Abogangsters

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Hace unos días mi querida colega y amiga Daniela Salazar Marín publicó en su columna del diario Hoy, una nota muy sentida, que conmovió a todos quienes la leímos, describiendo con meridiana claridad las características del profesional del derecho que una sociedad en crisis como la nuestra requiere:

Para que el Estado de Derecho sea una realidad se requieren abogados comprometidos con la búsqueda de la justicia y la verdad; abogados que puedan defender sus causas con pasión pero sin perder la imparcialidad; abogados dispuestos a luchar contra la impunidad, sin importar de dónde provenga; abogados cuyas tendencias políticas no les impidan denunciar arbitrariedades; abogados que no se dejen intimidar por gobernantes de turno ni tentar por el que más ofrezca; abogados honestos con sus clientes tanto como con sus adversarios; abogados conscientes de que de su integridad depende el sistema de justicia[1].

La realidad, lamentablemente, es que el desprestigio de la profesión jurídica podría estar justificado.  En el Ecuador en particular, cada vez con mayor frecuencia somos testigos de la manipulación de la razón, el derecho y la justicia para satisfacer los intereses de ciertos poderosos o de sus allegados, y los protagonistas de esa manipulación son precisamente colegas nuestros.

Cuando era estudiante de derecho, alguna vez un profesor dijo en clase que hay tres categorías de abogados: Los científicos del derecho, que se ocupan de su diseño y desarrollo; los artesanos del derecho que, valiéndose de las herramientas creadas por los primeros, tratan de construir cosas importantes en el trabajo cotidiano de sus casos; y los obreros del derecho, aquellos que no entienden bien la trascendencia de nuestra profesión, y siendo ella simplemente su medio de subsistencia, se dedican a ejecutarla en forma mecánica, mirando más al interés de su propio bolsillo que al de su cliente.

En lo personal creo que en nuestro país habría que agregar una categoría más: Los abogangsters, esos que invocando el nombre de algún alto personero logran “cambiar” la realidad y viciar la actuación de los operadores de justicia; o aquellos que se llenan la boca con un discurso de valores e invocaciones a deidades, y simultáneamente corrompen funcionarios para conseguir protervos fines.

En los últimos tres años, a raíz del trabajo que a través del Consultorio Jurídico Gratuito de la USFQ he tenido la suerte de realizar, en defensa de los intereses de las víctimas de gravísimas violaciones a los derechos humanos, me he reencontrado con esa pandilla a la que hace bastante tiempo no veía, y como consecuencia, me he estrellado una vez más contra el muro de nuestra triste realidad jurídica.

No importa que tan patente sea la injusticia, quien esté en el bando “correcto” ganará, de preferencia eso sí, debe tener como ringtone de su celular alguna tonadita revolucionaria como: Patria tierra sagrada… o Ya tenemos presi…; o caso contrario, una billetera generosa, capaz de hacer temblar al más probo de los jueces.

La gota que ha derramado el vaso de mi indignación fue ver en estos días a un “histórico” del movimiento de derechos humanos, representando a un grupo de asesinos que escudados tras la etiqueta de agentes del orden, cegaron la vida de civiles desarmados e inocentes, en un acto de arbitrariedad extrema que diez años después sigue sin esclarecerse. Esa es tal vez la peor clase de abogangster, el que se ha convertido en un traficante del derecho, corrompido por el propio sistema, cuando en el pasado supuestamente defendía causas nobles.

Desde luego el problema es mucho más grande que la simple devaluación de la ética profesional.  A pesar de los cambios cosméticos a la administración de justicia, previa metida de manos –“limpias” se decía– con el consentimiento viciado del pueblo soberano, al que nunca se le explicó en la respectiva pregunta de la consulta popular, que se le iba a dejar en mayor indefensión de la que ya se encontraba; el tráfico de influencias, el pago de coimas y las presiones políticas, siguen determinando quien tiene la razón en un determinado pleito.

Esto tiene que ver con la falta de una verdadera voluntad política por transformar el sistema de justicia. Levantar –o confiscar y pintar– decenas de edificios, destituir centenares de jueces “corrugtos”, nombrar más centenares de jueces “comprometidos” –no está muy claro con qué, o más bien, está muy claro con quién–, no es suficiente.

En su informe entregado a fines del año 2012, la Veeduría Internacional sobre la administración de justicia en el Ecuador, contratada por el Consejo Nacional de la Judicatura y presidida por Baltasar Garzón, concluyó que debe garantizarse el respeto y la no injerencia de otros poderes del Estado en la Función Judicial, debe fortalecerse la independencia judicial, inclusive en casos graves[2], poniendo de manifiesto que al momento esa independencia no existe. La veeduría concluyó además, que no se observó “en la transición de reemplazo de cargos judiciales, los procesos de selección y designación que debía ser aplicado [sic]”[3], y recomendó que la “la labor judicial, se desarrolle con el debido respeto, evitando los denominados ‘juicios paralelos’”[4].

Hace pocos meses, la Corte Interamericana en sentencia emitida contra nuestro país, refiriéndose a la inestabilidad de los funcionarios judiciales en sus cargos expresó que,

[…] la igualdad de oportunidades en el acceso y la estabilidad en el cargo garantizan la libertad frente a toda injerencia o presión política[5].

[…] el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El Tribunal estima pertinente precisar que la dimensión objetiva se relaciona con aspectos esenciales para el Estado de Derecho, tales como el principio de separación de poderes, y el importante rol que cumple la función judicial en una democracia. Por ello, esta dimensión objetiva trasciende la figura del juez e impacta colectivamente en toda la sociedad[6].

Recientemente, la organización Human Rights Watch afirmó en su informe anual 2014 que,

Durante años el poder judicial de Ecuador se ha visto afectado por corrupción, ineficiencia e influencia política. Con el mandato popular obtenido tras un referéndum efectuado en 2011, el gobierno de Correa inició un ambicioso proceso de reforma judicial que incluyó la designación de una nueva Corte Nacional de Justicia y cientos de jueces de las instancias inferiores. En diciembre de 2012, observadores de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México y España invitados por el gobierno publicaron un informe que concluyó que existían anomalías en el proceso de designación judicial, incluido el de los más altos magistrados. Los observadores instaron a que se sancionara una ley para regular los procesos disciplinarios, y que se definieran claramente las infracciones a fin de evitar el riesgo de que los jueces fueran suspendidos o sancionados por haber simplemente hecho ejercicio de sus funciones[7].

La verdad es que nuestro país, no ha adherido a los Principios Básicos Relativos a la independencia de la Judicatura, en la parte que disponen,

Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo[8].

[n]o se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial[9].

En suma, las condiciones para el desastre están dadas, el ejercicio de la abogacía en el Ecuador va tomando el cariz de un gran circo, con un maestro de ceremonias a la cabeza que define el contenido del espectáculo –nunca mejor dicho–; un grupo de payasos que piensa que quien más vocifera tiene más razón; los malabaristas que se mueven utilitariamente de una posición a otra para que sus casos no se caigan, sin pensar verdaderamente en que se haga justicia; los domadores que con el látigo del tráfico de influencias y la presión política en su mano, obligan a los operadores de justicia a acceder a sus caprichos por descabellados que sean; los vendedores de recuerdos que ofrecen justicia al mejor postor; y los que transitamos por la cuerda floja, con total incertidumbre de si alguna vez la razón y el derecho saldrán indemnes.

La gran pregunta entonces es ¿Qué hacemos los abogados que no queremos ser abogangsters? Las alternativas parecieran ser: Rendirse, sumarse al juego y conseguir algún amigo influyente que “mueva” nuestros casos; continuar en plan contestatario y resignarnos a vivir frustrados con nuestra profesión; o finalmente dejar el derecho, abrir ese tan anhelado Karaoke y ser felices.

El Maestro procesalista uruguayo Eduardo J. Couture decía,

Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la Justicia, como destino normal del Derecho, en la Paz como substitutivo bondadoso de la Justicia; y sobre todo, ten fe en la Libertad, sin la cual no hay Derecho, ni Justicia, ni Paz[10].

Por eso, con fe, de las opciones antes planteadas yo voy a optar por la segunda, continuar en plan contestatario.  A pesar de todo, habiendo sido testigo –como abogado de los perjudicados directos– de la actuación condicionada de la justicia ecuatoriana, todavía creo en las virtudes de mi profesión y en la capacidad de los juristas de influir positivamente en la vida del grupo social y de los individuos que lo integran; todavía pienso que llegará el día en que ser amigo o haber representado judicialmente a un alto funcionario no será equivalente de patente de corso para burlar la justicia o manipular su actuación; y todavía espero que nuestros operadores de justicia comprendan la trascendencia de la ética y del activismo judicial en defensa de los derechos de las personas, aún a costa de perder sus cargos.

¡Qué iluso! me dirá la mayoría de mis colegas.  Sin embargo quiero mantener este optimismo forzado porque me rehúso a dejar a mi hija –de quien abrigo en secreto la ilusión que un día resuelva ser abogada, por el maravilloso potencial que tiene para enfrentar la injusticia– el legado de una profesión inútil y de una lucha estéril.  Seguiré entonces levantando la voz desde diversas trincheras, siempre del lado de los derechos humanos, y no tengo ninguna duda de que cada vez se sumarán más adeptos a esta causa.


[1] Véase, Un abogado ejemplar, publicado en Diario Hoy, edición correspondiente al 4 de enero de 2014, disponible en http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/un-abogado-ejemplar-598215.html

[2] Véase la sección 17.18 del informe, Conclusiones, el documento completo se encuentra disponible en http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/comunicacion/documentos/informeveeduria.pdf

[3] Conclusión 9 sobre Talento Humano.

[4] Recomendación 7 sobre Talento Humano.

[5] Corte IDH. Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C No. 266, párr. 150.

[6] Corte IDH. Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C No. 266, párr. 154.

[8] Principio 2 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura, Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985.

[9] Principio 4 de los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura, Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985.

[10] COUTURE, Eduardo J. Los Mandamientos del Abogado. En DE LA TORRE DÍAZ, Francisco Javier. Etica y Deontología Jurídica. Editorial Dykinson S.L. Madrid. 2000. Pág. 261.

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