas.  Por ejemplo, ante una reseña sobre el desarrollo de la audiencia que publiqué el jueves de esta semana en mi muro de Facebook, un ex compañero del colegio donde estudié la secundaria –un colegio militar he de agregar–, me increpó “Quien Los procesa a alfaro vive por los crimenes cometidos por ellos. Las bombas, you demas acciones que vivimos en esos anos [sic]”.  Yo le puedo responder sobre mis defendidos.  Lo que ya narré párrafos atrás, fueron declarados inocentes por la justicia ecuatoriana, pero primero esos hombres llamados a ser garantes de los derechos de los ciudadanos los vejaron del modo más inhumano posible.  Por los demás “Alfaros” no le puedo responder, aunque es bien sabido que unos pocos sobrevivieron a la represión brutal del gobierno de Febres Cordero y hoy son miembros productivos de la sociedad, algunos de ellos se han integrado a la política, creo que mi compañero puede ir a buscarlos con el “civismo” exaltado que en este momento tiene y reclamarles el mismo por los delitos que cometieron.

Esta ha sido una explicación contextual larga para finalmente llegar al título del artículo.  Guarda relación con algo ocurrido la mañana de ayer 14 de marzo, durante el desarrollo de la fase de formulación del dictamen fiscal en la audiencia del “Caso Vaca-Cajas-Jarrín”, el abogado de uno de los procesados –un ex oficial que valientemente se fugó a Estados Unidos para evitar el juicio–, con una mirada de profunda repulsión y odio, luego de haber dedicado varios minutos de su alegato de defensa a estigmatizar a dos de mis representados que se encontraban presentes en la sala, dejó de dirigirse a la Jueza de la Corte Nacional que preside esta fase del proceso y se dirigió a mí, afirmando con “vehemencia y vigor” –según sus propias palabras–, que yo defiendo a los “Alfaros” porque comparto su ideología.  Años atrás tal afirmación hubiera infundido terror en el más valiente, porque ser señalado como “Alfaro” o colaborador de los “Alfaros” era el equivalente de una sentencia de muerte.  Ayer a mí me produjo una espontánea sonrisa que no pude ocultar y rompió la tensión imperante en la sala.

He recibido toda suerte de “piropos” en las más variadas audiencias, desde ser parte de los “eunucos de la CIDH” en algún caso ante la Corte Interamericana, hasta “este abogado no alega, recita”.  Es parte del oficio del litigante aceptar elogios e insultos proferidos al calor de la defensa, en esta audiencia hubo ambos y yo agradezco ambos, pero ese puntualmente me pareció original e interesante.

A ese abogado ya le respondí ayer durante la misma audiencia, que si generar empatía con la persona a quien uno defiende, comprender su sufrimiento, y representar con la mayor destreza técnica pero también con humanidad sus intereses, es compartir su ideología, no tengo ningún problema con el señalamiento que me hizo.

Comparto la “ideología” de todas las personas a quienes defiendo y he defendido a lo largo de 15 años de ejercicio profesional; por eso hasta ahora nunca he aceptado decirles “clientes” sino que me refiero a ellos como MIS defendidos o MIS representados; por eso soy feliz defendiendo a quienes no tienen recursos para pagar una defensa y coordino un servicio jurídico universitario gratuito formando nuevas generaciones de abogados con una vocación social, aunque sé que afuera podría ganar mucho más dinero; no me avergüenzo de defender a miembros de AVC, tampoco me he avergonzado en los últimos años de defender a varias personas señaladas como enemigos del actual régimen; y la verdad, por razones muy mías que tienen que ver con la orientación que ha tenido mi carrera, si me avergonzaría de defender a un criminal de lesa humanidad.

Más que compartir ideologías, prefiero decir que represento a las personas que buscan mi ayuda con convicción, siempre del lado de los derechos humanos, lo que unas veces significa defender y otras, como esta, acusar.  Creo firmemente que el trabajo de un Abogado exige tener convicción en el interés que representa, caso contrario ocurre lo que también he observado en estos tres días, defensas tibias, o directamente mediocres, que ocasionan más daño que bien.

Yo voy a seguir defendiendo a la gente con convicción, y ahora, ya con la cabeza fría, un día después de suspendida la audiencia para el pronunciamiento de la resolución de sobreseimiento o llamamiento a juicio que tendrá lugar el próximo viernes 21 de marzo a las 11H00, pienso que ese Abogado, que ayer me hizo el favor de subirme el ánimo, también cumple su tarea con convicción.  Lo que me preocupa, es que en este “Estado de derechos y justicia” que supuestamente es el Ecuador, en pleno siglo 21, en una sociedad con vocación solidaria y pacifista, todavía queden personas con la convicción de que torturar, asesinar o desaparecer son herramientas válidas en la lucha antidelincuencial.

En fin, para demostrar la convicción de cada uno, voy a proponerle a este colega, que para la reinstalación de la audiencia el próximo viernes, yo use en el cuello un pañuelo rojo y negro del movimiento AVC y él a su vez, se calce un casco y botas.


[1] Informe de la Comisión de la Verdad Ecuador 2010, Casos C22 y C23, expedientes 231010 y 323172, Luis Vaca, Susana Cajas y Francisco Jarrín, relativos a la detención arbitraria e ilegal de tres jóvenes militantes de Alfaro Vive Carajo AVC, su sometimiento a torturas y actos de violencia sexual, y su ocultamiento en instalaciones militares, por personal combinado de la inteligencia militar y policial entre noviembre de 1985 y marzo de 1988.

[2] Véase por ejemplo el documental Alfaro Vive: Del sueño al caos, de Isabel Dávalos. 2007.

[3] Véase por ejemplo, Comisión de Defensa Jurídico-Institucional de la Policía Nacional. TERRORISMO Y SUBVERSIÓN, – La verdad que no se ha dicho. Quito. 2009.

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Un pensamiento en “Defender por convicción

  1. Es un post que me provoca muchas preguntas, pero más importante ahora es darle ánimos en lo que queda por delante!

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