Las sillas vacías

Por Juan Pablo Albán Alencastro

En el calendario de audiencias a celebrarse a partir de hoy en el marco del 149° Periodo ordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos figuraban para esta tarde dos importantes audiencias relacionadas con el Estado ecuatoriano.  La primera sobre los derechos a la libertad de expresión y asociación en nuestro país; y la segunda sobre la consulta previa a los Pueblos Indígenas en un Ecuador post-Sarayaku (Véase Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku. Sentencia de 27 de Junio de 2012. Serie C No. 245).

Ambos temas, muy delicados por cierto, han estado presentes en la agenda de derechos humanos de nuestra sociedad civil desde hace tiempo, y no es casualidad.

En un país que subsiste principalmente de la extracción de recursos naturales en zonas que presumimos inhóspitas pero que en realidad son el territorio ancestral de grupos humanos que nos preceden en su ocupación por siglos, la idea de que pueda someterse a la “voluntad” de unos cuantos el “desarrollo” económico, le resulta chocante al grupo social, y tal prejuicio se extiende (no hay razón para que no ocurra) a aquellos miembros del grupo social que por su condición de funcionarios públicos están llamados a garantizar la vigencia de las normas constitucionales e internacionales en materia de consulta previa e informada.  Aunque ha pasado muy poco tiempo desde que nuestro gobierno fue notificado con la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Sarayaku, pareciera que ya se nos olvidó el jalón de orejas y las indicaciones bastante precisas que el ente de supervisión internacional nos giró respecto a cómo debe hacerse la consulta y a la obligatoriedad de la misma.

Por otro lado, desde la llegada al poder del actual régimen, los ciudadanos ecuatorianos hemos observado estupefactos como progresivamente se van levantando más murallas para asegurar que no podamos decir lo que pensamos, al menos no si lo que pensamos contiene una crítica sobre la actuación de las autoridades o en general la conducción de los asuntos de interés público. También hemos tenido que observar como los instrumentos del derecho (particularmente penal y administrativo), diseñados supuestamente para proteger al grupo social, se emplean con una frecuencia inusitada para silenciar cualquier opinión disidente o frustrar cualquier intento de organizarnos como ciudadanía para ejercer de manera colectiva nuestros derechos.  Tal política estatal ha ido acompañada desde el inicio de declaraciones desde las más altas esferas del Gobierno que coadyuvan a crear un ambiente de intolerancia y polarización social, incompatible con las obligaciones de respeto y garantía de los derechos humanos que incumben al Estado, por mandato de la Constitución y por los compromisos internacionales libre y válidamente adquiridos.

Frente a este tipo de situaciones, unos cuantos hoy señalados de traidores, paniaguados del imperio, mentirosos, entre otros piropos, se han mantenido firmes en informar y denunciar a los organismos internacionales de supervisión de los derechos humanos, tanto en el ámbito regional como en el universal, lo que aquí está ocurriendo. Lo han hecho a riesgo de su propia libertad y tal vez hasta su integridad o su vida, ahora que ya hay invitaciones públicas a organizar fuerzas de choque para confrontarlos.

De su parte, el Gobierno ha emprendido una estrategia de descalificar ya no solo la actuación de quienes se ocupan de realizar estas críticas y denuncias, sino también de los organismos que cumpliendo sus mandatos constitutivos les prestan oídos y expresan preocupación por la paulatina limitación de nuestros derechos ciudadanos.

Parte de dicha estrategia ha sido bombardear a la CIDH a nivel de los órganos políticos de la OEA y (no está muy claro por qué) de UNASUR, tratando de debilitar su institucionalidad y pretendiendo meter las narices en su financiamiento, sus relatorías temáticas, sus poderes cuasijudiciales y hasta su ubicación geográfica, de paso desinformando puertas adentro sobre las verdaderas razones por las que se creó el organismo y por las que los Estados democráticos de América lo vienen fortaleciendo desde hace más de cinco décadas, dándole progresivamente mayores facultades y autonomía, precisamente para ofrecer a los habitantes de la región una protección cada vez amplia de sus derechos fundamentales.

Paralelamente se ha amenazado casi a diario con abandonar el sistema interamericano y se ha gritado a los cuatro vientos la necesidad de diseñar nuevas instituciones en otros ámbitos que no incluyan a ciertos Estados “indeseables”, cerrando los ojos al tiempo y esfuerzo que ha llevado construir el actual sistema regional, todavía incompleto y perfectible, y sobre todo cerrando los ojos a los resultados que se ha obtenido a través de su trabajo.

La segunda parte de la estrategia ha sido tratar de bombardear a la CIDH desde adentro, y para cumplir tal cometido se ha utilizado a perniciosos personajes que ocuparon en el pasado cargos de Comisionados solamente para representar ideologías dentro del organismo, y hasta se llegó a proponer en el momento de críticas más ácidas contra la Comisión, un candidato ecuatoriano para que lo integre, nada más y nada menos que quien ha ejercido y aún ejerce por más de 15 años, la representación de la postura estatal en los casos en que Ecuador ha sido denunciado por violar los derechos humanos, lo que a los ojos de un simple mortal resulta por decir lo menos incongruente.

Parece que hemos llegado a una tercera parte de la estrategia. Hoy durante las audiencias que en su ocupadísima agenda la CIDH decidió otorgar, para escuchar las razones no sólo de la sociedad civil sino del Estado ecuatoriano sobre temas que nos conciernen a casi 15 millones de personas, las sillas reservadas para la delegación de Ecuador estuvieron vacías.  A las 10H06 de esta mañana, el propio día de las audiencias convocadas, luego de que realizando grandes esfuerzos y sacrificios, hombres y mujeres valientes de nuestro Ecuador llegaran hasta Washington DC para tratar de tener un diálogo con nuestro Gobierno revolucionario, la misión permanente ante la Organización de los Estados Americanos comunicó al ente hemisférico de supervisión que no se presentaría. Al parecer hay una serie de argumentos que seguramente, por el tono de voz con que el Secretario Ejecutivo lo mencionó al inicio de cada una de dichas audiencias, son nuevas o repetidas descalificaciones tanto a quienes pidieron las audiencias como a la propia CIDH.

Esta es la segunda ocasión en la historia del Ecuador ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en que por razones políticas no comparecemos a llamados de audiencia, la primera fue en marzo de 2004, curiosamente una de las audiencias convocadas para tal ocasión tenía que ver con la denuncia presentada a la CIDH por la situación del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku y la falta de una consulta previa e informada sobre la explotación de recursos naturales en su territorio ancestral. Curiosamente también, para aquella época, entre el equipo legal que representaba a los Sarayaku y que fue plantado por el Estado, se encontraba el hoy Ministro del Interior.

El guión no es nuevo. La CIDH ya está familiarizada con esta conducta asumida por otros Estados en el pasado para no confrontar sus problemas en materia de derechos humanos y escuchar los consejos del organismo sobre cómo se debería avanzar. Lo triste es que en al menos uno de esos ejemplos anteriores, la estrategia se completo denunciando la Convención Americana, en el falso entendimiento de que con eso el Estado involucrado se libraría de la supervisión regional en materia de derechos humanos.  No es así, por la estructura del sistema de derechos humanos, para obtener tal efecto sería necesario denunciar la Carta de la OEA y retirarse de la organización.

En cualquier caso, debe quedar claro que quien pierde con actitudes como la de hoy no es la CIDH, ni la OEA, y no nos equivoquemos, tampoco es la sociedad civil organizada o el Ecuador como Estado. Los que perdemos somos los ciudadanos que de nuevo observamos estupefactos, ya no como nos quedamos sin libertad de expresión, sino como los últimos resquicios de que logremos justicia se nos arranchan en nombre de una soberanía malentendida.

Ojalá nuestras autoridades recapaciten. Ojalá se den cuenta de que una verdadera democracia exige una apertura al escrutinio social y a la crítica, sea interna o externa. Ojalá los pocos que todavía se atreven a alzar la voz y denunciar no se desanimen, al contrario, se vuelvan más tercos hasta lograr que el Ecuador regrese plenamente al sistema como el Estado colaborador que alguna vez fue. Ojalá como sociedad logremos ser más tolerantes, menos sectarios y comprendamos el rol de los organismos internacionales en la defensa de nuestros derechos, más allá de lo que nos quiera contar la revolución. Ojalá que la próxima vez no haya sillas vacías.

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