Cosa juzgada fraudulenta v. prohibición de doble juzgamiento

Por Juan Pablo Albán Alencastro

El derecho penal moderno se erige sobre una serie de principios diseñados con el propósito de garantizar al acusado las más amplias oportunidades de defensa frente al ejercicio –en muchas ocasiones abusivo– del ius puniendi estatal. Entre tales principios uno de los más importantes es la prohibición del doble juzgamiento, conocido universalmente como ne bis in idem o non bis in idem, que impide al Estado someter a una persona a procesamientos consecutivos por un mismo delito, bajo el argumento de haber fracasado en su primer intento de hacer justicia, con la consecuente afectación psicológica, moral y en ocasiones física que ello conlleva.

Varios tratados internacionales de derechos humanos aluden expresamente al principio, enfatizando su importancia mediante su inclusión entre las garantías mínimas de debido proceso[1]; y también los textos constitucionales contemporáneos incluyen normas específicas al respecto[2], o en su defecto han sido interpretados por los órganos judiciales en el sentido de que contienen una serie de garantías de debido proceso no enunciadas, entre ellas la prohibición del doble juzgamiento[3].

La Corte Constitucional colombiana, ha definido la prohibición de doble castigo en los siguientes términos:

[…] el Estado se halla legitimado para imponer, luego de los procedimientos legales respectivos, sanciones penales o disciplinarias cuando demuestre la ocurrencia de delitos o de faltas y concurra prueba que acredite la responsabilidad de quienes en ellos intervinieron pero […] una vez tomada una decisión definitiva sobre el hecho constitutivo del delito o de la falta y sobre la responsabilidad o inocencia del implicado, no puede retomar nuevamente ese hecho para someterlo a una nueva valoración y decisión.  En virtud de ese principio, cualquier persona cuenta con la seguridad de que las decisiones definitivas que se han proferido en los procesos tramitados en su contra, con miras a establecer su responsabilidad penal o disciplinaria, realizan la justicia en cada caso particular e impiden que los mismos hechos puedan ser objeto de posteriores debates.  Por ello se dice que el principio non bis in ídem es una manifestación de la seguridad jurídica y una afirmación de la justicia material[4].

También el Tribunal Constitucional español se ha referido a esta cuestión, manifestando que, “siempre que exista identidad fáctica, de ilícito penal reprochado y de sujeto activo de la conducta  incriminada, la duplicidad de penas es un resultado constitucionalmente proscrito”[5].

De su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos al referirse a este principio no lo ha limitado a la prohibición del doble castigo, pues de hecho el lenguaje del artículo 8.4 de la Convención Americana es más laxo, al prohibir de manera general un nuevo juicio –con independencia de la imposición o no de una pena en el primero–, en tal virtud, la Corte ha sostenido que el ne bis in idem “busca proteger los derechos de los individuos que han sido procesados por determinados hechos para que no vuelvan a ser enjuiciados por los mismos hechos”[6].

En similar sentido el Comité de Derechos Humanos ha establecido que, [e]l párrafo 7 [del artículo 14 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos] prohíbe que una persona pueda ser juzgada dos veces por un mismo delito y garantiza con ello una libertad sustantiva, a saber, el derecho de toda persona a no ser juzgada o sancionada por un delito por el cual ya haya sido condenada o absuelta en sentencia firme”[7].

Resulta entonces indiscutible que esta prohibición, consagrada en el plano normativo como un derecho fundamental, beneficia como defensa procesal perentoria a todo sujeto activo de una infracción penal –y en ciertos sistemas administrativa–, y que por el estado de desarrollo de las garantías constitucionales e internacionales de este derecho, resulta irrelevante si la primera decisión adoptada fue condenatoria o absolutoria[8].

Ahora bien, la legislación, la doctrina y la jurisprudencia son unánimes al considerar que para la efectiva invocación del principio de ne bis in idem, el presupuesto necesario es que la situación jurídica del procesado haya sido resuelta mediante una decisión pasada en autoridad de cosa juzgada.

Sergio García Ramírez aborda esta relación entre ambos principios en su voto razonado a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso La Cantuta v. Perú, señalando que:

La Corte Interamericana –al igual que otros tribunales internacionales y nacionales– ha establecido criterios a propósito de la cosa juzgada y del principio ne bis in idem, conectado a aquélla. La cosa juzgada y el principio ne bis in idem sirven a la seguridad jurídica e implican garantías de importancia superlativa para los ciudadanos y, específicamente, para los justiciables. Ahora bien, la cosa juzgada supone que existe una sentencia a la que se atribuye esa eficacia: definición del derecho, intangibilidad, definitividad. Sobre esa hipótesis se construye la garantía de ne bis in idem: prohibición de nuevo juicio sobre los mismos hechos que han sido materia de la sentencia dotada con autoridad de cosa juzgada (material)[9].

El principio procesal de res iudicata o cosa juzgada, determina que una vez decidido un litigio con observancia de las debidas garantías judiciales, las partes deben acatar la resolución que le pone fin, sin que les sea permitido plantearlo de nuevo, y los jueces deben respetar tal resolución en la medida en que se acredite que existe identidad objetiva (materia del litigio), identidad subjetiva (mismas partes) e identidad de causa (misma pretensión)[10].

Se dice que una sentencia judicial se encuentra firme o ha pasado en autoridad de cosa juzgada cuando en derecho no caben contra ella medios de impugnación que permitan revertirla o modificar su contenido. Tal intangibilidad de las decisiones judiciales interesa a todo el grupo social por razones de seguridad jurídica. A decir del maestro Hugo Alsina “las decisiones de los jueces no pueden ser nuevamente discutidas por las mismas partes, porque interesa a la tranquilidad social que los litigios no sean sucesivamente renovados”[11] y en palabras de Eduardo Couture, sin la institución de la cosa juzgada “la incertidumbre reinaría en las relaciones sociales y el caos y el desorden serían lo habitual en los fenómenos jurídicos”[12].

No obstante, como observa el maestro Sergio García Ramírez en su voto razonado a la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Gutiérrez Soler v. Colombia,

Es notoria la decadencia de la autoridad absoluta de la cosa juzgada inherente a la sentencia definitiva y firme, entendida en el sentido tradicional de la expresión. Difícilmente podrían actuar con eficacia, y quizás ni siquiera existirían, la jurisdicción internacional de derechos humanos y la jurisdicción internacional penal si se considera que las resoluciones últimas de los órganos jurisdiccionales nacionales son inatacables en todos los casos[13].

Hace ya casi un siglo, Chiovenda señaló que “[l]a cosa juzgada es efecto característico y exclusivo de la decisión jurisdiccional, pero es preciso prescindir de esto cuando se busca la esencia de la jurisdicción[14], si no se quiere caer en un círculo vicioso”[15].

También Couture en su momento se refirió a aquellas “sentencias que de cosa juzgada sólo tienen el nombre, pues en el fondo no son sino el fruto espurio del dolo y de la connivencia ilícita”[16], calificando a la las mismas de cosa juzgada fraudulenta, y afirmando de manera categórica que “[l]a cosa juzgada obtenida con dolo, no vale como cosa juzgada”[17].

La Corte Interamericana de Derechos Humanos abordó por primera vez el problema de la denominada cosa juzgada fraudulenta en su sentencia del caso Carpio Nicolle y otros v. Guatemala, en los siguientes términos:

El desarrollo de la legislación y de la jurisprudencia internacionales ha permitido el examen de la llamada “cosa juzgada fraudulenta” que resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proceso, o cuando los jueces no obraron con independencia e imparcialidad.

[…]

Por tanto, no podría invocar el Estado, como eximente de su obligación de investigar y sancionar, las sentencias emanadas en procesos que no cumplieron los estándares de la Convención Americana[18].

A partir de entonces, la jurisprudencia interamericana es abundante en materia de cosa juzgada fraudulenta, resaltando la mentira que subyace a ciertas decisiones judiciales, resultado del contubernio entre los procesados y las autoridades de justicia, y/o de la actuación irregular de estas últimas, en procesos que no sirven a los intereses de la justicia sino únicamente en apariencia, atendiendo en realidad a obscuros intereses particulares y promoviendo la perpetuación de la impunidad.

En tales ocasiones esa presunción de “santidad” de la institución de la cosa juzgada se desvanece, las defensas materiales o procesales que se fundan en ella –incluida la invocación de la prohibición del doble juzgamiento– resultan ineficaces, y el Estado mantiene la obligación de llevar a cabo un verdadero juicio y emitir una verdadera sentencia, tomando en cuenta que los anteriores no fueron un ejercicio jurisdiccional, sino más bien un sainete.  En este sentido, el varias veces citado Eduardo Couture dice que,

[…] la necesidad de firmeza debe ceder, en determinadas condiciones, ante la necesidad de que triunfe la verdad. La cosa juzgada no es de razón natural. Antes bien, la razón natural parecería aconsejar lo contrario: que el escrúpulo de verdad sea más fuerte que el escrúpulo de certeza; y que siempre […] pudiera recorrerse de nuevo el camino andado para restablecer el imperio de la justicia[19].

La detección del fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta en las decisiones judiciales, pudiera realizarse siguiendo estos simples indicadores propuestos por García Ramírez,

error en el que incurre quien la emite, sin que se añada otro motivo de injusticia; o bien, ilegalidad o ilegitimidad con las que actúa el juzgador, sea en actos del enjuiciamiento (violaciones procesales que destruyen el debido proceso), sea en la presentación (falseada) de los hechos conducentes a la sentencia. En ambos casos se arribará a una sentencia que no sirve a la justicia y sólo en apariencia –formalmente– atiende a la seguridad jurídica[20].

Ya de manera específica, la propia jurisprudencia interamericana ha vinculado la cosa juzgada fraudulenta con la improcedencia de la aplicación del principio de ne bis in idem, en los siguientes términos:

En lo que toca al principio ne bis in idem, aún cuando es un derecho humano reconocido en el artículo 8.4 de la Convención Americana, no es un derecho absoluto y, por tanto, no resulta aplicable cuando: i) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; ii) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o iii) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia. Una sentencia pronunciada en las circunstancias indicadas produce una cosa juzgada “aparente” o “fraudulenta”. Por otro lado, esta Corte considera que si aparecen nuevos hechos o pruebas que puedan permitir la determinación de los responsables de violaciones a los derechos humanos, y más aún, de los responsables de crímenes de lesa humanidad, pueden ser reabiertas las investigaciones, incluso si existe un sentencia absolutoria en calidad de cosa juzgada, puesto que las exigencias de la justicia, los derechos de las víctimas y la letra y espíritu de la Convención Americana desplaza la protección del ne bis in idem[21].

El rechazo a la simulación judicial y por ende a la defensa procesal de la prohibición del doble juzgamiento, cuando la primera sentencia es resultado de un proceso viciado, también ha sido desarrollado en el derecho penal internacional, en el sentido de que una persona juzgada en el plano doméstico por actos que constituyen crímenes internacionales y por ende son de competencia de un tribunal penal internacional, puede ser juzgada nuevamente cuando las autoridades judiciales domésticas no hayan actuado con independencia e imparcialidad, cuando el proceso adelantado en el plano interno haya tenido por objetivo proteger al acusado de la responsabilidad penal internacional y/o cuando las autoridades judiciales domésticas no hayan procedido con la diligencia necesaria[22].

En pocas palabras, la prohibición del doble juzgamiento no es absoluta, debe ceder frente a la desconfianza que inspire la autoridad judicial y a la necesidad de protección del interés colectivo de la sociedad o de la humanidad toda, de sancionar ciertos crímenes.

Ahora que en el Ecuador vuelven a ventilarse ciertos casos que como dice la sabiduría popular estaban “bendecidos y dados misa”, debemos ser objetivos y en lugar de rasgarnos las vestiduras analizar si las decisiones originarias en dichos asuntos fueron alcanzadas lícitamente o mediante recurrentes atropellos al debido proceso, al derecho a la protección judicial de las víctimas y al derecho a la verdad de toda nuestra sociedad. Si luego de dicho análisis arribamos a la conclusión de que en tales procesos no se buscaba la verdad, sino que por el contrario, fueron conducidos de modo tal que aquella nunca fuera descubierta y se garantizara la impunidad, la invocación de la prohibición del doble juzgamiento deberá estar vedada, tomando en cuenta que las “absoluciones” de los presuntos perpetradores constituirían cosa juzgada fraudulenta. Bajo el mismo criterio, quienes prevalidos de su condición de jueces o fiscales, a través de su actuación irregular propiciaron el engaño, también deberán ser llamados ante la justicia. En estos casos no estaremos frente a un segundo o tercer o cuarto juzgamiento por los mismos hechos, en realidad estaremos frente al primero.


[1] Véase por ejemplo, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Art. 14.7; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 8.4; Protocolo Séptimo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, Art. 4; Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Art. 50. Resulta notable que la Carta Africana de Derechos de las Personas y de los Pueblos no contiene una disposición al respecto.

[2] En el caso ecuatoriano, el artículo 76.7.i de la Constitución de la República establece que: “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto”.

[3] Por ejemplo, la Segunda Sala del Tribunal Supremo de Justicia español, en sentencia del 27 de enero de 1996 determinó que el ne bis in idem “no está expreso en la CE, pero está indudablemente implícito en la idea y la tradición de un proceso con todas las garantías del art. 24.2 CE, por tanto como un derecho fundamental”.

[4] Corte Constitucional de la República de Colombia, sentencia T-537 de 2002 y sentencia C-121 de 2012.

[5] Tribunal Constitucional de España, sentencia 221/1997.

[6] Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33, párr. 66.

[7] Comité de derechos humanos, Observación General 32 – Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia. Doc. ONU CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, párr. 3.

[8] Tradicionalmente se ha distinguido entre nemo debet bis vexart pro una et eadem causa (nadie debe ser juzgado dos veces por un mismo hecho) y nemo debet bis puniri pro uno delicto (nadie debe ser sancionado dos veces por un mismo delito). Por tal razón, muchos países han concentrado su legislación sobre esta materia en la prohibición del doble castigo, no del doble juzgamiento. A lo anterior se añade una larga discusión respecto a si la frase idem factum se refiere al hecho delictivo en sí mismo o a la calificación jurídica que tal hecho recibe, por ejemplo, ¿si Juan fue enjuiciado y absuelto por asesinato, pudiera ser nuevamente enjuiciado y eventualmente condenado por asesinato, sobre la base de los mismos hechos?  Si se aplican los estándares internacionales de derechos humanos estos debates se tornan fútiles.

[9] Corte IDH. Caso La Cantuta. Sentencia de 29 de noviembre de 2006 Serie C No. 162. Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, párr. 9.

[10] Véase al respecto, DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Segunda Edición. Temis. Bogotá. 2009.

[11] ALSINA, Hugo. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo I, Parte General. Segunda Edición. Ediar. Buenos Aires. 1956, pág. 32.

[12] COUTURE, Eduardo. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Tercera Edición. Depalma. Buenos Aires. 1956, pág. 405.

[13] Corte I.D.H., Caso Gutiérrez Soler. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132. Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, párr. 19.

[14] Vale decir, la actuación de la voluntad de la ley o en otras palabras, la efectiva vigencia del derecho.

[15] CHIOVENDA, Giuseppe. Principios de Derecho Procesal Civil Tomo I. Traducción española de la Tercera Edición italiana. Editorial Reus S.A. Madrid. 1922, pág. 348.

[16] COUTURE, Eduardo. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Tercera Edición. Depalma. Buenos Aires. 1956, pág. 364.

[17] COUTURE, Eduardo. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Tercera Edición. Depalma. Buenos Aires. 1956, pág. 492.

[18] Corte I.D.H., Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 131 y 132.

[19] COUTURE, Eduardo. Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Tercera Edición. Depalma. Buenos Aires. 1956, pág. 406.

[20] Corte I.D.H., Caso Gutiérrez Soler. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132. Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez, párr. 19.

[21] Corte I.D.H., Caso Almonacid Arellano y otros. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 154, párr. 154.

[22] Véase en tal sentido, Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional, U.N. Doc. A/CONF.183/9, 17 de julio de 1998, art. 20; Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, S/Res/827, 1993, Art. 10, y Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, S/Res/955, 8 de noviembre de  1994, Art. 9.

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