MAS CLARO, NO ESTAMOS LISTOS!

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Luego de tres semanas sin publicar nada escribo estos párrafos con la indignación fresca por la decisión adoptada en uno de los casos en que más esperanzas había cifrado en toda mi carrera profesional, el primer juicio penal por delito de odio racial en mi país, proceso en que se ha confirmado que en el Ecuador aún se discrimina por el color de la piel, y que eso a nuestra justicia poco le importa.

Debo reconocer que desde que retorné al terruño, tras diez años de intenso aprendizaje y crecimiento profesional y personal a través del trabajo en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, he sufrido más de una desilusión y muchas frustraciones por la falta de comprensión que nuestros operadores de justicia demuestran cuando alguien tiene “la osadía” de hacer un argumento basado en derechos humanos, invocar un tratado internacional o peor aún citar la jurisprudencia de organismos internacionales de supervisión.

En tales ocasiones, los rostros de nuestros jueces reflejan un arcoíris de emociones que van desde el más profundo de los aburrimientos –bostezo incluido–­, a la más grande de las sorpresas, pasando desde luego por la absoluta indignación que les ocasiona ser puestos en evidencia de su ignorancia –no en el sentido peyorativo, sino de falta de conocimiento– sobre este importante ámbito del derecho.

La reacción inmediata a la presentación de un argumento de derechos humanos es estándar, o bien el juez ignora el alegato, por coherente y relevante que sea, o de plano lo minimiza y rechaza.

La situación descrita forma parte de una problemática mucho más compleja: Como asume la sociedad ecuatoriana los problemas de derechos humanos y la persecución de los delitos que afectan tales derechos.

Es simplemente lógico que ciertas visiones retrógradas sobre el alcance y vigencia de los derechos humanos tengan una perfusión marcada en nuestra sociedad: La temática es nueva y como todo lo nuevo genera inseguridad y temor; la experiencia de invocación y aplicación de estándares de derechos humanos es tan limitada que sólo un puñado de abogados eventualmente hemos construido argumentos en tal sentido; todavía tenemos respetables académicos que al referirse a derechos tan elementales como el de igualdad afirman de manera categórica que no existen o que son “nebulosos”; nuestra propia Corte Constitucional ha desconocido el carácter de derechos humanos de algunas prerrogativas inherentes a nuestra dignidad; quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos todavía somos identificados como “aliados de los criminales” o ridiculizados por hacer argumentos “extraños”, y en ocasiones hasta considerados enemigos por supuestamente atentar a través de nuestro trabajo contra el orden establecido[1].

Una de las importantes innovaciones de la Constitución de 2008 –más allá de las críticas que el documento merece–, es explicitar por primera vez en nuestro medio ciertos criterios transversales orientados a garantizar la vigencia de los derechos[2], como la aplicación directa e inmediata de los tratados internacionales de derechos humanos; la plena justiciabilidad de todos los derechos; el principio pro homine[3]; etc.  Sin embargo, pareciera que nuestros funcionarios públicos y en particular nuestros jueces no leen la Constitución. Y la verdad, para que, si hay ley, hay una maraña de normas que nos permite manipular los procesos y resolverlos conforme al pedido del traficante de influencias de turno.

Aunque la filosofía que inspira nuestra constitución es garantista, y en teoría bajo la misma no podría invocarse la falta de norma para justificar la violación o desconocimiento de un derecho humano[4], nuestros jueces son ahora más formalistas que nunca. Contrario a lo que dispone el artículo 169 de nuestra Constitución, el rigor formal prevalece sobre el derecho sustancial, sacrificando la justicia. Cuando conviene desde luego, porque también a capricho del traficante de influencias de turno puede emplearse de manera perversa la técnica de balanceo o ponderación, justamente para vaciar de contenido a ciertos derechos.

Todos los abogados ecuatorianos eventualmente pasamos por una clase de derecho internacional público, componente obligatorio del pensum de estudios de todas las facultades de jurisprudencia del país, no obstante, se nos olvidó que en virtud del principio pacta sunt servanda toda obligación internacional del Estado debe ser cumplida de buena fe[5]; que en virtud del principio de primacía del derecho internacional el Estado no puede invocar su derecho interno como justificación del incumplimiento de sus obligaciones internacionales[6]; que en razón de la obligación internacional de adecuación normativa el Estado debe adoptar, con arreglo a sus procedimientos internos, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos humanos[7]; y que en virtud del principio de efecto útil –effet útile–, el Estado debe asegurar a las disposiciones convencionales sus efectos propios en el derecho interno[8].

Cada vez se detecta con más frecuencia actos del poder público o de particulares –con el apoyo, tolerancia o aquiescencia del poder público–, que vulneran derechos humanos y cada vez son más frecuentes las decisiones judiciales que rehúsan la tutela de tales derechos[9].

Recientemente se ha promovido los primeros procesos penales por delitos contra los derechos humanos en el Ecuador y ya se aprecian los primeros resultados negativos, derivados de la falta de comprensión de nuestros operadores de justicia sobre la seriedad de la tarea a su cargo, las reglas y criterios aplicables a este tipo de casos, y su obligación de realizar un control de convencionalidad[10].

Ya tenemos un equipo de fiscales preparado y comprometido con la investigación de los casos de violaciones a los derechos humanos, pero a nuestros jueces, –por la educación jurídica que recibimos los abogados en este país, basada más en el aprendizaje de las leyes que del derecho como ciencia–, todavía les cuesta comprender conceptos como grave violación, crimen de lesa humanidad, imprescriptibilidad, etc. Nuestros jueces se sienten inseguros y es obvio que temen cometer injusticias; y también, que para algunos todavía pervive el temor reverencial al poder político, pasado y presente, lo que condiciona su actuación.

El entusiasmo inicial de denunciar e impulsar procesos judiciales que tenía la sociedad civil organizada y las propias víctimas de delitos contra los derechos humanos ha ido decreciendo, al descubrir la falta de preparación específica y –por qué no decirlo– de interés de nuestros operadores de justicia.

Es virtualmente imposible tratar de reconstruir la historia de los casos de delitos contra los derechos humanos, prácticamente sin evidencia, con contaminación de la poca existente, con una total falta de colaboración de los órganos estatales a los que pertenecen o pertenecieron los posibles perpetradores, con el temor de las víctimas sobre eventuales represalias por su intervención en los procesos y, sobre todo, con la falta de convicción de importantes segmentos de nuestra sociedad que cuestionan la utilidad de llevar ante la justicia estos temas.

Nuestra sociedad tampoco parece estar lista. La opinión pública se ha dividido entre quienes ven con buenos ojos la verdad, la justicia y la reparación frente a los casos de violaciones de derechos humanos, y quienes prefieren mantener sepultados estos temas y voltear la página, justamente para evitar un mayor deterioro político y polarización en nuestro país.

Como en casi todos los temas trascendentes, la investigación de los casos de delitos contra los derechos humanos no ha quedado exenta del condimento político.  Existe un riesgo muy serio de que la politización de estos casos termine por mermar la legitimidad del esfuerzo; por eso deberíamos, como grupo social, reflexionar sobre la conveniencia de mantener la objetividad en la investigación y la independencia e imparcialidad en la decisión, justamente para que el resultado no se vea como fruto de una determinada coyuntura política; y los abogados deberíamos recordar el principio de lealtad procesal y abstenernos de invocar el nombre de funcionarios, con o sin su conocimiento, para tratar de influir en la actuación de la justicia.

Más claro, cuando de enfrentar los delitos contra los derechos humanos se trata, no estamos listos. Todavía tenemos mucho camino por delante. Nuestra fiscalía tendrá que volverse más creativa y tal vez un poco cínica, procurando a través de su trabajo que las frustraciones de las víctimas y la sociedad no vayan en aumento. Nuestros jueces tendrán que pasar por el mismo aprendizaje que pasaron nuestros fiscales de derechos humanos, aceptar con humildad que no pueden saberlo todo y que les toca aprender aquello que no sepan, y abrir sus mentes a las normas, criterios y particularidades propias de los derechos humanos. Nuestra sociedad tendrá que acostumbrarse a que no podemos cerrar los ojos ni voltear la página sin hacer justicia a las víctimas de los delitos contra los derechos humanos porque nos estaríamos condenando a repetir muchas veces aquellas situaciones que pretendemos olvidar. Nuestra clase política tendrá que entender la diferencia entre arrimar el hombro para una causa justa y meter las manos en una causa ajena. Las víctimas tendrán que armarse de paciencia, confiando en que eventualmente su dignidad será reivindicada.

Eso si, aunque el ejercicio sea frustrante y las respuestas de nuestros jueces por ahora indignantes, debemos mantener el esfuerzo y la esperanza de que eventualmente, aunque sea a las cansadas, se hará justicia, recordando que como decía el poeta Machado, “[n]o hay verdades estériles, ni aun siquiera aquellas que se dicen mucho después que pudieron decirse; porque nunca para la verdad es tarde”.


[1] Véase en este sentido mi anterior artículo, sobre los defensores de derechos humanos, disponible en el siguiente enlace http://wp.me/p41HUl-1c

[2] Véase los artículos 11 y 426 de la Constitución de la República del Ecuador adoptada en 2008.

[3] Es decir, la aplicación preferente de la norma más favorable a la persona humana, independientemente de su origen anterior o posterior, de su generalidad o especialidad, o de su estatus nacional o internacional.

[4] Véase al respecto el artículo 11.3 de la Constitución de la República del Ecuador adoptada en 2008.

[5] Véase en tal sentido el artículo 26 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados adoptada en 1969 y el artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas adoptada en 1945.

[6] Véase en este sentido el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados adoptada en 1969.

[7] Véase por ejemplo el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

[8] Véase al respecto, Corte I.D.H., Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros). Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párrs. 87 y ss.

[9] En este sentido resulta ilustrativo que según investigaciones llevadas a cabo por la Universidad Andina Simón Bolivar, en el Ecuador 9 de cada 10 acciones de protección de derechos –llamadas en otros sistemas amparo o tutela–, son desechadas, y el Presidente de la República ha llegado a afirmar que hay un uso desmedido, que más bien raya en abuso, de las acciones constitucionales.

[10] En su sentencia en el caso Almonacid Arellano v. Chile, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que “[…] los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos […]En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”. Corte IDH. Caso Almonacid Arellano y otros. Sentencia sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154.

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