Democracia representativa, derechos humanos e igualdad de oportunidades electorales

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Ya estamos otra vez a puertas de un proceso electoral, de hecho, la campaña ya arrancó y con ella los dimes y diretes sobre el uso de fondos y otros recursos públicos para promover la imagen de los candidatos cercanos al régimen.

Claro, parece cuestionable que nuestro carismático líder ande recorriendo el país para conseguirles votos a unos cuantos conocidos y otros tantos desconocidos que han optado –esta vez– por enfundarse la camiseta verde flex.  Sin embargo, bajo el ordenamiento jurídico electoral vigente –adoptado a ritmo de revolución en el año 2009–, tal conducta del primer mandatario no está prohibida, más bien está reglamentada.

Y la verdad seamos francos, si a fines de febrero el pueblo ecuatoriano se pronuncia en las urnas de forma mayoritaria por los verdiazules –como ocurrió en las pasadas elecciones para la Asamblea–, simplemente estará ratificando su confianza ciega –nunca mejor dicho– en el Presidente, porque en el Ecuador hace ya bastante rato que votamos por colores sin reflexionar quienes los visten, cuál es su ideología y cuáles sus propuestas para un mejor futuro, o algún futuro, cualquiera.

Entonces es simplemente lógico, aunque simultáneamente para algunos sea indignante, que mashi Rafael encabece la campaña para las elecciones seccionales.  Finalmente, esa campaña, unas cuantas elecciones atrás, se convirtió en un culto a la personalidad que a esta altura ya raya en culto mesiánico y por eso mismo, la presencia del líder es indispensable para transmitir al grupo social el mensaje de que el candidato con el que aparezca abrazado en la foto es legítimo, no un “peluconcito” de la “larga y triste noche neoliberal”, predestinado –en el improbable supuesto de que logre ganar en las urnas– a no contar con los recursos para cumplir sus propuestas y a si contar con el odio visceral de “los buenos”, obvio que ese no es el alcalde “que queremos”.

Ahora bien, dejando claro que el jefe de Estado está, como el mismo afirma, en su derecho de “consolidar este proyecto político que ya es leyenda, la revolución ciudadana”[1], si cabe criticar en sentido constructivo, que se aproveche el apasionamiento de nuestro pueblo por su redentor, para consolidar el borreguismo y con éste la falta de cultura democrática y de reflexión en la toma de decisiones que no nos afectan sólo a nosotros sino también a las futuras generaciones de este país; y, de ser cierta alguna de esas “leyendas urbanas” difundidas por “los malos”, también sería criticable que se emplee recursos públicos para hacer campaña por los candidatos oficialistas.

Como he hecho en mis últimos artículos, tras describir el potencial problema que enfrentamos, a continuación mencionaré algunos estándares internacionales en materia de democracia representativa, derechos humanos e igualdad de oportunidades en procesos electorales, que en mi opinión nuestra clase política debería mantener en mente para los próximos días.

Al respecto, es importante destacar en primer lugar la trascendencia que las naciones americanas han otorgado a la democracia representativa, uno de cuyos elementos centrales es la elección popular de quienes ejercen el poder político, como condición indispensable para la plena vigencia de los derechos humanos.

El sistema interamericano ha incorporado una norma expresa en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el artículo 3.d, según el cual la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa, es decir, no basada en un modelo de partido único, en el qué todos los espacios de poder sean cooptados por una sola organización erigida alrededor de una sola persona, como lamentablemente parece estar ocurriendo en nuestro país.

El riesgo de que nos allanemos a un modelo de partido único, que no es en realidad una democracia, pues no reconoce la participación, ni siquiera la existencia de las minorías, es que, como ya empezamos a percibir, progresivamente nuestros derechos humanos desaparezcan.

La Asamblea General de la OEA se ha referido en numerosas oportunidades a la relación entre democracia representativa y derechos humanos, enfatizando la necesidad del ejercicio de los derechos políticos a fin de elegir a las autoridades del gobierno.  Por ejemplo, en la Resolución 837 (XVI-0/86), adoptada por la Asamblea General, se reafirmó,

[e]l derecho inalienable de todos los pueblos americanos a elegir libremente un sistema político, económico y social sin injerencias externas, por medio de un auténtico proceso democrático, en un régimen de justicia social, en el que todos los sectores de la ciudadanía gocen de las garantías necesarias para participar libre y efectivamente.

Al adoptar la Carta Democrática Interamericana los Estados de la región establecieron que,

[l]os pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

[…]

[s]on elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos

[…]

[l]a participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia[2].

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana” o “la Corte”) ha declarado que,

[l]a democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte. Es un “principio” reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano. El régimen mismo de la Convención reconoce expresamente los derechos políticos (art. 23), que son de aquellos que, en los términos del artículo 27, no se pueden suspender, lo que es indicativo de la fuerza que ellos tienen en dicho sistema[3].

En el mismo sentido, dicho tribunal ha agregado que los derechos políticos protegidos en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales[4], propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político[5].

Las disposiciones de los instrumentos de derechos humanos que garantizan los derechos políticos, incluido el artículo 23 de la Convención Americana, deben ser interpretadas y aplicadas de manera de dar efecto significativo al ejercicio de la democracia representativa en este hemisferio[6].

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no es extraño que la elaboración jurídica hemisférica haya insistido en la existencia de una relación directa entre el ejercicio de los derechos políticos así definidos y el concepto de democracia como forma de organización del Estado, lo cual a su vez supone la vigencia de otros derechos humanos fundamentales. En efecto, como ha dicho la Comisión, el concepto de democracia representativa se asienta sobre el principio de que el pueblo es el titular de la soberanía política y en ejercicio de esta soberanía elige a sus representantes para que ejerzan el poder político. Estos representantes, además, son elegidos por los ciudadanos para aplicar medidas políticas determinadas, lo cual a su vez implica que haya existido un amplio debate sobre la naturaleza de las políticas a aplicar –libertad de expresión– entre grupos políticos organizados –libertad de asociación– que han tenido la oportunidad de expresarse y reunirse públicamente –libertad de reunión–[7].

La misma Comisión Interamericana ha sostenido que el derecho a elegir y ser elegido en elecciones abiertas, realizadas por sufragio universal e igual, que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores (artículo 23.1.b de la Convención Americana), cumple en la democracia representativa una función legitimadora esencial de la autoridad política.  Por ello, el vínculo entre electores y elegidos y la autenticidad de la representación sólo pueden lograrse a través de mecanismos que aseguren la más libre y amplia participación[8].

A su vez, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido que

[l]a realización efectiva del derecho y la posibilidad de presentarse a cargos electivos garantiza que todas las personas con derecho de voto puedan elegir entre distintos candidatos. […] Nadie debe ser objeto de discriminación ni sufrir desventajas de ningún tipo a causa de su candidatura[9].

En el Sistema Europeo de Derechos Humanos, el artículo 3 del Protocolo 1 al Convenio Europeo establece el deber de los Estados partes “de sostener elecciones libres a intervalos razonables por votación secreta bajo condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión de las personas en la selección de la legislatura”[10].

El propósito declarado del régimen, de ocupar todos los espacios del poder público, es contrario a los principios de la democracia representativa, y subestima al pueblo ecuatoriano al pretender decirle qué es lo que le conviene, en lugar de permitirle elegir, aún a riesgo de que se equivoque. Si nuestra vocación realmente es democrática, no hay que promover el borreguismo, sino la reflexión en la toma de decisiones.

La otra cuestión delicada que ocupa titulares en días recientes, es el supuesto uso de recursos públicos –el avión presidencial por ejemplo– para promover ciertas candidaturas. En este sentido, refiriéndose al derecho a la participación política consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Unión Interparlamentaria ha efectuado el siguiente pronunciamiento:

[e]l elemento fundamental en el ejercicio de la democracia es la celebración de elecciones libres y auténticas, en intervalos periódicos, que permitan la expresión de la voluntad popular. Estas elecciones deben celebrarse sobre la base del sufragio universal, igual y secreto, de manera que todos los electores puedan escoger sus representantes en condiciones de igualdad, apertura y transparencia que estimulen la competencia política[11].

La participación política mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello[12]. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o designación[13].

Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que “es indispensable que el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para dichos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación”[14] y que “[…] la participación en los asuntos públicos de organizaciones […] es esencial para garantizar la expresión política legítima y necesaria cuando se trate de grupos de ciudadanos que de otra forma podrían quedar excluidos de esa participación, con lo que ello significa”[15].

Asimismo, la Corte Interamericana ha señalado que

El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos[16].

No se puede negar que los Estados tienen la potestad de hacer ciertas distinciones de trato siempre y cuando éstas estén plenamente justificadas, y tengan su base en un interés legítimo de la sociedad. Que un candidato tenga ventaja en la campaña sobre otro, no parece ser uno de tales intereses legítimos.

Al respecto, la Corte Interamericana estableció que

[n]o habrá, pues, discriminación si una distinción de tratamiento está orientada legítimamente, es decir, si no conduce a situaciones contrarias a la justicia, a la razón o a la naturaleza de las cosas.  De ahí que no pueda afirmarse que exista discriminación en toda diferencia de tratamiento del Estado frente al individuo, siempre que esa distinción parta de supuestos de hecho sustancialmente diferentes y que expresen de modo proporcionado una fundamentada conexión entre esas diferencias y los objetivos de la norma, los cuales no pueden apartarse de la justicia o de la razón, vale decir, no pueden perseguir fines arbitrarios, caprichosos, despóticos o que de alguna manera repugnen a la esencial unidad y dignidad de la naturaleza humana[17].

En resumen, la “consolidación” de esta “leyenda”, parafraseando al Presidente, puede ser un propósito muy loable, pero las exigencias de una sociedad democrática impiden aplicar un modelo maquiavélico para alcanzar tal propósito. La filosofía que debería orientar la actuación de nuestro Gobierno –digo nuestro porque es de todos los ecuatorianos, hayamos votado o no por quienes lo integran– y en general de nuestra clase política, es aquella que propone, “que gane el mejor”, eso sí, sin prebendas ni ventajas.


[1] Véase al respecto el enlace ciudadano 356, transmitido desde Babahoyo, Provincia de Los Ríos, el sábado 11 de enero de 2014.

[2] Carta Democrática Interamericana, Lima, 11 de septiembre del 2001, fragmentos de los Artículos 1, 3 y 6.

[3] Corte I.D.H., La expresión “leyes” en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 34.

[4] Algunos de estos instrumentos internacionales son: Carta Democrática Interamericana (artículos 2, 3 y 6); Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 23); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XX); Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 21); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 25); Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5.c); Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (artículo 42); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 7); Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer (artículos I, II y III); Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 6); Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (artículos 2 y 3); Convenio No. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales (artículo 6); Proclamación de Teherán, Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán, 13 de mayo de 1968 (párr. 5); Declaración y Programa de Acción de Viena, Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 14 a 25 de junio de 1993 (I.8, I.18, I.20, II.B.2.27); Protocolo No. 1 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (artículo 3); y Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos “Carta de Banjul” (artículo 13).

[5] Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 192.

[6] Véase, CIDH, Informe 98/03, Caso No. 11.204, Statehood Solidarity Committee, Estados Unidos, 29 de diciembre de 2003, párr. 95.

[7] CIDH, Informe 137/99, Caso No. 11.683, Andrés Aylwin Azócar y Otros, Chile, 27 de diciembre de 1999, párr. 35.

[8] CIDH, Informe 137/99, Caso No. 11.683, Andrés Aylwin Azócar y Otros, Chile, 27 de diciembre de 1999, párr. 95.

[9] H.R.C., Observación General No. 25, Derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a votar y derecho al acceso, en condiciones de igualdad a las funciones públicas. Aprobado por el Comité en su 1510ª sesión (57º período de sesiones) el 12 de julio de 1996, párr. 15.

[10] Véase en general, ECHR, Mathieu-Mohin and Clerfaurt v. Belgium, Ser. A N° 113; Gitonas v. Greece, Sentencia del 1ro de julio de 1997, 1997-IV.

[11] Universal Declaration on Democracy, párr. 12, Inter-Parlamentary Union. Cairo, Sept 1997, in Positions Regarding Human Rights Issues. I-PU.Geneva 1998, pág. 42.

[12] Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 199.

[13] Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 200.

[14] Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 195.

[15] Corte I.D.H., Caso Yatama. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 217.

[16] Corte I.D.H., Caso Castañeda Gutman. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 147.

[17] Opinión Consultiva OC-4/84, Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización, párr. 57.

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