Ashata kashkaman Pachamama (acerca de los defensores de derechos humanos)

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Cuando el pasado 28 de octubre de 2013 el gobierno ecuatoriano dejó plantada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en dos importantes audiencias convocadas para discutir temas sensibles y todavía pendientes en nuestro país –el derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas, y las restricciones a las libertades de asociación y de expresión a partir de la vigencia del decreto 16–, quedó muy claro que nuestros “revolucionarios” personeros, por altivos “i” soberanos que son, prefieren esconder la cabeza como el avestruz cuando de  rendir cuentas por la cuestionable situación de los derechos humanos se trata.

El desaire fue el preludio de una serie de descalificaciones lanzadas desde las más altas esferas del poder contra las organizaciones de la sociedad civil que lograron que la CIDH reservara un espacio en su apretada agenda para escuchar las explicaciones del gobierno sobre los temas antes mencionados.

Con esa rispidez que es consustancial a muchos compatriotas, nuestros “bien amados” líderes derramaron su florido repertorio en espacios comunicacionales pagados con nuestros impuestos, entre otros, contra quienes osaron ponernos de nuevo en evidencia para denunciar que pese a lo ordenado en la sentencia de la Corte Interamericana en el caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku[1], en el Ecuador seguimos poniendo en riesgo la supervivencia e identidad cultural de quienes nos preceden con varios siglos en la ocupación de lo que llamamos nuestro territorio, sin siquiera pedirles opinión, en el afán de mantener una utopía de prosperidad y desarrollo que en realidad no hemos alcanzando.

Probablemente con el afán de no tener que escuchar más estos justos reclamos, ni tener que dar la cara a la comunidad internacional por su falta de debida diligencia en la implementación de la sentencia, pero de paso, con un resentimiento y ánimo vengativo e irrefrenable, capaz de atropellarlo todo y a todos, este 4 de diciembre de 2013 nuestro revolucionario gobierno una vez más dio muestras de lo inapropiado de su eslogan: “avanzamos patria”.

Bajo el argumento –contenido en el acuerdo ministerial No. 125 del Ministerio de Medio Ambiente y reproducido en la cuenta de twitter del Ministerio del Interior– de “evidenciarse con sus violentos actos, la desviación de los fines y objetivos para los cuales fue constituida; y, por injerencia en políticas públicas atentando contra la seguridad interna del Estado y afectando a la paz pública”[2], el Gobierno nacional decidió disolver la Fundación Pachamama una organización de la sociedad civil establecida hace 16 años con el propósito de “trabaja[r] en la Amazonía junto con los pueblos indígenas, promoviendo un modelo de desarrollo alternativo, basado en el buen vivir y con énfasis en el reconocimiento de los derechos humanos y de la Naturaleza”[3]. Cómo parte de sus actividades ordinarias, Pachamama integró la delegación de la sociedad civil plantada junto con la CIDH por el Gobierno ecuatoriano el 28 de octubre pasado.

El mensaje que se trata enviar no es nuevo en nuestro país, “si no están con nosotros están contra nosotros”. Con tal filosofía se ha tratado cooptar muchas respetables organizaciones de derechos humanos y de silenciar a aquellas que no han querido sumarse al juego.

Para dar una apariencia jurídica al atropello, se invocó una normativa muy particular, justamente aquella de la que se iba a discutir en la segunda audiencia convocada para el pasado 28 de octubre por la CIDH, el Decreto Presidencial 16[4], en vigencia desde el 4 de junio de 2013, y que pretende por vía administrativa hacer tabula rasa de varios derechos fundamentales, a pesar de que en virtud del principio de reserva de ley que opera en nuestro sistema[5] el ejercicio de los derechos humanos no puede ser materia de reglamentación a través de actos administrativos, y de que ninguna norma jurídica puede restringir el contenido de los derechos, según dispone el artículo 11.4 de la propia Constitución.

Además, como dice el Profesor Farith Simon, “[e]l organizarse para trabajar en beneficio del interés de un grupo de personas, el bien común o de la comunidad son formas de ejercicio de los derechos de reunión y asociación, no son una concesión del poder, instrumento de gobernabilidad o expresión de la soberanía popular”[6].

Ahora bien, más allá de lo cuestionable del acto gubernamental bajo crítica, la gran pregunta es ¿conseguirá el Gobierno a través de esta medida que los defensores de derechos humanos ecuatorianos se callen? Al respecto, la Corte Interamericana ha sostenido que este tipo de situaciones “podría tener un efecto amedrentador sobre otras defensoras y defensores, ya que el temor causado frente a tal hecho podría disminuir directamente las posibilidades de que tales personas ejerzan su derecho a defender los derechos humanos a través de la denuncia”[7]. Sin embargo, yo no estoy tan seguro de ese chilling effect, más bien pienso que el efecto podría ser inverso, porque la sensación de represalia y la certeza de injusticia ya han encendido la indignación del ciudadano común y corriente, inclusive de muchos de aquellos que antes confiaban en la propuesta del actual régimen.

Antes de continuar por esta senda, nuestras autoridades deberían recordar ciertos estándares establecidos en el ámbito internacional en relación con la tarea de los defensores de derechos humanos.

El artículo 1 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentalmente reconocidas, adoptada el 9 de diciembre de 1998, establece que “[t]oda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional”. Es decir que,  toda persona que de cualquier forma promueva la realización de los derechos humanos reconocidos en los planos doméstico e internacional, debe ser considerada como defensora de derechos de humanos.

Tal como lo expresó la Representante Especial del Secretario General de la ONU, la Declaración “[…] supuso un claro compromiso de reconocer, promover, y proteger la labor y los derechos de los defensores de derechos humanos en todo el mundo” y “un hito en el proceso de mejora de la protección de los defensores de derechos humanos”[8].

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha considerado que no existe una lista taxativa de actividades que se consideren acciones de defensa de derechos humanos. Estas actividades pueden incluir, entre otras, la investigación y recopilación de información para denunciar violaciones a los derechos humanos, gestiones políticas o diplomáticas ante autoridades nacionales e internacionales para que conozcan dichos informes o determinada situación, acciones para asegurar la responsabilidad de funcionarias y funcionarios estatales y erradicar la impunidad, acciones para apoyar la gobernabilidad democrática y erradicar la corrupción, la contribución para la implementación a escala nacional de parámetros internacionales contenidos en tratados de derechos humanos, y la educación y capacitación en derechos humanos[9].

A su vez, la Asamblea General de la OEA ha instado a sus miembros –entre ellos Ecuador– a proteger a las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción, el respeto y la protección de los derechos y libertades fundamentales y la eliminación efectiva de las violaciones a los derechos humanos en el plano nacional y/o regional[10].  El organismo hemisférico también ha afirmado que los Estados deben condenar los “actos que directa o indirectamente impiden o dificultan la tarea [de los defensores] en las Américas”[11].

En sentido similar se ha pronunciado el Consejo de la Unión Europea a través de su Proyecto de conclusiones del Consejo sobre las directrices de la EU sobre defensores de los derechos humanos[12].

De acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional colombiana, “la actividad de los defensores de los derechos humanos […] está rodeada de innumerables peligros” lo cual convierte a los defensores en “un sector vulnerable de la sociedad”, por lo que el Estado tiene la obligación de “privilegiar la protección” de éstos[13]

De su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido de manera reiterada que,

es un deber del Estado proteger y respetar las funciones que puedan desempeñar organizaciones no gubernamentales y otros grupos o individuos que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas privadas de libertad, ya que éstas constituyen un aporte positivo y complementario a los esfuerzos realizados por el Estado en virtud de su posición de garante de los derechos de las personas bajo su custodia[14].

Y ha afirmado que,

los Estados tienen el deber de crear las condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute de los derechos establecidos en la Convención.  El cumplimiento de dicho deber está intrínsecamente ligado a la protección y al reconocimiento de la importancia del papel que cumplen las defensoras y los defensores de derechos humanos, cuya labor es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho[15].

No obstante, la problemática que hoy afecta a nuestra comunidad de defensores de derechos humanos en el Ecuador no es aislada, ni mucho menos reciente.

Ya en el año 2004, la Representante Especial de Naciones Unidas para Defensores de Derechos Humanos manifestó su preocupación por las “crecientes restricciones que imponen los Estados, mediante artificios legales, para limitar la libertad de asociación, y por el hecho de que los Estados recurran cada vez más al ordenamiento jurídico para hostigar a los defensores de los derechos humanos y obstaculizar su labor”[16].

También desde el año 2006 la CIDH manifestó estar

seriamente preocupada por la grave situación de inseguridad y peligro en las que realizan su trabajo las defensoras y defensores en el hemisferio. Los asesinatos, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, identificación de éstos como enemigos o blancos legítimos, las campañas de desprestigio, las acciones legales orientadas a intimidarlos, la violación de domicilio y las actividades ilegales de inteligencia dirigidas contra defensoras y defensores son mecanismos utilizados para impedir o dificultar su labor, y constituyen una realidad cotidiana en el quehacer de estos actores[17].

En tal ocasión la Comisión recordó a los Estados de nuestra región que “cuando se ataca a un defensor o defensora, quedan desprotegidas todas aquellas personas para quienes el defensor o defensora trabaja”[18] y recomendó a los Gobiernos,

Reconocer públicamente que el ejercicio de la protección y promoción de los derechos humanos es una acción legítima y que, al ejercer estas acciones, las defensoras y defensores no están contra las instituciones del Estado sino que, por el contrario, propenden al fortalecimiento del Estado de Derecho y por la ampliación de los derechos y garantías de todas las personas[19].

Más recientemente, la misma CIDH sostuvo que

Los Estados no deben tolerar intento alguno de parte de autoridades estatales por poner en duda la legitimidad del trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos y sus organizaciones. Los funcionarios públicos deben abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores o que sugieran que las organizaciones de derechos humanos actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción o protección de derechos humanos[20].

Como me considero defensor de los derechos humanos, creo estar obligado a exteriorizar mi indignación por la absurda situación de la que ha sido víctima la Fundación Pachamama, aún a riesgo de que me “disuelvan” a mí también. Ese sentimiento que estoy experimentando seguramente afecta a muchos.  Ese modelo de “si no puedes hacerte amar hazte temer” subestima a los defensores de derechos humanos. Cada vez que un Gobierno –el ecuatoriano o cualquier otro– desconoce nuestro trabajo y nos atropella, despierta la indignación y con ella la vocación de cientos, miles de nuevos defensores, que no van a cerrar la boca, al contrario, van a gritar a los cuatro vientos la injusticia.

Dudo mucho que algún funcionario gubernamental lea mi blog –¿tal vez alguno de la SENAIN[21], por disposición superior?–, pero si estoy equivocado, espero que estás líneas aporten a una profunda reflexión de nuestras autoridades que les lleve a comprender que sin derechos humanos y sobre todo sin defensores de derechos humanos no estaríamos en verdadera revolución, porque en el Ecuador históricamente “derechos humanos” fue mala palabra, y si lo que pretendemos es una transformación radical de nuestras malas costumbres políticas, hoy más que nunca debemos estar abiertos a la crítica, no estar a la defensiva; debemos ser pluralistas y tolerantes, no reprimir los puntos de vista ajenos; y debemos promover la defensa de los derechos humanos, no suprimirlos; de lo contrario no estamos en revolución, estamos en más de lo mismo.

Luego de mucho pensar, concluí que el título más apropiado para este artículo era ashata kashkaman Pachamama, que en Kichwa simultáneamente puede significar “hasta siempre Pachamama” o “hasta pronto Pachamama”, ojalá sea lo segundo, porque como van las cosas, “[no] avanzamos patria”.


[1] Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku. Sentencia de 27 de Junio de 2012. Serie C No. 245.

[2] Véase al respecto la nota de prensa publicada en el diario La Hora, edición electrónica correspondiente al 4 de diciembre de 2013, titulada “Gobierno disuelve ONG por ‘atentar contra la seguridad”, disponible en: http://tinyurl.com/pqmwfaz

[4] Reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas, publicado en el Registro Oficial No. 19 del 20 de junio de 2013.

[5] Véase en tal sentido el artículo 133 de la Constitución de la República.

[6] Véase al respecto, Decreto Ejecutivo 16, columna de Farith Simon Campaña, publicada en diario El Comercio, edición electrónica correspondiente al 22 de julio de 2013, disponible en: http://www.elcomercio.com/farith_simon/Decreto-Ejecutivo_0_960504008.html

[7] Corte I.D.H., Caso Valle Jaramillo y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 96.

[8] Consejo Económico y Social, Promoción y Protección de los Defensores de Derechos Humanos: Defensores de los Derechos Humanos. Informe presentando por la señora Hina Jilani, Representante Especial del Secretario General sobre la cuestión de los defensores de derechos humanos de conformidad  con la resolución 2000/61 de la Comisión de Derechos Humanos, E/CN.20010/94, 26 de enero de 2001, párr.2.

[9] Véase al respecto, United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, Protecting the Right to Defend Human Rights and Fundamental Freedoms, Fact Sheet No. 29, UN publications, Geneva, 2004.

[10] OEA, Asamblea General, resolución AG/RES.1671 (XXIX-O/99), 7 de junio de 1999.

[11] OEA, Asamblea General, “Defensores de los derechos humanos en las Américas”: Apoyo a las tareas que desarrollan las personas, grupos y organizaciones de la sociedad civil para la promoción y protección de los derechos humanos en las Américas, AG/Res. 1671 (XXIX-0/99) de 7 de junio de 1999; AG/Res. 1711 (XXX-O/00) de 5 de junio de 2000, y AG/Res. 2412 (XXXVIII-O/08) de 3 de junio de 2008.

[12] 100056/1/04 REV 1, 9 de junio de 2004.

[13]Sentencia T-590 de la Corte Constitucional de Colombia, de 20 de octubre de 1998.

[14] Véase entre otras, Corte I.D.H. Asunto del Internado Judicial de Monagas “La Pica”. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 3 de julio de 2007, considerando vigésimo; Asunto Lysias Fleury. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2 de diciembre de 2003, considerando décimo; Asunto Giraldo Cardona. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 29 de noviembre de 2006, considerando decimonoveno.

[15] Corte I.D.H., Caso Valle Jaramillo y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 87.

[16] ONU, Comisión de Derechos Humanos, Informe presentado por la Representante Especial del Secretario General sobre defensores de derechos humanos, Sra. Hina Jilani, Informe Anual 2004, Doc. E/CN.4/20051/101, párr. 42.

[17] CIDH. Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.124, Doc. 5 rev. 1, 7 de marzo de 2006

[18] Idem, párr. 332.

[19] Idem, recomendación 2.

[20] CIDH. Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas OEA/Ser.L/V/II. Doc. 66, 31 diciembre 2011. Recomendación 5.

[21] Secretaría Nacional de Inteligencia.

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