¿Censurado?

El comentario que aparece a continuación, fue escrito en colaboración con la Profesora Daniela Salazar Marín, del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito.  Se escribió en febrero del presente año a pedido del Secretario de la Mesa de Trabajo sobre Migraciones Laborales MTML, instancia de diálogo y concertación social entre el Estado ecuatoriano y las Organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en migraciones y derechos humanos.  Debía aparecer en la edición No. 29 -supuesta a circular en marzo de 2013- de “Entre Tierras, Boletín sobre políticas migratorias y derechos humanos” , publicación periódica que se edita desde el año 2007.

Curiosamente, poco antes de que se cerrara la edición No. 29 del boletín, la Secretaría de la MTML recibió dos notas oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en las que se notificó la decisión de no brindar el aval institucional de la Cancillería ecuatoriana a esta edición, porque el “contenido temático no concuerda con la política actual del Estado ecuatoriano”.

Hasta hoy, no se ha publicado la edición No. 29 de “Entre Tierras”, por lo que tras la correspondiente consulta y con autorización de la coautora del comentario, comparto su contenido:

LA NO DISCRIMINACIÓN DE LOS MIGRANTES A DIEZ AÑOS DE LA OPINIÓN CONSULTIVA 18 DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de resolver casos individuales sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, está facultada por el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a recibir consultas acerca de la interpretación de las normas de dicha Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos, así como también acerca de la compatibilidad entre una ley interna y los mencionados instrumentos internacionales. Las decisiones que la Corte Interamericana emite en ejercicio de esta atribución se denominan opiniones consultivas y su propósito principal es ampliar el marco de protección de los derechos humanos en la región. En ejercicio de su competencia consultiva, la Corte se ha pronunciado hasta la fecha en 20 ocasiones en relación con distintas materias.

Si bien las opiniones consultivas no tienen el mismo efecto vinculante que se reconoce para las sentencias de la Corte, es indiscutible que como opinión del organismo interamericano competente para interpretar la Convención de manera autorizada, estas gozan de una autoridad que los Estados, incluido el ecuatoriano, no pueden desconocer.

El 10 de mayo de 2002 México presentó una solicitud de opinión consultiva, referente a la privación del goce y ejercicio de ciertos derechos laborales y su compatibilidad con la obligación de los Estados americanos de garantizar los principios de igualdad jurídica, no discriminación y protección igualitaria y efectiva de la ley, consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos de los trabajadores migratorios. La solicitud se refería también a la subordinación de la observancia de las obligaciones impuestas por el derecho internacional de los derechos humanos frente a la consecución de ciertos objetivos de política interna de los Estados. Esta consulta del Estado mexicano evidentemente se relacionaba con el tratamiento recibido por sus nacionales que habían emigrado a los Estados Unidos.

En su opinión de 17 de septiembre de 2003, la Corte Interamericana concluyó en lo principal que a) el incumplimiento por los Estados, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional; b) el principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del jus cogens; c) la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos vincula a los Estados, independientemente de cualquier circunstancia, inclusive el estatus migratorio de las personas; d) el derecho al debido proceso legal debe ser reconocido a todo migrante, independientemente de su estatus migratorio; e) la calidad migratoria de una persona no puede constituir una justificación para privarla del goce y ejercicio de sus derechos humanos; f) los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos laborales de todos los trabajadores, independientemente de su condición de nacionales o extranjeros, y no tolerar situaciones de discriminación en perjuicio de éstos; g) los trabajadores migrantes indocumentados poseen los mismos derechos laborales que corresponden a los demás trabajadores, y los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para que así se reconozca y se cumpla en la práctica; h) los Estados no pueden condicionar la observancia del principio de la igualdad ante la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas, incluidas las de carácter migratorio.

Ecuador es un Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977. De conformidad con la Constitución ecuatoriana, las normas de tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos son directamente aplicables por cualquier juez o autoridad administrativa, e incluso prevalecen sobre la Constitución en caso de que sean más favorables a la persona humana. Tratándose de opiniones consultivas, bajo las disposiciones constitucionales, Ecuador estaría obligado a diseñar sus políticas públicas y adecuar su legislación interna tomando en cuenta los lineamientos y buenas prácticas propuestos por la Corte Interamericana.

Habiendo transcurrido casi diez años desde la emisión de la opinión consultiva 18, en general los Estados americanos no han dado pasos significativos hacia una implementación eficiente de medidas que garanticen la no discriminación en razón de la condición migratoria, como propuso la Corte Interamericana. Ecuador, pese a ser uno de los países de la región con mayores índices de emigración e inmigración, ha venido adoptando decisiones de política pública e instrumentos normativos que profundizan las desigualdades para los extranjeros.

Como ejemplos de estas medidas hasta cierto punto regresivas podemos mencionar: el Reglamento para la aplicación en Ecuador del derecho de refugio (Decreto 1182); las resoluciones del registro civil sobre negativa de inscripción de hijos de inmigrantes en situación irregular; las restricciones a la celebración de matrimonios con extranjeros; la ineficacia de las acciones tendientes a superar las prácticas discriminatorias de las instituciones financieras privadas frente a las solicitudes de apertura de cuentas bancarias por parte de extranjeros; la falta de control respecto de las prácticas laborales discriminatorias basadas en el estatus migratorio; la exigencia de requisitos especiales para el ingreso al país a los nacionales de determinados Estados; la permanencia de normas que criminalizan la migración; la falta de inclusión de las personas extranjeras en medidas de asistencia como el bono de vivienda; las irregularidades en la privación de libertad de los migrantes previo a su expulsión del país, entre otros.

Al momento existen 16 cuerpos normativos y al menos 5 proyectos de ley a través de los cuales se pretende regular la situación de los migrantes en Ecuador. En tal sentido, es indispensable la adopción de una ley orgánica que resuelva la dispersión y disparidad normativa, y erradique la perniciosa práctica de suplir vacíos legales a través de resoluciones administrativas, teniendo en cuenta que en nuestro sistema rige el principio de reserva de ley para la regulación de derechos. La falta de cumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales de supervisión de derechos humanos profundiza el problema.

A modo de corolario, cabe preguntarse ¿cómo el Ecuador puede exigir un trato igualitario y digno para nuestros migrantes en el extranjero si no ofrece estas condiciones a los migrantes extranjeros en nuestro territorio?

 

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