Caricaturistas y otros “agitadores”

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Finalmente ocurrió, los ecuatorianos hemos perdido la capacidad de reírnos de nosotros mismos y de la lamentable realidad de nuestra política.  Pero no ha sido por amargura propia, sino por decisión de la SUPERCOM –que de súper la verdad no tiene nada–.

En el progresivo desmantelamiento del Estado de derecho en el Ecuador y la desaparición de nuestras libertades fundamentales, el más reciente capítulo es la acusación contra un laureado caricaturista, por dibujar la realidad del abuso del poder y de la inobservancia de las más elementales garantías del debido proceso.

Mientras empiezo a escribir estas líneas, todavía se desarrolla la audiencia ante la Superintendencia de Comunicación, para que Xavier Bonilla “Bonil” ofrezca explicaciones sobre la información en la que se basó su caricatura publicada en diario El Universo el pasado 28 de diciembre de 2013.

De paso el caricaturista ha sido señalado de provocar “agitación social”.  Aquí habría que preguntarle al Superintendente Ochoa –cuando asome, porque según reportan los medios a la audiencia no se presentó–, cual es el calificativo que merecen esos personajes que prevalidos del poder público, lanzan improperios a diestra y siniestra contra ciudadanos que no tienen la mínima oportunidad de defenderse, en espacios semanales de varias horas pagados con nuestros impuestos.  Probablemente nos responderá que en esos casos el calificativo a usar no es “agitador” sino carismático líder revolucionario o algo así.

Independientemente de lo que opine en sus informes la SUPERCOM, la polarización que agobia a la sociedad ecuatoriana no es culpa de Bonil y otros “agitadores”, es resultado de declaraciones vertidas a diario desde las más altas esferas del Estado en que se promueve la división y el odio entre ecuatorianos, a pretexto de clases económicas o sociales y del supuesto salvataje de la dignidad de los marginados, que dizque ha emprendido el actual régimen.  Al contrario, la dignidad de los marginados y de los menos marginados es pisoteada a diario, cuando se nos niega la posibilidad de opinar.

Ese tipo de declaraciones estigmatizantes, dirigidas particularmente contra la prensa –“corrugta”–, en opinión de la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, contribuyen “a crear un ambiente de intimidación hacia la prensa que no facilita el debate público e intercambio de opiniones e ideas, necesarios para la convivencia en democracia”[1].

Además, nuestras autoridades aún no caen en cuenta que, en el evento que ese tipo de declaraciones desde las altas esferas del poder motivaran una reacción violenta del grupo social contra determinados individuos o agrupaciones identificados como detractores del régimen, la responsabilidad por las consecuencias de tal violencia tendría que asumirla el Estado como institución.  Al respecto, la Corte Internacional de Justicia ha determinado que las declaraciones de altas autoridades estatales pueden servir no sólo como admisión de la conducta del propio Estado[2], sino también generar obligaciones a éste[3]. Aún más, tales declaraciones pueden servir como prueba de que un acto es atribuible al Estado que representan esos funcionarios[4].

Ojo, que no se malentienda, los altos funcionarios del Estado pueden y de hecho deben, pronunciarse sobre los asuntos de interés público, pero como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos,

[…] al hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto deben constatar en forma razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que fundamentan sus opiniones, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor a la debida por los particulares, en razón de su alta investidura, del amplio alcance y eventuales efectos que sus expresiones pueden llegar a tener en determinados sectores de la población, así como para evitar que los ciudadanos y otras personas interesadas reciban una versión manipulada de determinados hechos. Además, deben tener en cuenta que en tanto funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden desconocer éstos ni constituirse en formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento. Este deber de especial cuidado se ve particularmente acentuado en situaciones de mayor conflictividad social, alteraciones del orden público o polarización social o política, precisamente por el conjunto de riesgos que pueden implicar para determinadas personas o grupos en un momento dado[5].

Por eso, cada vez que algún alto funcionario se indigna por la crítica que algún osado se anima a lanzar respecto de sus acciones, en este caso en forma de una viñeta destinada a hacer reír, debería respirar profundo, contar hasta diez –o diez mil– y antes de atropellar a nadie, recordar que,

[…] en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y la crítica del público. Este diferente umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente. Sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público. Este umbral no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el interés público de las actividades que realiza.

[…]

El control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. Tales son las demandas del pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público.

[…]

En la arena del debate sobre temas de alto interés público, no sólo se protege la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población. En una sociedad democrática, la prensa debe informar ampliamente sobre cuestiones de interés público, que afectan bienes sociales, y los funcionarios rendir cuentas de su actuación en el ejercicio de sus tareas públicas[6].

Cuando el Gobierno arremete contra Bonil, en realidad está tratando de silenciarnos a todos; quiere generar un efecto disuasivo no sólo en la prensa sino en el grupo social, empleando la situación de la víctima de turno para mandar un mensaje más amplio de intolerancia a la crítica y a la opinión diversa, sin importar de que ciudadano provenga.

La evidencia del éxito de esta estrategia disuasiva es que una gran mayoría de ecuatorianos observa en silencio y con mucho miedo, el proceso contra Bonil; con la misma impavidez que antes observaron los procesos contra otros comunicadores.  Por eso me pregunto si a estas alturas todavía hay compañeritos que de verdad piensan que la Patria avanza o si su adherencia al “proyecto” obedece a un temor reverencial.  Aunque bueno, la verdad la Patria si avanza, avanza a grandes zancadas hacia un estado primitivo de negación de los derechos humanos.

Yo creo que para atenuar ese efecto disuasivo y hacerle conocer al régimen nuestro descontento, lo mejor es continuar “agitando” y circular al mayor número de personas posible en el mundo la caricatura censurada, ¿Quién me ayuda?  Si tienen dudas recuerden esa máxima de Bob Mankoff, editor de caricaturas de The New Yorker que dice “When in doubt, make fun of an idiot”.

Caricatura


[1] CIDH. Informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión en Informe Anual de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2000. OEA/Ser./L/V/II.111, doc. 20 rev.16 abril 2001.

[2] ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1984, p. 390, para. 64.

[3] ICJ, Nuclear Tests Case (Australia v. France), Judgment of 20 December 1974, I.C.J. Reports 1974, p. 253, paras. 43, 46; and CIJ, Nuclear Tests Case, (New Zealand v. France), Judgment of 20 December 1974, I.C.J. Reports 1974, p. 457, paras. 46, 49.

[4] ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment of 27 June 1986, I.C.J. Reports 1984, p. 390, para. 71.

[5] Véase, Corte IDH. Caso Perozo y otros Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195. párr. 151.

[6] Corte IDH. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177. párrs. 86 a 88.

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