Delitos de función v. violaciones de derechos humanos: El fuero privativo como mecanismo de impunidad

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Ayer en el marco de una audiencia ante la Corte Nacional de Justicia, relacionada con el proceso penal en curso para investigar un suceso que por ya más de diez años ha ocupado titulares de la prensa local e internacional, y que generó una conmoción de la que la sociedad ecuatoriana no ha logrado recuperarse del todo, se propuso un argumento por lo menos insólito:

Uno de los abogados de los procesados afirmó ante la Sala Especializada de lo Penal que los asesinatos cometidos por miembros de la Policía Nacional del Ecuador el 19 de noviembre de 2003, en el interior y en las inmediaciones de una farmacia ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil, fueron un “delito de función”[1].

Para cualquier interlocutor razonable, la idea de que un organismo de seguridad del Estado llamado por ley a ser garante de los derechos ciudadanos, pueda privar de la vida a las personas sin vulnerar el bien jurídico vida sino en todo caso alguno propio del orden policial, resultaría intrínsecamente contradictorio.  Pero quienes estamos cercanos al desarrollo del proceso sabemos que este descabellado planteamiento es parte de una estrategia encaminada a resaltar la supuesta validez de un pronunciamiento emitido en el año 2005 por la Segunda Corte Distrital de Policía, absolviendo del cargo de abuso de autoridad a los miembros de la institución involucrados en el hecho.  La irregularidad de tal pronunciamiento y de la pseudo-investigación que condujo al mismo, han motivado que los operadores de justicia que participaron del montaje también sean imputados por la fiscalía en el proceso actualmente en trámite ante la Corte Nacional de Justicia.

Lamentablemente existe el riesgo de que el conjunto de la sociedad, que desconoce los pormenores del caso y su irregular tratamiento en el fuero privativo policial –afortunadamente ya derogado– sea engatusado con este argumento tramposo.

Es menester entonces explicar que es el delito de función para poder diferenciarlo de una violación de derechos humanos y explicar porqué el juzgamiento de este tipo de crímenes ante un fuero privativo policial o militar, constituye un mecanismo de impunidad inadmisible bajo estándares locales e internacionales de derechos humanos.

La doctrina penal distingue tres tipos de infracción del orden militar o policial: a) delitos militares o policiales stricto sensu, hechos que afectan única y exclusivamente bienes jurídicos del ámbito militar o policial como la disciplina, por ejemplo, los delitos de insubordinación o de deserción; b) delitos militares o policiales lato sensu, hechos de carácter pluriofensivo que vulneran en forma simultánea bienes jurídicos propios del ámbito militar y bienes jurídicos ordinarios, por ejemplo el hurto de material bélico; y c) delitos de función o de servicio, hechos que afectan bienes jurídicos ordinarios, pero que al haber sido cometidos en el desarrollo legítimo de la misión constitucional y legalmente encomendada a las fuerzas militares o a la policía de un Estado, son de competencia del fuero militar o policial –si lo hubiere–, atendiendo a la especialidad que reviste la labor que desarrollan estos servidores públicos y al especial conocimiento que requiere el funcionario judicial que se ocupe de estos temas, sobre los procedimientos y las actividades que en cumplimiento de los cometidos constitucionales corresponde ejecutar a los miembros de la fuerza armada o la policía.

Es decir que el fuero militar no es un fuero personal, atado a la condición de militar o policía del sujeto activo de la infracción penal. Es, como ha reiterado insistentemente la jurisprudencia interamericana de derechos humanos, un fuero funcional[2].

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha manifestado que estos fueros privativos sólo se pueden admitir legítimamente bajo el derecho internacional si existen motivos razonables y objetivos que hagan necesaria su existencia[3].  De no ser así, se configura una violación del derecho a la igualdad ante los tribunales y ha ser juzgado por un tribunal competente con las garantías del debido proceso.

Desde luego, en los sistemas jurídicos en los que existe fuero privativo militar y/o policial, la intención es limitar al máximo su posible intervención, tomando en cuenta que en general sus órganos están afectados de origen por una falta de independencia e imparcialidad, al ser parte de la propia institución a cuyos miembros deben juzgar y sus integrantes estar sometidos a las mismas reglas que el resto de personal de dicha institución, notablemente, a las de obediencia y subordinación[4].

Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado en varios casos e informes sobre la utilización de la jurisdicción penal militar o policial como mecanismo de impunidad[5], que las investigaciones sobre la conducta de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado a cargo de otros miembros de dichas fuerzas suelen servir para encubrir crímenes en vez de esclarecerlos[6].

El mismo órgano internacional de supervisión, refiriéndose a nuestro país, ha establecido que “cuando el Estado permite que las investigaciones las dirijan los órganos potencialmente implicados, la independencia y la imparcialidad se ven claramente comprometidas […] semejante arreglo [puede tener…] como consecuencia que los presuntos responsables sean aislados del curso normal del sistema legal”[7]. Este tipo de impunidad de facto supone la corrosión del imperio de la ley y viola principios constitucionales y del derecho internacional, además de otorgar sin fundamento un trato privilegiado a un segmento de la población, al respecto vale recordar que un trato diferencial, como ha dicho reiteradamente el Comité de Derechos Humanos, sólo es admisible si está basado en criterios razonables y objetivos[8].

Otra razón para limitar la intervención de los fueros privativos–aún si en gracia de discusión asumiéramos que son independientes e imparciales– es que en muchos casos han interpretado con excesiva laxitud el concepto de “delitos cometidos con ocasión del servicio”, contenido en códigos penales militares o policiales[9].

Por eso, tanto la jurisprudencia como la doctrina penal exigen, para la configuración del delito de función, primero que exista un nexo causalidad entre la función militar o policial y el delito cometido; segundo que la función o servicio en el cumplimiento del cual se cometió el delito sea en sí mismo una actuación legítima enmarcada en las funciones encargadas a la Fuerza Armada o a la Policía; y tercero que haya una afectación de un bien jurídico propio del orden militar o policial.

Por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Bolivia ha considerado que

la competencia de los tribunales militares debe estar restringida al ámbito estrictamente militar y concretamente a los deberes propios de la función militar, configurándose entonces, lo que en doctrina se denomina el delito de función, que para ser tal debe reunir los siguientes elementos: 1) que el bien jurídico sea militar; 2) que el delito se encuentre previsto en la legislación penal militar (principio de legalidad), y 3) que exista un nexo de causalidad entre la función encomendada y el delito cometido, entendiéndose que la tarea ordenada constituye en sí misma un desarrollo legítimo de la misión encomendada a las Fuerzas Armadas dentro de los límites que la propia Constitución establece. […] los Tribunales militares no son competentes para conocer los delitos que no sean de función; un entendimiento contrario, permitiría que los bienes jurídicos considerados como valores, intereses y expectativas fundamentales, sin los cuales la vida social sería imposible, precaria o indigna, reconocidos como derechos en el art. 7) de la [Constitución Política del Estado]y en los Pactos y normas internacionales sobre derechos humanos, no encuentren tutela efectiva en el derecho penal ordinario, y menos, se efectivice la misma en la jurisdicción penal ordinaria[10].

A su vez, la Corte Constitucional Colombiana ha establecido que,

Para que un delito sea de competencia de la justicia penal militar debe existir un vínculo claro de origen entre él y la actividad del servicio, esto es, el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo armado. Respecto de esta regla, la Corporación precisó que la conducta debía ser realizada dentro del marco de actividades que le corresponden, por norma, a las Fuerzas Militares o a la Policía Nacional. De esta manera se excluyen de dicha jurisdicción, los actos cometidos por personal militar en ejercicio de actividades no vinculadas con el servicio. De otra parte, se indicó que la existencia de dicho vínculo desaparecía cuando el agente ab initio tenía un propósito criminal. En tales casos, el ejercicio de funciones militares constituye un mero disfraz o fachada para la actividad delictiva. […] Que el vínculo entre el hecho delictivo y la actividad relacionada con el servicio se rompe cuando el delito adquiere una gravedad inusitada […]. Esta regla tiene como base la idea de que nunca podrán ser considerados como actos relacionados con el servicio aquellas conductas que desconocen abiertamente el principio de dignidad humana y que, de manera flagrante, aparejan la violación de los derechos constitucionales de los asociados[11].

También la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha señalado que “para aquellos militares que delinquen en condiciones ajenas al servicio, procede el juzgamiento por la Justicia Ordinaria”[12].

El Tribunal Constitucional peruano ha sostenido que

[la] justicia castrense no constituye un “fuero personal” conferido a los militares o policías, dada su condición de miembros de dichos institutos, sino un “fuero privativo” centrado en el conocimiento de las infracciones cometidas por estos a los bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En ese orden de ideas, no todo ilícito penal cometido por un militar o policía debe o puede ser juzgado en el seno de la justicia militar, ya que si el ilícito es de naturaleza común, su juzgamiento corresponderá al Poder Judicial, con independencia de la condición de militar que pueda tener el sujeto activo[13].

El mismo Tribunal ha dicho que

[…] no son delitos de función y, por lo tanto, no son susceptibles de protección mediante el Código de Justicia Militar, bienes jurídicos tales como los derechos fundamentales. En efecto, derechos fundamentales como la vida, la integridad física, la igualdad, la libertad sexual, el honor, la intimidad, entre otros, no constituyen bienes jurídicos propios de las Fuerzas Armadas, por lo que deben ser protegidos por la legislación ordinaria. Para que se configure un delito de función no basta con que la conducta prohibida sea realizada por efectivos militares en actividad y en acto del servicio o con ocasión de él, sino principalmente que tal conducta afecte bienes jurídicos estrictamente castrenses[14].

Nuestra propia Corte Suprema de Justicia, en más de una ocasión sostuvo que cuando miembros de la fuerza armada o de la policía cometen delitos comunes, supuestamente con ocasión del servicio, la investigación y juzgamiento de tales hechos corresponde a la administración de justicia ordinaria[15].

[También] al dirimir la competencia entre la Corte Superior de Ambato y la Primera Corte Distrital de Policía en el caso por las torturas y detención desaparición de Elías López Pita claramente estableció que el asesinato, la tortura y la desaparición no corresponden al fuero policial por más que estén implicados altos oficiales de la policía nacional, que aquellos actos constituyen delitos comunes y corresponde su juzgamiento al fuero ordinario, igual dijo la Corte Superior de Guayaquil al señalar que corresponde conocer al fuero ordinario la desaparición de personas en el caso Fybeca, la Corte Superior de Ambato al resolver la competencia entre el fuero ordinario y el policial en un caso de asesinato bajo custodia dijo que dicha infracción no puede ser considerada como cometida bajo función policial, pues el asesinar a un detenido es un delito común[16].

De su parte, la Corte Interamericana ha establecido que la jurisdicción penal militar o policial debe ser mínima y debe regirse por los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno[17]; y que,

[…] en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas militares, por lo que sólo se debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar[18].

En cuanto a la materia a ser juzgada, la Corte Interamericana ha señalado que la tipificación de los delitos en las normas internas que definen los fueros privativos debe referirse estrictamente a conductas cometidas en servicio activo que atenten contra bienes jurídicos penales castrenses o policiales[19], señalando de manera expresa que “por la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos”[20].

En relación a las funciones militares a ser juzgadas por tribunales de fuero privativo cuando se han caracterizado delitos de función, la Corte Interamericana ha señalando que dichas funciones exceden el ámbito de sus límites cuando se desarrollan con uso desproporcionado de la fuerza.  La Corte se pronunció de esta manera con ocasión del desproporcionado uso de la fuerza de la milicia peruana al controlar un motín en un penal.  En dicha ocasión la Corte estableció que actos de función llevados a cabo haciendo uso desproporcionado de la fuerza no pueden ser considerados propios de las funciones de defensa de las fuerzas militares a ser juzgados por el fuero militar, sino que caen dentro de la jurisdicción penal ordinaria, al ser delitos comunes[21].

En el mismo sentido la Corte Interamericana declaró que en casos de desaparición forzada de personas, el artículo IX de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, expresamente prohíbe la intervención de tribunales militares. Dicho artículo dispone que “[l]os presuntos responsables de los hechos constitutivos del delito de desaparición forzada de personas sólo podrán ser juzgados por las jurisdicciones de derecho común competentes en cada Estado, con exclusión de toda jurisdicción especial, en particular la militar. Los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares”[22].

La Corte Interamericana también ha aclarado que el Estado tiene el deber de suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos, considerando que éstos son, en todos los casos, los recursos penales de la jurisdicción ordinaria, independientemente de si las violaciones a ser juzgadas fueron cometidas por miembros de la policía o militares[23].

Respecto a los casos que entrañan violaciones de los derechos humanos cometidos por agentes de seguridad del Estado, la CIDH ha exhortado a los Estados a que sus entidades públicas actúen coordinadamente para garantizar que la jurisdicción ordinaria sea el fuero para todos los casos no directamente vinculados con actos de servicio[24].

Por su parte el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha considerado que “los tribunales militares no deberían estar habilitados para juzgar de los asuntos que no sean  constitutivos de infracciones cometidas por miembros de las fuerzas armadas en el ejercicio de sus funciones”[25]. Asimismo, aseveró que “la jurisdicción de los tribunales militares [debe estar limitada] al enjuiciamiento de personal militar solamente, acusado de delitos de carácter exclusivamente militar”[26].

El mismo Comité de Derechos Humanos ha recomendado a los Estados “revisar la jurisdicción de los tribunales militares y traspasar a los tribunales ordinarios la competencia de los tribunales militares en […] todos los casos de violación de los derechos humanos”[27]. Además ha recomendado a algunos Estados limitar “la competencia de los tribunales militares a las cuestiones internas de disciplina y asuntos análogos”[28].

Es necesario destacar además, que ya desde 1969, la antigua Subcomisión para la protección de las minorías de las Naciones Unidas empezó a afirmar el carácter de fuero funcional de la jurisdicción penal militar y que en su estudio sobre la igualdad en la administración de justicia, el Relator Especial de dicha Subcomisión recomendó que los militares autores de delitos comunes debían ser procesados por tribunales penales ordinarios[29].

El Proyecto de Principios sobre la Administración de justicia por Tribunales Militares, elaborado por la antigua Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas[30], determina en su principio 9 que,

En todo caso, la competencia de los órganos judiciales militares debería excluirse en favor de la de los tribunales de justicia ordinarios para instruir diligencias sobre violaciones graves de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura, y para perseguir y juzgar a los autores de esos crímenes.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU ha establecido que de subsistir alguna forma de justicia militar, debería en todo caso declararse incompetente para juzgar a militares –o policías–, si entre las víctimas hay civiles[31].

El Relator de Naciones Unidas contra la Tortura ha expresado que “los delitos graves perpetrados por personal militar contra civiles […], deben ser conocidos por la justicia civil, con independencia de que hayan ocurrido en acto de servicio”[32].

De su parte el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales ha instado a los gobiernos a permitir la existencia de un sistema judicial civil independiente, imparcial y que funcione como es debido para juzgar todos los casos de presuntas violaciones del derecho a la vida. […y] que velen por que las fuerzas de seguridad cooperen plenamente con el sistema judicial civil en su intento de identificar y someter a la justicia a los responsables de violaciones de los derechos humanos”[33].

Debo mencionar además, la resolución 1994/67, “Fuerzas de defensa civil”, en que la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas recomendó que los Estados establezcan en su derecho interno que “los delitos que impliquen violaciones de derechos humanos por esas fuerzas estarán sujetos a la jurisdicción de los tribunales civiles”[34].

También la Corte Europea de Derechos Humanos[35] y la Comisión Africana de Derechos de las Personas y de los Pueblos[36] han delimitado el ámbito natural de competencia de los fueros privativos a infracciones estrictamente militares o policiales cometidas por personal de fuerzas de seguridad.

En conclusión, si aún en gracia argumental asumiéramos por un momento que el pronunciamiento  adoptado por la Segunda Corte Distrital de Policía en el año 2005, respecto del denominado Caso Fybeca, no constituye cosa juzgada fraudulenta, es indiscutible bajo los estándares internos, de derecho comparado y de derecho internacional, que la ejecución extrajudicial de civiles inocentes y desarmados no constituye una actividad legítima del servicio –delito de función– que justificara el empleo del fuero privativo policial para juzgar a responsables de tales graves violaciones a los derechos humanos, y por tanto el proceso en cuestión está afectado de nulidad insubsanable con lo que la investigación que actualmente adelanta la Fiscalía General bajo la supervisión como Juez de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia, es la primera.


[1] Para un relato detallado del denominado “Caso Fybeca”, relacionado con un operativo policial realizado en una farmacia de la ciudad de Guayaquil, que concluyó con la ejecución extrajudicial de ocho personas, la desaparición forzada de tres, y el sometimiento a torturas de al menos una, en noviembre de 2003, se puede consultar el Informe de la Comisión de la Verdad Ecuador 2010, Caso C103, expediente 816090, Genry Aguilar y otros, disponible en http://tinyurl.com/m6dj8eq.

[2] Corte I.D.H., Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69. párr. 112.

[3] Decisión de 4 de abril de 2001, Comunicación Nº 819/1998, Caso Joseph Kavanagh c. Irlanda, documento de las Naciones Unidas CCPR/C/71/D/819/1998, de 26 de abril de 2001.

[4] CIDH, Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, Conclusiones y Recomendaciones, OEA/Ser.L/V/II.84, Doc. 39 rev.1, 14 octubre 1993, p. 237 donde se expresa: “Los tribunales militares no garantizan la vigencia del derecho a obtener justicia, ya que carecen de independencia, que es un requisito básico para la existencia de este derecho. Además en las sentencias que han dictado han puesto de manifiesto pronunciada parcialidad, pues con frecuencia se han abstenido de imponer sanciones a los miembros de las fuerzas de seguridad que, probadamente, han participado en graves violaciones de derechos humanos”. Ver en este sentido también, Corte I.D.H. Caso La Cantuta. Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C No. 162, párr. 141.

[5] Véase entre otros, Informe No. 55/01 Aluisio Cavalcante y otros ( Brasil); Informe No. 62/01, Caso Masacre De Riofrío, Caso 11.654 (Colombia); Informe No. 63/01, Caso 11.710, Caso Carlos Manuel Prada González y Evelio Antonio Bolaño Castro (Colombia); Informe No. 64/01 Caso 11.712 , Caso Leonel De Jesús Isaza Echeverry y Otro (Colombia); Informe No. 61/99, José Félix Fuentes Guerrero y otros (Colombia), Caso 11.519; Informe Nº 7/00, Amparo Tordecilla Trujillo (Colombia), Caso 10.337; Informe No. 10/95, Caso 10.580 (Ecuador); Informe No. 35/00, Los Uvos (Colombia), Caso 11.020; e Informe No. 36/00 Caloto (Colombia), Caso 11.101.

[6] Véase por ejemplo, CIDH, Tercer Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 febrero 1999, Capítulo V, párr. 19, pág. 175. Véase también, CIDH, Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil, OEA/Ser.L/V/II.97, Doc. 29 rev.1, 29 septiembre 1997, Capítulo 3.

[7] CIDH Informe N° 10/95, Caso 10.580, Manuel Stalin Bolaños, Ecuador, Informe Anual de la CIDH 1995, OEA/Ser.L/V/II.91, Doc. 7, rev. 3, 3 de abril de 1996, párr. 48.

[8] Decisión de 9 de abril de 1987, Comunicación No. 172/1984, Broeks c. los Países Bajos Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo período de sesiones, Suplemento No. 40 (A/42/40), anexo VIII.B. Véase también, Decisión de 9 de abril de 1987, Comunicación No. 182/1984, Zwaan-de-Vries c. los Países Bajos, Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo segundo período de sesiones, Suplemento No. 40 (A/42/40), anexo VIII.B; Dictamen de 3 de abril de 1989, Comunicación No. 196/1985, Ibrahima Gueye y otros c. Francia, CCPR/C/35/D/196/1985, de 9 de abril de 1985; y Decisión de 19 de julio de 1995, comunicación Nº 516/1992, Alina Simunek c. la República Checa, CCPR/C/54/D/516/1992  de 31 julio 1995.

[9] Véase en este sentido, CIDH. Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Colombia, párr. 27, pág. 177.  Véase también, Corte I.D.H., Caso Cesti Hurtado. Sentencia de 29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56, párr. 151.

[10] Sentencia Constitucional  0664/2004-R de 6 de mayo de 2004,  Expediente: 2004-08469-17-RAC.

[11] Corte Constitucional de la República de Colombia, Sentencia de unificación SU1184-01 de 13 de noviembre de 2001.

[12] Corte Suprema de Justicia de Colombia, sala penal, Sentencia de 11 de octubre de 1988.

[13] Sentencia de 16 de marzo de 2004, Exp. No. 0017-2003-AI/TC.

[14] Sentencia de 15 de diciembre de 2006 Exp. No. 0012-2006-PI/TC.

[15] Véase por ejemplo, Corte Suprema de Justicia. Primera Sala de lo Penal. Expediente 470, Sentencia del 18 de noviembre de 1999, las 10H15. Registro Oficial 98, 14 de junio del 2000; Corte Suprema de Justicia. Tercera Sala de lo Penal. Expediente 341, Sentencia del 4 de abril de 2006, las 10H15. Registro Oficial 75, 2 de Mayo del 2007; Corte Suprema de Justicia. Segunda Sala de lo Penal. Expediente 16, Sentencia del 16 de enero de 2008, las 08H50. Registro Oficial 80, 3 de Diciembre del 2009.

[16] DUQUE, César. El procesamiento en fuero especial a responsables de violaciones a derechos humanos: los fueros militar y policial. En Revista electrónica Aportes Andinos No. 18, Justicia y derechos humanos. 2007. Disponible en http://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/862.

[17] Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. párr. 132.

[18] Corte I.D.H., Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 117; Corte I.D.H., Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 112; Corte I.D.H., Caso Las Palmeras. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr. 152; Corte I.D.H., Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 165; Corte I.D.H., Caso de la “Masacre de Mapiripán”. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, párr. 202; Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. párr. 124; Corte I.D.H. Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de Fondo y Reparaciones de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 200; Corte I.D.H. Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, párr. 105; y Corte I.D.H. Caso Zambrano Vélez y otros. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 166, párr. 66; Corte I.D.H. Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 120.

[19] Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135. párr. 132.

[20] Corte I.D.H. Caso de la Masacre de la Rochela. Sentencia de Fondo y Reparaciones de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 200.

[21] Corte I.D.H., Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 118.

[22] Corte I.D.H. Caso Tiu Tojín. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 119.

[23] Corte I.D.H., Caso Durand y Ugarte. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, párr. 118; Corte I.D.H., Caso de las Hermanas Serrano Cruz. Sentencia de 1 de marzo de 2005. Serie C No. 120, párr. 76; Corte I.D.H., Caso de la Comunidad Moiwana. Sentencia de 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 142; Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 163; y Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párr. 169.

[24] CIDH, Tercer Informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, OEA/Ser.L/V/II.102, Doc. 9 rev. 1, 26 febrero 1999, Capítulo V, párr. 50, pág. 183.

[25] Observaciones y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos: Egipto, documento de las Naciones Unidas CCPR/C/79/Add.23, de 9 de agosto de 1993, párrafo 9.

[26] Observaciones y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos: Chile, documento de las Naciones Unidas CCPR/C/79/Add.104, de 30 de marzo de 1999, párrafo 9. En el mismo sentido ver Observaciones y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos a: Polonia, documento de las Naciones Unidas CCPR/C/79/Add.110, de 29 de julio de 1999, párrafo 21; Camerún, documento de las Naciones Unidas CCPR/C/79/Add.116,de 4 de noviembre de 1999, párrafo 21; Marruecos, documento de las Naciones Unidas A/47/40, de 23 de octubre de 1991, párrafo 57; Siria,  documento de las Naciones Unidas CCPR/CO/71/SYR, párrafo 17; Kuwait, documento de las Naciones Unidas CCPR/CO/69/KWT, párrafo 10; Federación de Rusia, documento de las Naciones Unidas CCPR/C/79/Add.54, de 29 julio de 1995, párrafo 25; Eslovaquia, documento de las Naciones Unidas CCPR/C/79/Add.79, párrafo 20; y Uzbekistán, documento de las Naciones Unidas CCPR/CO/71/UZB, de 26 abril de 2001, párrafo 15;

[27] Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: Líbano, documento de las Naciones Unidas CCPR/C/79/Add.78, de 1° de abril de 1997, párrafo 14.

[28] Observaciones y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos: Colombia, documento de las Naciones Unidas CCPR/C/79/Add.2, de 25 de septiembre de 1992, párrafos 6 y  Observaciones y recomendaciones del Comité de Derechos Humanos: Colombia,  documento de las Naciones Unidas CCPR/C/79/Add.76, de 5 de mayo de 1997, párrafo 18).

[29] Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/296, de 10 de junio de 1969, párrafos 538 y 552.

[30] Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/2006/58 de 13 de enero de 2006.

[31] Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/1999/63, del 18 de diciembre de 1998, párrafo 80.

[32] Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/1998/38/Add.2, párrafo 88.

[33] Documento de las Naciones Unidas, E/CN.4/1994/7, de 7 de diciembre de 1993, párrafo 697.

[34] Resolución 1994/67, “Fuerzas de defensa civil”, párrafo 2.

[35] Corte Europea de Derechos Humanos: Sentencia de 4 de mayo de 2006, Caso Ergin c. Turquía; Sentencia de 10  de mayo de 2001, Caso Chipre c. Turquía; y Sentencia de 21 de septiembre 2006, Caso Maszni c. Rumania.

[36] Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos: Resolución sobre el derecho a un juicio justo y a la asistencia jurídica en África, adoptada el 15 de noviembre de 1999, en el 26° periodo ordinario de sesiones de la Comisión; Decisión de 15 de noviembre de 1999, Comunicación N° 151/96 (Nigeria); Decisión de 7 de mayo de 2001, Comunicación 218/98 (Nigeria); Decisión de 6 de noviembre de 2000,  Comunicación N° 223/98 (Sierra Leone); Decisión de abril de 1997, Comunicación N° 39/90 (Camerún); y Decisión de 31 de octubre de 1998, Comunicación N° 137/94, 139/94, 154/96 y 161/97 (Nigeria).

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