Las otras víctimas (los allegados de la víctima como parte lesionada y su derecho de participar en los procesos de justicia)

Por Juan Pablo Albán Alencastro

En los años que llevo trabajando en Derechos Humanos he tenido el privilegio de conocer y trabajar con muchas víctimas de crímenes execrables. La experiencia es siempre conmovedora, parece como si el sufrimiento que han experimentado les colocara en un plano diferente al resto de personas, que les permite asimilar con sobrecogedora dignidad los atropellos perpetrados en su contra y les dota de una envidiable paciencia y persistencia en la interminable lucha por justicia.

Muchos mitos se construyen alrededor de quienes han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos. Yo hasta hoy nunca me encontrado con una víctima que demuestre un ánimo de venganza, y aunque he de reconocer que he encontrado víctimas que aspiran a una reparación económica, esa ha sido más la excepción que la regla. Generalmente lo que les interesa es que se haga justicia, que se cuente públicamente lo ocurrido, que se reivindique su nombre o el de sus allegados, y que su propia situación sirva de ejemplo en el proceso de erradicar de nuestras sociedades la lacra de las violaciones a los derechos humanos.

La atención del grupo social y de los medios, por ese morbo que parece consustancial al ser humano y que siempre rodea los casos de violaciones a los derechos humanos, suele concentrarse en las víctimas directas, es decir las personas contra quienes el Estado violó uno o más derechos.

Sin embargo, la noción de víctima o en el lenguaje jurídico “parte lesionada”, en el ámbito de los derechos humanos puede abarcar un grupo extenso de personas, miembros del núcleo familiar de la víctima directa y también allegados sin vínculo de parentesco con ella.  Por lo general, la atención se dirige a ellos cuando por la naturaleza de las violaciones perpetradas son los que quedan atrás dado que la víctima directa ya no está, como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas[1].

En otras ocasiones, el tipo de violación perpetrado, más allá de los graves efectos que produce para la víctima directa, también genera severas consecuencias para sus allegados que han compartido con ella el sufrimiento, como ocurre en los casos de tortura[2] o en los de sometimiento a procesos irregulares injustos o a detención arbitraria prolongada[3].

La noción más amplia de “parte lesionada” empezó a construirse en la jurisprudencia interamericana en la sentencia de un caso de desaparición forzada contra Argentina, Garrido y Baigorria, en que la Corte Interamericana declaró que los daños debidos a los familiares de las víctimas por la muerte de éstas es un derecho que les es inherente[4].  Una formulación más explícita fue empleada por el mismo Tribunal en el caso Loayza Tamayo v. Perú, en que declaró que, aún cuando la víctima es la persona en cuyo detrimento el Estado violó algunos derechos de la Convención, la “parte lesionada” cubre a un grupo mayor de individuos[5].  Todos los miembros de ese grupo familiar habían experimentado un grave tormento moral como consecuencia del “terrible sufrimiento” de la señora Loayza Tamayo[6].  La consideración de la esposa e hija de la víctima como “parte lesionada” fue hecha automáticamente en un caso contra nuestro país, Suárez Rosero[7], y consideraciones similares fueron aplicadas a una madre de la víctima en el caso Cantoral Benavides v. Perú[8].

En relación con el concepto de familia, la Corte Interamericana ha otorgado particular atención a la identidad cultural de la víctima y su grupo familiar.  En el caso Bámaca Velásquez v. Guatemala, el Tribunal aceptó algunos rasgos culturales mayas (etnia mam) para dar por probada la condición de víctima de una hermana materna del desaparecido como miembro del grupo familiar[9] o el tipo de aportes que la víctima hacía a dicho grupo en su condición de hijo mayor. También ha utilizado el criterio de la convivencia en un mismo hogar para sostener la condición de víctima de los sobrinos de la persona ejecutada extrajudicialmente, en el caso Valle Jaramillo y otros v. Colombia[10].

Más que de criterios a priori sobre vínculos de consanguinidad o afinidad, o sobre concepciones tradicionales de “familia”, la determinación de las personas que deben considerarse “parte lesionada” de una violación de derechos humanos es el resultado de una combinación de presunciones y evidencia.  Por ejemplo, se presume que los padres, hermanos e hijos de la víctima directa han sufrido daño por las violaciones, pero otros miembros del grupo familiar también pueden ser incluidos si la evidencia permite una valoración razonable de que también sufrieron un tormento moral u otro tipo de afectación.  Así, la Corte determinó en el caso Paniagua Morales y otros v. Guatemala que la cuñada de la víctima había sufrido afectaciones derivadas de su participación activa en la búsqueda e identificación del cadáver mutilado de la víctima, con quien compartía la casa de habitación[11]; y en el caso Carpio Nicolle y otros[12] consideró probado que una ex nuera de una de las víctimas era emocionalmente como su hija, pues había trabajado a su lado desde joven, y de hecho fue quien impulsó a nivel interno el proceso judicial por su muerte durante varios años.

En otros casos, la Corte Interamericana ha considerado que la víctima no es solamente la receptora directa de la violación originaria, sino también quienes ven violados sus propios derechos por derivación.  Esta línea de interpretación fue empleada por primera vez en el caso Castillo Páez, en el que Perú fue declarado responsable por la desaparición forzada de un menor de edad.  Considerando que el Estado había obstruido indebidamente el recurso de hábeas corpus presentado por los familiares de la víctima, la Corte declaró una violación del artículo 25 de la Convención (derecho a la protección judicial) en detrimento de dichos familiares[13].

El mismo criterio fue aplicado en el caso Blake, relacionado con la desaparición forzada de un periodista en Guatemala.  La Corte Interamericana declaró que se había producido, en detrimento de sus familiares, una violación del derecho de ser oídos por una autoridad judicial competente e imparcial (artículo 8.1 de la Convención Americana) y de la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes (artículo 5 de la Convención Americana), al constatar que habían experimentado profundo sufrimiento frente a su desaparición, su muerte y la incineración de sus restos[14].  Conclusiones similares han sido alcanzadas a partir de entonces en casi todos los casos en que el derecho a la vida de la víctima directa fue violentado o cuando se desconoce su destino[15].

Esta última construcción condujo a la Corte Interamericana a considerar en la jurisprudencia desarrollada a partir de la segunda mitad de la década anterior, como beneficiarios de las reparaciones que en cada caso se fijen, únicamente a aquellos familiares respecto de quienes pueda acreditarse o inferirse que sufrieron directamente alguna violación a derechos protegidos por la Convención Americana, derivada ordinariamente de las violaciones padecidas por la víctima directa[16], lo que parece ser un criterio parcialmente restrictivo, porque en determinadas circunstancias la prueba de tales violaciones particulares es difícil por no decir imposible.

A su vez el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha establecido que los miembros de la familia pueden ser considerados, entre otras razones para efectos de las reparaciones, víctimas de las violaciones cometidas en perjuicio de uno de sus seres queridos[17].

Independientemente de las complejidades jurídicas para afirmar la condición de víctimas de esas otras víctimas, los allegados de los detenidos, los torturados, los asesinados o los desaparecidos, es indiscutible que desde el punto de vista humano, resulta de la más elemental lógica asumir que sufren, tanto y a veces más que aquellos que ya no están. Al respecto, la Corte Interamericana ha reconocido que las tragedias sobrellevadas por los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos son perjudiciales para su salud y también deben ser reparadas[18]; que “es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a […] agresiones y vejámenes […] experimente un sufrimiento moral [… y] no se requieren pruebas para llegar a esta conclusión”[19] y que a lo anterior ordinariamente debe añadirse “el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia”[20].

Además, en muchos casos las víctimas mortales de la violación de derechos humanos daban sustento o apoyo a sus familias, las cuales ven sus condiciones de vida obstaculizadas por los hechos; y en otras ocasiones, el temor a que se repitan las violaciones o a las represalias por la búsqueda de justicia, obliga a los allegados de la víctima a separarse, desplazarse o exiliarse[21].

A estos sufrimientos se suma un sentimiento de impotencia y frustración por la falta de resultados en los procesos de investigación. Según ha establecido la Corte Interamericana, el hecho de que las autoridades no hayan sido capaces de descubrir la verdad de violaciones a los derechos humanos de esta gravedad, puede generar intensos sufrimientos y angustia para los familiares, así como sensaciones de inseguridad, frustración e impotencia[22].

Por eso resulta primordial garantizar que los allegados de la víctima puedan tener un rol activo en el descubrimiento de la verdad.  Al respecto, los organismos internacionales de protección de los derechos humanos desde hace casi tres décadas han reconocido la importancia del derecho de la víctima o sus familiares de intervenir en los procesos internos como parte civil afectada con el propósito de complementar o eventualmente suplir la acción prosecutoria a la que se encuentra obligado el Estado[23].

El 29 de noviembre de 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por consenso la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, según la cual las víctimas y sus familias “tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia” y para ello es necesario que se permita “que las opiniones y preocupaciones de las víctimas y sus familias sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones, siempre que estén en juego sus intereses, sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema nacional de justicia penal correspondiente”[24].

También la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reconocido que para los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, el conocimiento público de su sufrimiento y de la verdad acerca de los perpetradores y sus cómplices, son pasos esenciales para una rehabilitación y reconciliación, en consecuencia, ha instado a los gobiernos a intensificar sus esfuerzos para proveer a las víctimas y sus familias un proceso justo y equitativo a través del cual tales violaciones sean investigadas; y ha alentado a los perjudicados para que participen en dicho proceso[25].

En el ámbito europeo, en cambio, en 1983 se redactó la Convención Europea para la compensación de las víctimas de crímenes violentos, que se ocupa de la situación de las personas que hubieran sufrido daños corporales o menoscabo de salud y de los familiares de quienes mueran como resultado de estos delitos, haciendo particular referencia a la obligación de otorgar a las víctimas el derecho a participar en el proceso penal[26].

Por su parte los órganos del sistema interamericano han establecido en reiterada jurisprudencia que existe una obligación a cargo del Estado de asegurar que las víctimas o sus familiares tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas e instancias de las investigaciones y procesos adelantados en el ámbito interno[27].

Me animé a escribir esta reflexión sobre “las otras víctimas” porque el martes de esta semana tuve otra vez el privilegio de dialogar con un grupo de ellas. Las viudas de tres hombres inocentes arrancados hace 10 años de sus hogares por el brutal abuso del poder estatal; madres de unos niños que no entienden del todo lo que le ocurrió a sus familias ni por qué le ocurrió y que hoy solo conservan recuerdos fragmentados de quienes les dieron la vida; personas que todos los días renuevan su sufrimiento en medio de un luto que nunca se cierra, porque para cerrarlo es necesario que se les cuente la verdad y se haga justicia. Fuimos a decirles que esa hora, la de la justicia, ha llegado.  Ojalá así sea, ojalá que la desesperación, el temor y el abandono estatal que injustamente afrontan finalmente se terminen, y que como sociedad comprendamos que las víctimas no son solamente quienes fueron ejecutados, quienes continúan desaparecidos, lo son también cada día quienes los buscan y los recuerdan y no los pueden sino llorar.


[1] Véase en este sentido, Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140.

[2] Véase, por ejemplo, Corte I.D.H., Caso Gutiérrez Soler. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132.

[3] Véase, Corte I.D.H., Caso Tibi. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114.

[4] Corte I.D.H., Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 50.

[5] En el caso citado, un grupo compuesto por los padres, hermanos e hijos de la víctima. Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 92, cfr. con párr. 89.

[6] Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 42, párr. 140 a 143.

[7] Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 20 de enero de 1999. Serie C No. 44, párr. 52 y 67.

[8] Corte I.D.H., Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 60.

[9] Corte I.D.H., Caso Bámaca Velásquez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párr. 36.

[10] Corte I.D.H., Caso Valle Jaramillo y otros. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192, párr. 204.

[11] Corte I.D.H., Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 25 de mayo de 2001. Serie C No. 76, párr. 109.

[12] Corte I.D.H., Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2004. Serie C No. 117, párr. 98.

[13] Corte I.D.H., Caso Castillo Páez. Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párr. 81 a 84, cfr. Con par. Operativo 4. Véase también Corte I.D.H., Caso Castillo Páez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr. 59.

[14] Corte I.D.H., Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36, párr. 97 y 113 a 116.

[15] Por ejemplo, Corte I.D.H., Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70; Corte I.D.H., Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77; Corte I.D.H., Caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100; Corte I.D.H., Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109; Corte I.D.H., Caso Blanco Romero y otros. Sentencia de 28 de noviembre de 2005. Serie C No. 138; Corte I.D.H., Caso del Penal Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160; Corte I.D.H., Caso González y otras (“Campo Algodonero”). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205; Corte I.D.H., Caso Radilla Pacheco. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209.

[16] Véase en tal sentido, la resolución emitida por la Corte en el caso González y otras (“Campo Algodonero”), el 19 de enero de 2009, en relación con un pedido formulado para la ampliación de presuntas víctimas.

[17] Ver, por ejemplo, HRC, Maria del Carmen Almeida de Quinteros, a nombre de su hija, Elena Quinteros Almeida, y en nombre propio v. Uruguay, Comunicación N° 107/1981 (17 de Septiembre de 1981), U.N. Doc. Supp. N° 40 (A/38/40) at 216 (1983), párrafo 14.

[18] Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Reparaciones, Sentencia del 27 de noviembre de 1998, Serie C N° 43, párrafo 129.

[19] Corte I.D.H., Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 10 de septiembre de 1993. Serie C No. 15, párr. 52; Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y otros. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 19 de septiembre de 1996. Serie C No. 29, párr. 57; Corte I.D.H., Caso Garrido y Baigorria. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de agosto de 1998. Serie C No. 39, párr. 49; Corte I.D.H., Caso Castillo Páez. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 27 de noviembre de 1998. Serie C No. 43, párr. 86; Corte I.D.H., Caso Blake, Reparaciones, Sentencia de 22 de enero de 1999, Serie C No. 48, párr. 57; y Corte I.D.H., Caso Cantoral Benavides. Reparaciones (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párr. 60.a.

[20] Corte I.D.H., Caso Masacre Plan de Sánchez.  Sentencia de 19 de noviembre de 2004. Serie C No. 116, párr. 80; Corte I.D.H., Caso De la Cruz Flores.  Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115, párr 155; Véase también, Corte I.D.H., Caso Carpio Nicolle y otros. Sentencia 22 de noviembre. 2004.  Serie C No. 117, párr. 117.

[21] Véase, por ejemplo, Corte I.D.H., Caso de la Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140; Corte I.D.H., Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192.

[22] Véase, Corte I.D.H., Caso “19 Comerciantes”.  Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109; par. 250.b); cfr. Caso Bámaca Velásquez. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C No. 70, párr. 160.

[23] E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, párr. 40 a 43.

[24] Resolución A/RES/40/34, Principios 4 y 6.b.

[25] E/CN.4/RES/2001/70.

[26] Convención Europea de 24 de noviembre de 1983, sobre la compensación a las víctimas de delitos violentos. El Consejo de Europa también ha expedido normas y recomendaciones relativas a los derechos de las víctimas de los delitos.

[27] Corte I.D.H., Caso del Penal Miguel Castro Castro. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. Serie C No. 160, Corte IDH. Caso Escué Zapata. Sentencia de 4 de julio de 2007. Serie C No. 165, Corte I.D.H., Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Interpretación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de enero de 2008. Serie C No. 176, entre otros.

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