“Cuánta doble moral!!!” Garantías de debido proceso en clave de revolución ciudadana

Por Juan Pablo Albán Alencastro

A pocos días de cumplirse seis años del inicio de esta “revolución”, cuyo carácter “ciudadano” es hoy por hoy al menos cuestionable si prestamos algo de atención a los tintes represivos contra la ciudadanía que caracterizan al ejercicio del poder, los ecuatorianos estamos más que acostumbrados a las diatribas que desde las más altas esferas públicas se lanzan contra el “limitadito”, “caretuco” o “gordita horrorosa” de ocasión, cuando tal ser “deleznable” osa opinar, cuestionar o peor aún criticar determinado acto del poder público.  En realidad es curioso que progresivamente estos desfogues de nuestras autoridades nos chocan y sorprenden menos, se han vuelto parte de nuestra cotidianidad.

En los diversos espacios comunicacionales empleados por nuestro gobierno para difundir sus actividades y fustigar a cualquiera, somos bombardeados con un discurso que coadyuva a crear un ambiente de intolerancia y polarización social, incompatible con el deber de prevención[1] de las violaciones a los derechos humanos que incumbe al Estado como parte de su obligación general de garantizar tales derechos[2].

También es notable que cada vez con mayor frecuencia los señalamientos contra los “enemigos” del régimen en esos espacios comunicacionales y en redes sociales, van acompañados de una instigación a los funcionarios del poder judicial –particularmente a la fiscalía– a perseguir a esos “enemigos”, literalmente, hasta las últimas consecuencias, por haber tenido la bajeza de decir algo sobre aquellos a quienes no pudieron ganarles en las urnas –aunque lo que digan se refiera a un asunto de interés público y por ende deba estar sometido al más amplio escrutinio de la sociedad si en realidad pretendemos ser una democracia[3]–.

El problema es que cuando alguno de estos “conspiradores” es señalado como posible sujeto de una eventual investigación y posterior juicio, está automáticamente condenado, no hace falta buscar evidencias, si el poder ejecutivo afirma que es culpable, es culpable, de algo, ya se nos ocurrirá de qué.  No hace falta en consecuencia reconocerle garantía de debido proceso alguna.  Frente a él opera una especie de estado de excepción a medida que suspende sus derechos en forma indefinida.

Lo que pasa es que en algún momento de nuestra historia –y no me refiero a los últimos seis años, sino a mucho antes–, la majestad del poder pasó a ser sinónimo de patente de corso para hacer tabla rasa de las protecciones constitucionales y legales que como ciudadanos nos pertenecen, entre ellas las garantías del debido proceso. A lo largo de nuestra tortuosa vida republicana diversos gobiernos prevalidos del poder que han detentado, legítimo o no, utilizaron los instrumentos del derecho, particularmente penal, para silenciar a opositores y otros sujetos inconvenientes.  Ahora simplemente estamos presenciando más de lo mismo.

El 2 de enero de 2014, mientras conducía mi vehículo para ir al encuentro de mi esposa y mi hija, cambiando aleatoriamente estaciones de radio, de repente escuche el anuncio de que la estación recién sintonizada pasaba a formar parte de una cadena ordenada por la SECOM.  La ocasión, el conversatorio habitual que el Presidente de la República mantiene con medios de comunicación –la mayor parte de ellos públicos, he de decir–; el tema central, la “diligencia urgente” de allanamiento practicada a altas horas de la noche el pasado 27 de diciembre de 2013 por la fiscalía y un grupo élite de la Policía Nacional al domicilio de un asesor legislativo, bajo sospecha de que al más puro estilo James Bond, dicha persona y el asambleísta al que asesora –cuya oficina también fue allanada con una sui generis autorización de la Presidenta de la Asamblea Nacional– lograron penetrar el sistema informático de la Presidencia, desencriptar varios mensajes electrónicos y bajarlos a sus computadores y celulares, como quien descarga una fotografía de flickr o un mp3 de iTunes.

El Primer Mandatario estaba acompañado en el conversatorio por el Asesor Jurídico de la Presidencia –obviamente Abogado de profesión –, quien con gran vehemencia se auto ungió como “víctima” de un gravísimo delito de hackeo y divulgación de información privada, para luego cuando el Presidente le pidió que explique cómo y dónde está tipificado tal delito, titubear y dar una respuesta sospechosa, o al menos a mí, que enseño derecho penal y ejerzo habitualmente en el ámbito penal, no me quedó nada claro de qué se va a acusar a estas dos personas.

Los señalamientos por supuesto espionaje estuvieron acompañados de los descalificativos usuales y las alusiones ordinarias a la “doble moral” de los “culpables”. Tampoco faltaron las indirectas y directas a los funcionarios de la justicia para apretar el paso frente a las “pruebas contundentes” encontradas en los allanamientos.

Que no se malentienda. Si efectivamente uno o más individuos logran violentar los sofisticados sistemas de seguridad de las redes informáticas de las entidades estatales, pese a todo el esfuerzo, tecnología y dinero invertidos no sólo en garantizar la integridad de tales sistemas, sino también para espiarnos a los ciudadanos comunes y corrientes; y peor todavía, logran sustraer información, es innegable que tal hecho debe investigarse y eventualmente sancionarse, pero debe investigarse siguiendo las disposiciones constitucionales, legales e internacionales vigentes en nuestro país. Resulta criticable que el poder ejecutivo pueda girar ordenes sobre cómo, cuándo y a quienes se investigue, en modalidad acelerada, excepcional y arbitraria propia de un Estado distópico.

Desde mi punto de vista esta vez además resulta inaceptable, que tanto el Presidente como su Asesor Jurídico trataran de justificar la difusión pública en cadena de radio y televisión, de imágenes de la diligencia y supuestos contenidos de la evidencia encontrada, cuando al momento lo que se adelanta, según el propio fiscal que ejecutó la “incursión táctica” –ese fue el calificativo empleado para no decir allanamiento–, es una indagación previa[4], de carácter reservado conforme a lo que dispone el artículo 215 del Código de Procedimiento Penal, es decir, no podía ser objeto de programas radiales o televisivos, ni siquiera a título de que quienes difundieron tal información e imágenes en violación de la Constitución y la ley son las “víctimas”.

Aunque tengo muy claro que “estándares internacionales de derechos humanos” es mala palabra, y a riesgo de pasar a engrosar las filas de los “limitaditos”, “caretucos” y “gorditos horrorosos”, creo que es mi deber resaltar algunos de esos estándares en materia de debido proceso, es decir, ciertas condiciones esenciales para que “un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables”[5], con o sin revolución ciudadana.  No voy a ser exhaustivo, pero mencionaré algunas que a propósito del exabrupto sobre la “culpabilidad” anticipada de Jiménez y Villavicencio deberíamos tener en cuenta:

  • INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LAS AUTORIDADES DEL ÁMBITO JUDICIAL: El Maestro Hernando Devis Echandía decía que “[u]n Estado donde los jueces sufran la coacción de gobernantes o legisladores, deja de ser un Estado de derecho”[6].

En este sentido, la Corte Interamericana ha establecido que “las características de imparcialidad e independencia […] deben regir a todo órgano encargado de determinar derechos y obligaciones de las personas”[7].

La Constitución de la República en sus artículos 76.7.k y 168.1 consagra la independencia e imparcialidad como características esenciales de la administración de justicia en el Ecuador y como derecho fundamental de los ciudadanos. En el mismo sentido, los artículos 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establecen que las personas tienen derecho a ser oídas por autoridades independientes e imparciales en la determinación de cualquier asunto que les afecte.

La independencia supone que se cuente con un adecuado proceso de nombramiento de los operadores de justicia, con una duración establecida en el cargo y con una garantía contra presiones externas[8].  Esta condición se puede medir desde un punto de vista funcional y estructural. La independencia funcional o personal se refiere a que los jueces no se encuentren sujetos al control del ejecutivo; mientras que la independencia estructural se refiere a que en el ejercicio de sus funciones, el juez se encuentra sujeto únicamente a la ley y a los dictados de su conciencia[9].

Este tema ha sido tratado ampliamente por la Corte Europea de Derechos Humanos, la cual ha mencionado, entre los criterios para determinar la independencia de un órgano judicial “la forma de designación de sus miembros[10]” y “sobre si hay o no apariencia de independencia[11].

Por su parte, el Comité del Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Observación general No. 32, determinó que, “[t]oda situación en que las funciones y competencias del poder judicial y del poder ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este último pueda controlar o dirigir al primero es incompatible con el concepto de un tribunal independiente”[12].

Con respecto a la imparcialidad, la Corte Interamericana ha dicho que esta es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio.  Esto permite a su vez, que los tribunales inspiren la confianza necesaria a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad democrática[13].

A su vez, la CIDH ha establecido que el requisito de imparcialidad “exige que el juez o el tribunal no abrigue sesgo real alguno en un caso en particular”[14]. En este mismo sentido, la Corte Interamericana ha establecido que “[l]a imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia”[15]. Esto debe entenderse, en el sentido de que quienes integran los tribunales de justicia no deben tener preferencias, afectos e inclinaciones que puedan poner en duda la objetividad de su decisión en un caso concreto.

En aras de salvaguardar la administración de justicia se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones jurisdiccionales[16].

Sobre esta cuestión, el Comité de Derechos Humanos ha señalado que para que se cumpla la condición de imparcialidad,

En primer lugar, los jueces no deben permitir que su fallo esté influenciado por sesgos o prejuicios personales, ni tener ideas preconcebidas en cuanto al asunto sometido a su estudio, ni actuar de manera que indebidamente promueva los intereses de una de las partes en detrimento de los de la otra. En segundo lugar, el tribunal también debe parecer imparcial a un observador razonable[17].

  • ESTADO DE INOCENCIA: Por animadversión que provoque una persona a determinado funcionario público, la simple afirmación por parte de éste sobre la condición de delincuente de aquel no basta para destruir su estado de inocencia.

El artículo 76.2 de la Constitución ecuatoriana establece que “[s]e presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”, reglas similares constan en el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos tratados internacionales por los que nuestro país se encuentra obligado.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su Observación General No. 13, señaló que:

En virtud de la presunción de inocencia, la carga de la prueba recae sobre la acusación y el acusado tiene el beneficio de la duda. No puede suponerse a nadie culpable a menos que se haya demostrado la acusación fuera de toda duda razonable. Además, la presunción de inocencia implica el derecho a ser tratado de conformidad con este principio. Por lo tanto, todas las autoridades públicas tienen la obligación de no prejuzgar el resultado de un proceso[18].

A su vez, la Corte Interamericana al referirse a esta garantía de debido proceso ha establecido que:

[…] el artículo 8.2 de la Convención exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal.  Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla[19].  En este sentido, la Corte ha afirmado que en el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada[20].

De su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe de fondo del caso Martín de Mejía v. Perú, concluyó que:

La presunción de inocencia se relaciona, en primer lugar, con el ánimo y actitud del juez que debe conocer de la acusación penal. El juez debe abordar la causa sin prejuicios y bajo ninguna circunstancia debe suponer que el acusado es culpable. Por el contrario, su responsabilidad reside en construir la responsabilidad penal de un imputado a partir de la valoración de los elementos de prueba con los que cuenta[21].

También el Tribunal Europeo de Derecho Humanos en su sentencia del caso Allenet de Ribemont v. France estableció que ciertas declaraciones a medios televisivos del Ministro del Interior francés y otros funcionarios públicos afirmando la participación de la víctima en la planificación de un homicidio:

Fueron una clara declaración de culpabilidad que, primero motivó al público a considerarlo culpable y, segundo, prejuzgó el análisis de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes. En consecuencia, se produjo una violación del artículo 6 § 2 [la presunción de inocencia][22].

  • IGUALDAD DE ARMAS: Es decir, el equilibrio que debe existir en todo proceso entre las partes involucradas, a fin de evitar situaciones de inequidad e injusticia. Cuando una de las partes involucradas es el Estado, con el monopolio del poder punitivo y de los mecanismos de recabo de prueba en sus manos, la existencia de tal igualdad es al menos cuestionable, por lo que se debe extremar las precauciones para garantizar una verdadera equidad.

El artículo 76.7.c de nuestra constitución establece que “[e]l derecho a la defensa incluirá las siguientes garantías […] c) Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones”.

El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos empieza señalando que “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia” y al enumerar de manera ejemplificativa las garantías judiciales mínimas en proceso penal establece que “[d]urante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas […]”. El artículo 8.2 de la Convención Americana emplea un lenguaje idéntico.

En su decisión en el caso Wolf v. Panamá, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció que “[e]stos requisitos no se cumplen cuando, como en el presente caso, al acusado se le niega la oportunidad de hallarse presente en las actuaciones judiciales o cuando no puede instruir de forma adecuada a su representante. En particular, el principio de igualdad de posibilidades no se respeta cuando al procesado no se le notifica una acusación debidamente motivada”[23].

En su turno, la Corte Europea de Derechos Humanos ha indicado que en todo proceso deben concurrir los elementos necesarios para “que exista el mayor equilibrio entre las partes, para la debida defensa de sus intereses y derechos”[24]. En idéntico sentido se pronunció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva No. 17[25].

Sobre el alcance del principio de igualdad de armas específicamente en el proceso penal, la Corte Europea ha señalado que es una de las implicaciones del concepto de un juicio justo en virtud del cual cada parte debe tener una oportunidad razonable de presentar su caso bajo condiciones que no la sitúen en una condición de desventaja frente a su oponente[26].

También la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en su decisión en el caso Avocats Sans Frontieres v. Burundi, determinó que,

el derecho al debido proceso involucra el cumplimiento de ciertos criterios objetivos, incluido del derecho a igual tratamiento [… este derecho] especialmente en asuntos penales significa, en primer lugar, que tanto la defensa como la acusación pública deben tener igualdad de oportunidades para preparar y presentar sus argumentos durante el proceso […] Hay una violación del principio de igualdad si las decisiones judiciales o administrativas son aplicadas de manera discriminatoria[27].

  • INFORMACIÓN PREVIA Y DETALLADA DE LOS CARGOS: La afirmación alegre de participación en un hecho criminal, aunque se realice en rueda de prensa o cadena nacional de radio y televisión, no puede considerarse noticia suficiente al investigado sobre los motivos por los cuales se ha instaurado la investigación y eventualmente el proceso penal en su contra. Peor todavía si la pública atribución de responsabilidad, no especifica cual es el hecho que se le endilga ni la norma que sanciona tal hecho.

Nuestra Constitución en su artículo 77.7.a establece que el derecho a la defensa de toda persona incluye “[s]er informada, de forma previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento”.

También los artículos 14 del Pacto de Derechos Civiles y 8 de la Convención Americana consagran como garantía mínima de debido proceso la “comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada”.

La Corte Interamericana ha señalado que el derecho consagrado en el artículo 8.2.b “ordena a las autoridades judiciales competentes a notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por los cuales se le atribuye responsabilidad”[28].  El mismo Tribunal ha resaltado que si no se respeta esta garantía, se conculca el derecho a la defensa del imputado[29].

La Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido que el artículo 6.3.a del Convenio Europeo sobre Derechos y Libertades Fundamentales – equivalente al artículo 8.2.b de la Convención Americana – le reconoce al acusado el derecho a ser informado de los motivos de la acusación, entendiendo por ellos, tanto los actos en los cuales se sustenta, como su naturaleza, esto es, la calificación legal de tales actos.  Asimismo ha indicado que la información sobre los motivos y la naturaleza de la acusación debe ser adecuada para permitirle al sindicado preparar su defensa[30].

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su Observación General No. 13 resaltó que:

[…] el derecho a ser informado “sin demora” de la acusación exige que la información se proporcione de la manera descrita tan pronto como una autoridad competente formule la acusación.  En opinión del Comité, este derecho debe surgir cuando, en el curso de una investigación, un tribunal o una autoridad del ministerio público decida adoptar medidas procesales contra una persona sospechosa de haber cometido un delito o la designe públicamente como tal.  Las exigencias concretas del apartado a) del párrafo 3 pueden satisfacerse formulando la acusación ya sea verbalmente o por escrito, siempre que en la información se indique tanto la ley como los supuestos hechos en que se basa[31].

  • DEFENSA ADECUADA: Las personas señaladas como presuntos responsables de la comisión de un delito deben contar con las más amplias facilidades para defenderse y demostrar su inocencia, incluida la posibilidad de realizar pedidos probatorios y argumentos propios en todas las etapas de la investigación y el proceso penal; ser asistidos por un defensor de confianza; contar con suficiente tiempo para organizar una estrategia de defensa; acceder a todas las actuaciones y documentos relacionados con la investigación y el proceso penal; etc.

Tanto la Constitución ecuatoriana en su artículo 76.7, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.3 y la Convención Americana en su artículo 8.2 reconocen una serie de prerrogativas tendientes a asegurar la adecuada defensa de las personas, particularmente aquellas involucradas en procesos penales.

En ese sentido, la Corte Interamericana ha considerado que “[i]mpedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigación en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectación de derechos es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada”[32].

El Comité de Derechos Humanos de la ONU estableció en su Observación General No. 13 que

[e]l apartado b) del párrafo 3 dispone que el acusado debe disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y poder comunicarse con un defensor de su elección.  Lo que constituye un “tiempo adecuado” depende de las circunstancias de cada caso, pero los medios deben incluir el acceso a los documentos y demás testimonios que el acusado necesite para preparar su defensa, así como la oportunidad de contratar a un abogado y de comunicarse con éste[33].

El acusado o su abogado deben tener el derecho de actuar diligentemente y sin temor, valiéndose de todos los medios de defensa disponibles, así como el derecho a impugnar el desarrollo de las actuaciones si consideran que son injustas[34].

El acusado tendrá derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo[35].

El mismo organismo, en su Observación General 32 ha determinado que “El que se disponga o no de asistencia letrada determina con frecuencia que una persona pueda tener o no tener acceso a las actuaciones judiciales pertinentes o participar en ellas de un modo válido”[36].

La CIDH ha establecido que los actos en los cuales el sujeto investigado comparece sin asistencia de abogado a un interrogatorio basado en un expediente que desconoce, sin saber qué hechos criminales se le imputan, no constituyen el ejercicio del derecho a ser oído por las autoridades de justicia, consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana[37].  En palabras de la CIDH, oír a una persona investigada implica permitir que se defienda con propiedad, asistida por abogado, con conocimiento de todos los elementos que puedan obrar en su contra en el expediente; oírle es permitir su presencia en los interrogatorios de testigos que puedan declarar en su contra, permitirle tacharlos, contra interrogarlos con el fin de desvirtuar sus declaraciones incriminatorias por contradictorias o por falsas; oír a un procesado es darle la oportunidad de desconocer, de restar valor a los documentos que se pretenden utilizar en su contra[38].

En este sentido es necesario resaltar que no es suficiente la posibilidad de defensa una vez que se ha iniciado el proceso penal, pues el derecho de defensa debe garantizarse desde el momento mismo en que una persona es señalada de haber cometido un delito y, por lo tanto, las actuaciones investigativas puedan culminar con medidas procesales en su perjuicio. En las primeras diligencias deben concurrir “las máximas garantías procesales para salvaguardar el derecho a defenderse”[39].

En conclusión, no está mal investigar la comisión de delitos, no está mal sancionar esos delitos, y hasta podría discutirse si en realidad está mal combatir a los opositores valiéndose cuando sea legítimo de las herramientas que franquea el ordenamiento jurídico. Lo que definitivamente está mal es atropellar a placer los derechos más elementales del debido proceso, particularmente los de nuestros enemigos, porque la sensación que queda no es de justicia sino de ignominia, y eventualmente alguien pudiera señalarnos diciendo: “Cuánta doble moral!!!”.


[1] El deber de prevención incluye las medidas de cualquier carácter necesarias para promover la salvaguarda de los derechos humanos y evitar que las eventuales violaciones de los mismos no sean consideradas hechos ilícitos susceptibles de ser sancionados, así como la obligación de reparar a las víctimas por las consecuencias negativas de la violación de sus derechos.

[2] Véase al respecto, Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4.

[3] Al respecto, en su sentencia en el caso Kimel v. Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue categórica en señalar que “El control democrático a través de la opinión pública fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. De ahí la mayor tolerancia frente a afirmaciones y apreciaciones vertidas por los ciudadanos en ejercicio de dicho control democrático. Tales son las demandas del pluralismo propio de una sociedad democrática, que requiere la mayor circulación de informes y opiniones sobre asuntos de interés público. Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 87.

[4] Véase al respecto la entrevista realizada al fiscal José Luis Jaramillo de la Unidad de Descubrimiento de Autores, Cómplices y Encubridores , disponible en el siguiente enlace: http://www.elcomercio.com/politica/Allanamiento-CleverJimenez-FernadoVillavicencio-casas-dos-visiones_0_1057694320.html

[5] Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre  de 2003. Serie A No. 18, párr. 121.

[6] DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Segunda Edición. Temis. Bogotá. 2009.

[7] Corte I.D.H. Caso Vélez Loor. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 108.

[8] Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 75.

[9] Véase en este sentido, Informe de la Comisión de Juristas Internacionales sobre la Administración de Justicia en el Perú, noviembre de 1993. Véase también, Corte I.D.H. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”). Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182.

[10] ECHR. Case of Campbell and Fell v. UK, Judgment of 28 June 1984, Series A No. 80, párr. 78.

[11] Idem.

[12] U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007), párr. 19.

[13] Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107; párr. 171.

[14] CIDH, Informe Sobre Terrorismo y Derechos Humanos 2002, OEA/Ser.L/V/ll.116 Doc. 5 rev. 1 corr. 22 octubre 2002; Capítulo III; D.1.b, párr. 229.

[15]  Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr.146.

[16] Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 147.

[17] U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007), párr. 21.

[18] U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 (1984), párr. 7. Véase en igual sentido la decisión del Comité de Derechos Humanos en relación con la Comunicación 770/1997, caso Gridin v. Rusia, U.N. Doc. CCPR/C/69/D/770/1997 (2000).

[19] Corte I.D.H., Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 120.

[20] Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 77.

[21] CIDH. Informe No. 5/96, Caso 10.970, Raquel Martin de Mejía v. Perú, 1 de marzo de 1996.

[22] ECHR. Case of Allenet de Ribemont v. France. Application 15175/89. Judgment of 10 February 1995.

[23] Dieter Wolf v. Panama, Comunicación No. 289/1988, U.N. Doc. CCPR/C/44/D/289/1988, párr. 6.6.

[24] ECHR. Laukkanen and Manninen v. Finland, Nº. 50230/99, § 34, 3 February 2004; Edwards and Lewis v. the United Kingdom, nos. 39647/98 and 40461/98, § 52, 22 July 2003; Öcalan v. Turkey, no. 46221/99, § 146, 12 March 2003.

[25] Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párr. 132.

[26] ECHR. Öçalan v. Turkey. 46221/99, 12 March 2003, párr. 140.

[27] ACHPR. Case of Avocats Sans Frontieres v. Burundi. Communication 231/99. paras. 26 and 27.

[28] Corte I.D.H., Caso Barreto Leiva. Sentencia de 17 de noviembre de 2009. Serie C No. 206; Corte I.D.H., Caso López Álvarez. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 149; Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne.  Sentencia de 22 de noviembre de 2005.  Serie C No. 135, párr. 225; Corte I.D.H., Caso Acosta Calderón.  Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 118; y Corte I.D.H., Caso Tibi.  Sentencia de 7 de septiembre de 2004.  Serie C No. 114, párr. 187.

[29] Corte I.D.H., Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 187.

[30] ECHR. Case of Ayçoban and others v. Turkey. Judgement of 22 December 2005, párr. 21.

[31] U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 (1984), párr. 8.

[32] Corte I.D.H. Caso Cabrera García y Montiel Flores. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párr. 154.

[33] U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 (1984), párr. 9.

[34] U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 (1984), párr. 11.

[35] U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 154 (1984), párr. 12.

[36] U.N. Doc. CCPR/C/GC/32 (2007), párr. 10.

[37] CIDH, Informe N°50/00, Caso N° 11.298, Reinaldo Figueredo Planchart.  Venezuela, 13 de  abril de 2000, párr. 112.

[38] CIDH, Informe N°50/00, Caso N° 11.298,, Reinaldo Figueredo Planchart.  Venezuela, 13 de abril de 2000, párr. 112.

[39] Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005.  Serie C No. 135, párr. 174.

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4 pensamientos en ““Cuánta doble moral!!!” Garantías de debido proceso en clave de revolución ciudadana

  1. exhaustivo análisis jurídico de un, como se dice en investigación, experto. Pero para quien hace tabla raza de todo, todos y todas, solamente podemos esperar que de alguna manera hagamos justicia por la fuerza de nuestro voto por ello cualquiera menos verde.

  2. ESTIMO QUE AL ABOGADO QUE HICIERA ESTE ANALISIS FUNDAMENTADO Y EN APEGO A LAS NORMAS FUNDAMENTALESDE DEBIDO DERECHO PROCESAL, YA ESTARA EN LA MIRA CAUTELOSA DE EL GOBIERNO NACIONAL, O LE UNDEN O LE ACOJENPARA QUE LES ASESORE FUNDAMENTADAMENTE A ELLOS, ASI DE SIMPLE ES ESTO DE LA BUROCRACIA ACTUAL..

  3. Sin duda un análisis de garantías bastante completo. Lastimosamente la concepción social, o el imaginario colectivo, respecto del derecho penal está fuertemente condicionado por la estructura paternalista caudillista que ha caracterizado nuestra -bien definida por usted-, tortuosa vida republicana. ¿Qué queda para superar esto? La educación en derechos y garantías, desde la doctrina, la hermenéutica y sobretodo la historia y la lógica como herramienta para sobreponer esa idea de que el fuerte está autorizado para golpear. Tenemos aún mucho camino que transitar, la “revolución” no es más que otro momento de esos que han buscado cambiarlo todo y que no han podido sino, exponer los vicios más detestables, así como ciertas virtudes que deberíamos potenciar. La educación debe ser nuestra única revolución, nuestro único empeño; el camino definitivo para nuestra adaptación en el mundo del siglo XXI. Saludos.

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