Las graves violaciones a los derechos humanos como categoría jurídica

Por Juan Pablo Albán Alencastro

Para quienes trabajamos en derechos humanos es frecuente escuchar la expresión “graves violaciones a los derechos humanos”-o en ocasiones sus sinónimos de “serias violaciones”, “violaciones manifiestas” o “violaciones flagrantes”-, y relacionarla de inmediato con ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y arbitrarias o torturas.

Desde que se acuñó la expresión, no ha habido mucha discusión sobre el tipo de afectaciones a los derechos humanos que merecerían el nomen iuris de “grave violación”. No obstante, parece necesario explicar por qué ciertas afectaciones de determinados derechos reciben tal calificativo, y en qué circunstancias es apropiado invocar tal categoría.

Parte de la justificación para el surgimiento de la denominación jurídica de “graves violaciones a los derechos humanos” han sido los esfuerzos de justicia interna o internacional emprendidos en diversas regiones del mundo para establecer responsabilidades tras periodos de violencia y/o conflictividad con manifestaciones de macrocriminalidad política –es decir crímenes perpetrados o auspiciados por el aparato estatal contra la población-. En tales ocasiones se ha vuelto evidente que no siempre durante estos procesos macrocriminales se presenta la sistematicidad o generalidad que caracterizan a ciertas violaciones de los derechos humanos a las que llamamos “crímenes de lesa humanidad” o un conflicto armado interno o internacional que nos permita calificar a las violaciones de derechos humanos ocurridas como “crímenes de guerra”.

Obviamente el carácter, en principio, individual de una violación de derechos humanos, en ningún caso podría justificar su impunidad. La responsabilidad estatal de adelantar procesos de justicia en estas situaciones es igual de seria que frente a la comisión de cualquier otro crimen internacional.

La categorización como graves violaciones a los derechos humanos de esos mismos hechos que perpetrados en el marco de un conflicto armado, de un plan sistemático o de manera masiva llamaríamos crímenes de guerra o de lesa humanidad, resulta instrumental para explicar al interlocutor, precisamente el carácter individual –no necesariamente aislado- del crimen y simultáneamente resaltar su seriedad, su condición de hecho internacionalmente ilícito y la obligación del Estado de investigar y sancionar su comisión aún frente a la ausencia de tipos penales específicos en el plano interno, toda vez que su ilicitud deriva de normas consuetudinarias internacionales.

El término graves violaciones a los derechos humanos fue utilizado por primera vez en la resolución 1235 (XLII) del Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, adoptada el 6 de junio de 1967 –gross violations en el original del documento en inglés y violaciones notorias en su versión en español-, que autorizaba a la Comisión de Derechos Humanos y a su Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías examinar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos que habían empezado a acumularse en la Secretaría General de la ONU.  Aunque la resolución no define que son las graves violaciones, plantea ciertos ejemplos: “que ilustran la política de apartheid practicada en la República de Sudáfrica y en el Territorio del África Sudoccidental […] ocupado ilegalmente en la actualidad por el Gobierno de la República de Sudáfrica, y la discriminación racial que se practica especialmente en Rhodesia del Sur”[1].

Ya en 1954, cuando la Comisión de Derecho Internacional de la Organización de las Naciones Unidas –CDI- adoptó el primer Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad, incluyó en el artículo 21 una referencia expresa a violaciones sistemáticas o masivas a los derechos humanos, enumerando las siguientes: el asesinato, la tortura, el establecimiento o mantenimiento de personas en estado de esclavitud, servidumbre o trabajo forzoso; la persecución por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales de una manera sistemática o masiva; la deportación o el traslado forzoso de poblaciones. Cuando dicha Comisión presentó el proyecto reformado del mismo Código en 1996[2], añadió a la lista precedente la desaparición forzada de personas –a iniciativa de Edmundo Vargas Carreño, ex Secretario Ejecutivo de la CIDH y entonces miembro de la CDI- y los crímenes sexuales -basados en los estatutos de los tribunales internacionales para la ex Yugoeslavia y Rwanda-.

En su informe del 2 de julio de 1993, el Profesor Theo Van Boven en su calidad de Relator de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Reparación de las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos intentó identificar ciertas conductas que constituirían graves violaciones a los derechos humanos, en los siguientes términos

si bien en el derecho internacional la violación de cualquier derecho humano da a la víctima derecho a obtener una reparación se presta particular atención a las violaciones flagrantes de los derechos humanos y las libertades fundamentales que incluyan por lo menos las prácticas siguientes:  el genocidio; la esclavitud y prácticas similares; las ejecuciones sumarias o arbitrarias; la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; la desaparición forzada; la detención arbitraria y prolongada; la deportación o el traslado forzoso de poblaciones; y la discriminación sistemática, en particular por motivos de raza o sexo[3].

También resulta relevante al tratar de definir el ámbito de las graves violaciones a los derechos humanos lo manifestado por la Subcomisión de Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías de las Naciones Unidas en su Documento de Trabajo para la Definición de las Violaciones Manifiestas y Masivas de los Derechos Humanos como Crímenes Internacionales –Elaborado por el Relator Stanislav Chernichenko-, donde se señala,

26. El inciso c) del párrafo 2 [sic, se refiere en realidad al párrafo 3] del artículo antes citado [artículo 19 del Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad Internacional de los Estados elaborado por R. Ago, 1969-1980[4]] menciona las violaciones de los derechos humanos en calidad de crímenes internacionales y destaca que se trata de violaciones graves y en gran escala. Los ejemplos que se mencionan son la esclavitud, el genocidio y el apartheid […] También se desprende con claridad de la redacción del inciso c) del párrafo 2 [sic] que las violaciones graves y en gran escala de los derechos humanos que pueden considerarse crímenes internacionales comprenderán no sólo la esclavitud, el genocidio y el apartheid, sino también otras violaciones de los derechos humanos de gravedad comparable.

[…]

28. Que en los tratados internacionales se caracterice a una determinada violación de los derechos humanos como crimen internacional no implica necesariamente que la clasificación sea generalmente aceptada, sino sólo que los Estados Partes en esos tratados la consideran como crimen internacional. Si esos tratados adquieren carácter auténticamente universal, evidentemente entonces la clasificación pasará a ser generalmente aceptada. Con todo, virtualmente no hay tratados internacionales auténticamente universales (esto es, tratados en los cuales todos los Estados sean partes contratantes), en particular en la esfera de los derechos humanos. Al propio tiempo, la circunstancia de que una mayoría de Estados haga suya la clasificación en cuestión no puede ser ignorada por la minoría que se abstiene de hacerlo.

[…]

29. Es posible que un tratado afirme un consenso existente de que una forma particular de violación de los derechos humanos constituye un crimen internacional. Así ocurre con el artículo I de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948), en el cual las Partes contratantes confirman que el genocidio es un delito de derecho internacional (con prescindencia del hecho de que la vasta mayoría de los Estados sean partes contratantes en esa Convención). También es posible que la definición que se dé en un tratado internacional de una forma particular de violación de los derechos humanos en calidad de crimen de derecho internacional pase, en el curso del tiempo, a ser tácitamente aceptada por los Estados que no son partes contratantes[5].

Hasta aquí, el texto transcrito parece sugerir que se considera graves violaciones a los derechos humanos, aquellas violaciones de derechos que la comunidad internacional ha elevado a la categoría de crímenes internacionales, sea a través de procesos de codificación de normas consuetudinarias o de desarrollo progresivo de normas convencionales. Pero en los párrafos posteriores del mismo documento, por primera vez se plantea un posible elemento diferenciador de las graves violaciones frente a otras violaciones a los derechos humanos, que nada tiene que ver con la atribución o no de la condición de crimen internacional, el carácter erga omnes de las obligaciones estatales positivas o negativas –en muchos casos se trata de prohibiciones- respecto de determinados derechos de las personas[6].

En el derecho internacional, las obligaciones erga omnes emanan de normas a las que se denomina ius cogens, un conjunto de reglas de derecho taxativo, es decir que no admiten ni la exclusión ni la alteración de su contenido, de modo que cualquier acto que sea contrario a las mismas será nulo dada la naturaleza del bien que tutelan: el orden público internacional[7].  A este derecho imperativo internacional se opone el ius dispositivum, es decir aquel cuya existencia depende de la voluntad de las partes, los Estados.  Como estableció la Corte Internacional de Justicia en el caso Barcelona Traction[8], las normas de ius cogens son aquellas que interesan a todos los Estados y cuya violación puede dar lugar a una actio popularis abierta a todos ellos. El mismo organismo estableció en su Opinión Consultiva sobre la Licitud de la amenaza o el uso de las armas nucleares[9], estas normas constituyen principios intransgredibles de derecho internacional, precisamente por tal razón su incumplimiento acarrea consecuencias jurídicas agravadas, en el ámbito de la responsabilidad internacional. Su contenido incluye estándares valorativos comunes a las distintas tradiciones jurídicas del mundo, una especie de conciencia jurídica universal –opinio iuris cogentis-.

Pareciera entonces muy sencillo identificar, que violaciones de derechos humanos deben recibir el nomen iuris de graves violaciones. La categoría estaría reservada para aquellas violaciones que implican el incumplimiento de obligaciones emanadas de normas de ius cogens en el ámbito de los derechos humanos. El problema es que existe una voluntad deliberada de los Estados de no identificar que disposiciones de derecho internacional han alcanzado un estatus imperativo, como quedó de manifiesto en el proceso de adopción del Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos cuyo diseño tomó más de cuatro décadas –empezó en 1956 y culminó el 9 de agosto de 2001[10]-.

Por tal razón, ha sido a través de la jurisprudencia internacional y de actos jurídicos individuales de organismos internacionales, que se ha podido verificar la existencia de ciertas normas de derechos humanos que han alcanzado la condición de ius cogens, como las siguientes:

  • la prohibición de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias[11];
  • la prohibición de la desaparición forzada de personas[12];
  • la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes[13];
  • la prohibición de las detenciones arbitrarias, en especial aquellas prolongadas[14]; y
  • la prohibición de la discriminación[15].

Otro posible criterio de identificación de las denominadas graves violaciones pudiera ser la naturaleza inderogable de los derechos humanos comprometidos.  En tal sentido, se podría partir de lo dispuesto por el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o por el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que consideran absolutamente inderogables derechos como el reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, y la prohibición de la esclavitud.  No obstante este criterio por si sólo resulta incompleto para determinar el conjunto de afectaciones al que nos referimos en este comentario, puesto que las normas sobre inderogabilidad incluyen entre los derechos no suspendibles algunos respecto de los cuales sería muy difícil y excepcional afirmar que puedan caracterizarse graves violaciones, como la prohibición de la prisión por deudas, la libertad de conciencia y religión, la libertad de expresión o los derechos políticos[16].

La solución más razonable parece entonces mantener la categoría jurídica de graves violaciones reservada a aquellas situaciones en que por la naturaleza y seriedad del hecho ilícito, la calidad de inderogable del derecho humano concernido y el carácter de ius cogens de la norma que lo tutela, efectivamente existe una responsabilidad agravada del Estado que sin embargo por la ausencia del denominado “elemento internacional” no podemos clasificar como un crimen de lesa humanidad o como un crimen de guerra.

El nomen iuris que desde el punto de vista penal se dé al suceso en el plano interno es intrascendente.  Desde luego, cuando de graves violaciones a los derechos humanos se trate, para justificar el procesamiento y sanción de los responsables será indispensable invocar un tipo penal específico de derecho interno o de derecho penal internacional, sin embargo, los operadores de justicia encargados tanto de la investigación como de la sanción, deben comprender que no están sustanciando un proceso por un delito común, sino un proceso de justicia frente a graves violaciones a los derechos humanos, por lo que resulta necesaria la activación de medios, instrumentos y mecanismos para la persecución efectiva de tales conductas y la sanción de sus autores, con el fin de prevenirlas y evitar que queden en la impunidad. En estos casos no serán admisibles aquellos institutos jurídicos que pudieran facilitar la impunidad como las disposiciones de prescripción, las leyes de amnistía, la invocación de la obediencia debida, entre otros[17].

Lo anterior porque como ha dicho la Corte Constitucional colombiana,

la verdad y la justicia son necesarios para que en una sociedad no se repitan las situaciones que generaron violaciones graves a los derechos humanos y, además, porque el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los seres humanos, exige que los recursos judiciales diseñados por los Estados estén orientados hacia una reparación integral a las víctimas y perjudicados, que comprenda una indemnización económica y, el acceso a la justicia para conocer la verdad sobre lo ocurrido y para buscar, por vías institucionales, la sanción justa de los responsables[18].

Si las investigaciones realizadas en el plano interno adolecen de graves vicios que afectan la efectividad de la protección prevista en la normativa nacional e internacional aplicable en este tipo de casos, con la consecuente impunidad de los hechos criminales que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, esa falta de diligencia en lo procesal traslada la responsabilidad del Estado a lo sustancial.

A pesar de que la categorización de una violación a los derechos humanos como “grave” sería excepcional, la realidad es que en el mundo contemporáneo persisten este tipo de prácticas bajo justificaciones como la defensa del orden constituido o la seguridad de la ciudadanía. Por ende, siendo la justicia un componente esencial de una verdadera democracia, la atención apropiada y oportuna de los casos de graves violaciones a los derechos humanos –pasadas o presentes- debe convertirse en una prioridad en la agenda de los gobiernos de nuestra región.


[1] Economic and Social Council Resolution 1235 (XLII), 42 U.N. ESCOR Supp. (No. 1) at 17, U.N. Doc. E/4393 (1967), párrafo 2.

[2] Report of the International Law Comission on the work of its forty-eighth session, 6 May-26 July 1996, General Assembly, Official Records, fifty-first Session, Supplement no 10 (A/51/10).

[3] E/CN.4/Sub.2/1993/8, párrafo 13.

[4] Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1980, vol. II, segunda parte, página 31.

[5] E/CN.4/Sub.2/1993/10.

[6] E/CN.4/Sub.2/1993/10, párrafos 30 y siguientes.

[7] Véase al respecto, Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, artículo 53.

[8] Caso Barcelona Traction, Corte Internacional de Justicia, Reports of Judgments, Advisory Opinions and Orders, fallo de 5 de febrero de 1970.

[9] Corte Internacional de Justicia, Licitud de la amenaza o del empleo de armas nucleares, Opinión consultiva del 8 de julio de 1996.

[10] Proyecto adoptado por la CDI en su 53º período de sesiones (A/56/10) y anexado por la AG en su Resolución 56/83, de 12 de diciembre de 2001.

[11] Véase en este sentido, entre otros, Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 61/173 “Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias” de 19 de diciembre de 2006; Resolución 59/197 “Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias” de 20 de diciembre de 2004; Resolución 53/147 “Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias” de 9 de diciembre de 1998; Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No. 24; Pedro Pablo Camargo v. Colombia, Comunicación No. 45/1979, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 112 (1985); Resolución No. 5 del Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (1980), documento A/CONF.87/14/Rev.1; Corte IDH, Caso Chumbipuma Aguirre y otros (Barrios Altos), Sentencia del 14 de marzo de 2001, Serie C No. 75; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, Sentencia de 8 de julio de 2004, Serie C No. 110; Caso Goiburú y otros, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, Serie C No. 153; Caso Almonacid Arellano y otros, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, Serie C No. 154; Caso La Cantuta, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C No. 162; CIDH, Informe Nº 133/99, Caso 11.725, Carmelo Soria Espinoza, Chile, 19 de noviembre de 1999; Recomendación sobre el Asilo y Delitos Internacionales de 20 de octubre de 2000.

[12] Véase en tal sentido, Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Además; Declaración y el Programa de Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993; Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Cso Ivan Somers v. Hungría, Comunicación No. 566/1993, 57º período de sesiones, CCPR/C/57/D/566/1993 (1996), 23 de julio de 1996; Caso E. y A.K. v. Hungría, Comunicación No. 520/1992, 50º período de sesiones, CCPR/C/50/D/520/1992 (1994), 5 de mayo de 1994; y Caso Solorzano v. Venezuela, Comunicación No. 156/1983, 27º período de sesiones, CCPR/C/27/D/156/1983 (1986), 26 de marzo de 1986; Convención Interamericana sobre Desaparición forzada de Personas; Resolución 666 (XIII-O/83) de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos; Corte IDH, Caso Blake. Sentencia de 24 de enero de 1998. Serie C No. 36; Caso Gómez Palomino. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 136; Caso Goiburú y otros, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, Serie C No. 153; Caso La Cantuta, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C No. 162; Caso Anzualdo Castro, Sentencia de 22 de septiembre de 2009, Serie C No. 202; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), Sentencia de 30 de marzo de 2010, Serie C No. 219.

[13] Véase al respecto, entre otros, Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 61/153 “La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” de 19 de diciembre de 2006; Resolución 60/148 “La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” de 16 de diciembre de 2005; Resolución 55/89 “La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” de 22 de febrero de 2001; Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena, junio de 1993; Resolución 7(XXVII) de 20 de agosto de 1974 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las Minorías; Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Caso Bleier Lewhoff y Valiño de Bleier v. Uruguay, Comunicación No. 30/1978, decisión de 29 de marzo de 1982; Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, El Fiscal c. Anto Furundzija, Sentencia No. IT-95-17/1-T ; El Fiscal c. Delalic y otros, IT-96-21-T; El Fiscal c. Kunarac, IT-96-23-T y IT-96-23/1-T (de 22 de febrero de 2001); Resolución A/RES/59/183 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; Resolución E/CN.4/RES/2005/39 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Comité contra la Tortura, Observación General No. 2 “Aplicación del artículo 2 por los Estados Partes”, CAT/C/GC/2 de 24 de enero de 2008, párrafo 1; Informe del Relator Especial sobre la Tortura de las Naciones Unidas, documento de Naciones Unidas E/CN.4/1986/15, de 19 de febrero de 1986; Corte IDH, Caso Chumbipuma Aguirre y otros (Barrios Altos), Sentencia del 14 de marzo de 2001, Serie C No. 75; Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri, Sentencia de 8 de julio de 2004, Serie C No. 110; Caso Goiburú y otros, Sentencia de 22 de septiembre de 2006, Serie C No. 153; Caso La Cantuta, Sentencia de 29 de noviembre de 2006, Serie C No. 162; Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), Sentencia de 30 de marzo de 2010, Serie C No. 219.

[14] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Comunicación N° 560/1993, A v. Australia, 30 de abril de 1997; CIDH, Informe 35/96, Caso 10832, Luis Lizardo Cabrera, República Dominicana, 7 de abril de 1998; Informe N° 53/01, Caso 11.565, Ana, Beatriz y Celia González, México, 4 de abril de 2001; Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos, OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 5 rev. 1, 22 de octubre de 2002.

[15] Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, Serie A No. 18.

[16] Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General No. 29; Corte IDH, El Habeas Corpus en Estados de Emergencia (Arts. 27(2), 25(1) y 7(6) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de Enero de 1987, Serie A No. 8; Corte IDH, Garantías judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27(2), 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9.

[17] Corte IDH, Caso Barrios Altos. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C No. 75.

[18] Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-228/02 de 3 de abril de 2002.

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